{"id":98913,"date":"2026-06-25T17:27:47","date_gmt":"2026-06-25T17:27:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc632-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:27:47","modified_gmt":"2026-06-25T17:27:47","slug":"stc632-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc632-2017\/","title":{"rendered":"STC632-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC632-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-03637-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Luis Esteban Calder\u00f3n Acosta, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso verbal a que alude la solicitud de amparo.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, supuestamente conculcado por las autoridades judiciales accionadas, con ocasi\u00f3n de los autos de 5 de mayo de 2015 y 8 de julio de 2016, mediante los cuales se rechaz\u00f3 la demanda ordinaria de enriquecimiento sin causa que instaur\u00f3 contra la sociedad Inversiones IE Ltda en liquidaci\u00f3n, Enrique Villota Zambrano y Roberto Villota Escobar.    <\/span><\/p>\n

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Pretende, entonces, que se conceda la protecci\u00f3n constitucional invocada ordenando al Tribunal criticado, \u00abdejar sin valor ni efecto [las providencias mencionadas]\u00bb (fl. 69).  <\/span><\/p>\n

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1. En apoyo de tal pretensi\u00f3n, aduce en s\u00edntesis, que en auto del 22 de marzo de 2013, el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Cali admiti\u00f3 la demanda ordinaria referida en l\u00edneas anteriores, decisi\u00f3n frente a la cual la parte demandada formul\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, bajo el argumento que se estaba echando de menos el requisito de procedibilidad de la conciliaci\u00f3n extrajudicial.    <\/span><\/p>\n

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Relata que a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 5 de mayo de 2015, la citada autoridad revoc\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n, para entonces, rechazar de plano el escrito inaugural, tras advertir que la sociedad demandada no fue citada en debida forma a la audiencia de conciliaci\u00f3n extrajudicial, raz\u00f3n por la que ese presupuesto se agot\u00f3 irregularmente, pronunciamiento que apel\u00f3 sin \u00e9xito, pues en providencia del 8 de julio de 2016, el Tribunal querellado lo mantuvo en todas sus partes.  <\/span><\/p>\n

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Asegura que los estrados judiciales accionados incurrieron en causal de procedencia del amparo con lo resuelto, pues no tuvieron en cuenta que para celebrar la audiencia de conciliaci\u00f3n extrajudicial remiti\u00f3 el citatorio a la direcci\u00f3n que se encuentra registrada en el certificado de existencia y representaci\u00f3n de Inversiones IE Ltda en liquidaci\u00f3n, esto es, a la \u00abcarrera 9\u00aa No. 9-49 piso 3\u00b0 de la ciudad de Cali\u00bb; y, si bien en el acta de inasistencia a la diligencia aludida qued\u00f3 expresamente que la compa\u00f1\u00eda demandada fue notificada en una nomenclatura distinta a la se\u00f1alada, lo cierto es que, existi\u00f3 un \u00aberror involuntario\u00bb por parte del centro de conciliaci\u00f3n, puesto que en la gu\u00eda de env\u00edo de la empresa Coordinadora Mercantil aparece la direcci\u00f3n correcta de aqu\u00e9lla (fls. 56 a 71).  <\/span><\/p>\n

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3.        Mediante auto del pasado 18 de enero esta Corporaci\u00f3n admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 79).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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1. En el caso que se somete a examen, el accionante cuestiona los autos de 5 de mayo de 2015 y 8 de julio de 2016, mediante los cuales las autoridades judiciales accionadas rechazaron la demanda ordinaria de enriquecimiento sin causa que instaur\u00f3 contra la sociedad Inversiones IE ltda en liquidaci\u00f3n y otros, por ausencia del requisito de procedibilidad de la conciliaci\u00f3n extrajudicial.    <\/span><\/p>\n

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3.  No obstante, para la Corte las determinaciones antes individualizadas estuvieron soportadas en argumentos que no lucen caprichosos ni arbitrarios, lo que impide su revisi\u00f3n a trav\u00e9s de este especial mecanismo, y anticipa entonces, el fracaso de lo reclamado.  <\/span><\/p>\n

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3.1.  En efecto, para confirmar lo decidido por el Juzgado Civil del Circuito accionado, en prove\u00eddo de 8 de julio de 2016 la Sala Civil del Tribunal de Cali consider\u00f3 lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[L]a demanda con la cual se dio p\u00e1bulo al asunto rese\u00f1ado en el ep\u00edgrafe, fue rechazada, por v\u00eda de revocaci\u00f3n del auto admisorio de la misma, al colegirse que no se hab\u00eda cumplido con el requisito de procedibilidad, en virtud a que la sociedad convocada para la celebraci\u00f3n de la audiencia de conciliaci\u00f3n extrajudicial no acudi\u00f3 a la misma porque \u201cno fue citada en debida forma, pues no recibi\u00f3 la citaci\u00f3n para tal evento\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Es de conocimiento que para acudir a la jurisdicci\u00f3n, la ley ha exigido como fundamental, el agotamiento previo del tr\u00e1mite de una audiencia de conciliaci\u00f3n, so pena de ser rechazada la demanda respectiva, para lo cual se deber\u00e1 hacer la correspondiente citaci\u00f3n, al lugar indicado en la solicitud para recibir notificaciones, que para este espec\u00edfico evento lo fue la Cra. 9 No. 9-49 piso 3 de [Cali] (lugar establecido para recibir notificaciones judiciales por parte de la sociedad convocada-demandada, seg\u00fan el Certificado de Existencia y Representaci\u00f3n expedido por la C\u00e1mara de Comercio de Cali), lugar en el que efectivamente se trat\u00f3, por la empresa de mensajer\u00eda contratada al efecto, de surtir el citatorio, que a la postre result\u00f3  fallido, \u201cpor cuanto el destinatario se traslad\u00f3 y se desconoce su nueva localizaci\u00f3n\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Dicha situaci\u00f3n, que desde luego imposibilitaba la realizaci\u00f3n del requerido acto pre-procesal fue abiertamente desconocida por el conciliador, quien sin reparar en ello, elabor\u00f3 la Constancia de Inasistencia No 336, que se ados\u00f3 al libelo genitor certificando al final de la misma que \u201cdado que no fue posible notificar a los convocados aun cuando las citaciones se intent\u00f3 (sic) entregarlas en la direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n judicial que aparece registrada en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal expedido por la C\u00e1mara de Comercio de Cali, es decir la Cra. 9 No. 9-49 piso 3\u00b0 y aportado por el convocante, no se pudo contar con la asistencia de estos\u201d, lo que en sana l\u00f3gica se cae de su peso, porque si no fueron notificados, resultaba pr\u00e1cticamente imposible, por decir lo menos, que se pudiera contar con su asistencia para la celebraci\u00f3n de la rese\u00f1ada audiencia.  <\/span><\/p>\n

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Es acertada la decisi\u00f3n de primer grado de rechazar de plano la demanda, porque en realidad, en el evento sub lite no se ha cumplido con el requisito de procedibilidad que establece la Ley 640 de 2001, para los casos como del que se trata, por la pot\u00edsima raz\u00f3n de que la sociedad convocada para la realizaci\u00f3n de la audiencia de conciliaci\u00f3n extrajudicial, no fue citada en debida forma, pues no recibi\u00f3 la citaci\u00f3n para tal evento\u00bb (fls. 43 a 53)  <\/span><\/p>\n

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3.2.  Como se observa, para rechazar la demanda ordinaria de enriquecimiento sin causa que formul\u00f3 el aqu\u00ed interesado, los estrados judiciales querellados apreciaron que si bien \u00e9ste remiti\u00f3 la notificaci\u00f3n de la audiencia de conciliaci\u00f3n extrajudicial a la direcci\u00f3n que registra la compa\u00f1\u00eda demandada en el certificado de existencia y representaci\u00f3n (carrera 9 No. 9-49 piso 3 de la ciudad de Cali), lo cierto es que la empresa de correos dej\u00f3 constancia de que el respectivo citatorio no pudo entregarse porque \u00abel destinatario se traslad\u00f3 y se desconoce su nueva localizaci\u00f3n\u00bb, lo que permiti\u00f3 concluir a los Despachos acusados, que la parte demandada no fue enterada en debida forma de aquella diligencia y, por ende, no se agot\u00f3 el requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicci\u00f3n civil.  <\/span><\/p>\n

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1. Luego se desprende de lo expuesto, que las decisiones que se reprochan por esta v\u00eda se motivaron adecuadamente, y se soportaron en una razonada interpretaci\u00f3n, que con independencia de que se comparta o no por la parte accionante, se itera, no se muestran irrazonables y por ende, no quebrantan las garant\u00edas reclamadas, lo que descarta cualquier posible intervenci\u00f3n del juez de tutela para modificarlas, pues a \u00e9ste    <\/span><\/p>\n

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\u00able est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2013, rad. 00297-01; criterio reiterado en STC12953-2014 y STC9884-2015).  <\/span><\/p>\n

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Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 7  mar. 2008, Rad.  00514-01, reiterada, entre otros en STC7950-2014; STC8572-2014; STC8880-2014; STC9717-2014; STC11408-2014; STC12953-2014; y STC9884-2015).  <\/span><\/p>\n

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5. Las razones consignadas se estiman suficientes para concluir, que el resguardo implorado debe desestimarse.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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