{"id":98914,"date":"2026-06-25T17:27:51","date_gmt":"2026-06-25T17:27:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc633-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:27:51","modified_gmt":"2026-06-25T17:27:51","slug":"stc633-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc633-2017\/","title":{"rendered":"STC633-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC633-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2017-00034-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecis\u00e9is)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la sociedad Promotora Soleil S. en C. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Oral de la misma ciudad, actuaci\u00f3n a la que fueron vinculados la parte pasiva y los intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.         La compa\u00f1\u00eda accionante a trav\u00e9s de la persona que la representa, reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con las decisiones de fondo adoptadas en ambas instancias, dentro del proceso ejecutivo singular de mayor cuant\u00eda que promovi\u00f3 en contra de la sociedad Promotora R.D. S.A.S.  <\/span><\/p>\n

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Pretende entonces, que se le conceda el resguardo implorado, ordenando a la Sala Civil Familia del Tribunal de Cartagena, \u00abdej[ar] sin efectos, la sentencia que dict\u00f3 en audiencia el 29 de noviembre de 2016\u00bb, y como consecuencia de ello, que dicte una nueva decisi\u00f3n, \u00abrevo[cando] la sentencia de 27 de mayo [siguiente] proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de [la misma ciudad] y en la que ordene seguir adelante con la ejecuci\u00f3n dentro del [citado] proceso ejecutivo\u00bb (fl. 107).   <\/span><\/p>\n

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2.   Como soporte f\u00e1ctico de lo reclamado y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en s\u00edntesis, que con la ejecuci\u00f3n referida en l\u00edneas precedentes pretende recaudar la suma de \u00abMil Trescientos Cincuenta Millones de Pesos M\/C ($1.350.000.000)\u00bb, obligaci\u00f3n contenida en el pagar\u00e9 No. 1 del 24 de mayo de 2010, la cual correspondi\u00f3 conocer al Juzgado del Circuito acusado, quien pese a haber librado mandamiento de pago el 10 de julio de 2015, en decisi\u00f3n de fondo del 27 de mayo del a\u00f1o inmediatamente anterior, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria formulada tanto por la curadora ad-litem como por la interviniente Isabelle Iragorri Alix, de quien no sabe, afirma, en qu\u00e9 calidad se le permiti\u00f3 actuar, rest\u00e1ndole valor probatorio a los documentos aportados donde \u00e9sta reconoci\u00f3 la existencia de la obligaci\u00f3n perseguida, es decir, la prueba que corrobora la interrupci\u00f3n civil del aludido fen\u00f3meno extintivo.  <\/span><\/p>\n

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Asevera que no obstante haber recurrido la mentada determinaci\u00f3n a trav\u00e9s de apelaci\u00f3n, y de haberse decretado y practicado una prueba testimonial dejada de evacuar en primera instancia, la Corporaci\u00f3n accionada, al resolver la alzada, confirm\u00f3 lo resuelto mediante providencia dictada en audiencia el 29 de noviembre siguiente, incurriendo en los mismos errores de apreciaci\u00f3n probatoria cometidos por el fallador de primer grado, raz\u00f3n por la que considera que las citadas autoridades incurrieron en causal de procedencia del amparo por los defectos f\u00e1ctico y procedimental (fls. 104 a 117).       <\/span><\/p>\n

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       3.        Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 13 de enero de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 correr traslado de la misma a los involucrados, para que ejercieran su derecho de defensa (fl. 119).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.  El titular del Juzgado Cuarto Civil del Circuito Oral de Cartagena, se opuso al \u00e9xito del resguardo implorado, con sustento en que \u00abno es cierto que en las decisiones judiciales que se tomaron en el iter procesal se hubiere incurrido en causal de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, pues por el contrario, el [despacho] se preocup\u00f3 ampliamente (\u2026) por brindar todas las garant\u00edas constitucionales, dadas las circunstancias f\u00e1cticas que lo rodearon, (\u2026) evitando con ello, un verdadero fraude a la ley\u00bb (fls. 138 y 139).   <\/span><\/p>\n

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b. El Magistrado ponente de la segunda de las determinaciones cuestionadas, solicit\u00f3 negar el auxilio invocado, tras manifestar que la misma \u00abse fundament\u00f3 estrictamente en la normatividad vigente, d\u00e1ndole la debida aplicaci\u00f3n a las normas procesales y analizando detenidamente el acervo probatorio recaudado\u00bb (fls. 142 y 143).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.         Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso que se somete a revisi\u00f3n, se observa que la censura est\u00e1 encaminada, en concreto, contra las providencias adoptadas en audiencia el 27 de mayo y 29 de noviembre de 2016, por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad, respectivamente, por medio de las cuales, se dispuso, en su orden, declarar probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria formulada por la curadora ad-litem de la parte demandada y la interviniente Isabelle Iragorri Alix, y como consecuencia de ello, dar por terminado el proceso ejecutivo singular de mayor cuant\u00eda que la compa\u00f1\u00eda accionante promovi\u00f3 contra la sociedad Promotora R.D. S.A.S., y, confirmar lo resuelto, pues, en sentir de la parte aqu\u00ed interesada, dichas autoridades dejaron de valorar la prueba documental que daba cuenta de la interrupci\u00f3n civil del citado medio exceptivo, lo cual se hizo a trav\u00e9s del reconocimiento de la obligaci\u00f3n perseguida por parte de la interviniente y los abonos que se hicieron a la misma por la empresa ejecutada.  <\/span><\/p>\n

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3.         Sin embargo, examinados los soportes adosados, se revela para la Sala que el amparo constitucional que la sociedad Promotora Soleil S. en C. solicita no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que estudiada las consideraciones que expuso el Tribunal en la \u00faltima de las citadas determinaciones, donde se analizaron los reparos aqu\u00ed esgrimidos por la citada compa\u00f1\u00eda, se evidencia, sin hesitaci\u00f3n alguna, que tanto el juzgado como la Corporaci\u00f3n acusada, no incurrieron en los errores que se les endilga, tal y como pasa a verse.  <\/span><\/p>\n

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4.     En efecto, en tal decisi\u00f3n, la Colegiatura acusada, luego de sintetizar las censuras efectuadas por la parte demandante frente al fallo de primer grado en la alzada, lo cual hizo de la siguiente manera:  <\/span><\/p>\n

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\u00abb\u00e1sicamente los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente tanto en la primera instancia como en los alegatos que se acaban de escuchar, podr\u00e1n reducirse a la intervenci\u00f3n, en este conflicto, de la se\u00f1ora Isabelle Iragorri [Alix] y la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria que se declar\u00f3 probada\u00bb (fl. 145).  <\/span><\/p>\n

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Procedi\u00f3 al an\u00e1lisis del primer ataque, en consideraci\u00f3n a lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00abSobre el primer punto, debemos decir que a estas alturas del proceso, para la Sala resulta totalmente intranscendente un pronunciamiento expreso sobre tal asunto, en tanto y por cuanto de llegarse a decidir que no debi\u00f3 de admitirse su intervenci\u00f3n, de todas formas habr\u00eda obligaci\u00f3n de estudiar la excepci\u00f3n propuesta por la Curadora  Ad -litem de la ejecutada, designada en forma por dem\u00e1s acertada por el se\u00f1or juez de instancia, y que fuera el medio de defensa que el a quo declar\u00f3 probado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Seguidamente, en aras de resolver el segundo reproche, precis\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abAhora bien, en relaci\u00f3n con la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria, comencemos indicando que le asiste la raz\u00f3n al recurrente cuando afirma que hay dos caminos para interrumpir los t\u00e9rminos de la prescripci\u00f3n, como expresamente lo se\u00f1ala el canon 2539 del C\u00f3digo Civil: el primero, por actos propios del actor o acreedor, presentaci\u00f3n de la demanda, conocida como interrupci\u00f3n civil y que en este conflicto no ocurri\u00f3 toda vez que cuando se present\u00f3 la demanda ya hab\u00eda acaecido el fen\u00f3meno prescriptivo y solo se puede interrumpir lo que est\u00e1 en v\u00eda de ocurrir, lo que est\u00e1 consumado ya est\u00e1 consumado.  <\/span><\/p>\n

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Precisamente la actora sostiene que en este conflicto oper\u00f3 la interrupci\u00f3n natural de los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n porque la demandada realiz\u00f3 abonos y reconoci\u00f3 la deuda al incluirlos en sus estados financieros; en otras palabras, dos fueron las formas como se interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, la primera un abono, la segunda, inclusi\u00f3n de la obligaci\u00f3n en los estados financieros.  <\/span><\/p>\n

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En punto del abono realizado recordemos que cuando una obligaci\u00f3n dineraria consta en un t\u00edtulo valor, como sucede en el caso que atrae la atenci\u00f3n de la sala, los pagos parciales que se realicen deben ser anotados en el cuerpo del t\u00edtulo y extenderse por separado el recibo correspondiente, seg\u00fan las luces del art\u00edculo 624 del C\u00f3digo de Comercio.  <\/span><\/p>\n

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Examinado detenidamente el acervo probatorio no se encuentra por parte alguna el abono que se dice realiz\u00f3 la sociedad demandada, ni en el cuerpo del t\u00edtulo que se aport\u00f3 como recaudo, ni aparece el recibo correspondiente.  <\/span><\/p>\n

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Llama profundamente la atenci\u00f3n de la Sala el que estando ambas sociedades, demandante y demandada, representadas legalmente por una misma persona, no se hubiese anotado, en el cuerpo del t\u00edtulo, el abono supuestamente realizado, ni tampoco se expidiera el recibo de pago.  <\/span><\/p>\n

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Tambi\u00e9n extra\u00f1a enormemente el hecho de que trat\u00e1ndose de dos sociedades mercantiles, acreedora y deudora; que tienen obligaci\u00f3n adem\u00e1s de llevar en debida forma los libros de contabilidad, como lo exigen, entre otras normas, el numeral 3 del art\u00edculo 19, el art\u00edculo 48 y siguientes del C\u00f3digo de Comercio; no se hubiese acudido a estos libros para demostrar tanto la existencia de la obligaci\u00f3n, como la realizaci\u00f3n del abono.  <\/span><\/p>\n

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Esta Superioridad reconoce que en Colombia no existe tarifa legal de pruebas, pero existen unos medios probatorios m\u00e1s aptos, eficaces e id\u00f3neos que otros para demostrar ciertos hechos, que es lo que ocurre precisamente con los libros y papeles de comercio, seg\u00fan las voces del art\u00edculo 68 y siguientes del C\u00f3digo de Comercio.  <\/span><\/p>\n

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Si los libros de contabilidad, que se repite, deben ser llevados por los comerciantes, se ajustan a las prescripciones legales, constituyen plena prueba de lo que en ellos se registre y por lo mismo est\u00e1n exentos de cualquier manto de duda, no entiende esta Colegiatura porqu\u00e9, no se acude a ellos, cuando se presentan todas las facilidades para hacerlo, porque, se repite, ambas sociedades estaban representadas por una misma persona y, sobre todo cuando est\u00e1n registradas en su contabilidad como lo sostiene el distinguido procurador judicial recurrente en su escrito visible a folio 200 del cuaderno principal.  <\/span><\/p>\n

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Como adehala argumentativa se tiene que no es entendible, dentro de las reglas de la experiencia y la  sana l\u00f3gica, que la demandante no recuerde un abono tan significativo al momento de instaurar la demanda, cuando solicita se libre mandamiento de pago por la suma de $1.350.000.000,00 m\u00e1s los intereses corrientes del 8% anual y los intereses moratorios y que repita su olvido al subsanar la demanda (folio 18 del cuaderno principal), cuando reitera la suma de $1.350.000.000.00 como capital, pero agrega la cantidad de $107.892.000.00 por concepto de intereses de plazo y de $648.000.000.00 y, extra\u00f1amente, recuerde tan importante abono luego de que se hab\u00eda propuesto la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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El art\u00edculo 280 del C\u00f3digo General del Proceso dispone, entre otras cosas: \u201cel juez siempre deber\u00e1 calificar la conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ella\u201d. En este orden, al observar la conducta procesal asumida por la se\u00f1ora Leticia Mercedes Moreno Chima, representante legal de las sociedades acreedora y deudora, que inicialmente no reconoce abonos y solo lo hace cuando le ha sido propuesta la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, la no concurrencia a la audiencia, no valerse de los libros de contabilidad que obligatoriamente deben de llevar las sociedades por ella representadas, hacen deducir indicios muy fuertes de que el tal abono en realidad nunca existi\u00f3.    <\/span><\/p>\n

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Desde otra perspectiva, desde el punto de vista del reconocimiento de la deuda que alega el recurrente, para esta colegiatura no aparece dentro del haz probatorio que reposa en esta controversia, se\u00f1al alguna que nos indique que de alguna manera la sociedad demandada reconoci\u00f3 la obligaci\u00f3n ejecutada.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, si observamos el memorando de entendimiento- folios 146 y siguientes  del cuaderno principal, se tiene que no fue suscrito por ninguna de las partes, esto es,  no se perfeccion\u00f3 y si no se perfeccion\u00f3 quiere decir que no hubo tal entendimiento y menos reconocimiento alguno.  <\/span><\/p>\n

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Ahora bien, el balance general de Promotora RD S.A.S. a diciembre 31 de 2014, visible a folios 72 y siguientes del cuaderno principal, por s\u00ed solo no demuestra reconocimiento de la obligaci\u00f3n por la pot\u00edsima raz\u00f3n que esta acto no tiene  la aprobaci\u00f3n  del \u00f3rgano competente exigida tanto por el art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Comercio, como por el art\u00edculo 46 de la Ley 222 de 1995 y el art\u00edculo 37 de la Ley 1258 de 2008. Tampoco aparece prueba de que estos estados financieros hayan sido registrados en la c\u00e1mara de comercio como lo establece el art\u00edculo 41 de la Ley 222 de 1995. Dicho de manera diferente, el balance no ha surgido v\u00e1lidamente a la vida jur\u00eddica y por lo mismo no puede ser tenido como prueba.  <\/span><\/p>\n

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Como colof\u00f3n de lo expuesto se tiene que no existe prueba de que los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n hubiesen sido interrumpidos natural o civilmente, raz\u00f3n por la cual se deber\u00e1 confirmar la sentencia objeto de la alzada; condenando en costas de esta instancia a la parte demandante vencida\u00bb (fls. 145 a 147).  <\/span><\/p>\n

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5.        Por virtud de lo anterior, se descarta la eventualidad de predicar que en esa labor los Magistrados de la Corporaci\u00f3n censurada hubieran incurrido en una actitud susceptible de ser cuestionada positivamente a trav\u00e9s de esta excepcional herramienta, dado que como qued\u00f3 visto, dicha autoridad, en la providencia que pasa de analizarse, no solo apreci\u00f3 en su totalidad el acervo probatorio cotejado en el expediente, sino que tambi\u00e9n abord\u00f3 correctamente, a la luz de la normatividad sustantiva y procesal aplicable al asunto, la tem\u00e1tica puesta en consideraci\u00f3n por la empresa apelante, dado que, efectivamente, en lo que toca a la primera tacha, no era procedente examinar, nuevamente, la pertinencia y calidad de la intervenci\u00f3n de la curadora ad-litem y la se\u00f1ora  Isabelle Iragorri Alix, precisamente por haber sido zanjados esos aspectos en anterior etapa procesal, los que igualmente, por obvias razones, no pueden ser objeto de escrutinio en la presente acci\u00f3n constitucional, al haber sido alegados tard\u00edamente.  <\/span><\/p>\n

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6.        Por otra parte, basta decir, en cuanto a los razonamientos esbozados por el Tribunal frente al reparo expuesto contra la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria declarada, que los mismos se encuentran ajustados a la verdad procesal que exhibieron las pruebas recaudadas en el rese\u00f1ado juicio compulsivo, pues, cierto es, que la ausencia de firmas en el documento denominado \u00abMEMORANDO DE ENTENDIMIENTO\u00bb, as\u00ed como la falta de aprobaci\u00f3n del balance general (2014) de la sociedad demandada, le restan validez probatoria a dicha prueba y, por ende, sustento a la interrupci\u00f3n civil invocada, falencia que no puede subsanarse con la informaci\u00f3n que arrojan los libros de contabilidad, pues precisamente con estos documentos era que se pretend\u00eda dar veracidad a la misma ante su falta de claridad, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en las providencias criticadas se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo denunciadas, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela frente a las decisiones cuestionadas, ya que como de vieja data lo tiene dicho la Sala, no constituyen causal de procedencia del resguardo \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC, 19 may. 2011, Rad. 00106-01, citada en STC10081-2015, STC728-2016 y STC1496-2016).  <\/span><\/p>\n

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7.        Por tanto, se denegar\u00e1 lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado Ponente   STC633-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2017-00034-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecis\u00e9is)      Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98914","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98914","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98914"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98914\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98914"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98914"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98914"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}