{"id":98917,"date":"2026-06-25T17:28:00","date_gmt":"2026-06-25T17:28:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc637-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:28:00","modified_gmt":"2026-06-25T17:28:00","slug":"stc637-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc637-2017\/","title":{"rendered":"STC637-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2016-00428-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 29 de noviembre de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Eduardo Jim\u00e9nez Dagovett contra el Juzgado Primero de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Urbana n\u00b0 4 y las partes e intervinientes en el proceso de sucesi\u00f3n 2011-249.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.        Actuando directamente, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada al rechazar un incidente de oposici\u00f3n a la entrega de un inmueble sobre el cual alega posesi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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       2.        En s\u00edntesis, expuso que en el juicio de sucesi\u00f3n de Jacinto Jim\u00e9nez Barrios, solamente fueron reconocidos como herederos Miguel Jim\u00e9nez Murillo, Jacinto Jim\u00e9nez Taborda, Jos\u00e9 Jacinto Jim\u00e9nez Angulo y Marlenis Jim\u00e9nez Murillo, excluy\u00e9ndose a los dem\u00e1s \u00abhijos leg\u00edtimos del causante\u00bb porque \u00abtemerariamente\u00bb dijeron desconocer su domicilio.  <\/span><\/p>\n

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       Inform\u00f3 que habi\u00e9ndose adjudicado los bienes a los herederos en menci\u00f3n, respecto del ubicado en la calle 31P n\u00b0 36-33 de Cartagena, identificado con el folio de matr\u00edcula 060-44359, el 17 de marzo de 2016 el juzgado dispuso su entrega comisionando para ello a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Urbana n\u00b0 4 de dicho distrito tur\u00edstico.  <\/span><\/p>\n

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       Detall\u00f3 que a la referida diligencia que tuvo lugar el 19 de mayo de 2016, asistido por su apoderado se opuso aduciendo que sobre el citado inmueble ejerce posesi\u00f3n \u00abdesde hace m\u00e1s de treinta a\u00f1os\u00bb, y probando con documentos que lo tiene arrendado para que funcione all\u00ed un taller de mec\u00e1nica del cual recibe un canon mensual de $1\u00b4000.000, y que \u00abdesde tiempo atr\u00e1s yo como poseedor he repelido cualquier intento de perturbar mi leg\u00edtima posesi\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       Afirm\u00f3 que en la referida diligencia, entre otros aspectos tambi\u00e9n se aleg\u00f3 que el predio no fue secuestrado, as\u00ed como que \u00e9l no act\u00faa como heredero y en esas condiciones est\u00e1 facultado para oponerse, pero que pese a ello el Inspector de Polic\u00eda rechaz\u00f3 su aspiraci\u00f3n con fundamento en lo previsto en los par\u00e1grafos 2\u00b0 y 3\u00b0 del art\u00edculo 512 del C\u00f3digo General del Proceso, y que ante la insistencia de su apoderado, sin referirse a la prueba testimonial que \u00e9ste hab\u00eda deprecado, \u00abfalla no admitiendo la oposici\u00f3n\u00bb reiterando que no es v\u00e1lida porque la hace como heredero del causante, y ordena devolver la actuaci\u00f3n al comitente.  <\/span><\/p>\n

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       Agreg\u00f3 que el juzgado convocado, \u00abcon auto del 10 de octubre de 2016\u2026 rechaza la oposici\u00f3n conforme al numeral 1 de art\u00edculo 338 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y ordena comisionar para que contin\u00fae la entrega\u00bb, precisando en prove\u00eddo del 24 de octubre de ese a\u00f1o, que la diligencia la realice el mismo inspector.  <\/span><\/p>\n

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3. Pretende que en protecci\u00f3n a su derecho como poseedor del inmueble y el uso de los recursos de ley, se ordene al accionado que \u00abrevoque el fallo (sic) proferido el 10 de octubre de 2016 y en consecuencia se decrete la prosperidad de la oposici\u00f3n\u00bb (fls. 1 a 12, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El apoderado judicial de los cuatro herederos que fueron reconocidos en el sucesorio, neg\u00f3 la afirmaci\u00f3n del accionante en cuanto a que no se le convoc\u00f3 al proceso, pues dijo que tanto \u00e9ste como los dem\u00e1s hijos \u00abno se hicieron parte\u2026 porque diez de ellos se encontraban y se encuentran lucr\u00e1ndose de los inmuebles\u00bb, pretendiendo con la oposici\u00f3n, negada por la Inspecci\u00f3n y luego por el Juzgado de Familia, \u00abapropiarse\u00bb de los bienes que pertenecen al haber sucesoral.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que apoya la decisi\u00f3n del enjuiciado en tanto dijo que la posesi\u00f3n alegada proviene de quien es \u00abheredero directo\u00bb en la sucesi\u00f3n en raz\u00f3n a su calidad de hijo del de cujus, y dijo que la normativa aplicable frente a la resoluci\u00f3n del incidente en cuesti\u00f3n, se rige por el C\u00f3digo General del Proceso (fls.56 a 60, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. La Juez Primera de Familia de Cartagena precis\u00f3 que tras percatarse de que la oposici\u00f3n a la entrega de los bienes adjudicados a los herederos, prove\u00eda de quien ostenta esa condici\u00f3n \u00abprocedi\u00f3 a darle aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 338 del C.P.C., reproducido por el art\u00edculo 309 del C.G.P., rechaz\u00e1ndola de plano\u00bb; se\u00f1al\u00f3 que no observa vulneraci\u00f3n a sus prerrogativas fundamentales, \u00abpues dentro del expediente se aprecia que no fue diligente en su intervenci\u00f3n y al parecer no ha hecho uso de las acciones legales con miras a obtener el reconocimiento de su derecho de la herencia\u00bb, y pide se deniegue la tutela porque lo pretendido  es impedir los efectos de la orden judicial (fls.61 a 67, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       Neg\u00f3 la salvaguarda al encontrar que el actor no agot\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto mediante el cual el enjuiciado rechaz\u00f3 de plano la oposici\u00f3n a la entrega, no obstante que esa determinaci\u00f3n era susceptible de ese medio de impugnaci\u00f3n conforme a lo previsto en el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, y por tanto levant\u00f3 la suspensi\u00f3n de dicha diligencia que se hab\u00eda decretado como medida provisional (fls. 70 a 74, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La interpuso el promotor del resguardo, concretando que no present\u00f3 la apelaci\u00f3n echada de menos por el Tribunal al negar la protecci\u00f3n, porque el rechazo de la oposici\u00f3n se produjo en la diligencia practicada por el comisionado, frente al cual el art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abno da esa posibilidad\u00bb, como si la contemplaba el precepto 338 del anterior ordenamiento procedimental, y que como el juzgado de origen, mediante auto proferido el 10 de octubre de 2016, volvi\u00f3 a negar dicha oposici\u00f3n desestimando de plano el incidente, era inviable apelar esa decisi\u00f3n teniendo como soporte el numeral 9\u00ba del canon 321-9 de la misma obra procesal (fls. 77 a 81, ib\u00eddem)  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        La reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo excepcionalmente puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada en STC15388-2016, 27 oct. 2016, rad. 00471-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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2. Bajo estas premisas, atendidos los argumentos de la queja constitucional, de la revisi\u00f3n de las piezas procesales correspondientes al proceso censurado, prontamente establece la Sala que la tutela se torna improcedente porque no logra superar el presupuesto de la subsidiariedad, en el entendido que previo a la salvaguarda implorada se hayan agotado los mecanismos de defensa previstos en la ley.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, estando dirigido el ataque constitucional contra la decisi\u00f3n adoptada por el juzgador de instancia el 10 de octubre de 2016, consistente en el rechazo \u00edn limine la oposici\u00f3n a la entrega de un inmueble sobre el cual el accionante alega posesi\u00f3n, se respalda la postura del Tribunal en cuanto a que tal determinaci\u00f3n pudo haber sido objeto del recurso de apelaci\u00f3n conforme lo prev\u00e9 el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual es apelable el auto \u00abque resuelve sobre la oposici\u00f3n a la entrega de bienes, y el que la rechace de plano\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Cabe precisar que si bien dicha oposici\u00f3n fue planteada en la diligencia realizada por el Inspector de Polic\u00eda el 19 de mayo de 2016, en cuya oportunidad dicho funcionario no le abri\u00f3 paso, esgrimiendo su improcedencia porque el opositor \u00abes heredero del difunto Jacinto Jim\u00e9nez Barrios\u00bb, para finalmente disponer la devoluci\u00f3n de lo actuado al juzgado de origen (fls. 13 a 16, cd. 1), ese prove\u00eddo, que t\u00e9cnicamente corresponde a la situaci\u00f3n prevista en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 309 de la codificaci\u00f3n procedimental actual, tambi\u00e9n se ubica dentro de los apelables seg\u00fan el citado numeral 9\u00ba ib\u00eddem, en raz\u00f3n a las decisiones que all\u00ed se contemplan.  <\/span><\/p>\n

       Lo anterior significa que el querellante no s\u00f3lo tuvo la oportunidad de impugnar el prove\u00eddo dictado por el comisionado el 19 de mayo de 2016, en tanto de lo esbozado para inadmitir la oposici\u00f3n, la raz\u00f3n jur\u00eddica radicaba en que la decisi\u00f3n a ejecutar le produc\u00eda efectos al opositor por su calidad de heredero, sino tambi\u00e9n el auto proferido por el Juzgado de conocimiento el 10 de octubre de 2016, al rechazar de plano el tr\u00e1mite incidental basado en el mismo argumento.  <\/span><\/p>\n

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       3. En ese orden, la Corte no comparte la posici\u00f3n del impugnante en cuando a que su pasividad frente a la decisi\u00f3n del Inspector de Polic\u00eda, se justificaba en que, a diferencia del precedente, el nuevo ordenamiento adjetivo no posibilita apelar el rechazo de la oposici\u00f3n decretada en el desarrollo de la diligencia, porque la situaci\u00f3n que planteaba expresamente el numeral 1\u00ba del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 338 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se recoge en el numeral 9\u00ba del canon 321 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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4. Del mismo modo precisa esta Sala,  que al tenor de lo preceptuado en las reglas 5a y 6a del art\u00edculo 625 del actual estatuto procedimental, bajo el r\u00f3tulo de tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n, los recursos interpuestos \u00abse regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb, y para el presente asunto, el medio de impugnaci\u00f3n echado de menos para quebrantar las determinaciones que por afectar los intereses del inconforme motivaron esta tutela, debi\u00f3 darse el 19 de mayo de 2016 cuando el funcionario comisionado rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n a la entrega, y dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto del 10 de octubre del mismo a\u00f1o, mediante el cual el juzgado comitente rechaz\u00f3 de plano ese mismo tr\u00e1mite incidental.  <\/span><\/p>\n

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5. Esta Corporaci\u00f3n ha dejado sentado que en casos como el que ahora se examina, la improcedencia del auxilio en raz\u00f3n al desconocimiento de su car\u00e1cter subsidiario, residual e inmediato, es criterio jur\u00eddico insuperable que corresponde confirmar, por revelarse como impedimento manifiesto y no estar edificado evento alguno que permita contemplar su flexibilizaci\u00f3n, pues la excusa esbozada por el abogado que representa judicialmente al afectado, no justifica haber dejado de utilizar la herramienta jur\u00eddica de cuya aptitud no se avizora un v\u00e1lido reproche.  <\/span><\/p>\n

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En las condiciones antes descritas, es evidente la improcedencia de la protecci\u00f3n, porque el expediente muestra el desaprovechamiento de la oportunidad para hacer uso de los instrumentos id\u00f3neos de impugnaci\u00f3n, respecto de lo que en invariable l\u00ednea de pensamiento esta Sala ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00ba dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01).  <\/span><\/p>\n

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4. En consecuencia, se respaldar\u00e1 la denegaci\u00f3n de la tutela, porque \u00e9sta no puede utilizarse como v\u00eda sustituta de los medios defensivos previstos ordinariamente por la ley, a menos que \u00e9stos se tornen ineficaces o el amparo sea utilizado como medio transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual ac\u00e1 no se configura, pues para ello se requiere que el da\u00f1o \u00ab(\u2026) revista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 2011-00194-01, reiterada, entre otras, en STC16703-2016, 17 nov. 2016, rad. 00118-01).  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado Ponente      Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2016-00428-01   (Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98917","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98917","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98917"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98917\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98917"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98917"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98917"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}