{"id":98924,"date":"2026-06-25T17:28:32","date_gmt":"2026-06-25T17:28:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc654-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:28:32","modified_gmt":"2026-06-25T17:28:32","slug":"stc654-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc654-2017\/","title":{"rendered":"STC654-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC654-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2016-00326-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 25 de noviembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por IPS Gemeva E.U. contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena, la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Urbana Numero Uno Bocagrande de esa ciudad y la Caja de Prevenci\u00f3n Social de Comunicaciones -Caprecom EICE- en Liquidaci\u00f3n; tr\u00e1mite al que fueron vinculados Inmobiliaria Andina Ltda En Liquidaci\u00f3n, Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Ministerio del Trabajo, Superintendencia Nacional de Salud, pacientes determinados e indeterminados de la IPS accionante y las empresas promotoras de salud a las cuales se encuentran afiliados.  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La accionante, a trav\u00e9s de su representante, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la salud, debido proceso, vida, trabajo e igualdad presuntamente vulnerados por las entidades accionadas, dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que en su contra promovi\u00f3 Caprecom en Liquidaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.        En soporte de lo anterior, sostuvo en s\u00edntesis que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena no debi\u00f3 admitir la demanda por cuanto no se present\u00f3 el acto administrativo donde se resolviera la caducidad del contrato de administraci\u00f3n inmobiliaria, por lo que el demandante no tendr\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa, y pese a ello, el Despacho mediante sentencia de 24 de julio de 2015 resolvi\u00f3 la controversia suscitada, ordenando la restituci\u00f3n del inmueble a favor del arrendador y en consecuencia libr\u00f3 despacho comisorio con fecha de 21 de agosto de 2015, para que la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Urbana Numero Uno Bocagrande de Cartagena, realizara la diligencia respectiva.  <\/span><\/p>\n

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Expuso que la autoridad administrativa, el 2 de septiembre de 2016 le inform\u00f3 v\u00eda telef\u00f3nica que el 6 de septiembre del 2016 se llevar\u00eda a cabo la actuaci\u00f3n, olvidando que \u00abdebe existir una seguridad jur\u00eddica sobre la situaci\u00f3n que se est\u00e1 presentando\u00bb, toda vez que \u00abesta restituci\u00f3n se debe dar con las garant\u00edas necesarias para preservar la vida y honra de los pacientes que all\u00ed se encuentran hospitalizados (\u2026) sumado al despido masivo de las personas que laboran en IPS GEMEVA EU\u00bb; adem\u00e1s que \u00abno dan aviso al DADIS como ente de control (\u2026) llamado a coordinar la evacuaci\u00f3n y traslado de los pacientes internados en la unidad de cuidados intensivos (UIC) de IPS GEMEVA EU,  a otros centros hospitalarios\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que \u00abcomo consecuencia de la prestaci\u00f3n de sus servicios de alta complejidad nivel III, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a la poblaci\u00f3n pobre y vulnerable\u00bb afiliada a Caprecom, alcanz\u00f3 a facturar un equivalente a $2.453\u2019669.734, encontrando que a pesar de las gestiones de cobro, el pago no fue obtenido, as\u00ed como no result\u00f3 posible el cruce de cuentas que se ven\u00eda gestionando, dada la supresi\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la entidad; raz\u00f3n por la ha debido concurrir con los dem\u00e1s acreedores al tr\u00e1mite liquidatario donde cuenta con la acreencia distinguida con el radicado A31.00026.  <\/span><\/p>\n

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3.        En consecuencia, solicita \u00abdejar sin efecto el auto admisorio de la demanda y todo lo actuado (\u2026) Y\/O en su defecto me den un plazo de 180 d\u00edas para comprar el bien inmueble materia de esta tutela mediante el cruce de cuentas\u00bb (ff. 1 a 12 y 166 a 169, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS  <\/span><\/p>\n

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1.        El titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena alleg\u00f3 escrito en el cual manifiesta que \u00abha procedido conforme al ordenamiento jur\u00eddico, sin incurrir en v\u00edas de hecho m\u00e1s a\u00fan si consideramos que la hoy accionante tuvo a su disposici\u00f3n todos los instrumentos que la ley procesal le otorga para ejercitar cabalmente su defensa, pero que sin embargo, no mostro inter\u00e9s alguno en hacerlo\u00bb (ff. 186 a 189, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2.        La Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Urbana Numero Uno Bocagrande de Cartagena, relat\u00f3 las suspensiones que ha sufrido la diligencia encomendada (f. 329, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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3.        Caprecom EICE En Liquidaci\u00f3n solicita la desestimaci\u00f3n del resguardo \u00abtoda vez que el actuar del Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena y de la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Urbana Uno Jurisdicci\u00f3n Cartagena se ajusta a derecho\u00bb (ff. 254 a 275, ib\u00edd.)  <\/span><\/p>\n

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4.        Inmobiliaria Andina Ltda. en Liquidaci\u00f3n, manifest\u00f3 que \u00abEPS CAPRECOM EICE EN LIQUIDACI\u00d3N violento (sic) el debido proceso, por no seguir los lineamientos del mismo para SER QUERELLANTE LEGITO (sic) Y TENER LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA y consecuencialmente poder demandar al arrendatario\u00bb.  Agreg\u00f3 que solicita el pago que le adeuda la referida entidad por concepto de los c\u00e1nones de arriendo pagados por el arrendatario y exigidos en la demanda, igualmente por la gesti\u00f3n como administradora inmobiliaria. (ff. 405 y 406, id.).  <\/span><\/p>\n

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5.        El Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social invoc\u00f3 la improcedencia de la salvaguarda y solicit\u00f3 ser exonerado de cualquier responsabilidad puesto que no es la entidad encargada \u00abde realizar las actuaciones administrativas ni judiciales tendientes a resolver las pretensiones del accionante\u00bb (ff. 163 a 165, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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6.        El Departamento Administrativo Distrital de Salud -DADIS- se\u00f1al\u00f3 que dentro de sus competencias no est\u00e1 solucionar un conflicto de tipo inmobiliario (ff. 194 y 195, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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7.        El Ministerio del Trabajo pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n toda vez que no existi\u00f3 un v\u00ednculo laboral con la parte demandante; destac\u00f3 tambi\u00e9n la improcedencia las pretensiones (ff. 348 a 355, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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8.        La Superintendencia Nacional de Salud aduj\u00f3 \u00abla falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb exponiendo que los derechos que se alegan como conculcados, \u00abno deviene de una acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuida a esta entidad\u00bb (ff. 366 a 377, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional no obstante descart\u00f3 la viabilidad de la acci\u00f3n para atender los cuestionamientos de sobre afectaci\u00f3n al debido proceso, concedi\u00f3 parcialmente el resguardo en orden a proteger las garant\u00edas fundamentales de los pacientes de la instituci\u00f3n, exclusivamente, y en raz\u00f3n de ello, dispuso \u00abla creaci\u00f3n de un comit\u00e9 de Acompa\u00f1amiento, compuesto por (\u2026), con el fin de que en un plazo m\u00e1ximo de 30 d\u00edas, se determine un plan de evacuaci\u00f3n  y traslado para los pacientes\u00bb (ff. 362 a 369, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Fue interpuesta por la accionante mediante escrito en el que a pesar de anunciarse un disenso parcial, se replantearon casi la totalidad de argumentos que sustentaron la solicitud de amparo (ff. 379 a 383, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        La reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC7941-2016).  <\/span><\/p>\n

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2.        En el presente caso, como acertadamente lo estableciera el a quo, la pretensi\u00f3n principal de la reclamante de afectar la validez de la totalidad del proceso de restituci\u00f3n de tenencia en el cual se dispuso la diligencia de entrega denunciada, esta indefectiblemente avocada al fracaso por dirigirse contra una actuaci\u00f3n consolidada, no s\u00f3lo por el transcurso del tiempo, sino por la inercia del demandante en desplegar los medios de defensa disponible para proponer en dicho escenario los reparos que hoy sustentan su ruego.  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Vista desde la perspectiva de la finalidad del resguardo, la inmediatez impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica que produzca vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva y urgente ante una quebrantamiento o amenaza actual. Frente a la oportunidad, esta Corte ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

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En este evento, se cuestiona una diligencia de restituci\u00f3n que fue ordenada en la sentencia que acogi\u00f3 la pretensi\u00f3n de Caprecom en Liquidaci\u00f3n, la cual data del 24 de Julio de 2015, seg\u00fan precis\u00f3 la judicatura accionada (f. 188, cd. 1), esto es, un pronunciamiento efectuado con antig\u00fcedad superior a un a\u00f1o computado desde la interposici\u00f3n del presente resguardo (Sep. 5 2016, f. 142, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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Lo destacado es circunstancia efectivamente reveladora de una desatenci\u00f3n que contrar\u00eda la naturaleza del auxilio, desvirtuando la gravedad de la transgresi\u00f3n afirmada o dando cuenta de la aceptaci\u00f3n de la situaci\u00f3n jur\u00eddica estructurada en su momento y tard\u00edamente refutada.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Por otra parte, tambi\u00e9n se advierte que el examen propuesto sobre la legalidad del tr\u00e1mite y del derecho sustancial estimado a trav\u00e9s del mismo, el cual refiere a t\u00f3picos como la compensaci\u00f3n de obligaciones y la legitimaci\u00f3n en la causa de la demandante, est\u00e1 vedado por el incontrovertido desperdicio de los mecanismos de defensa previstos para resistir la pretensi\u00f3n de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, los cuales como se reconoce en el escrito inicial y recalc\u00f3 el Juzgado convocado, no fueron empleados en su momento por IPS Gemeva E.U., quien opt\u00f3 por guardar silencio cuando le fue puesta en traslado la demanda, lo cual imposibilit\u00f3 la formulaci\u00f3n en el escenario natural, del debate que hoy se aspira trasladar a esta sede excepcional.  <\/span><\/p>\n

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De manera que ciertamente la inviabilidad tambi\u00e9n deriva del incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad; en este sentido ha sido invariable l\u00ednea de pensamiento de esta Corte:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01).  <\/span><\/p>\n

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3.        De otra parte, corresponde respaldar del fallo de origen en la materia relativa a la defensa de las garant\u00edas fundamentales de los pacientes de la IPS Gemeva, por v\u00eda de una razonable y proporcional medida de protecci\u00f3n que busca verificar el adecuado traslado de dicho personal a otros centros de atenci\u00f3n, para luego garantizar el efectivo cumplimiento de la condena jurisdiccional ejecutoriada dictada en favor de la demandante.  <\/span><\/p>\n

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Dicho proceder, que no fue refutado por Caprecom en Liquidaci\u00f3n, es de recibo en tanto atiende con prudencia, la \u00fanica problem\u00e1tica relevante en el presente caso desde el punto de vista constitucional, en tanto cierto es que una decisi\u00f3n de la administraci\u00f3n de justicia, por muy ajustada que se encuentre al debido proceso, no puede habilitar la amenaza o transgresi\u00f3n de otros derechos fundamentales, principalmente cuando ata\u00f1en a terceros comprometidos en su salud, vida e integridad personal.  <\/span><\/p>\n

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Luego, las aspiraciones subsidiarias encaminadas a obtener la concesi\u00f3n de plazo para distintos prop\u00f3sitos como adquirir el bien ra\u00edz por v\u00eda de cruce de cuentas y asegurar la estabilidad laboral de los trabajadores de la Cl\u00ednica o, proceder a efectuar una entrega en los t\u00e9rminos debidos, tambi\u00e9n merecen ser desestimadas en tanto que muestran en af\u00e1n del interesado en posponer el cumplimiento que merece la restituci\u00f3n ordenada.  <\/span><\/p>\n

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Cabe resaltar que las distintas circunstancias aducidas, como la estabilidad laboral de los empleados \u2013sobre la cual ciertamente se extra\u00f1a el presupuesto de legitimaci\u00f3n- y las relativas a la adquisici\u00f3n del inmueble o adecuada entrega del mismo, est\u00e1n carentes de sustentaci\u00f3n y acreditaci\u00f3n, as\u00ed como en lo absoluto resultaban imprevisibles, dada la antig\u00fcedad de la decisi\u00f3n desfavorable.  <\/span><\/p>\n

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Se suma a lo anterior, que la posibilidad de adquisici\u00f3n de la edificaci\u00f3n se desvirtu\u00f3 contundentemente en esta actuaci\u00f3n, en la que no s\u00f3lo se estableci\u00f3 que la acreencia de la reclamante como cr\u00e9dito de quinto grado fue rechazada totalmente, sino que el bien fue adjudicado a un tercero.  <\/span><\/p>\n

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Por \u00faltimo, las condiciones locativas de entrega de la sede de la instituci\u00f3n es un aspecto carente de relevancia constitucional que no es admisible trasladar a la salvaguarda.  <\/span><\/p>\n

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4.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar el fallo de origen.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC654-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2016-00326-02   (Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98924","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98924","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98924"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98924\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98924"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98924"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98924"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}