{"id":98925,"date":"2026-06-25T17:28:35","date_gmt":"2026-06-25T17:28:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc658-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:28:35","modified_gmt":"2026-06-25T17:28:35","slug":"stc658-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc658-2017\/","title":{"rendered":"STC658-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC658-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 68679-22-14-000-2016-00094-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de noviembre de 2016 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Albeiro Alfonso Mar\u00edn contra el Ministerio de Defensa Nacional – Ej\u00e9rcito Nacional y la Direcci\u00f3n de Sanidad Militar, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al Establecimiento de Sanidad Militar del Batall\u00f3n de Artiller\u00eda N\u00ba 5 CT Jos\u00e9 Antonio Gal\u00e1n del Socorro y al Hospital Militar Regional de Bucaramanga.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la salud, en conexidad con la vida y la dignidad humana, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita que se \u00abenv\u00ede a su residencia un cuidador por 24 horas\u00bb, se ordene \u00abcuatro (4) potes o tubos de crema YODORA de (60) miligramos\u2026 y la visita a domicilio del m\u00e9dico general\u00bb (folios 1 a 2, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        La queja se fundamenta en los hechos que pasan a sintetizarse:  <\/span><\/p>\n

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2.1. El accionante manifiesta que el 20 de mayo de 2009 la Junta M\u00e9dico Laboral le diagnostic\u00f3 p\u00e9rdida de la capacidad laboral del 100% por trauma medular-parapl\u00e9jica, padecimiento que adquiri\u00f3 cuando fue herido con arma de fuego \u00aben desarrollo de la operaci\u00f3n JAP\u00d3N\u00bb.   <\/span><\/p>\n

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2.2. Indic\u00f3 que el 15 de junio siguiente fue retirado de la instituci\u00f3n en su condici\u00f3n de \u00abpensionado por discapacidad para laborar\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        Argument\u00f3 que a pesar de contar con asistencia m\u00e9dica permanente, medicamentos, pa\u00f1ales, entre otros, requiere de un cuidador por 24 horas, pues \u00abno [es] capaz de pasar[se] solo de la cama a la silla o de l[os] buenos oficios de [su] compa\u00f1era permanente\u2026 quien ha tenido que dejar de trabajar\u2026 para dejar de ayudar al sustento [del] hogar\u2026 [a m\u00e1s] se est\u00e1 enfermando por la fuerza abrupta que a diario tiene que hacer para poder lidiar[lo]\u00bb.  <\/span><\/p>\n

2.4. Agreg\u00f3 que su mesada pensional es insuficiente para sufragar los gastos que su enfermedad le acarrea, por lo que su esposa debe trabajar y en ocasiones le toca permanecer s\u00f3lo.  <\/span><\/p>\n

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LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS  <\/span><\/p>\n

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1. La Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, extempor\u00e1neamente, solicit\u00f3 denegar el resguardo por improcedente, sostuvo que respecto al cuidador pedido, la sentencia T-782\/13 indic\u00f3 que la familia es la primera obligada moral y afectivamente para atender los padecimientos expuestos.    <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que no est\u00e1 en condiciones de prestar el servicio de cuidador, a m\u00e1s que \u00abel Subsistema de Salud de la FFMM, brinda el servicio de enfermera, cuyo servicio lo presta un profesional o t\u00e9cnico en salud, sin embargo este servicio est\u00e1 dispuesto cuando la patolog\u00eda que presenta el usuario as\u00ed lo requiere y seg\u00fan las indicaciones m\u00e9dicas. En este caso en concreto, dicho servicio no es procedente toda vez que el paciente no se encuentra en un tratamiento o procedimiento invasivo, tales como sondas o la aplicaci\u00f3n de medicamentos venosos que requieran la atenci\u00f3n de enfermera, adem\u00e1s no existe prescripci\u00f3n m\u00e9dica\u2026 en la cual el medico Galeano indique que el accionante  requiere dicho servicio\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Asegur\u00f3 que el accionante est\u00e1 activo en el sistema de salud de las Fuerzas Militares, \u00abraz\u00f3n por la cual le asiste pleno derecho de recibir la atenci\u00f3n m\u00e9dica que requiera y reclamar la oportuna entrega de los medicamentos prescritos para el control de su patolog\u00eda\u00bb, sin que se encuentren vulneradas las prerrogativas reclamadas (folios 49 a 51, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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1. El Grupo de Asuntos Legales de la Direcci\u00f3n General de Sanidad Militar inst\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda, argument\u00f3 que es la Direcci\u00f3n de Sanidad Militar la encargada de resolver los pedimentos del accionante, sin que esa dependencia sea su superior jer\u00e1rquico (folios 52 a 53, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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1. El Director del Dispensario M\u00e9dico de Bucaramanga sostuvo que en cumplimiento a lo ordenado en el auto admisorio de la tutela realizaron visita al accionante el 17 de noviembre de 2016, concluyendo que lo pedido por el actor \u00abdepende \u00fanica y exclusivamente de lo que a bien recomiende el m\u00e9dico tratante\u00bb, por lo que solicit\u00f3 la improcedencia del resguardo (folios 54 a 59, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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1. La Asistente Social adscrita al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de San Gil realiz\u00f3 informe de estudio social al promotor, en el que concluy\u00f3 que si bien \u00e9ste percibe pensi\u00f3n, la misma no es suficiente para sufragar los costos de su especial condici\u00f3n de discapacidad (folios 27 a 29, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que conforme a las pruebas recaudadas en el tr\u00e1mite de la tutela, no se evidenciaba que hubiera habido solicitud previa por parte del accionante, referente a los pedimentos ac\u00e1 tra\u00eddos ante la entidad prestadora de salud a la cual est\u00e1 afiliado.  <\/span><\/p>\n

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A\u00f1adi\u00f3 que frente a la necesidad del cuidador solicitado, encontr\u00f3 que el gestor \u00abtiene una compa\u00f1era permanente, quien es la persona que le ha venido brindando el apoyo y que econ\u00f3micamente se suplen de la pensi\u00f3n que recibe el accionante\u00bb, a m\u00e1s que \u00aba la familia se le debe brindar un enteramiento o preparaci\u00f3n previa que sirva de apoyo para el manejo de la persona dependiente\u2026 prestaci\u00f3n esta que si debe ser asumida por la EPS\u2026\u00bb sin que exista prueba de petici\u00f3n al respecto por parte del gestor a la Direcci\u00f3n de Sanidad; de donde no existe una vulneraci\u00f3n de derechos, m\u00e1xime cuando la accionada presta los servicios de salud requeridos (folios 33 a 40, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante opugn\u00f3 el anterior fallo argumentando que requiere de los servicios pedidos para mantener su \u00abcalidad de vida\u00bb (folio 60, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

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2.        La salud ha sido reconocida por la jurisprudencia constitucional como un derecho fundamental aut\u00f3nomo que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 tiene una doble connotaci\u00f3n \u2013derecho constitucional fundamental y servicio p\u00fablico-. En tal sentido, todas las personas deben poder acceder al servicio de salud y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestaci\u00f3n de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad (CC T-1036\/07).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed como tambi\u00e9n ha considerado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 en materia de amparo del derecho fundamental a la salud por v\u00eda de tutela, \u2018una vez adoptadas las medidas de orden legislativo y reglamentario orientadas a determinar cu\u00e1les son las prestaciones obligatorias en salud y a trazar las v\u00edas de acceso a la seguridad social, si se cumplen los requisitos previstos en estos escenarios, todas las personas sin excepci\u00f3n pueden acudir a la acci\u00f3n de tutela para lograr la efectiva protecci\u00f3n de su derecho constitucional fundamental a la salud cuando quiera que este derecho se encuentre amenazado de vulneraci\u00f3n o haya sido conculcado\u2019 (CC T-919\/08).  <\/span><\/p>\n

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En este orden de ideas, la acci\u00f3n supralegal procede transitoriamente para proteger el derecho a la salud cuando se evidencia una afectaci\u00f3n inminente del derecho a la vida del actor, o a su integridad personal o a su dignidad humana.  <\/span><\/p>\n

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1. Descendiendo al sub examine surge patente la falta de vocaci\u00f3n de prosperidad del amparo rogado, en la medida en que de lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas en el mismo, se extrae que si bien el actor padece de \u00abtrauma medular parapl\u00e9jica\u00bb y que el mismo requiere cuidados especiales, lo cierto es que no obra en el plenario solitud ante la Direcci\u00f3n de Sanidad Militar, relativa a los pedimentos rogados en sede constitucional, as\u00ed como tampoco concepto m\u00e9dico que los ordene.    <\/span><\/p>\n

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En un asunto de similares contornos, la Corte dijo que:  <\/span><\/p>\n

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[N]o existe prueba en el expediente que los servicios de enfermer\u00eda sean necesarios terminado el referido tratamiento o que hayan sido ordenados por el m\u00e9dico tratante finalizada la referida medicaci\u00f3n. En este sentido, la presente petici\u00f3n adolece de uno de los requisitos establecidos por la jurisprudencia, pues el referido servicio no ha sido ordenado por ning\u00fan m\u00e9dico adscrito a la ESP a la cual se encuentra afiliada (CC. T-874\/10) (CSJ STC16008-2015, 20 nov. 2015, rad. 2015-00444-01).  <\/span><\/p>\n

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Aunado a lo anterior, se tiene que a m\u00e1s de no existir concepto m\u00e9dico que disponga del cuidador permanente para el accionante por un estado de salud especial, es de memorarse que en virtud del principio de solidaridad es el entorno familiar del afectado el encargado moral y afectivamente de atender los padecimientos de \u00e9ste.  <\/span><\/p>\n

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En ese sentido, la jurisprudencia constitucional expuso que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026el principio de solidaridad atribuye a los miembros de una sociedad el deber de ayudar, proteger y socorrer a sus parientes cuando se trata del goce de sus derechos fundamentales a la salud y a la vida digna. Deber que a su vez contiene un mayor grado de fuerza y compromiso cuando se trata de personas que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta, debido a los padecimientos propios de su edad o a las enfermedades que los agobian, y que por tanto no est\u00e1n en capacidad de proveer su propio cuidado, requiriendo de alguien m\u00e1s que les brinde dicho cuidado permanente y principal, lo cual, al no constituir una prestaci\u00f3n de salud, no puede ser una carga trasladada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, pues ello en principio constituye una funci\u00f3n familiar,  y subsidiariamente un deber en cabeza de la sociedad y el Estado, quienes deber\u00e1n concurrir a su ayuda y protecci\u00f3n cuando la competencia familiar sea de imposible observancia (CC T-154\/14).  <\/span><\/p>\n

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1. As\u00ed las cosas, las anteriores razones son suficientes para confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.    <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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