{"id":98927,"date":"2026-06-25T17:28:41","date_gmt":"2026-06-25T17:28:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc662-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:28:41","modified_gmt":"2026-06-25T17:28:41","slug":"stc662-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc662-2017\/","title":{"rendered":"STC662-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC662-2017   <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01075-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de diciembre de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por  la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 1 de diciembre de 2016, que neg\u00f3 la tutela interpuesta por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, frente al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Alcald\u00eda de Pereira, la Defensor\u00eda del Pueblo y el Ministerio P\u00fablico de la regional Risaralda.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. Obrando en su propio nombre, el actor promovi\u00f3 el amparo constitucional, tras considerar que la autoridad judicial accionada vulner\u00f3 sus derechos al debido proceso, igualdad y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular que corresponde al radicado \u00abN\u00ba 2015-449\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. Sustenta la queja afirmando que debi\u00f3 presentarla de manera directa, porque la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas no lo hace por \u00e9l y que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira decret\u00f3 en la misma el desistimiento t\u00e1cito, pese a que esta figura es inexistente en la Ley 472 de 1998.  <\/span><\/p>\n

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3. En s\u00edntesis, solicita que (i) se amparen los derechos invocados, (ii) se le ordene de manera inmediata dar tr\u00e1mite a la apelaci\u00f3n, (iii) que la Corte Constitucional se pronuncie acerca de si es procedente la apelaci\u00f3n frente al auto que rechaza una acci\u00f3n popular (iv) que le sea ordenado al delegado del Ministerio P\u00fablico se pronuncie (v) que se d\u00e9 impulso a la queja contra la Defensor\u00eda del Pueblo en Caldas, a fin de determinar si viola la Ley 734 de 2002, (vi) y que se escanee copia de la tutela y del fallo al correo electr\u00f3nico suministrado (f. 1 cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n Regional Risaralda, indic\u00f3 que a esa Agencia del Ministerio P\u00fablico se han comunicado los autos que admiten las respectivas acciones populares y como consecuencia de ello han designado a los diferentes profesionales para dar cumplimiento al art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998; a su vez aleg\u00f3 que la situaci\u00f3n planteada por el actor es ajena a su funci\u00f3n, por lo cual solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n (f. 11 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. El despacho judicial accionado alleg\u00f3 las copias requeridas e inform\u00f3 que en la actualidad el proceso se encuentra archivado (ff. 13 a 19 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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3. La Alcald\u00eda de Pereira, por medio de apoderado judicial adujo la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, y precis\u00f3 que el accionante ha incurrido en un obstinado abuso de la acci\u00f3n de tutela, por lo cual, considera pertinente que sea condenado en costas (ff. 27 a 29 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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FALLO DEL TRIBUNAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 el amparo, con fundamento en que no se observ\u00f3 transgresi\u00f3n alguna a los derechos invocados por el actor, toda vez que la funcionaria accionada adopt\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada con fundamento en una interpretaci\u00f3n jur\u00eddica que no podr\u00eda tacharse de caprichosa, ni contraria al ordenamiento legal.  <\/span><\/p>\n

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En cuanto a la protecci\u00f3n reclamada frente a la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas concluy\u00f3 que no prosperaba, puesto que el accionante no afirm\u00f3 y menos acredit\u00f3 haber pedido a esa autoridad que instaurara a su nombre la acci\u00f3n de tutela en cuesti\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Asimismo, frente al Procurador Delegado, desestim\u00f3 el ruego en tanto que, no observ\u00f3 transgresi\u00f3n alguna a los derechos invocados por el actor (ff. 32 a 88 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 \u00abAMPARAR MI ACCI\u00d3N Y APLICAR ART 5 Y 84 LEY  472 DE 1998, Y ART 121 CGP\u00bb (f. 41 cit).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera.  <\/span><\/p>\n

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Por regla de excepci\u00f3n a lo anterior se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

2. En el asunto en estudio, advierte esta Sala que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso en tanto que, la decisi\u00f3n del despacho accionado de declarar el desistimiento t\u00e1cito de la acci\u00f3n popular aludida no es constitutiva de una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional, por cuanto los argumentos all\u00ed plasmados, tienen sustento en las particularidades f\u00e1cticas del caso y en un criterio hermen\u00e9utico razonable de las normas aplicables al mismo, descartando as\u00ed un actuar caprichoso o antojadizo por parte del juzgador.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el Juez Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en prove\u00eddo de 2 de agosto de 2016 y con sustento en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del proceso, que establece los casos en los que se aplica el desistimiento t\u00e1cito, dispuso que la parte actora fuese requerida para que cumpliera con una carga procesal a efectos de poder continuar con el tr\u00e1mite de la demanda, para lo cual, le concedi\u00f3 treinta d\u00edas; sin que a la fecha hubiese cumplido con la misma.  <\/span><\/p>\n

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Asimismo en cuanto a la negativa de la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto frente a dicho prove\u00eddo, es preciso anotar que la Ley 472 de 1998 dispone que \u00e9sta solo es posible frente a las sentencias, por lo cual se entiende razonable la decisi\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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3. Bajo el contexto que viene de verse, a juicio de la Sala la providencia reprochada conlleva un criterio razonable, por lo que independientemente que la proh\u00edje, no puede tildarse de abiertamente caprichosa para que sea objeto de ataque en sede constitucional, pues, se fundament\u00f3 en una hermen\u00e9utica respetable, que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda.        <\/span><\/p>\n

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4. En el mismo sentido se proceder\u00e1 respecto del amparo contra la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas, en tanto que el recurrente no acredit\u00f3 haber pedido a esa autoridad que instaurara a su nombre la acci\u00f3n de tutela referida.  <\/span><\/p>\n

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5. De otra parte, en relaci\u00f3n con las peticiones de que se \u00abescanee copia\u00bb del fallo proferido en este asunto y de su tutela, se ordenar\u00e1 por secretar\u00eda remitir esta decisi\u00f3n al e-mail del interesado.  <\/span><\/p>\n

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6. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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