{"id":98928,"date":"2026-06-25T17:28:45","date_gmt":"2026-06-25T17:28:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc664-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:28:45","modified_gmt":"2026-06-25T17:28:45","slug":"stc664-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc664-2017\/","title":{"rendered":"STC664-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC664-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2016-00695-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 23 de noviembre de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Aura Mayerly Navarrete Castro contra el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia y la Comisar\u00eda S\u00e9ptima de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso de Medida de Protecci\u00f3n por Violencia Intrafamiliar n\u00ba 295-16.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.        El Defensor del Pueblo Regional Bogot\u00e1, actuando en representaci\u00f3n de los intereses de la mencionada se\u00f1ora, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, as\u00ed como \u00aba vivir una vida libre de violencias\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas, en tanto adoptaron decisiones que \u00abconstituyen una v\u00eda de hecho\u2026 por defecto factico y sustantivo debido a la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea o irrazonable de la ley 1257 de 2008\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.        En s\u00edntesis, se expuso que la se\u00f1ora Navarrete Castro, madre de dos ni\u00f1os de 5 y 1 a\u00f1o de edad que dependen econ\u00f3micamente de ella, luego de convivir con Jhorfan Edilberto Ca\u00f1on, contrajo matrimonio con \u00e9ste en el 2015, y \u00abfue v\u00edctima de varios hechos de violencia f\u00edsica y psicol\u00f3gica\u00bb, no denunciados por temor a \u00e9l y a su familia.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1al\u00f3 que tras poner fin a la relaci\u00f3n sentimental, \u00abel 28 de febrero de 2016 fue violentada sexualmente\u00bb, siendo atendida de urgencias en el Hospital San Jos\u00e9, y en raz\u00f3n a ello y a las posteriores amenazas propinadas en su contra por \u00e9l y su familia, cursan en la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n dos investigaciones penales.  <\/span><\/p>\n

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Inform\u00f3 que el 29 de febrero de 2016, aduciendo que Aura Mayerly lo acusaba de violador, Jhorfan solicit\u00f3 a la Comisar\u00eda de Familia el otorgamiento de una medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar, la cual fue concedida el 15 de marzo de dicha anualidad.  <\/span><\/p>\n

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Asever\u00f3 que precisamente el mismo d\u00eda en que \u00e9ste recibi\u00f3 en contra la medida de protecci\u00f3n, le entreg\u00f3 una citaci\u00f3n para que atendiera una audiencia de fijaci\u00f3n de alimentos, y  \u00abfue nuevamente golpeada por el se\u00f1or Ca\u00f1\u00f3n y su familia\u00bb, cuyos hechos dieron lugar a una medida de protecci\u00f3n proferida por la Comisar\u00eda S\u00e9ptima el 19 de abril de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Indic\u00f3 que en adelante se han presentado sendos altercados entre las partes, entre ellos uno acaecido el 28 de mayo de 2016, que involucr\u00f3 directamente a su menor hijo que llevaba en brazos por la calle, quien result\u00f3 afectado en su rostro con un qu\u00edmico arrojado por un individuo que iba en bicicleta, de lo cual la madre atribuye responsabilidad en el padre y \u00e9ste a su vez se quej\u00f3 de esas imputaciones.  <\/span><\/p>\n

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Adujo que teniendo como prueba la grabaci\u00f3n de llamadas telef\u00f3nicas en las que la se\u00f1ora Navarrete le reclam\u00f3 al se\u00f1or Ca\u00f1\u00f3n por lo sucedido con su hijo, el 21 de junio de 2016 la Comisar\u00eda de Familia determin\u00f3 que ella hab\u00eda incumplido la a medida de protecci\u00f3n establecida el 15 de marzo de 2016, y por tanto le impuso multa por la suma equivalente a dos (2) salarios m\u00ednimos mensuales.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que el 22 de agosto de 2016, la referida sanci\u00f3n fue confirmada, en sede de consulta, por el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de esta ciudad, y que pese a que la se\u00f1ora Navarrete manifest\u00f3 no encontrarse en condiciones econ\u00f3micas de atender la cancelaci\u00f3n de la multa, el 13 de octubre de la misma anualidad, la Comisar\u00eda dispuso convertir la sanci\u00f3n pecuniaria en \u00abarresto por seis (6) d\u00edas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Pretende que se ordene a la Comisar\u00eda S\u00e9ptima de Familia, \u00abrevocar la decisi\u00f3n adoptada el 15 de marzo a trav\u00e9s de la cual otorg\u00f3 media de protecci\u00f3n MP 295-16 RUG. 680-16 al se\u00f1or Jhorfan Edilberto Ca\u00f1\u00f3n\u00bb, as\u00ed como las que fueron expedidas el 21 de junio y 13 de octubre de 2016, que comprenden la imposici\u00f3n de la multa por desacato a dicha medida y su conversi\u00f3n en arresto, respectivamente; as\u00ed como la resoluci\u00f3n del grado jurisdiccional de consulta proferida por el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia el 22 de agosto de 2016 (fls. 46 a 57, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s de su Secretaria, inform\u00f3 que el expediente contentivo del aludido proceso, fue devuelto a la oficina de origen el 2 de noviembre de 2016 (fl. 68, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. El Comisario S\u00e9ptimo de Familia Bosa 1, alleg\u00f3 copia del expediente en cuesti\u00f3n, indicando que el original del mismo fue remitido de nuevo al juzgado \u00abpara la conversi\u00f3n de multa en arresto y a la fecha no ha sido devuelto\u00bb (fl. 69, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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3. La Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Secretar\u00eda Distrital de Integraci\u00f3n Social de la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1, luego de recordar el procedimiento respecto de las medidas de protecci\u00f3n y, concretamente, que tanto en decisi\u00f3n final que la impone como aquella que determina convertir la multa por incumplimiento en arresto, hay intervenci\u00f3n del juez competente, ante lo cual esa autoridad no le es dable pronunciarse (fls. 73 a 83, id.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       Neg\u00f3 la salvaguarda al encontrar que no se cumplen los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, en tanto la resoluci\u00f3n que impuso la medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar data del 15 de marzo de 2016, y la tutela fue interpuesta solo hasta el 8 de noviembre de esa anualidad; as\u00ed mismo, porque tampoco se satisface el presupuesto de la subsidiariedad del resguardo, toda vez que contra dicha imposici\u00f3n, la afectada \u00abcont\u00f3 con la oportunidad de ejercer el derecho a la defensa formulando el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, pero no lo emple\u00f3, y tampoco recurri\u00f3 la providencia mediante la cual la Comisar\u00eda dispuso la conversi\u00f3n de la multa en arresto.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s se\u00f1al\u00f3 que la solicitante obvi\u00f3 su concurrencia al proceso para ejercer su derecho de contradicci\u00f3n, incluyendo la surtida ante el Juzgado de Familia mediante la cual se aval\u00f3 lo decidido por la Comisar\u00eda, as\u00ed como tambi\u00e9n por no haber solicitado, con vista en el art\u00edculo 12 de la ley 575 de 2000, la terminaci\u00f3n de las medidas en caso de haberse superado las circunstancias que las originaron (fls. 120 a 127, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La interpuso el promotor el amparo, insistiendo en que la solicitante es un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, en raz\u00f3n a su condici\u00f3n de madre cabeza de hogar con dos ni\u00f1os a cargo, y que la decisi\u00f3n censurada omiti\u00f3 analizar la actuaci\u00f3n de las autoridades accionadas bajo \u00abla perspectiva de g\u00e9nero\u00bb, pues es ella la v\u00edctima de violencia intrafamiliar. Acot\u00f3 que la decisi\u00f3n \u00faltimamente decretada, \u00abimplica una privaci\u00f3n temporal de la libertad\u00bb, la cual afectar\u00eda a los dos ni\u00f1os \u00abque dependen econ\u00f3mica y socialmente de ella y que en la actualidad se encuentran vinculados junto a ella, al programa de Protecci\u00f3n a V\u00edctimas y Testigos\u00bb (fls. 151 a 157, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que para la viabilidad del amparo de los derechos fundamentales respecto de providencias judiciales, deben haberse cumplido todas y cada una de las causales generales decantadas por la jurisprudencia, entre las cuales son esenciales la inmediatez y la subsidiariedad, esto es, que la reclamaci\u00f3n se realice en un t\u00e9rmino prudencial y razonable, y que previo al resguardo se hayan agotado los mecanismos de defensa.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior en la medida en que la salvaguarda est\u00e1 dirigida a quebrantar las decisiones proferidas a partir del momento en que la Comisar\u00eda S\u00e9ptima de Familia de Bogot\u00e1 imparti\u00f3 la medida de protecci\u00f3n, cuyas \u00f3rdenes principalmente estaban a cargo de la accionante y a favor de Jhorfran Edilberto Ca\u00f1\u00f3n Parra, sin que los cuestionamientos que ahora se realizan le hubieran merecido a aquella, el oportuno y adecuado reproche.  <\/span><\/p>\n

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2.1. En efecto, la resoluci\u00f3n que dio lugar a la inconformidad que hoy mantiene la accionante, en donde, sin mediar inter\u00e9s de su parte para concurrir y desplegar actividad probatoria en contrario, se tuvo por demostrado su comportamiento violento hacia el querellante, seg\u00fan los medios de convicci\u00f3n allegados al proceso por \u00e9ste, data del 15 de marzo de 2016 (fls. 2 a 5, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, la discusi\u00f3n que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se realiza, resulta tard\u00eda, pues n\u00f3tese que habi\u00e9ndose dejado que tal decisi\u00f3n cobrara ejecutoria, la presentaci\u00f3n del escrito de tutela solo vino a producirse el 8 de noviembre de 2016 (fl. 58, ib\u00eddem), esto es, cuando hab\u00eda transcurrido m\u00e1s de siete meses desde el conocimiento que a esa determinaci\u00f3n se dio.  <\/span><\/p>\n

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Esta Corte ha dejado sentado que en casos como el que se examina, la improcedencia del auxilio en raz\u00f3n al desconocimiento del principio de la inmediatez, vista como la urgencia para acudir a la protecci\u00f3n constitucional, cuando desde la providencia a la que se le atribuye el perjuicio hasta cuando se implora ese remedio, por superarse el t\u00e9rmino prudencialmente previsto como razonable, en tanto:  <\/span><\/p>\n

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\u00absi bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ STC 2 de agosto de 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada, entre otras en STC17975-2016, 9 dic. 2016, rad. 00734-01).  <\/span><\/p>\n

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Sobre ese mismo aspecto, m\u00e1s adelante esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

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Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterada en STC16308-2016, 18 nov. 2016, rad. 00760-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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2.2. En cuanto al no agotamiento de los recursos que ordinariamente prev\u00e9 la ley, observa la Sala que en este caso tal proceder omisivo de la demandante ha sido sistem\u00e1tico,    pues ninguna de las providencias que en el curso procesal emiti\u00f3 la Comisar\u00eda de Familia, fue impugnada para que el superior funcional o el mismo funcionario, seg\u00fan el caso,  entrara a analizar sus argumentos y pudiera reconsiderar lo resuelto en ese asunto.  <\/span><\/p>\n

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En primer lugar se tiene que de conformidad con el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 18 de la ley 294 de 1996, modificada por el canon 12 de la Ley 575 de 2000, \u00ab[C]ontra la decisi\u00f3n definitiva sobre una medida de protecci\u00f3n que tomen los Comisarios de Familia o los Jueces Civiles Municipales o Promiscuos Municipales, proceder\u00e1 en el efecto devolutivo, el Recurso de Apelaci\u00f3n ante el Juez de Familia o Promiscuo de Familia\u00bb, y seguidamente remite su procedimiento al establecido en el Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante lo anterior, la resoluci\u00f3n que determin\u00f3 la responsabilidad de la se\u00f1ora Navarrete Castro en actos de violencia intrafamiliar contra su ex compa\u00f1ero sentimental, no fue objeto de ese medio de impugnaci\u00f3n, a pesar de que obra en el respectivo expediente que ante su no comparecencia a la audiencia en donde tal providencia se profiri\u00f3, la parte resolutiva de la misma fue notificada y constancia de ello es la firma plasmada en el comunicado calendado el 15 de marzo de 2016 (fl. 20, cd. 1 de copias).  <\/span><\/p>\n

En segundo lugar, tras la declaraci\u00f3n de incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n por parte de la quejosa, cuya resoluci\u00f3n fue expedida por la autoridad administrativa en menci\u00f3n el 21 de junio de 2016 (fls. 9 a 11, cd. 2 de copias), y haberse surtido el tr\u00e1mite de consulta ante el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de esta ciudad, quien la ratific\u00f3 (fls. 18 a 23, ib\u00eddem), frente al prove\u00eddo del 13 de octubre de 2016, a trav\u00e9s del cual la Comisar\u00eda de Familia, dispuso convertir en arresto la multa no pagada por la sancionada, \u00e9sta tampoco propuso oposici\u00f3n. Es decir, la ac\u00e1 reclamante omiti\u00f3 impetrar el recurso de reposici\u00f3n de que era susceptible esa decisi\u00f3n como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 10 del Decreto 652 de 2001, advertido tambi\u00e9n por el funcionario en el correspondiente auto (fl. 30 ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada entre otras en STC16703-2016, 17 nov. 2016, rad. 00118-01).  <\/span><\/p>\n

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4. Ahora bien, en cuanto a la eventual materializaci\u00f3n de la orden de arresto por seis d\u00edas a que fue convertida la multa impuesta por incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n, encuentra la Sala que las circunstancias de orden social y econ\u00f3mico, aunadas a la posible afectaci\u00f3n de los intereses superiores de los hijos de la sancionada que expone el Defensor Regional del Pueblo, en el actual momento resulta ajena a la competencia del juez constitucional, por cuanto es el ordinario quien debe sopesar esa situaci\u00f3n y definir lo pertinente.  <\/span><\/p>\n

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Ciertamente, seg\u00fan el art\u00edculo 7\u00b0 de la ley 294 de 1996, modificado por el precepto 4\u00ba de la Ley 575 de 2000, para la imposici\u00f3n de sanciones por incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n, \u00abLa Conversi\u00f3n en arresto se adoptar\u00e1 de plano mediante auto que s\u00f3lo tendr\u00e1 recursos de reposici\u00f3n, a raz\u00f3n de tres (3) d\u00edas por cada salario m\u00ednimo\u00bb. Igualmente debe observarse que el art\u00edculo 17 de la misma normativa, establece que \u00abcuando a juicio de Comisario sean (sic) necesario ordenar el arresto, luego de practicar las pruebas y o\u00eddos los descargos, le pedir\u00e1 al Juez de Familia o Promiscuo de Familia, o en su defecto, al Civil Municipal o al Promiscuo que expida la orden correspondiente, lo que decidir\u00e1 dentro de las 48 horas siguientes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Bajo esa perspectiva, la efectividad del arresto por la cual se duele el accionante, deber\u00e1 superar previamente el estudio judicial sobre su pertinente y conveniencia, el cual, seg\u00fan la informaci\u00f3n proporcionada por la Comisar\u00eda acusada, se encuentra pendiente de resolver por el mismo juzgado que atendi\u00f3 la confirmaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, quien ser\u00e1 el llamado a revisar si est\u00e1n o no dadas las condiciones para conmutar dicha conversi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto esta Corte se ha pronunciado para precisar que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) el castigo puede ser v\u00e1lidamente reformado por el juzgado municipal, facultado para resolver si avala o no lo solicitado por la Comisaria con respecto a la conversi\u00f3n de la multa se\u00f1alada, es decir, dado que a la autoridad administrativa le est\u00e1 vedado imponer penas correctivas que entra\u00f1en, directa o indirectamente, la privaci\u00f3n de la libertad, deber\u00e1 convalidar, negar o modificar lo decidido atendiendo las circunstancias particulares del caso (\u2026)\u00bb (CSJ, STC1261-2015, 12 feb. 2015, rad. 2014-00511-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En consecuencia, se respaldar\u00e1 la denegaci\u00f3n de la tutela, porque mientras haya posibilidad al interior del proceso de discutir y resolver los aspectos tra\u00eddos por esta v\u00eda, el juez de tutela no puede incursionar para reemplazar los senderos legales debidamente establecidos, ya que este excepcional auxilio no constituye una instancia adicional o alternativa de la actividad a cargo del funcionario competente.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado Ponente      STC664-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2016-00695-01   (Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98928","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98928","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98928"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98928\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98928"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98928"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98928"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}