{"id":98932,"date":"2026-06-25T17:29:06","date_gmt":"2026-06-25T17:29:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc669-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:29:06","modified_gmt":"2026-06-25T17:29:06","slug":"stc669-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc669-2017\/","title":{"rendered":"STC669-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC669-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2016-00659-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de noviembre de 2016 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Yudy Esperanza Su\u00e1rez de Perdomo contra la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional – Seccional Tolima, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 al Juzgado Cuarto de Familia de Ibagu\u00e9 y a Silvio Perdomo Luna.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La accionante solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vida y a la salud, presuntamente vulnerados por la entidad accionada. (Folio 24, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar a la acusada, disponer prontamente la prestaci\u00f3n del servicio de salud a su favor, de conformidad con lo dispuesto en audiencia de conciliaci\u00f3n celebrada dentro del proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio cat\u00f3lico, bajo radicaci\u00f3n 2007-147.  <\/span><\/p>\n

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2.        Como fundamento de sus pretensiones expuso, en s\u00edntesis, que:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Estuvo casada con Silvio Perdomo Luna, quien es suboficial pensionado de la Polic\u00eda Nacional.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Mediante mutuo acuerdo con su ex-c\u00f3nyuge, el 1\u00ba de octubre de 2007, ante el Juzgado 4\u00b0 de Familia de Ibagu\u00e9 (T), con ocasi\u00f3n del proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio religioso que all\u00ed adelantaban, pactaron que Perdomo Luna le brindar\u00eda la continuidad del servicio de salud de por vida, como beneficiaria, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        Empero, dicha entidad no le ha prestado los servicios de salud, aduciendo que no existe v\u00ednculo civil que la vincule con el titular de los mismos.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        A\u00f1adi\u00f3 que el Juzgado en cuesti\u00f3n no ha dado respuesta a las manifestaciones de incumplimiento de decisi\u00f3n judicial que le ha presentado.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y DE LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        La Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional se\u00f1al\u00f3 que los servicios m\u00e9dicos asistenciales que se encuentran contenidos en el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial se prestan a todos los afiliados y beneficiarios del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Polic\u00eda; y que la actora al no tener v\u00ednculo jur\u00eddico con Silvio Perdomo Luna, para acceder a aqu\u00e9llos, requiere del pago de una cuota moderadora por parte del titular de los derechos.  <\/span><\/p>\n

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2.        El Juzgado Cuarto de Familia de Ibagu\u00e9 limit\u00f3 su respuesta a remitir, en calidad de pr\u00e9stamo, el mentado proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio religioso.  <\/span><\/p>\n

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3.        Silvio Perdomo Luna manifest\u00f3 que ha cumplido con lo acordado en la aludida audiencia de conciliaci\u00f3n, sin embargo, la oficina de Talento Humano de la encausada mediante acuerdo 049 de 30 de noviembre de 2008, le inform\u00f3 que al no tener v\u00ednculo civil con la accionante, \u00e9sta perd\u00eda todos los derechos como beneficiaria del titular de los servicios de salud, estableciendo que la \u00fanica forma de vinculaci\u00f3n al subsistema de salud de la Polic\u00eda Nacional  consist\u00eda en que la actora figurara como \u00abcotizante dependiente\u00bb, figura a la que, sostiene, est\u00e1 en incapacidad de acudir, pues no tiene los recursos econ\u00f3micos para ello.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, inform\u00f3 que ante el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Ibagu\u00e9 se encuentra en tr\u00e1mite, en su contra, una denuncia por \u00abfraude a resoluci\u00f3n judicial\u00bb, por los mismos hechos aqu\u00ed discutidos.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El juez constitucional de primera instancia deneg\u00f3 el amparo tutelar al considerar inexistente la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados por la actora, tras determinar que no existe v\u00ednculo jur\u00eddico alguno entre ella y Perdomo Luna que obligue a la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda  Nacional a tenerla como beneficiaria del \u00faltimo. (Folio 59, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La accionante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n referida a espacio insistiendo en los argumentos expuestos en la demanda de tutela. (Folios 67 a 69, cuaderno 1)  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        Descendiendo al caso sub examine, advierte la Corte que la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada a fracasar, pues la gestora reclama el cumplimiento de una decisi\u00f3n judicial que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, desatendiendo el requisito de subsidiariedad, pues de los documentos obrantes en el expediente se desprende que existen otros medios o herramientas id\u00f3neas para hacer efectivo el acuerdo conciliatorio donde se resolvi\u00f3 lo referente a la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico de la accionante y Silvio Perdomo Luna, como lo es el respectivo juicio ejecutivo para obtener el cumplimiento de lo all\u00ed pactado.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la Sala ha puntualizado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC4196, 7 abr. 2016, rad. 2015-02843-02; y STC13040-2016, 15 sep., rad. 68-2016-00507-01).  <\/span><\/p>\n

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Situaci\u00f3n que enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales.  <\/span><\/p>\n

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3.        Respecto a la queja de la petente en torno a la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vida y a la salud por parte de la entidad accionada, se vislumbra la inexistencia de tal conculcaci\u00f3n, pues, en verdad, la desvinculaci\u00f3n respecto a los servicios de salud, de la cual fue objeto por parte de la Direcci\u00f3n de Sanidad, se encuentra justificada en que actualmente no es la c\u00f3nyuge de Perdomo Luna; y de acuerdo a los documentos obrantes en el plenario, esa autoridad le otorg\u00f3 informaci\u00f3n clara y de fondo sobre los requerimientos que debe cumplir para que se le contin\u00fae prestando el servicio de salud como \u00abcotizante dependiente\u00bb del titular de la afiliaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En un caso de similares contornos al de ahora, en el que la Direcci\u00f3n de Sanidad Militar desafili\u00f3 a una beneficiaria de los servicios de salud, con ocasi\u00f3n de la cesaci\u00f3n del v\u00ednculo matrimonial, como aqu\u00ed acontece, dej\u00f3 dicho la Sala que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026la decisi\u00f3n de desafiliarla del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, adoptada por el Grupo de Afiliaci\u00f3n y Validaci\u00f3n de Derechos de la Direcci\u00f3n General de Sanidad Militar, obr\u00f3 conforme a las normas que regulan la afiliaci\u00f3n a dicho sistema de salud, que pregonan que el derecho a los servicios de salud para el c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente beneficiario se extinguir\u00e1, por (i) \u00abmuerte\u00bb; (ii) \u00abdeclaraci\u00f3n judicial de nulidad o inexistencia del matrimonio\u00bb; y, (iii) \u00absentencia judicial de divorcio v\u00e1lida en Colombia o por separaci\u00f3n judicial o extrajudicial de cuerpos, o cuando no hiciere vida en com\u00fan con el c\u00f3nyuge afiliado, excepto cuando los hechos que dieron lugar a divorcio, a la separaci\u00f3n de cuerpos, a la ruptura de vida en com\u00fan, se hubieren causa sin culpa imputable al c\u00f3nyuge beneficiario de estos derechos\u00bb (STC11088-2015, 21 ag. 2015, rad. 2015-00343-01).  <\/span><\/p>\n

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4.        As\u00ed las cosas, se impone la confirmaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de la Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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