{"id":98936,"date":"2026-06-25T17:29:16","date_gmt":"2026-06-25T17:29:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc677-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:29:16","modified_gmt":"2026-06-25T17:29:16","slug":"stc677-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc677-2017\/","title":{"rendered":"STC677-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC677-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2016-00663-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., enero (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 25 de noviembre de 2016 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mercy Isabel Rodr\u00edguez Dur\u00e1n contra el Juzgado Civil del Circuito de Purificaci\u00f3n, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados Dagoberto Guapacho Aguirre, Maria Fernanda y Carlos Humberto Tocora Devia.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, a la familia y de los ni\u00f1os, presuntamente vulnerados por el despacho acusado.  <\/span><\/p>\n

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2. La queja constitucional se sustent\u00f3, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Indic\u00f3 la accionante que en el Juzgado Civil del Circuito de Purificaci\u00f3n se adelant\u00f3 proceso ejecutivo de mayor cuant\u00eda en su contra y de sus hijos en calidad de c\u00f3nyuge sobreviviente y de herederos del se\u00f1or Humberto Tocora Devia, respectivamente, siendo ejecutante Dagoberto Guapacho Aguirre.1  <\/span><\/p>\n

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2.2. Se\u00f1al\u00f3 que a trav\u00e9s de su apoderada judicial solicit\u00f3 que se ejerciera control de legalidad, aduciendo, con apoyo en el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso; toda vez que exist\u00edan diferentes irregularidades en el asunto que daba lugar a invalidar el mismo, tales como que a los herederos indeterminados de Tocora Devia, a trav\u00e9s de curador ad-litem, \u00abse le[s] notific\u00f3 la  existencia del cr\u00e9dito y no del t\u00edtulo\u00bb y se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aportada por el ejecutante sin que la misma se encontrara ajustada a derecho.2  <\/span><\/p>\n

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2.3. Refiri\u00f3 que el despacho accionado neg\u00f3 su petici\u00f3n de anulaci\u00f3n, por lo que su mandataria interpuso recursos de reposici\u00f3n y en subsidio de alzada.   <\/span><\/p>\n

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2.4. No obstante lo anterior, el 7 de octubre de 2015 la sede judicial acusada deneg\u00f3 los recursos al concluir que se presentaron sin firma de la apoderada judicial y no fueron sustentados de conformidad con el art\u00edculo 318, inciso 3\u00ba, del C\u00f3digo General del Proceso. (folio 18, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.5. Se duele de que no se accediera a su petici\u00f3n de control de legalidad, siendo evidentes las irregularidades por ella aducidas, a m\u00e1s que sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida se denegaron las censuras que oportunamente plante\u00f3 frente a tal determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Civil del Circuito de Purificaci\u00f3n, pidi\u00f3 la denegaci\u00f3n de la salvaguarda porque los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio de alzada, formulados mediante documento allegado por la apoderada de la accionante, no contaban con la firma de la profesional de derecho que los inco\u00f3; a m\u00e1s que, acorde con el art\u00edculo 318, inciso 3\u00ba, del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ab\u2026 el recurso de reposici\u00f3n deber\u00e1 interponerse con expresi\u00f3n de las razones que lo sustenten dentro de los tres (3) d\u00edas  siguientes al de la notificaci\u00f3n del auto\u2026\u00bb, por lo que en vista que la mandataria nunca present\u00f3 dicha argumentaci\u00f3n, se resolvi\u00f3 denegar tales censuras y el auto criticado no estaba dentro de los taxativamente apelables al tenor del articulo 321 ib\u00eddem, ni tampoco en norma especial alguna.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional, deneg\u00f3 el resguardo por ausencia del presupuesto de la subsidiariedad; destacando que si la accionante ten\u00eda alg\u00fan tipo de inconformidad frente a la decisi\u00f3n mediante la cual el juez acusado no accedi\u00f3 a la solicitud de control de legalidad, la misma debi\u00f3 plantearse en el escenario procesal pertinente, mediante los recursos procedentes, pero la actora dej\u00f3 fenecer tal oportunidad, pues si bien present\u00f3 un escrito en el que dijo formular el recurso de reposici\u00f3n, no sustent\u00f3 el mismo conforme lo exig\u00eda al art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n sin exponer los motivos de su disidencia.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

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Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2. Descendiendo al caso sub examine  y de los elementos de convicci\u00f3n allegados por el Juzgado Civil del Circuito de Purificaci\u00f3n, advierte la Corte que el amparo incoado est\u00e1 llamado a fracasar, pues para el 9 de agosto de 2016, cuando la gestora plante\u00f3 la solicitud de control de legalidad de toda la actuaci\u00f3n surtida en el proceso ejecutivo promovido en su contra, tal asunto contaba con sentencia y liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito en firme, ya que la primera hab\u00eda sido confirmada desde el 4 de febrero de 2014, mientras que la segunda fue aprobada, sin objeci\u00f3n, el 12 de mayo de 2015, sin que para entonces la quejosa hubiera adelantado ante el fallador natural las inconformidades expuestas en la demanda de tutela del ep\u00edgrafe.  <\/span><\/p>\n

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Por otro lado, la accionante no agot\u00f3 en debida forma los recursos de ley que tuvo a su alcance frente al prove\u00eddo de 19 de agosto de 2016, que deneg\u00f3 el control de legalidad rogado.  <\/span><\/p>\n

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N\u00f3tese que si bien contra aquella decisi\u00f3n se afirm\u00f3 impetrar las herramientas de defensa legales, esto es, reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, las mismas no fueron sustentadas dentro del t\u00e9rmino legal, por la apoderada de la gestora, acorde lo demandaba el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que conllev\u00f3 a que la sede judicial criticada, mediante auto de 07 de octubre de 2016, denegara los mismos, sin existir, por parte de la gestora, reposici\u00f3n alguna frente a tal decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. As\u00ed las cosas, si la promotora ten\u00eda los medios de defensa judicial id\u00f3neos para exponer ante el juez natural los supuestos yerros que se\u00f1ala por esta v\u00eda, pero no los agot\u00f3, como quedo visto, la presente demanda constitucional no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que de otra manera \u00e9sta se convertir\u00eda en un instrumento paralelo o sustitutivo de oportunidades procesales acaecidas, en contrav\u00eda del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n ha mencionado en varias oportunidades que:  <\/span><\/p>\n

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No basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (CSJ STC, 25 ago. 2008, Rad. 01343-00; reiterada en STC5331-2014; STC14062-2015 y STC612-2016).  <\/span><\/p>\n

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De ese modo el reclamo resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria  <\/span><\/p>\n

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Entonces, si la gestora del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb:  <\/span><\/p>\n

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4. Se impone, entonces confirmar la decisi\u00f3n de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Precisa la Corte que en dicho asunto se libr\u00f3 mandamiento e pago el 30 de marzo de 2011; se dict\u00f3 sentencia el 23 de enero de 2013, en la que se declararon no probadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas por la parte ejecutada, a saber, \u00abtacha de falsedad\u00bb, \u00abinexistencia de causa para librar el cheque y cobro de lo no debido\u00bb, e \u00abinexistencia de instrucciones para diligenciar los espacio del t\u00edtulo\u00bb, disponi\u00e9ndose seguir adelante con la ejecuci\u00f3n; tal providencia fue confirmada por el Superior el 4 de febrero de 2014; y el 12 de mayo de 2015 fue aprobada la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aportada por la parte ejecutante, determinaci\u00f3n \u00faltima que no fue objeto de ning\u00fan recurso.    <\/span><\/p>\n

2  Esa solicitud se plante\u00f3 ante el Juzgado encartado el 9 de agosto de 2016.      <\/span><\/p>\n

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