{"id":98938,"date":"2026-06-25T17:29:22","date_gmt":"2026-06-25T17:29:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc691-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:29:22","modified_gmt":"2026-06-25T17:29:22","slug":"stc691-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc691-2017\/","title":{"rendered":"STC691-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC691-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2016-00836-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 17 de noviembre de 2016, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Esperanza Caro Aguirre contra la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la acci\u00f3n disciplinaria a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la defensa, al \u00abPRINCIPIO DE FAVORABILIDAD Y LA PRESUNCI\u00d3N DE INOCENCIA\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al remitir a la ciudad de Bogot\u00e1, el proceso disciplinario que Mar\u00eda Florelva Vargas promovi\u00f3 en su contra.  <\/span><\/p>\n

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Solicita, entonces, \u00abre-envi[ar] a la ciudad de Medell\u00edn por competencia, las diligencias del expediente referenciado, y sea tramitado en esta ciudad\u00bb (fl. 7, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tal pretensi\u00f3n y en lo que interesa para la soluci\u00f3n del presente asunto, aduce en compendio, que pese a la queja que dio lugar al proceso disciplinario seguido en contra de la Magistrada S\u00e1nchez Taborda del Tribunal Superior de Medell\u00edn, se tramit\u00f3 en la ciudad de Bogot\u00e1, los hechos tuvieron ocurrencia en Medell\u00edn, ciudad en la que ella, como profesional del derecho, presuntamente \u00abelabor\u00f3 y present\u00f3 directamente\u00bb el mencionado reclamo, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia remiti\u00f3 a esta capital la acci\u00f3n disciplinaria seguida tambi\u00e9n en su contra, precisamente por la formulaci\u00f3n de la inconformidad.   <\/span><\/p>\n

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Indica que aunque el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 60 de la Ley 1123 de 2007, establece la competencia de cada autoridad para conocer de las controversias contra abogados \u00abpor faltas cometidas en el territorio de su jurisdicci\u00f3n\u00bb, la memorada Colegiatura, dice, err\u00f3 en sus apreciaciones, pues \u00abuna cosa es el lugar de comisi\u00f3n de la falta presunta (Medell\u00edn) y otra diferente el lugar de tramitaci\u00f3n del escrito o queja (Bogot\u00e1) que se imputa\u00bb.  <\/span><\/p>\n

Se\u00f1ala que asumir su defensa en la ciudad de Bogot\u00e1 le resulta \u00abengorroso\u00bb, pues su domicilio natural y profesional es Medell\u00edn, y aunque le nombraran un defensor de oficio, ello no ser\u00eda suficiente para ejercer efectivamente su defensa, por el conocimiento que ella ostenta de los hechos objeto de investigaci\u00f3n,  raz\u00f3n por la cual, afirma, la anterior decisi\u00f3n quebranta sus prerrogativas superiores (fls. 1 a 7, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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a.        La Presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, puntualiz\u00f3 en lo fundamental, que no ha lesionado garant\u00eda superior alguna de la interesada, pues la decisi\u00f3n proferida dentro de la acci\u00f3n disciplinaria censurada se dict\u00f3 \u00abatendiendo el factor territorial, que la competente para conocerla era la Sala Jurisdicci\u00f3n Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 114-2 de la Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia) concordante con el 60-1 de la Ley 1123 de 2007, toda vez que la acci\u00f3n disciplinaria derivada de la queda presentada por la se\u00f1ora Mar\u00eda Florelva Vargas Ram\u00edrez se adelant\u00f3 Bogot\u00e1\u00bb (fls. 28 a 30, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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b.        Quien afirm\u00f3 ser apoderado judicial de la quejosa Vargas Ram\u00edrez, puntualiz\u00f3 que no hab\u00eda lugar a tramitar la tan mentada controversia, como quiera que no solo \u00abtodo se debi\u00f3 a malentendidos que ya fueron aclarados\u00bb entre las partes, sino que la denuncia por calumnia instaurada por la funcionaria judicial que fue investigada disciplinariamente, fue desistida (fls. 31 y 32, Cit.).  <\/span><\/p>\n

c.        El Magistrado sustanciador de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, indic\u00f3 que conforme los hechos expuestos se puede concluir, \u00abque no se ha agotado el tr\u00e1mite ordinario ni se ha solicitado el traslado de la actuaci\u00f3n a la ciudad de Medell\u00edn, y si as\u00ed lo hubiese hecho, el traslado de un proceso no implica vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de la accionante, ni mucho menos que la decisi\u00f3n que lo ordena se constituya en una v\u00eda de hecho\u00bb (fls. 37 a 45, \u00eddem.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 el amparo invocado, por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, pues la inconforme \u00abno atac\u00f3 el auto aqu\u00ed criticado a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, el cual resultaba procedente de conformidad con los art\u00edculos 79 y 80 de la Ley 1123 de 2007, desaprovechando la oportunidad de controvertir en el campo id\u00f3neo, esto es, dentro del litigio\u00bb (fls. 53 a 61, \u00eddem.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La promotora del amparo mostr\u00f3 su inconformidad frente al anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela; a lo que agreg\u00f3, que no solo la decisi\u00f3n censurada es de tr\u00e1mite, lo que le impide interponer recurso alguno en su contra, sino que es uniforme el deseo junto con la all\u00e1 quejosa, de desistir de la acci\u00f3n disciplinaria endilgada (fls.  86 a 88, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        La jurisprudencia constitucional de esta Sala ha ahondado en la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n tutelar. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte, en que a falta de cualquiera de las aludidas exigencias debe negarse la petici\u00f3n de amparo.  <\/span><\/p>\n

3.        En el presente asunto se observa, que la censura est\u00e1 encaminada contra el prove\u00eddo proferido el 24 de octubre pasado por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, por medio del cual se dispuso \u00abDECLARAR LA FALTA DE COMPETENCIA para conocer de la queja presentada contra la abogada ESPERANZA CARO AGUIRRE; Remitir las (\u2026) diligencias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, para lo de su cargo\u00bb (fls. 50 y 51), pues en sentir de \u00e9sta, no s\u00f3lo se desconoci\u00f3 que los hechos que dieron lugar a la memorada controversia tuvieron ocurrencia en la ciudad de Medell\u00edn, sino que, asumir la defensa de sus intereses en la capital, le resultar\u00eda dif\u00edcil en la medida que su domicilio es la mentada de las \u00faltimas ciudades.   <\/span><\/p>\n

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4.        Sin embargo, de cara a lo expuesto la Sala considera que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, si se tiene en cuenta que las cuestiones planteadas por la peticionaria resultan ajenas al campo de actuaci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que \u00e9sta no ha hecho uso de todas las herramientas de defensa que tiene a su alcance para obtener lo que aqu\u00ed solicita, situaci\u00f3n que enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, se arriba a tal conclusi\u00f3n, pues de acuerdo a las documentales adosadas, se advierte que la inconformidad de la accionante se dirige exclusivamente a la remisi\u00f3n del asunto disciplinario al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1; luego entonces, el mecanismo id\u00f3neo para que se revise esa puntual tem\u00e1tica es la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, conforme las previsiones del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 59 de la Ley 1223 de 2007, escenario que es el id\u00f3neo para que la actora exponga las serie de circunstancia que constituyen las razones de su inconformidad.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, es evidente que la petici\u00f3n de amparo respecto de la particular tem\u00e1tica no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad por incumplir con el requisito de subsidiariedad, pues como esta Sala lo ha indicado en varias ocasiones, a este mecanismo extraordinario solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda cercenando los principios del derecho procesal, pues la acci\u00f3n de tutela procede \u00absiempre que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para obtener su restablecimiento\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, exp. 0183; reiterada en STC1058-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.        Finalmente, y sobre la posibilidad de conceder el amparo transitoriamente, es menester anotar que, en todo caso, la promotora del amparo no acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, es decir, \u00abno se demostr\u00f3 la necesidad de evitar una afectaci\u00f3n que torne factible el amparo en forma transitoria, pues no hay evidencia sobre la presencia del da\u00f1o, esto es, grave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 14 dic. 2011, rad. 2011-00162-01; reiterado en STC2336 -2016).  <\/span><\/p>\n

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6.        Sin m\u00e1s razones por innecesarias, se ratificar\u00e1 la determinaci\u00f3n constitucional criticada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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