{"id":98941,"date":"2026-06-25T17:29:32","date_gmt":"2026-06-25T17:29:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc694-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:29:32","modified_gmt":"2026-06-25T17:29:32","slug":"stc694-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc694-2017\/","title":{"rendered":"STC694-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC694-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2016-00408-01  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 16 de noviembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Jos\u00e9 Gregorio Loaiza Lugo contra el Ministerio del Trabajo, la sociedad CBI Colombiana S.A. y la AFP Protecci\u00f3n S.A., tr\u00e1mite al que fue vinculada la Nueva EPS.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante a trav\u00e9s de gestor judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, al m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, a la salud, a la vida digna, a la igualdad y a la estabilidad laboral reforzada, presuntamente conculcados por el Ministerio y las compa\u00f1\u00edas convocadas, con la expedici\u00f3n y falta de notificaci\u00f3n de las Resoluciones No. 0926 de 18 de marzo de 2016 y 1080 de 4 de abril siguiente, por medio de las cuales se \u00abAUTORIZ[\u00d3] a [esta \u00faltima] (\u2026) SUSPEN[DER] [LOS] CONTRATOS DE TRABAJO de trecientos cuarenta y seis trabajadores (\u2026) hasta por CIENTO VEINTE (120) D\u00cdAS\u00bb, as\u00ed como con la orden de suspensi\u00f3n de su contrato laboral emitida con sustento en dicha decisi\u00f3n; y, adem\u00e1s, con la falta de pago de las incapacidades m\u00e9dicas que le ha expedido su EPS.   <\/span><\/p>\n

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En consecuencia requiere, de manera concreta, que se ordene al Ministerio del Trabajo, \u00abrealizar nuevamente la notificaci\u00f3n de [los] acto[s] administrativos [mencionados con antelaci\u00f3n]\u00bb, mientras que a CBI Colombiana S.A., \u00ablevant[ar] la suspensi\u00f3n de [su] contrato [de trabajo] y proceda al pago de los salarios (\u2026) dejados de cancelar\u00bb, y, a la AFP Protecci\u00f3n S.A., \u00abrealizar el pago de las incapacidades co[rrespondientes] [a]l d\u00eda 181 hasta el 340\u00bb (fls. 4 y 5, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en s\u00edntesis, que pese a gozar de una estabilidad laboral reforzada por encontrase discapacitado f\u00edsicamente a ra\u00edz de las patolog\u00edas adquiridas en desarrollo de las labores propias del cargo que desempe\u00f1a, denominadas \u00abFascitis Plantar Aguda Pie Derecho, Discopat\u00eda Degenerativa L4-L5, Protrusi\u00f3n Central Del Saco Dural y Obliteraci\u00f3n Foraminal Bilateral, Condicionamiento Compromisivo Radicular, Extrusi\u00f3n Foramical Izquierda L5-S1, [con] Estenosis Foraminal Ipsilateral, [c]on Compromiso Radicular\u00bb, circunstancia que fue reconocida por la Cartera accionada mediante Resoluci\u00f3n No. 0293 de julio de 2015, dicha autoridad profiri\u00f3 los actos administrativos referidos en l\u00edneas anteriores, de los cuales, dice, solo tuvo conocimiento cuando la empresa censurada procedi\u00f3 a suspender su contrato laboral de car\u00e1cter indefinido, pese a no encontrarse dichas determinaciones en firme y estar incapacitado por m\u00e1s de 180 d\u00edas.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente sostiene, que a pesar de \u00ablas falencias de la notificaci\u00f3n\u00bb, contra los mentados actos present\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, los cuales a\u00fan no han sido resueltos, conducta que adem\u00e1s de vulnerarle las garant\u00edas superiores invocadas, asegura, le causa un perjuicio irremediable, m\u00e1xime cuando la AFP Protecci\u00f3n S.A. no le ha pagado las incapacidades correspondiente a los d\u00edas 181 a 340, raz\u00f3n por la que considera que su reclamo debe ser atendido a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n (fls. 1 a 22, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       a.  La Coordinadora Grupo de Atenci\u00f3n al Ciudadano y Tr\u00e1mites de la Direcci\u00f3n Territorial de Bol\u00edvar de la citada Cartera, despu\u00e9s de referirse sucintamente frente a cada uno de los hechos narrados por el actor en el escrito de tutela, y de hacer un recuento de las acciones que despleg\u00f3 con ocasi\u00f3n de la actuaci\u00f3n administrativa que dio lugar a las determinaciones cuestionadas, pidi\u00f3 exonerar a dicha entidad de cualquier responsabilidad en la presente actuaci\u00f3n constitucional, con fundamento en que \u00abla decisi\u00f3n de autorizaci\u00f3n de suspensi\u00f3n de contratos de trabajo obedece al arbitrio de la empresa C.B.I. COLOMBIANA S.A., porque la decisi\u00f3n de autorizaci\u00f3n de suspensi\u00f3n de los contratos de trabajo emitida por el Ministerio del Trabajo, no se encuentra en firme\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Por \u00faltimo, indic\u00f3 frente a la notificaci\u00f3n de las resoluciones criticadas, que \u00abenvi\u00f3 las comunicaciones a trav\u00e9s de correo 4-72 a partir del 28 de abril de 2016, advirti\u00e9ndoles a los trabajadores que contra la [misma] proced\u00edan los recursos de ley en los t\u00e9rminos establecidos por la normatividad vigente, por lo que el tutelante present\u00f3 los recursos concedidos, dentro del t\u00e9rmino, [los cuales] no se han resuelto\u00bb (fls. 206 y 207, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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b.  La representante judicial de la AFP Protecci\u00f3n S.A., solicit\u00f3 denegar el resguardo implorado respecto al pago de las incapacidades m\u00e9dicas reclamado, tras aducir que ello corresponde a la Nueva EPS, ya que \u00abexist[e] una interrupci\u00f3n superior a 30 d\u00edas entre el 23 de diciembre de 2014 y el 30 de enero de 2015\u00bb, lo cual, asegura, conforme al art\u00edculo 13 de la Resoluci\u00f3n 2266 de 1998, genera que las incapacidades inferiores a 180 d\u00edas sean canceladas por la EPS a la que se encuentre afiliado el trabajador incapacitado, quien recibir\u00e1 de \u00e9sta un mayor porcentaje de su salario (fls. 213 a 220, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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c. La sociedad CBI Colombiana S.A. a trav\u00e9s de apoderada judicial, se opuso a lo pretendido por el tutelante, aduciendo que el contrato de \u00e9ste fue suspendido \u00abEN RAZ\u00d3N DE UNA CONDICI\u00d3N LEGAL AVALADA POR EL MINISTERIO DEL TRABAJO Y ANTE LA AUSENCIA DE RECURSOS EN CONTRA DE LA DECISI\u00d3N DE AUTORIZACI\u00d3N DE SUSPENSI\u00d3N\u00bb, pues el interesado \u00abPRESENT\u00d3 SUS RECURSOS EXTEMPOR\u00c1NEOS\u00bb en contra de las decisiones que hoy cuestiona, pese a haber sido debidamente notificado de ella (fls. 261 a 265, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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d.  La Nueva EPS, a trav\u00e9s de precursor judicial y de manera extempor\u00e1nea, pidi\u00f3 declarar improcedente el auxilio invocado, con sustento en que esa entidad \u00abcumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n de remit[ir al actor] a su Fondo de Pensiones, quien es el responsable del pago de las incapacidades superiores a los primeros 180 d\u00edas, de acuerdo a la normatividad vigente\u00bb (fls. 309 a 312 Op. Cit.).     <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, frente a la queja relacionada con la supuesta indebida notificaci\u00f3n alegada por el se\u00f1or Loaiza Lugo, luego de observar que \u00abciertamente el accionante interpuso en el momento en que se enter\u00f3, recursos contra la[s] resoluci[ones]  926 y 1080 de 2016, los cuales, dicho sea de paso, a\u00fan est\u00e1n pendientes de ser resueltos por el MINISTERIO DEL TRABAJO, a quien le corresponde determinar la temporalidad de los mismos y sin que frente a ese aspecto quepa la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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No obstante, concedi\u00f3 el amparo en lo relacionado con la suspensi\u00f3n del contrato laboral del tutelante, tras considerar que \u00abno deb\u00eda la sociedad C.B.I. COLOMBIANA S.A. suspender el contrato celebrado con [\u00e9ste],  pues, de acuerdo con el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 87 del C. de P. A. y de C. A., se puede afirmar que, en principio, las [citadas] resoluciones (\u2026) no han adquirido firmeza y, por ende, no podr\u00eda ejecutarse\u00bb; por tanto, orden\u00f3 a dicha sociedad, \u00abdej[ar] sin efecto la suspensi\u00f3n del contrato de trabajo celebrado con [el actor]\u00bb, y como consecuencia de ello, que \u00abcancele a [\u00e9ste] los salarios y prestaciones debidas a las que haya lugar, sin soluci\u00f3n de continuidad, a partir del mes de julio de 2016 y hasta el momento en que pueda suspender su contrato laboral con fundamento en una autorizaci\u00f3n expedida por la autoridad competente, que se encuentre en firme\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo, concedi\u00f3 el resguardo implorado con relaci\u00f3n al pago reclamado de las incapacidades m\u00e9dicas que le han sido emitidas al actor, advirtiendo que tanto la AFP accionada como la EPS vinculada deben responder por aquellas a las que cada una tenga responsabilidad, ya que no est\u00e1 demostrado en el expediente si hubo o no interrupci\u00f3n en las mismas, por lo que dispuso que \u00e9stas \u00abinicien los procedimientos de verificaci\u00f3n de las incapacidades del accionante para que se paguen por la primera los lapsos que no superen los 180 d\u00edas y por la segunda el lapso que supere los 181, d\u00edas hasta el d\u00eda 340, pues superado dicho lapso deber\u00e1 procederse a lo de rigor, conforme a la ley\u00bb (fls. 302 a 308, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 tanto la compa\u00f1\u00eda tutelada como la EPS vinculada, esgrimiendo, en suma, los mismos planteamientos que expusieron al replicar la queja constitucional, a m\u00e1s de manifestar, la primera, que \u00abel t\u00e9rmino de ejecutoria del acto administrativo que dispone la suspensi\u00f3n de los contratos de los actores (sic), corre de manera individual, operando la [misma] frente a cada ejecutado\u00bb (fls. 321 a 324 y 337 a 342, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Recuerda la Corte que conforme con lo consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado, si el interesado no cuenta con otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, el cual le ser\u00e1 protegido de manera inmediata, a trav\u00e9s de esta v\u00eda breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relaci\u00f3n con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.    <\/span><\/p>\n

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2.   Descendiendo al caso concreto, de entrada se advierte, con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que se ratificar\u00e1 el fallo constitucional de instancia, pues, por un lado, aunque la queja est\u00e1 enrostrada puntualmente la Resoluci\u00f3n No. 0926 de 18 de marzo de los corrientes, por medio de la cual se \u00abAUTORIZ[\u00d3] a [CBI Colombiana S.A.] (\u2026) SUSPEN[DER] [LOS] CONTRATOS DE TRABAJO de trecientos cuarenta y seis trabajadores (\u2026) hasta por CIENTO VEINTE (120) D\u00cdAS\u00bb (fls. 209 a 210, cdno. 1), aclarada mediante Resoluci\u00f3n No. 1080 de 4 de abril siguiente (\u00eddem), todav\u00eda no se ha tomado una decisi\u00f3n respecto de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n presentados contra \u00e9sta por el accionante el pasado 1\u00ba de agosto de esa misma anualidad, seg\u00fan lo inform\u00f3 el Ministerio del Trabajo al rendir aqu\u00ed el respectivo informe, por lo que se concluye que la presente acci\u00f3n deviene presurosa frente a dicho t\u00f3pico, en la medida en que no puede acudirse con \u00e9xito al amparo cuando est\u00e1n en tr\u00e1mite los instrumentos ordinarios de defensa, pues ello ri\u00f1e con el car\u00e1cter subsidiario y residual que lo caracteriza, no siendo viable pretender reemplazar los senderos legales mediante esta herramienta, dado que el Juez constitucional no puede actuar como si lo fuera de instancia, y tampoco puede operar paralelamente con otras actuaciones, ni para interferir en el procedimiento o adelantar su definici\u00f3n.     <\/span><\/p>\n

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Por lo anterior es que ha dicho la Corte, de tiempo atr\u00e1s, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC, 13 dic. 2012, Rad. 00201-01, citada \u00faltimamente en STC1668-2016 y STC6497-2016).  <\/span><\/p>\n

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3.    Ahora, en lo que se refiere a la suspensi\u00f3n del contrato de trabajo del accionante, la Sala en un caso de id\u00e9ntica situaci\u00f3n f\u00e1ctica al que se estudia, concedi\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, bajo los siguientes razonamientos:  <\/span><\/p>\n

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\u00abDe conformidad con el art\u00edculo 87 de la Ley 1437 de 2011 (C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), un acto administrativo cobra firmeza cuando: i) \u00abcontra ellos no proceda ning\u00fan recurso, desde el d\u00eda siguiente al de su notificaci\u00f3n, comunicaci\u00f3n o publicaci\u00f3n seg\u00fan el caso\u00bb; ii) \u00ab[d]esde el d\u00eda siguiente a la publicaci\u00f3n, comunicaci\u00f3n o notificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n sobre los recursos interpuestos\u00bb; iii) \u00ab[d]esde el d\u00eda siguiente al del vencimiento del t\u00e9rmino para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos\u00bb; iv) \u00ab[d]esde el d\u00eda siguiente al de la notificaci\u00f3n de la aceptaci\u00f3n del desistimiento de los recursos\u00bb; y, v) \u00ab[d]esde el d\u00eda siguiente al de la protocolizaci\u00f3n a que alude el art\u00edculo 85 para el silencio administrativo positivo\u00bb, aspecto que es indispensable para que \u00e9ste se torne obligatorio y oponible a los asociados, seg\u00fan se desprende del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 91 de la referida codificaci\u00f3n, el cual se\u00f1ala que, \u00ab[s]alvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme ser\u00e1n obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo\u00bb (Subrayas de la Sala), pues recu\u00e9rdese que son presupuestos de su eficacia, \u00abla publicidad del acto, la firmeza jur\u00eddica y la ausencia de la p\u00e9rdida de su fuerza ejecutoria\u00bb (C.E. S.C.A. Sec. 3\u00aa, Subsec. C, Auto de 8 ago. 2012, Rad. 1999-00111-01).  <\/span><\/p>\n

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En el presente asunto, se observa a folio 124 del expediente una certificaci\u00f3n expedida por la Coordinadora del Grupo de Trabajo Interno Unidad de Investigaciones Especiales, la cual certifica que la resoluci\u00f3n de la que se viene hablando \u00abNO SE ENCUENTRA EN FIRME por cuanto est\u00e1n en tr\u00e1mite los recursos interpuestos por los Trabajadores afectados con la decisi\u00f3n\u00bb, lo cual armoniza con el segundo de los mencionados eventos; luego, entonces, se puede concluir, que la misma no ha cobrado ejecutoria y, por ende, no puede producir efectos, por lo que a\u00fan no se torna obligatoria ni oponible a los perjudicados con dicho acto administrativo, conforme las consideraciones antes anotadas.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, para la Sala no se presta a dudas que la sociedad CBI Colombiana S.A. vulner\u00f3 los derechos fundamentales al debido proceso y al m\u00ednimo vital de la peticionaria, pues si la resoluci\u00f3n que autoriz\u00f3 suspender los contratos laborales de 347 trabajadores a\u00fan no est\u00e1 en firme y, por lo tanto, no le es oponible a \u00e9stos, como antes se explic\u00f3, no le era permitido suspender el v\u00ednculo contractual que tiene con aqu\u00e9lla, tal y como lo puso de presente el Ministerio del Trabajo en su intervenci\u00f3n, precisamente, reiterase, porque tal autorizaci\u00f3n no est\u00e1 en firme, conducta que se torna a\u00fan m\u00e1s reprensible por las condiciones particulares de la tutelante, circunstancia que entonces, habilita la intervenci\u00f3n del Juez de tutela en aras de restablecer a aqu\u00e9lla las garant\u00edas superiores conculcadas.    <\/span><\/p>\n

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Ahora, cabe aclarar, que tales condiciones no han sido objeto de estudio en el presente caso y, por ende, no son la raz\u00f3n por la que la Corte concede el resguardo implorado, dado que est\u00e9 t\u00f3pico debe ser analizado en el escenario propicio por la autoridad del trabajo y no por el Juez constitucional, seg\u00fan se dej\u00f3 claro al inicio, sino porque, se itera, la rese\u00f1ada compa\u00f1\u00eda actu\u00f3 de forma antojadiza y caprichosa, al adoptar una decisi\u00f3n inconsulta, ajena a derecho, en perjuicio de las prerrogativas constitucionales de la accionante\u00bb (CSJ STC13564-2016, citada en STC16293-2016).  <\/span><\/p>\n

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4.  Finalmente, basta decir, para despachar desfavorablemente la solicitud de revocatoria elevada por la AFP Protecci\u00f3n S.A. contra el fallo confutado, que en ning\u00fan momento el Juez constitucional de primer grado le orden\u00f3, de manera autom\u00e1tica, efectuar pago alguno al accionante por concepto de incapacidades m\u00e9dicas, pues condicion\u00f3 dicha actuaci\u00f3n a la verificaci\u00f3n que \u00e9sta debe hacer en forma conjunta con la Nueva EPS, de cara a esclarecer si las mismas existen o no con un intervalo superior a 180 d\u00edas, ya que no aport\u00f3 documento alguno que diera fe de la interrupci\u00f3n que hizo menci\u00f3n al contestar la demanda de tutela, menos a\u00fan con el escrito de impugnaci\u00f3n, por lo que, de comprobarse lo anterior, ser\u00eda responsable del pago, lo cual no ha sucedido.          <\/span><\/p>\n

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5.  Sin m\u00e1s razones por innecesarias, y como delanteramente se dijo, se impone mantener el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado Ponente      STC694-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2016-00408-01         Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 16 de noviembre de 2016, proferido por la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98941","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98941","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98941"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98941\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98941"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98941"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98941"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}