{"id":98942,"date":"2026-06-25T17:29:36","date_gmt":"2026-06-25T17:29:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc695-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:29:36","modified_gmt":"2026-06-25T17:29:36","slug":"stc695-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc695-2017\/","title":{"rendered":"STC695-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC695-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2016-00650-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 17 de noviembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Marco Antonio Ospina Velandia contra los Juzgados Civil del Circuito y Primero Promiscuo Municipal, ambos de L\u00e9rida (Tolima), tr\u00e1mite al que fue vinculada la parte pasiva del juicio declarativo a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con las sentencias de primera y segunda instancia emitidas el 4 de agosto y 22 de septiembre de 2016, dentro del proceso de enriquecimiento sin causa que promovi\u00f3 en contra de la se\u00f1ora Sandra Liliana Naged Prieto.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, exige para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, que se dejen \u00absin efecto los [aludidos] fallos\u00bb, y como consecuencia de lo anterior, que se ordene al Juzgado Civil del Circuito de L\u00e9rida, proferir \u00ab[uno] nuevo (\u2026) donde se acceda a las pretensiones de la demanda\u00bb (fls. 4 y 5, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reparo, aduce en lo esencial, que pese a que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de la citada municipalidad tuvo por no contestada la demanda por parte de la demandada en el juicio referido en l\u00edneas precedentes, se abstuvo de acceder a lo pretendido mediante sentencia de 4 de agosto de 2016, en la cual, asevera, dej\u00f3 de darse aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 97, 243, 244 y 260 del C\u00f3digo General del Proceso, estos \u00faltimos en relaci\u00f3n con la prueba documental aportada por las partes, al concluir, dice, \u00absin explicaci\u00f3n razonada\u00bb, que la parte demandante carece de legitimaci\u00f3n para demandar lo pedido, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 sin suerte a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n, pues el Despacho del Circuito acusado, al resolver la alzada el 22 de septiembre siguiente, incurri\u00f3 en los mismos desatinos del juez primario, raz\u00f3n por la que considera que dichas autoridades incurrieron en causal de procedencia del amparo por defecto f\u00e1ctico (fls. 2 a 5, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LA VINCULADA  <\/span><\/p>\n

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       a.  La Juez Primero Promiscuo Municipal de L\u00e9rida manifest\u00f3, de manera puntual, que \u00abno [l]e es posible pronunciar[se] de fondo respecto de las pretensiones del accionante, toda vez que para el 4 de Agosto de 2016, fecha en que fue proferido el fallo objeto de la presente acci\u00f3n, el titular del despacho era el Dr. ORLANDO ROZO DUARTE\u00bb, motivo por el cual remit\u00eda copia del expediente contentivo del proceso declarativo cuestionado (fls. 19 y 20, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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b.  La vinculada Sandra Liliana Naged Prieto, solicit\u00f3 denegar el resguardo suplicado, con fundamento en que \u00ablos jueces accionados no incurrieron en las v\u00edas de hecho alegadas por el accionante\u00bb (fls. 25 y 26, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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c.   El Juzgado del Circuito censurado, guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Juez constitucional de primera instancia desestim\u00f3 el amparo implorado, tras considerar que  <\/span><\/p>\n

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\u00ablas decisiones [criticadas] no merecen reproche alguno, al punto que no se configuran los defectos a los que hace menci\u00f3n [el] accionante, pues una vez examinadas las actuaciones adelantadas tanto por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de L\u00e9rida \u2013 Tolima en primera instancia como el Juzgado Civil del Circuito de [la misma ciudad] en segunda [instancia] al interior del proceso ordinario de menor cuant\u00eda por Enriquecimiento Sin Causa promovido [por] el propio tutelante contra Sandra Liliana Naged Prieto, (\u2026) mediante las cuales se resolvi\u00f3 de fondo el litigio (\u2026), se advierte que se han garantizado el derecho al debido proceso de las partes y del tutelante en concreto, y a pesar de que la decisi\u00f3n dictada le haya sido desfavorable en las dos instancias, no se observa un actuar arbitrario que configure la vulneraci\u00f3n alegada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 a lo dicho, que la presunci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 97 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abpara nada altera la carga de la prueba (\u2026) al igual que no impide que el fallador de instancia haga un an\u00e1lisis responsable frente a la prosperidad de la demanda\u00bb, advirtiendo, finalmente, que la ausencia de motivaci\u00f3n denunciada nunca existi\u00f3, tal y como se evidencia de los audios que contienen las mentadas providencias, donde \u00ablas argumentaciones y las motivaciones all\u00ed contenidas son suficientes para sustentar[las]\u00bb (fls. 27 a 34, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El tutelante se mostr\u00f3 descontento frente a lo resuelto, insistiendo en los mismos reparos con los que sustent\u00f3 la queja constitucional (fl. 40, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.    En el caso que se examina, y luego de analizar la actuaci\u00f3n desplegada por los Juzgados Primero Promiscuo Municipal y Civil del Circuito, ambos de L\u00e9rida (Tolima), dentro del proceso declarativo de menor cuant\u00eda por enriquecimiento sin causa que el accionante promovi\u00f3 en contra de Sandra Liliana Naged Prieto, particularmente, las providencias emitidas el 4 de agosto y 22 de septiembre de 2016, por medio de las cuales se dispuso, en su orden, \u00abNEGAR LAS PRETENSIONES\u00bb y, confirmar lo resuelto (fls. 6 a 13, cdno. 1), de entrada se anuncia la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado, pues como bien lo indic\u00f3 el a quo constitucional, dichas determinaciones tuvieron como fundamento argumentos jur\u00eddicos que en manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, en tanto que los Jueces censurados en ning\u00fan momento desconocieron la normatividad sustantiva y procesal aplicable al asunto.  <\/span><\/p>\n

3.  En efecto, al leerse y escucharse los audios que contienen las demarcadas decisiones, se observa que los juzgadores criticados encontraron impr\u00f3spera la acci\u00f3n impetrada por el aqu\u00ed interesado, con fundamento en que \u00e9sta no cumpl\u00eda con uno de los presupuestos jurisprudenciales fijados por esta Corporaci\u00f3n para su prosperidad, esto es, que \u00abno se haya contado con otros medios para obtener satisfacci\u00f3n por la lesi\u00f3n injusta que le ha sido ocasionada\u00bb, como lo fue, para el asunto sometido a debate, las relacionadas con la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de una sociedad comercial de hecho por muerte de uno de los socios (Arts. 218 y ss., C.Co.), situaci\u00f3n que no pod\u00eda ser subsanada dando aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 97 del C\u00f3digo General del Proceso, en la forma pretendida por el tutelante, por lo que resultaba a todas luces intrascendente detallar en ese aspecto.  <\/span><\/p>\n

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Y, es que, para la prosperidad de la acci\u00f3n de enriquecimiento sin causa o actio in rem verso, desde siempre se ha exigido no solo la producci\u00f3n de un enriquecimiento, ventaja, beneficio o provecho acaecido por el aumento del patrimonio (lucrum emergens) o la ausencia de su disminuci\u00f3n (damnum cessans), un empobrecimiento correlativo, y, que la ganancia \u2013o ausencia de mengua- carezca de una causa justa, sino tambi\u00e9n que el afectado no cuente con otros mecanismos para la satisfacci\u00f3n de su pretensi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed lo reconoci\u00f3 la Corporaci\u00f3n al consolidar su pensamiento sobre la materia cuando indic\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

\u00abCinco son los elementos constitutivos del enriquecimiento sin causa, sin cuya reuni\u00f3n no puede existir aqu\u00e9l, a saber:  <\/span><\/p>\n

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1\u00ba Que exista un enriquecimiento, es decir, que el obligado haya obtenido una ventaja patrimonial, la cual puede ser positiva o negativa. Esto es, no s\u00f3lo en el sentido de adici\u00f3n de algo sino tambi\u00e9n en el de evitar el menoscabo de un patrimonio.  <\/span><\/p>\n

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2\u00ba Que haya un empobrecimiento correlativo, lo cual significa que la ventaja obtenida por el enriquecido haya costado algo al empobrecido, o sea que a expensas de \u00e9ste se haya efectuado el enriquecimiento.  <\/span><\/p>\n

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Es necesario aclarar que la ventaja del enriquecido puede derivar de la desventaja del empobrecido, o, a la inversa, la desventaja de \u00e9ste derivar de la ventaja de aqu\u00e9l.  <\/span><\/p>\n

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Lo com\u00fan es que el cambio de la situaci\u00f3n patrimonial se opere mediante una prestaci\u00f3n dicha por el empobrecido al enriquecido, pero el enriquecimiento es susceptible de verificarse tambi\u00e9n por intermedio de otro patrimonio.  <\/span><\/p>\n

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El acontecimiento que produce el desplazamiento de un patrimonio a otro debe relacionar inmediatamente a los sujetos activo y pasivo de la pretensi\u00f3n de enriquecimiento, lo cual equivale a exigir que la circunstancia que origina la ganancia y la p\u00e9rdida sea una y sea la misma.  <\/span><\/p>\n

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3\u00ba Para que el empobrecimiento sufrido por el demandante, como consecuencia del enriquecimiento del demandado, sea injusto, se requiere que el desequilibrio entre los dos patrimonios se haya producido sin causa jur\u00eddica.  <\/span><\/p>\n

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En el enriquecimiento torticero, causa y t\u00edtulo son sin\u00f3nimos, por cuyo motivo la ausencia de causa o falta de justificaci\u00f3n en el enriquecimiento, se toma en el sentido de que la circunstancia que produjo el desplazamiento de un patrimonio a otro no haya sido generada por un contrato o un cuasi-contrato, un delito o un cuasi-delito, como tampoco por una disposici\u00f3n expresa de la ley.  <\/span><\/p>\n

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4\u00ba Para que sea legitimada en la causa la acci\u00f3n de in rem verso, se requiere que el demandante a fin de recuperar el bien, carezca de cualquiera otra acci\u00f3n originada por un contrato, un cuasi-contrato, un delito, un cuasi-delito, o de las que brotan de los derechos absolutos.  <\/span><\/p>\n

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Por lo tanto, carece igualmente de la acci\u00f3n de in rem verso el demandante que por su hecho o por su culpa perdi\u00f3 cualquiera de las otras v\u00edas de derecho. [\u00c9]l debe sufrir las consecuencias de su imprudencia o negligencia.  <\/span><\/p>\n

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5\u00ba La acci\u00f3n de in rem verso no procede cuando con ella se pretende soslayar una disposici\u00f3n imperativa de la ley.  <\/span><\/p>\n

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El objeto del enriquecimiento sin causa es el de reparar un da\u00f1o pero no el de indemnizarlo. Sobre la base del empobrecimiento sufrido por el demandante, no se puede condenar sino hasta la porci\u00f3n en que efectivamente se enriqueci\u00f3 el demandado\u201d (Negrita y subrayas fuera de texto) (Sentencia de 19 de noviembre de 1936, G.J. 1918, p. 474; reiterada entre otras en sentencias de 28 de agosto de 2001, Exp. No. 6673; 18 de julio de 2005, Exp. No. 1999-0335-01; 7 de octubre de 2009, Exp. 00164-01; y, 19 de diciembre de 2012, Exp. No. 1999-00280-01)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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4.    Bajo el anterior contexto, para la Sala no se presta a dudas que la conclusi\u00f3n a la que arribaron los funcionarios judiciales en las decisiones aqu\u00ed atacadas, es razonable, pues, se reitera, no estaba dado uno de los presupuestos que legitimaban al actor para promover la pluricitada acci\u00f3n, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en esa actividad se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo admisible lo realmente pretendido por el accionante, esto es, que se acoja su postura frente al caso y no la del juez natural, lo cual, se insiste, no es procedente, pues como de vieja data lo tiene dicho esta Corporaci\u00f3n, no constituye causal para que pueda acudirse a la tutela, \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC, 19 may. 2011, Rad. 00106-01, citada recientemente en STC728-2016 y STC1496-2016).  <\/span><\/p>\n

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5. Por los argumentos anotados, y como delanteramente se dijo, se impone mantener la providencia examinada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado Ponente      STC695-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2016-00650-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98942","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98942","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98942"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98942\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98942"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98942"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98942"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}