{"id":98943,"date":"2026-06-25T17:29:48","date_gmt":"2026-06-25T17:29:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc696-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:29:48","modified_gmt":"2026-06-25T17:29:48","slug":"stc696-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc696-2017\/","title":{"rendered":"STC696-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC696-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 63001-22-14-000-2016-00272-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 28 de noviembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Mario Mora Ocampo contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fue vinculada la parte activa y la otra persona demandada dentro de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo a trav\u00e9s de gestor judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la \u00abpropiedad privada\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, al no haber dado por terminado el proceso ejecutivo singular que los se\u00f1ores Servulo, Olga y Fenibar de Jes\u00fas Duque L\u00f3pez promovieron en su contra y del se\u00f1or Jos\u00e9 Obed Casta\u00f1o Echeverry, por pago total de la obligaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Del escrito de tutela, en armon\u00eda con los dem\u00e1s documentos allegados con \u00e9ste, la Sala colige que lo que exige el actor para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, es que se dejen sin efecto los prove\u00eddos de 6 de abril y 23 de agosto de 2016, y que como consecuencia de lo anterior, se ordene al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia, proferir una nueva decisi\u00f3n finiquitando el citado juicio compulsivo, por la causa antes mencionada (fls. 3 a 40, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reparo, aduce en lo esencial, que con la ejecuci\u00f3n referida en l\u00edneas precedentes, los demandantes pretender obtener el pago de la condena civil impuesta a su favor por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento y la Sala Penal del Tribunal Superior, ambos de Armenia, relacionada con el pago solidario de \u00abtreinta (30) salarios m\u00ednimos legales mensuales a cada una de las v\u00edctimas, por los perjuicios morales causados con el homicidio consumado (\u2026) de (\u2026) Carlos Arturo Duque L\u00f3pez\u00bb; sin embargo, pese a que los apoderados judiciales de las partes, coadyuvados por uno de los ejecutantes, solicitaron al Despacho acusado la terminaci\u00f3n del litigio por pago total de la obligaci\u00f3n, tal y como consta en el \u00abPAZ Y SALVO\u00bb que se alleg\u00f3, el cual est\u00e1 firmado por todos los demandantes, \u00e9ste neg\u00f3 lo pedido mediante providencia de 6 de abril de 2016, bajo el argumento que el precursor judicial de \u00e9stos no ejerc\u00eda ya su representaci\u00f3n, dado que desde el 5 de octubre de 2015, se le hab\u00eda revocado el poder, sin detenerse a observar, dice, que dicho requerimiento tambi\u00e9n lo hab\u00eda efectuado el abogado del extremo pasivo, as\u00ed como la realidad que exhibe el aludido documento, postura que, asevera, ha mantenido el juzgado en \u00abprovidencias posteriores\u00bb, no obstante las reiteradas solicitudes que se le han elevado al respecto, raz\u00f3n por la que considera que dicha autoridad incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo (fls. 3 a 6, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       a.  El titular del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia, luego de memorar las actuaciones que se han desplegado con ocasi\u00f3n del rese\u00f1ado juicio compulsivo, y de explicar las razones del porqu\u00e9 se ha negado a dar por terminado el mismo, se opuso al \u00e9xito del resguardo implorado, tras manifestar, que \u00abel despacho a [su] cargo en ning\u00fan momento le ha vulnerado derecho fundamental alguno al accionante, pues la actuaci\u00f3n desplegada estuvo encuadrada en las normas adjetivas que para el caso corresponde observar\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Por \u00faltimo se\u00f1al\u00f3, que \u00abel 16 de noviembre del [2016] el apoderado del ac[tor] present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n con el auto de 9 de noviembre [anterior], el cual est\u00e1 en tr\u00e1mite\u00bb (fls. 49 y 50, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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b.  Los vinculados, guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Juez constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras considerar que \u00e9sta no atiende los presupuestos generales de procedibilidad de la inmediatez y la subsidiariedad, en la medida que, por un lado, \u00abel accionante denunci\u00f3 la providencia de 6 de abril de 2016 (fl. 52 cd) y la acci\u00f3n de tutela se interpuso apenas el 10 de noviembre de 2016 (fl. 41), tardanza con la cual se super\u00f3 el l\u00edmite temporal de seis meses establecido por la jurisprudencia\u00bb, y por el otro, aqu\u00e9l \u00abning\u00fan recurso ejerci\u00f3 oportunamente (\u2026) contra la providencia denunciada\u00bb (fls. 54 a 57, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante por medio de su gestor judicial, mostr\u00f3 su inconformidad frente al anterior fallo, esgrimiendo, en suma, los mismos planteamientos con que sustent\u00f3 la queja constitucional (fls. 61 a 63, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.    En el caso bajo estudio se observa, que la queja est\u00e1 puntualmente dirigida contra los prove\u00eddos del 6 de abril y 23 de agosto de 2016, a trav\u00e9s de los cuales el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia resolvi\u00f3, entre otros, no acceder a la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo singular que los se\u00f1ores Servulo, Olga y Fenibar de Jes\u00fas Duque L\u00f3pez promovieron en contra del accionante y otro, por pago total de la obligaci\u00f3n (fls. 35 y 37, cdno. 1), pues en sentir del aqu\u00ed interesado, la citada autoridad no solo desconoci\u00f3 que la solicitud de culminaci\u00f3n del juicio fue coadyuvaba por el apoderado judicial de los demandantes, sino tambi\u00e9n la prueba documental que demostraba la cancelaci\u00f3n del cr\u00e9dito perseguido.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, del examen de las pruebas adosadas al expediente advierte la Sala, que no s\u00f3lo las referidas providencias fueron debidamente notificadas a las partes de acuerdo a lo estipulado en el art\u00edculo 295 del C\u00f3digo de General del Proceso, sino que la parte demandada, de la cual hace parte el actor, en una conducta constitutiva de incuria, dej\u00f3 de ejercer el recurso de reposici\u00f3n contra estas, \u00fanico que proced\u00eda a fin de ventilar las inconformidades que \u00e9ste ahora aduce a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n de car\u00e1cter eminentemente constitucional, por lo que cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de \u00e9xito de obtener lo pretendido, al haber desaprovechado el mecanismo que estaba a su disposici\u00f3n para controvertir las determinaciones que estima lesivas para sus derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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4.        Por tanto, si el querellante constitucional cont\u00f3 con un medio de defensa judicial id\u00f3neo para invocar y conjurar los yerros que manifiesta por esta v\u00eda, la demanda de amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que de otra manera \u00e9sta se convertir\u00eda en un instrumento paralelo o sustitutivo de oportunidades procesales fenecidas, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la Corte de vieja data, en diversos pronunciamientos ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; mencionada recientemente en STC1897-2016 y STC2512-2016).  <\/span><\/p>\n

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Puntualizando que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC, 25 ago. 2008, Rad. 01343-00; citada \u00faltimamente en STC2161-2016 y STC2173-2016).  <\/span><\/p>\n

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Y sobre la eficacia de dicho remedio horizontal, tambi\u00e9n ha expuesto:  <\/span><\/p>\n

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\u00abno se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, Rad. 00050-01; reiterada en STC088-2015 y STC2512-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.    Adicionalmente, y para corroborar el fracaso del reclamo invocado, basta decir que las decisiones criticadas se encuentran ajustadas a la normatividad procesal vigente, pues aunque se aceptara, en gracia de discusi\u00f3n, que la obligaci\u00f3n cobrada se encuentra cancelada, lo cierto es que el art\u00edculo 461 del nuevo Estatuto Procesal exige, para que el juez decrete la terminaci\u00f3n del proceso, que \u00abse presentare escrito proveniente del ejecutante o de su apoderado con facultad para recibir\u00bb, lo cual, como bien lo advirti\u00f3 el Despacho acusado, no ocurri\u00f3 en el caso sometido a discusi\u00f3n, y, que se \u00abacredite el pago de la obligaci\u00f3n demandada y las costas\u00bb, \u00faltimo aspecto que tampoco fue demostrado por los peticionarios, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en esa actividad se hubiera incurrido en alguna causal de procedencia del amparo, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales.  <\/span><\/p>\n

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6.    Con todo, cabe acotar, que el accionante, de insistir en que la obligaci\u00f3n perseguida se encuentra satisfecha en su totalidad, a\u00fan cuenta con tiempo para solicitar la terminaci\u00f3n del pluricitado juicio, claro est\u00e1, con la coadyuvancia de su contraparte, dado que, seg\u00fan lo inform\u00f3 el titular del juzgado accionado, fue declarada desierta la almoneda realizada el 11 de noviembre del a\u00f1o inmediatamente anterior (fl. 53, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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7.   Por tanto, las razones que anteceden se estimaran suficientes para mantener inc\u00f3lume el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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