{"id":98944,"date":"2026-06-25T17:29:52","date_gmt":"2026-06-25T17:29:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc697-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:29:52","modified_gmt":"2026-06-25T17:29:52","slug":"stc697-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc697-2017\/","title":{"rendered":"STC697-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC697-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2016-00462-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 25 de noviembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Margarita Puentes Benavides contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Primero Civil Municipal, ambos de Fusagasug\u00e1, tr\u00e1mite al que fue vinculada la parte activa del juicio declarativo a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con las sentencias de primera y segunda instancia emitidas el 31 de agosto de 2015 y 16 de mayo de 2016, dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil contractual que en su contra promovi\u00f3 la Urbanizaci\u00f3n Andaluc\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, exige para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, que se ordene a las citadas oficinas judiciales, \u00abrevo[car] las [aludidas] sentencias\u00bb, y como consecuencia de lo anterior, que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1 profiera una nueva decisi\u00f3n \u00abnegando las pretensiones de la [parte] demandante\u00bb (fl. 35, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reparo, aduce en lo esencial, que con la demanda que dio origen al juicio referido en l\u00edneas precedentes, su contraparte pretendi\u00f3 declararla responsable civilmente \u00abpor el incumplimiento de las obligaciones (\u2026) por concepto de cuotas de administraci\u00f3n y de sus intereses desde el 17 de junio de 2003 hasta el 17 de junio de 2008, respecto de los inmuebles identificados con matr\u00edcula inmobiliaria No. 157-65628; 157-65537; 157-65696; 157-65578\u00bb, escrito que replic\u00f3 en su debida oportunidad, proponiendo las excepciones de m\u00e9rito de \u00abIMPROCEDENCIA DE LA ACCI\u00d3N ORDINARIA\u00bb, \u00abINEXISTENCIA DE LA SOLIDARIDAD ADUCIDA\u00bb, \u00abPRESCRIPCI\u00d3N EXTINTIVA\u00bb, \u00abPAGO TOTAL DE LA OBLIGACI\u00d3N\u00bb, \u00abCOBRO DE LO NO DEBIDO\u00bb y la denominada \u00abEXCEPCI\u00d3N GEN\u00c9RICA\u00bb; no obstante, afirma, el Juzgado Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de la mencionada localidad, a quien le fue remitido el proceso, mediante providencia del 31 de agosto de 2015, accedi\u00f3 a lo pretendido por la parte demandante, decisi\u00f3n que se mantuvo inc\u00f3lume pese a haberla apelado, pues el Juzgado Segundo Civil del Circuito de dicha urbe, al resolver la alzada el 16 de mayo de 2016, confirm\u00f3 lo resuelto, asevera, \u00aben un an\u00e1lisis apresurado y sin que fueran tenidos en cuenta las consideraciones y fundamentos de hecho y de derecho expresados a lo largo de la actuaci\u00f3n judicial\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente sostiene, que si bien los jueces acusados observaron la solidaridad predicada en el art\u00edculo 29 de la Ley 675 de 2001, pasaron por alto que ella no adquiri\u00f3 los inmuebles objeto de las expensas reclamadas a trav\u00e9s de contratos de compraventa, sino mediante subasta p\u00fablica dirigida por autoridad judicial, por lo que debe entenderse que los obtuvo \u00absaneados \u00edntegramente\u00bb, de acuerdo a las previsiones del art\u00edculo 530 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, motivo por el que ahora no puede verse sorprendida con el cobro de tales gastos, m\u00e1xime cuando \u00abmediante una acci\u00f3n improcedente, se revivi\u00f3 una supuesta obligaci\u00f3n de m\u00e1s de diez (10) a\u00f1os de la cual no era responsable\u00bb, raz\u00f3n por la que considera que dichos funcionarios incurrieron en causal de procedencia del amparo (fls. 27 a 38, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LA VINCULADA  <\/span><\/p>\n

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       a.  El Juez Segundo Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1, se opuso al \u00e9xito del resguardo, aduciendo, de manera puntual, que \u00abno ha vulnerado derecho alguno y que contrario [a] esto solo dio aplicaci\u00f3n a la norma\u00bb (fl. 52 reverso, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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b.  El Juzgado Primero Civil Municipal de la misma ciudad, a trav\u00e9s de su secretar\u00eda, remiti\u00f3 el expediente contentivo de la actuaci\u00f3n cuestionada, sin hacer pronunciamiento alguno frente a lo pretendido por la accionante en el escrito de tutela (fl. 54, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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c.  La urbanizaci\u00f3n vinculada, guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Juez constitucional de primera instancia, luego de sintetizar los argumentos centrales de las providencias confutadas, desestim\u00f3 el amparo implorado, tras considerar lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00absi se cotejan estos argumentos de los juzgadores accionados con la materialidad del litigio, tacharlos desde el punto de vista constitucional, pues, en lo que toca con lo expresado por el juzgado municipal, mal podr\u00eda desconocerse la razonabilidad de sus planteamientos, a sabiendas de que en trasunto de aquellos est\u00e1n dos decisiones de tutela proferidas por el m\u00e1ximo Tribunal en la materia, dictada varios a\u00f1os despu\u00e9s de esa en que se funda la defensa de la quejosa, que, como bien se desprende de las mismas, se predica esa solidaridad entre rematante y deudor ejecutado, sin restricciones como las que en otro momento admiti\u00f3 la jurisprudencia de 2004, de suerte que, si opt\u00f3 entre esos entendimientos, no es posible echarle en cara una v\u00eda de hecho a ese juzgador, a sabiendas de que, justamente, la autonom\u00eda y la independencia que le garantizan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica se hacen realidad cuando el juzgador natural adelanta ese tipo de quehaceres.  <\/span><\/p>\n

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Asimismo, lo del juez del circuito es igualmente razonable, pues am\u00e9n que se funda en los resultados del examen constitucional que sobre la norma hizo la sentencia C-376 de 2004, se adentra en el an\u00e1lisis de la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica reparando en que si bien podr\u00eda hablarse te\u00f3ricamente de esa ruptura de la solidaridad entre el rematante y el due\u00f1o anterior en determinadas eventualidades, en este caso, dadas las circunstancias espec\u00edficas del mismo, no es posible predicarla; de un lado, porque esa cabr\u00eda respecto de un postor que vence en la contienda con los dem\u00e1s rematantes, que no est\u00e1 avisado de la existencia de ese tipo de obligaciones que cargan al propietario anterior, algo que para dicho juzgador no puede aceptarse frente a la rematante, quien, conociendo de la existencia de la obligaci\u00f3n, debi\u00f3 verificarlo y no guardar c\u00f3modo silencio, como lo hizo al rematar, desde luego que si esto tiene sustento objetivo en el litigio, la razonabilidad del planteamiento del juzgador al respecto debe darse por descontada, cuanto m\u00e1s si, como se desprende de la actuaci\u00f3n y de la tutela misma, la rematante es una profesional del derecho, lo que hace suponer que, sabedora de cu\u00e1l es la hermen\u00e9utica del precepto 530 y de las implicaciones que su omisi\u00f3n al respecto podr\u00edan aparejarle, debe correr en sus hombros con esa solidaridad\u00bb (fls. 57 a 63, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La tutelante se mostr\u00f3 descontenta frente a lo resuelto; sin embargo, no expres\u00f3 los motivos de su inconformidad (fl. 70, Cit.).  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.    En el caso que se examina, y luego de analizar la actuaci\u00f3n desplegada por los Juzgados Primero Civil Municipal y Segundo Civil del Circuito, ambos de Fusagasug\u00e1, dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil contractual que en la Urbanizaci\u00f3n Andaluc\u00eda promovi\u00f3 en contra de la accionante, particularmente, las providencias emitidas el 31 de agosto de 2015 y 16 de mayo de 2016, por medio de las cuales se dispuso, en su orden, \u00abDECLARAR a la demandada solidariamente responsable de las cuotas de administraci\u00f3n causadas y no pagadas por el periodo comprendido entre el 17 de junio de 2003 hasta el 17 de junio de 2008, por los cuatro inmuebles descritos en el numeral primero de las pretensiones de la demanda\u00bb, y en consecuencia de ello, \u00abCONDENAR a la demandada al pago de los intereses moratorios causados sobre las [citadas] cuotas de administraci\u00f3n (\u2026) a raz\u00f3n de una y media veces el inter\u00e9s bancario que certifique la Superintendencia Financiera\u00bb y, confirmar lo resuelto (fls. 1 a 14 y 17 a 23, cdno. 1), de entrada se anuncia la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado, pues como bien lo indic\u00f3 el a quo constitucional, dichas determinaciones tuvieron como fundamento argumentos jur\u00eddicos que en manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, en tanto que los Jueces censurados en ning\u00fan momento desconocieron la normatividad sustantiva y procesal aplicable al asunto, menos a\u00fan, la jurisprudencia constitucional relacionada con el tema en discusi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3.  En efecto, al leerse las referidas decisiones, se observa que los juzgadores, en lo que respecta a la procedencia de la acci\u00f3n propuesta, la solidaridad reclamada y la oportunidad para invocarla, \u00fanicos aspectos discutidos por la tutelante en la alzada1, hallaron procedente el primero de los mencionados t\u00f3picos, con fundamento en el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil, el cual prescribe que: \u00ab[l]a acci\u00f3n ejecutiva se prescribe por cinco (5) a\u00f1os. Y la ordinaria por diez (10). La acci\u00f3n ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) a\u00f1os, y convertida en ordinaria durar\u00e1 solamente otros cinco (5)\u00bb, t\u00e9rmino que para el caso no alcanz\u00f3 a correr en su totalidad, mientras que el segundo, con sustento en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 29 de la Ley 675 de 20012, que a la letra reza: \u00ab[i]gualmente, existir\u00e1 solidaridad en su pago entre el propietario anterior y el nuevo propietario del respectivo bien privado, respecto de las expensas comunes no pagadas por el primero, al momento de llevarse a cabo la transferencia del derecho de dominio\u00bb y, la sentencia C-376 de 2004, por medio de la cual la Corte Constitucional declar\u00f3 la exequibilidad de dicho aparte normativo, decisi\u00f3n que se adopt\u00f3 bajo los siguientes t\u00e9rminos:  <\/span><\/p>\n

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\u00abAs\u00ed las cosas, la ley, sin que con ello se vulnere  el derecho de propiedad (art. 58 C.P.), ni se desconozca la autonom\u00eda de la voluntad ni el derecho a la libre disposici\u00f3n (art. 16 C.P.), bien puede establecer  la solidaridad entre el propietario anterior y el nuevo propietario del bien privado sometido a propiedad horizontal, respecto de las expensas comunes no pagadas por el primero, al momento de llevarse a cabo la transferencia del derecho de dominio.  <\/span><\/p>\n

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Ahora bien, dado que es la Ley la que establece en este caso la solidaridad  entre  el vendedor  y el adquirente del bien privado sometido a propiedad horizontal es claro que la misma ley es la que sirve de fundamento a la obligaci\u00f3n que as\u00ed surge para el nuevo propietario.  <\/span><\/p>\n

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Dicha solidaridad respecto de las expensas comunes que no se hayan pagado al momento de la venta, encuentra  a su vez fundamento  en la necesidad de proteger la copropiedad como tipo especial de dominio, por lo que resulta claramente razonable   que el Legislador  la establezca  como una manera de  asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los copropietarios.  <\/span><\/p>\n

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No debe olvidarse en efecto que dichas expensas est\u00e1n establecidas para garantizar el buen funcionamiento de la copropiedad y que su pago oportuno hace parte de los presupuestos de convivencia, cooperaci\u00f3n y de solidaridad social que orientan la propiedad horizontal y que el legislador en armon\u00eda con los mandatos constitucionales (arts. 2, 13, 51 y 58 C.P.) estableci\u00f3 en el art\u00edculo 2 de la Ley 675 de 2001\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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4.  Ahora, si bien es cierto que la peticionaria no adquiri\u00f3 los bienes inmuebles comprometidos con la deuda de las expensas reclamadas mediante compraventa, sino a trav\u00e9s de subasta p\u00fablica dentro un proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que con anterioridad fue promovido contra la anterior propietaria, la jurisprudencia constitucional ha indicado que \u00abaun en los casos de venta forzada por v\u00eda judicial, es indiscutible que el adquirente de un bien inmueble asume el compromiso de cancelar las cuotas de administraci\u00f3n que por el pago de las expensas comunes se deban por el anterior propietario a la copropiedad, al momento de llevarse a cabo la transferencia del derecho de dominio\u00bb (C.C. T-011\/07), aspecto que se refuerza con el hecho de que la adquirente nunca fue sorprendida con dicha carga, al haber sido enterada por la representante legal y abogada de la Urbanizaci\u00f3n Andaluc\u00eda, de la existencia de la misma en el citado juicio compulsivo, como bien lo advirti\u00f3 el Juez constitucional de primer grado, circunstancia que \u2013autom\u00e1ticamente- anula la posibilidad de dar aplicaci\u00f3n a los fundamentos vertidos por esta Corporaci\u00f3n en la sentencia del 24 de febrero de 2004, radicado 2003-01042-01, citada por la aqu\u00ed interesada en el escrito de tutela.       <\/span><\/p>\n

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5.   Finalmente, basta decir, en relaci\u00f3n al \u00faltimo de los ataques mencionados con antelaci\u00f3n, que el hecho de que la aludida urbanizaci\u00f3n no hubiese puesto en conocimiento del juez de la memorada ejecuci\u00f3n la existencia de la mora en el pago de las rese\u00f1adas expensas, no la imposibilitaba para ejercer las acciones que la ley confiere para reclamar tales emolumentos, m\u00e1xime cuando, como antes se explic\u00f3, no hab\u00eda operado la caducidad de las mismas.        <\/span><\/p>\n

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6.    Bajo el anterior contexto, para la Sala no se presta a dudas que la conclusi\u00f3n a la que arribaron los funcionarios judiciales en las decisiones aqu\u00ed atacadas, es razonable, pues, se reitera, estaban dados todos los presupuestos de ley para demandar la solidaridad reclamada, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en esa actividad se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo admisible lo realmente pretendido por la accionante, esto es, que se acoja su postura frente al caso y no la del juez natural, lo cual, se insiste, no es procedente, pues como de vieja data lo tiene dicho esta Corporaci\u00f3n, no constituye causal para que pueda acudirse a la tutela, \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC, 19 may. 2011, Rad. 00106-01, citada recientemente en STC728-2016 y STC1496-2016).  <\/span><\/p>\n

7. Por los argumentos anotados, y como delanteramente se anunci\u00f3, se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume la providencia examinada.  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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2 \u201cPor medio de la cual se expide el r\u00e9gimen de propiedad horizontal.\u201d      <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado Ponente      STC697-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2016-00462-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98944","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98944","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98944"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98944\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98944"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98944"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98944"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}