{"id":98948,"date":"2026-06-25T17:30:11","date_gmt":"2026-06-25T17:30:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc701-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:30:11","modified_gmt":"2026-06-25T17:30:11","slug":"stc701-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc701-2017\/","title":{"rendered":"STC701-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC701-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02583-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 1\u00b0 de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Jorge Arturo Puentes Londo\u00f1o contra los Juzgados Veintiuno Civil del Circuito y Cuarenta y Nueve Civil Municipal, ambos de la misma ciudad, y, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades judiciales accionadas, i) al denegar la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 junto con Norma Rubiela Berm\u00fadez contra Cifin, Datacr\u00e9dito y Claro S.A.; y, ii) por la falta de tr\u00e1mite a la denuncia penal que instaur\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.        Sin realizar petici\u00f3n concreta, aduce en s\u00edntesis, que junto con la mentada se\u00f1ora Berm\u00fadez, present\u00f3 la demanda de amparo antes referida, toda vez que, afirma, fueron \u00abreportados ilegalmente\u00bb como \u00abdeudores morosos\u00bb, sin haber sido notificados previamente de la obligaci\u00f3n adeudada, raz\u00f3n por la que pidieron que se eliminara dicho dato de las centrales de riesgo aludidas.  <\/span><\/p>\n

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Asegura que en fallo de tutela del 7 de diciembre de 2015, el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 desestim\u00f3 la anterior pretensi\u00f3n, tras advertir que Claro S.A. contaba con la autorizaci\u00f3n necesaria para proceder al reporte de la informaci\u00f3n financiera en las centrales de riesgo; que a\u00fan no hab\u00eda trascurrido el tiempo de caducidad para eliminar el dato negativo; y, que la compa\u00f1\u00eda de telecomunicaciones en menci\u00f3n enter\u00f3 a los deudores sobre el \u00abreporte a las centrales de riesgo\u00bb, determinaci\u00f3n que impugnada, fue confirmada en sentencia del 3 de mayo de 2016 por el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de esta capital.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que los Despachos acusados vulneraron su debido proceso con lo resuelto, toda vez que, asegura, realizaron una valoraci\u00f3n trivial de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en el citado asunto, pues desatendieron que el documento mediante el cual se enter\u00f3 del reporte negativo ante las centrales de riesgo, afirma, fue \u00abfabricado fraudulentamente\u00bb por la empresa de correos Computec. De otro lado, manifiesta que pese a que instaur\u00f3 una denuncia penal a ese respecto ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, \u00e9sta no ha sido tramitada, circunstancia que, igualmente, desconoce el derecho fundamental implorado (fls. 40 a 49, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a. El Juzgado Cuarenta y Nueve Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C., solicit\u00f3 denegar el amparo, luego de precisar que las actuaciones cuestionadas est\u00e1n soportadas en razonamientos \u00abl\u00f3gicos, plausibles y ajustados a derecho\u00bb (fls. 60 y 61, \u00eddem).    <\/span><\/p>\n

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a. A su turno, el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de la misma localidad aleg\u00f3, que el fallo de tutela de segunda instancia censurado \u00abse ajust\u00f3 a la legalidad, (\u2026) pues all\u00ed aparecen consignados todos los elementos jur\u00eddicos y conceptuales con los cuales se edificaba la decisi\u00f3n, no hay discrecionalidad, ni mucho menos arbitrariedad\u00bb (fls. 104 a 106, ib\u00eddem).    <\/span><\/p>\n

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a. Experian Colombia S.A. argument\u00f3, que seg\u00fan la informaci\u00f3n reportada por Claro S.A., \u00abel accionante incurri\u00f3 en mora durante 45 meses, cancel\u00f3 la obligaci\u00f3n en julio de 2015\u00bb, por lo que \u00abla caducidad del dato negativo se presentar\u00e1 en julio de 2019\u00bb, conforme lo prev\u00e9 el t\u00e9rmino contemplado en art\u00edculo 13 de la Ley 1266 de 2008; de ah\u00ed que los Juzgados querellados desestimaran lo pretendido a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela cuestionada (fls. 132 a 136, \u00eddem).    <\/span><\/p>\n

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a. Finalmente, Computec Outsourcing S.A.S. adujo, que \u00abno viol\u00f3 derecho fundamental alguno del accionante y no es responsable por los hechos relatados en esta tutela\u00bb (fls. 126 a 128, ib\u00eddem).    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, neg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, tras advertir que  <\/span><\/p>\n

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       \u00ablo que pretende el accionante es restar eficacia a los fallos proferidos, tanto en primera como en segunda instancia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 en contra de CIFIN-DATACR\u00c9DITO Y CLARO S.A., pretensi\u00f3n contraria al principio de cosa juzgada constitucional que ampara este tipo de sentencias \u2013en caso de no ser seleccionadas para su revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional-, y que le impide a otro juez reabrir el debate pues, ello implicar\u00eda hacer nugatoria la efectiva protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, dado que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se prolongar\u00eda indefinidamente mientras se atienden todas y cada una de las acciones impetradas en contra de las resultas del amparo.  <\/span><\/p>\n

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       En efecto, no puede el Tribunal venir a discutir la legalidad de una notificaci\u00f3n o la autenticidad de una firma, nuevamente en sede de tutela, m\u00e1xime, si se tiene en cuenta que este asunto ya fue debatido ante el juez constitucional y ante el \u00f3rgano acusador resultando, en ambos casos, con decisiones adversas a los intereses del accionante, donde adem\u00e1s, no se observa que las conclusiones de los jueces o del fiscal hayan sido producto de capricho o arbitrariedad, ni mucho menos, que sean fruto de la ruptura flagrante, ostensible y grave de la normatividad constitucional o legal que rige en la materia a la que se refiere el fallo, pues la negativa tuvo como cimiento principal la precariedad probatoria empleada por el se\u00f1or Puentes para argumentar el presunto fraude e incompetencia del juez de amparo para declararlo\u00bb (fls. 189 a 194 \u00eddem).   <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante recurri\u00f3 el fallo anterior, utilizando argumentos similares a los planteados en la demanda de amparo (fls. 75 a 81, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.    <\/span><\/p>\n

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El planteamiento anterior cobra mayor relevancia, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo (ver, entre otras, CSJ STC, 20 may. 2011, Rad. 00659-01 y CSJ STC, 9 sep. 2013, Rad. 01258-01, STC11794-2014 y STC3198-2016).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, se ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respectivo tr\u00e1mite (ver, entre otras, CSJ STC, 25 jun. 2012, Rad. 2012-00069-01, reiterada en STC3715-2014, STC1196-2014, CSJ STC3706-2014 y STC3198-2016)1; o cuando la decisi\u00f3n afecta de manera grave una garant\u00eda fundamental en sujetos considerados de especial protecci\u00f3n (CSJ STP, 3 jul. 2012, Rad. 60963).  <\/span><\/p>\n

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1. En el presente asunto, tras realizar el correspondiente escrutinio al contenido de la demanda de resguardo constitucional presentada por Jorge Arturo Puentes Londo\u00f1o, para la Sala se revela que el mismo ha de desestimarse, habida cuenta que, como arriba se dej\u00f3 establecido, su n\u00facleo central tiene como fin atacar las sentencias de 7 de diciembre de 2015 y 3 de mayo de 2016, proferidas por las autoridades judiciales accionadas en el marco de la acci\u00f3n de tutela con radicado No. 2015-01616-00, instaurada por el aqu\u00ed tambi\u00e9n interesado y otra contra Cifin, Datacr\u00e9dito y Claro S.A. (fls. 6 a 39 cdno. 1), cuesti\u00f3n que comporta se\u00f1alar que un debate de ese linaje desemboca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.    <\/span><\/p>\n

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T\u00e9ngase en cuenta, que la jurisprudencia constitucional ha insistido en que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el se\u00f1alado mecanismo excepcional, no es un nuevo instrumento de la misma naturaleza el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto, toda vez que con ese fin el legislador no solo dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n sino tambi\u00e9n la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional, escenario donde la parte interesada podr\u00e1, seg\u00fan el caso, acudir al recurso de insistencia previsto en el art\u00edculo 33 del citado decreto2, para pedir a dicha Corporaci\u00f3n su escogencia, \u00fanicos mecanismos procesales que pueden interponerse o solicitarse ante los funcionarios habilitados para el efecto, lo que permite corroborar el fracaso de la protecci\u00f3n presentada.  <\/span><\/p>\n

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En este sentido, la Sala ha se\u00f1alado que proceder de esta manera,  <\/span><\/p>\n

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\u00abevita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CJS STC, 22 ago. 2008, Rad. 01317-00, reiterada el 4 sept. 2012, Rad. 01835-00; STC6151-2014, STC3706-2014, STC8637-2015, STC10968-2015 y STC277-2016).  <\/span><\/p>\n

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3.        De otro lado, la Corte observa que, contrario a lo afirmado por el accionante, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n s\u00ed tramit\u00f3 la denuncia penal que instaur\u00f3 para que se investigara el supuesto fraude de que fue v\u00edctima, pues en providencia de 14 de marzo de 2016, dicha autoridad orden\u00f3 el archivo de la indagaci\u00f3n criminal, tras advertir que no exist\u00edan \u00abmotivos o circunstancias f\u00e1cticas que permitan su caracterizaci\u00f3n como delito\u00bb (fls. 171 a 173, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. Bastan las razones expuestas en precedencia para mantener el fallo de tutela refutado.    <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Criterio compartido, entre otros, en CC T-205\/14.    <\/span><\/p>\n

2 Reglamentado en el Acuerdo No 05 de 1992, emanado de la Corte Constitucional.      <\/span><\/p>\n

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