{"id":98949,"date":"2026-06-25T17:30:14","date_gmt":"2026-06-25T17:30:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc709-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:30:14","modified_gmt":"2026-06-25T17:30:14","slug":"stc709-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc709-2017\/","title":{"rendered":"STC709-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC709-2017  <\/span><\/p>\n

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(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 31 de octubre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Wsvary Jairth Eraso Mej\u00eda contra la Naci\u00f3n -Ministerio de Defensa Nacional, la Polic\u00eda Nacional y la Direcci\u00f3n Administrativa y Financiera de dicha instituci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.         El accionante a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas, al haber realizado descuentos no autorizados, de la suma de dinero que le fue reconocida como consecuencia de su reintegro a la Polic\u00eda Nacional.  <\/span><\/p>\n

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Solicita, entonces, que se ordene a la Direcci\u00f3n Administrativa y Financiera de citada entidad, \u00abprof[erir] [un] nuevo acto administrativo mediante el cual MODIFIQUE PARCIALMENTE la Resoluci\u00f3n No. 0877 del 25 de julio de 2016, mediante la cual disponga la devoluci\u00f3n o reintegro a favor del actor, de la suma de: CIENTO TRENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS\u00bb (fl. 5, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento f\u00e1ctico de lo pretendido, aduce en s\u00edntesis, que pese a que  fue retirado del servicio activo de la Polic\u00eda Nacional \u00abpor disminuci\u00f3n de la capacidad psicof\u00edsica\u00bb, a trav\u00e9s de los fallos proferidos por los Jueces de la Jurisdicci\u00f3n Contenciosa Administrativa, se orden\u00f3 a la citada entidad \u00abreintegrar[lo] al servicio activo (\u2026) sin soluci\u00f3n de continuidad y al pago de los haberes deja[d]os de recibir durante el tiempo que permaneci\u00f3 por fuera de la instituci\u00f3n\u00bb, sentencia que se cumpli\u00f3 mediante la expedici\u00f3n de la Resoluci\u00f3n No. 05453 del 19 de diciembre de 2014.  <\/span><\/p>\n

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Indica que aunque mediante la Resoluci\u00f3n No. 10832 del 23 de diciembre de 2015, se reconoci\u00f3 y orden\u00f3 el pago de la asignaci\u00f3n mensual de retiro, la Caja de Sueldos de Retiro de la Polic\u00eda Nacional \u00ablo declar[\u00f3] deudor del tesoro p\u00fablico y orden[\u00f3] el descuento de la suma de $136.378.768,oo, cancelados por la caja por concepto de asignaci\u00f3n mensual de retiro, entre el 15 de diciembre de 2006 y el 30 de enero de 2015\u00bb, periodo en que estuvo por fuera de la citada instituci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

Se\u00f1ala que aunque desde el mes de mayo de 2016, su mesada pensional es objeto de retenciones por valor de $1.000.000,oo en atenci\u00f3n de la memorada obligaci\u00f3n, la Direcci\u00f3n Administrativa y Financiera de la Polic\u00eda Nacional mediante el acto administrativo del 25 de julio de la misma anualidad, dando cumplimiento a las sentencias que le fueron favorables, dispuso de \u00abforma irregular\u00bb, el descuento directo de la acreencia citada en l\u00edneas anteriores.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente sostiene, que tanto el Consejo de Estado como el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca,  en sendos fallos se han pronunciado en el sentido de prohibir a las instituciones militares y policiales, \u00abordenar el descuento de suma alguna, por concepto de asignaci\u00f3n mensual de retiro cancelado a los miembros de la Polic\u00eda (\u2026) que han sido reintegrados al servicio (\u2026) por orden judicial\u00bb, raz\u00f3n por la cual las anteriores determinaciones, afirma, vulneran sus prerrogativas fundamentales (fls. 1 a 6, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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a.)        El Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Polic\u00eda Nacional, luego de memorar las actuaciones administrativas que ha conocido, precis\u00f3 que no ha lesionado prerrogativa superior alguna del interesado, pues \u00e9ste ha ejercido todos y cada uno de los mecanismos de defensa a su alcance para obtener lo que por esta v\u00eda reclama, teniendo a\u00fan a su alcance las acciones ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa (fls. 133 a 139, Cit.).  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 el amparo invocado, por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, toda vez que el interesado \u00abtiene a su alcance las acciones ordinarias establecidas para la defensa de los derechos (\u2026), espec\u00edficamente el de nulidad y restablecimiento del derecho, que adem\u00e1s contempla la posibilidad de solicitar medidas cautelares, en las que podr\u00e1 el actor, manifestar y probar, la necesidad, de suspender los efectos de los actos administrativos que ordenaron el descuento; como una medida de urgencia\u00bb (fls. 168 a 172, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La parte accionante replic\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela (fls. 192 a 194, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        Examinado el escrito de tutela y la impugnaci\u00f3n, se advierte que el peticionario cuestiona, en concreto, la Resoluci\u00f3n No. 0877 de 25 de julio de 2016, por medio de la cual la Direcci\u00f3n Administrativa y Financiera de la Polic\u00eda Nacional dispuso entre otras, \u00abel pago de la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($355.087.528,38)\u00bb a favor del se\u00f1or Wsvary Jairth Eraso Mej\u00eda, pero descontando previamente a favor de la Caja de Sueldos de Retiro de la misma instituci\u00f3n, \u00abla suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($136.378.768,oo), por concepto de asignaci\u00f3n de retiro percibida desde el 15 de diciembre de 2006 y el 30 de enero de 2015, incluidos los descuentos de ley\u00bb; pues en su sentir, esa decisi\u00f3n pas\u00f3 por alto que previamente la misma dependencia hab\u00eda ordenado el embargo y retenci\u00f3n de una parte de su asignaci\u00f3n mensual pensional, con el fin de garantizar el pago del citado monto.     <\/span><\/p>\n

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3. Sin embargo, de cara a lo expuesto la Sala considera que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, pues adem\u00e1s que dicho acto administrativo dio cumplimiento a lo dispuesto en el fallo proferido el 17 de noviembre de 2011, que no mereci\u00f3 ning\u00fan reparo por parte del se\u00f1or Eraso Mej\u00eda1, las cuestiones planteadas por \u00e9ste resultan ajenas al campo de actuaci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que no ha hecho uso de todas las herramientas de defensa que tienen a su alcance para obtener lo que aqu\u00ed solicita, situaci\u00f3n que enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, se arriba a tal conclusi\u00f3n, pues de acuerdo a las documentales adosadas, el informe de las entidades accionadas y lo se\u00f1alado en la impugnaci\u00f3n, se advierte que de lo que se duele el accionante, en \u00faltimas, es que se haya ordenado el memorado descuento respecto de los salarios y prestaciones dejados de percibir cuando fue retirado del servicio activo; no obstante, que al reconocer y pagar su mesada pensional despu\u00e9s del reintegro del que con posterioridad fue objeto, se hab\u00edan ordenado una serie de retenciones respecto de ese emolumento, lo que constituye, asegura, un doble cobro; luego entonces, y como quiera que esa puntual tem\u00e1tica no ha sido expuesta a la administraci\u00f3n, en punto de solicitar el levantamiento de la cautela y la devoluci\u00f3n de los dineros retenidos de la mesada pensional, dispone el actor, preliminarmente, de esa posibilidad.  As\u00ed las cosas, como esta Sala lo ha indicado en varias ocasiones, a este mecanismo extraordinario puede acudirse \u00absiempre que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para obtener su restablecimiento\u00bb (STC1058-2016), ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda cercenando los principios del debido proceso.  <\/span><\/p>\n

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De manera que \u00ab[m]ientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (Cit.).  <\/span><\/p>\n

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4.        Finalmente, y sobre la posibilidad de conceder el amparo transitoriamente, es menester anotar que, en todo caso, el promotor del amparo no acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, es decir, \u00abno se demostr\u00f3 la necesidad de evitar una afectaci\u00f3n que torne factible el amparo en forma transitoria, pues no hay evidencia sobre la presencia del da\u00f1o, esto es, grave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (criterio reiterado en STC2336 -2016).  <\/span><\/p>\n

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5.        De este modo, bastan las razones anteriormente expuestas, para mantener el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 El Juzgado Sexto Administrativo de Descongesti\u00f3n del Circuito de Popay\u00e1n, dispuso entre otras que \u201cORD\u00c9NESE, el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha de desvinculaci\u00f3n hasta que se produzca el reintegro al servicio, a la suma anterior se le descontar\u00e1 el valor reconocido al actor a t\u00edtulo de asignaci\u00f3n de retiro e indemnizaci\u00f3n (\u2026)\u201d (subraya la Corte) (fls. 11 a 40, cdno. 1).      <\/span><\/p>\n

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