{"id":98952,"date":"2026-06-25T17:30:38","date_gmt":"2026-06-25T17:30:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc748-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:30:38","modified_gmt":"2026-06-25T17:30:38","slug":"stc748-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc748-2017\/","title":{"rendered":"STC748-2017"},"content":{"rendered":"

      \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC748-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2016-01048-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.         El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la \u00abdebida\u00bb administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al declarar, por desistimiento t\u00e1cito, la terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular que promovi\u00f3 en contra de la sucursal de Audifarma S.A. ubicada en \u00abla carrera 52 No. 64A-07\u00bb de la ciudad de Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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Solicita, entonces, i) que se ordene al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, \u00abCONCEDER [LA] ALZADA\u00bb y \u00abprobar el impulso oficioso\u00bb que ha impartido al mentado tr\u00e1mite constitucional; ii) que se requiera a la Corte Constitucional y al delegado del Ministerio P\u00fablico, a fin de que se pronuncien respecto a la procedencia del recurso de apelaci\u00f3n frente al auto que rechaza una acci\u00f3n popular; iii) que \u00abescanee copia de [la] tutela y del fallo [que en consecuencia se profiera] a [su] correo electr\u00f3nico dinosaurio013@hotmail.com\u00bb; y, finalmente, iv) que se estudie si la Defensora del Pueblo Regional Caldas ha incumplido el deber legal que le impone la ley 734 de 2002 al negarse a interponer tutelas a su nombre (fl. 7, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que pese a lo dispuesto en los art\u00edculos 5\u00ba y 84 de la ley 472 de 1998, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira decret\u00f3, por desistimiento t\u00e1cito, la terminaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional referido en l\u00edneas anteriores, raz\u00f3n por la cual, teniendo en consideraci\u00f3n que se trata de una \u00abfigura inexistente\u00bb en la aludida norma, interpuso los recursos de reposici\u00f3n y de apelaci\u00f3n contra dicha determinaci\u00f3n, siendo el primero resuelto de manera adversa a sus intereses, y el segundo negado por improcedente, motivo por el cual acude a este mecanismo excepcional en procura de salvaguardar sus prerrogativas fundamentales (ib.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS INTERVINIENTES  <\/span><\/p>\n

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a.        La Procuradora Regional de Risaralda indic\u00f3, que los hechos alegados en el amparo le son ajenos, toda vez que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[su] intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos, situaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n por intermedio de la Procuradur\u00eda Regional y Provincial en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba, convocado previamente por el Juez con el fin de llegar a un acuerdo de voluntades, pues cabe resaltar que, de existir el mismo, no s\u00f3lo debe ser avalado por el Juez (\u2026), sino que ha de contar con la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, cuyo papel es el de proteger los derechos colectivos en juego\u00bb (fl. 12, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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b.   El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira a trav\u00e9s de su Secretar\u00eda, se limit\u00f3 a remitir copia de las actuaciones desplegadas en el marco del litigio constitucional objeto de inconformidad  (fl. 22, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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       c.  El mandatario judicial del municipio de Pereira, aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, tras se\u00f1alar que no ha tenido injerencia alguna en la actuaci\u00f3n de que se duele el actor (fls. 30 y 31, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, neg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, tras advertir que el actor dej\u00f3 de lado los mecanismos de defensa judicial que ten\u00eda a su alcance para manifestar al interior del proceso criticado las inconformidades que por esta v\u00eda expone, pues \u00abno interpuso recurso contra el auto por medio del cual se neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra el prove\u00eddo que declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito de la acci\u00f3n popular\u00bb, determinaci\u00f3n que por dem\u00e1s no se advierte caprichosa, toda vez que la misma responde a una interpretaci\u00f3n jur\u00eddica ajustada al ordenamiento jur\u00eddico.   <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 el anterior fallo, sin ampliar las razones de su inconformidad (fl. 43, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el presente asunto, la queja est\u00e1 puntualmente dirigida contra el prove\u00eddo del 20 de octubre de 2016, por medio del cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira resolvi\u00f3 declarar, por desistimiento t\u00e1cito, la terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular que Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga promovi\u00f3 en contra de la sucursal de Audifarma S.A. ubicada en \u00abla carrera 52 No. 64A-07\u00bb de la ciudad de Bogot\u00e1 (fl. 19, cdno. 1); y contra el emitido el d\u00eda 28 del mismo mes y a\u00f1o, en virtud del cual dicha autoridad jurisdiccional dispuso mantener inc\u00f3lume la anterior determinaci\u00f3n, y negar por improcedente el recurso subsidiario interpuesto (fl. 21, ib\u00eddem); pues, en su sentir, la mentada figura procesal no resulta aplicable a tales tr\u00e1mites constitucionales.  <\/span><\/p>\n

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3.        No obstante, es del caso se\u00f1alar, que examinadas las determinaciones citadas con el l\u00edmite propio del juez constitucional, no cabe duda que \u00e9stas carecen de arbitrariedad, pues fueron el resultado de la hermen\u00e9utica que resultaba aplicable al asunto objeto de examen, lo que hace que no puedan calificarse de antojadizas o caprichosas.  <\/span><\/p>\n

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Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, puesto que el estrado judicial atacado al finiquitar la mentada acci\u00f3n popular por desistimiento t\u00e1cito del demandante, se fund\u00f3 en un entendimiento atendible de las normas que regentan la materia, en especial, del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que descarta la configuraci\u00f3n de causal de procedencia del amparo; luego entonces, si el Juzgado acusado opt\u00f3 por terminar el asunto constitucional censurado como consecuencia de la inactividad procesal del aqu\u00ed inconforme, ello es fruto de un razonamiento que no reviste arbitrariedad, ni puede ser catalogado como un desacierto que afecte el debido proceso del actor, sino m\u00e1s bien de la posible interpretaci\u00f3n de la procedencia de la figura procesal aludida, a la luz de la Ley 472 de 1998.  <\/span><\/p>\n

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4.  En un asunto de perfiles semejantes esta Corte estim\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

\u00abSin perjuicio de lo anterior, el auto cuestionado por el que se dispuso la terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular no constituye una v\u00eda de hecho, ya que lejos de ser arbitrario o abusivo, se fundament\u00f3 en la negligencia del actor en impulsarla, cit\u00e1ndose para el efecto el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso que dispone  <\/span><\/p>\n

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\u201cCuando para continuar el tr\u00e1mite de la demanda, del llamamiento en garant\u00eda, de un incidente o de cualquiera otra actuaci\u00f3n promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenar\u00e1 cumplirlo dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes mediante providencia que se notificar\u00e1 por estado\u2026Vencido dicho t\u00e9rmino sin que quien haya promovido el tr\u00e1mite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendr\u00e1 por desistida t\u00e1citamente la respectiva actuaci\u00f3n y as\u00ed lo declarar\u00e1 en providencia en la que adem\u00e1s impondr\u00e1 condena en costas\u201d\u00bb (ver entre otras, en STC7664-2014).  <\/span><\/p>\n

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5.   Por otra parte, y con relaci\u00f3n a la queja formulada frente a la Defensora del Pueblo Regional Caldas, t\u00e9ngase en cuenta que, tal y como se le ha se\u00f1alado sin \u00e9xito en innumerables oportunidades al accionante, \u00abel Juez de tutela no es el llamado a determinar si la conducta omisiva denunciada por el actor se enmarca dentro de alguna de las faltas disciplinarias reguladas por la Ley 734 de 2002, sino para intervenir en defensa de los derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad (administrativa o judicial), o de los particulares, situaci\u00f3n que no se vislumbra en el presente caso, en tanto que no obra en el plenario material de convicci\u00f3n del cual se desprenda que la Defensora del Pueblo de Caldas menoscab\u00f3 las garant\u00edas invocadas al negarse a formular demandas constitucionales a petici\u00f3n del aqu\u00ed solicitante, m\u00e1xime cuando, es claro, que las argumentaciones que el accionante plantea a trav\u00e9s del presente reclamo, debe proponerlas ante la autoridad competente a trav\u00e9s del diligenciamiento disciplinario respectivo\u00bb (ver recientemente, entre otras, CSJ STC6511-2016).  <\/span><\/p>\n

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6.   Finalmente, como el actor requiri\u00f3 que \u00abse escanee copia de [su] tutela y del fallo\u00bb que sea proferido en este asunto para que le sea enviado a su \u00abcorreo electr\u00f3nico dinosaurio013@hotmail.com\u00bb, se ordenar\u00e1 a la secretar\u00eda de la Sala remitir las piezas procesales solicitadas a dicho e-mail.  <\/span><\/p>\n

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7.  Por las razones anteriormente expuestas, se mantendr\u00e1 el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por Secretar\u00eda rem\u00edtase al correo electr\u00f3nico del accionante, copia del escrito inicial y del presente fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Con aclaraci\u00f3n de voto  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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