{"id":98955,"date":"2026-06-25T17:30:51","date_gmt":"2026-06-25T17:30:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc797-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:30:51","modified_gmt":"2026-06-25T17:30:51","slug":"stc797-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc797-2017\/","title":{"rendered":"STC797-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC797-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 13001-22-13-000-2016-00437-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia dictada el 6 de diciembre de 2016 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la tutela incoada por Jerson Pitterson Polo contra el Ministerio del Trabajo y C.B.I. Colombiana S.A.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

1. El gestor suplica el amparo de la prerrogativa fundamental al debido proceso, presuntamente lesionada por los accionados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.  Sostiene, como apoyo de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. 1 a 10, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. Se encuentra vinculado laboralmente a la sociedad C.B.I. Colombiana S.A. \u201cdesde el 10 de enero de 2012\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Aduce que padece un \u201ctumor maligno de la columna vertebral\u201d, raz\u00f3n por la cual, su empleador, le ha pagado todas las incapacidades m\u00e9dicas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Cuando radic\u00f3 \u201cnuevas incapacidades\u201d ante la citada empresa, \u00e9sta le precis\u00f3 que hab\u00eda solicitado al Ministerio del Trabajo la \u201csuspensi\u00f3n de 346 contratos\u201d, entre ellos, el suyo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Expone que la cartera ministerial mediante resoluci\u00f3n N\u00ba 926 de 18 de marzo de 2016, \u201csuspendi\u00f3\u201d los referidos contratos por 120 d\u00edas, decisi\u00f3n modificada el 4 de abril siguiente.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Comenta que al notificarse de los aludidos actos administrativos, el Ministerio omiti\u00f3 apuntar la fecha en la cual se \u201cpractic\u00f3 dicha diligencia\u201d.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. Enfatiza que a pesar de lo anterior, formul\u00f3 remedio horizontal, denegado por \u201cimprocedente\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.7. Censura la decisi\u00f3n antelada, pues en su opini\u00f3n, las mentadas decisiones no cumplen con las formalidades establecidas en el art\u00edculo 67 del C\u00f3digo de Prodecimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.8. Indica que desde el 2016 \u201cno recibe salario alguno\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Suplica invalidar las referenciadas determinaciones y en su lugar, disponer notificarlas \u201cdebidamente\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados  <\/span><\/p>\n

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El Ministerio del Trabajo se opuso al ruego tuitivo, manifestando en resumen, que al gestor \u201cs\u00ed se le entreg[\u00f3] copia de las resoluciones motivo de ataque\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C.B.I. Colombiana S.A. pidi\u00f3 negar el resguardo por temeridad, por cuanto el actor ya hab\u00eda presentado \u201cuna acci\u00f3n de tutela con los mismos hechos y pretensiones a la que ahora promueve (sic)\u201d.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.2. La sentencia impugnada  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Desestim\u00f3 la \u201ctemeridad alegada por una de las convocadas\u201d porque en la salvaguarda primigenia \u201cno se atac\u00f3 al Ministerio del Trabajo\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Precisado lo anterior, concedi\u00f3 el amparo al hallar conculcadas las prerrogativas deprecadas, pues  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) se observa que las resoluciones n\u00ba 926 de 18 de marzo y 1080 de 4 de abril de 2016 [expedidas] por el Ministerio del Trabajo, autorizaron a C.B.I. Colombia S.A. suspender los contratos de trabajo de 347 trabajadores que se encuentran en situaci\u00f3n de debilidad manifiesta, incluido el del accionante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cNo obstante, encuentra el Tribunal que en la resoluci\u00f3n n\u00ba 1080 de 4 de abril de 2016, [no] existe una anotaci\u00f3n en la cual (\u2026) se [haya] deja[do] constancia de la fecha y hora en que se proced\u00eda a notificar personalmente al accionante de los anteriores actos administrativos, as\u00ed como tampoco de \u2018los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo\u2019, conforme lo establece el art\u00edculo 67 del C. de P.A. y de lo C.A.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEn ese sentido, se advierte que ciertamente los aludidos actos administrativos resultan inoponibles al promotor del amparo y, por lo tanto, ineficaces, es decir, no producen efectos en su contra, tanto m\u00e1s si tal circunstancia no fue desvirtuada por ninguna de las entidades accionadas, pues si bien C.B.I. Colombiana S.A. indic\u00f3 que el accionante se notific\u00f3 personalmente el 5 de mayo de 2016, lo cierto es que no obra prueba alguna en el expediente que demuestre esa afirmaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cSiendo ello as\u00ed, no cabe duda de que C.B.I. Colombiana S.A. no deb\u00eda suspender el contrato laboral del accionante, pues, se reitera, efectivamente la resoluci\u00f3n n\u00ba 926 de 18 de marzo de 2016, a\u00fan no se encuentra en firme, \u201cpor no hab\u00e9rsele notificado en debida forma\u201d (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, dispuso:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) ordenar al Ministerio del Trabajo que, dentro de las 48 horas siguientes a su notificaci\u00f3n del presente prove\u00eddo, notifique en debida forma a Jerson Pitterson Polo de las resoluciones N\u00ba 926 de 18 de marzo y 1080 de 4 de abril de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cordenar a la sociedad C.B.I. Colombiana S.A., que dentro de las 48 horas siguientes a su notificaci\u00f3n del presente fallo, deje sin efecto la suspensi\u00f3n del contrato de trabajo celebrado con el actor (\u2026)\u201d (fls. 165 a 169, cdno. 1).    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La inco\u00f3 C.B.I. Colombiana S.A. manifestando que el petente \u201cno instaur\u00f3 recurso alguno frente a los rese\u00f1ados actos administrativos\u201d (fls. 173 a 175, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

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1. CONSIDERACIONES    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El problema del resguardo se concreta en establecer si el Ministerio querellado infringi\u00f3 las garant\u00edas deprecadas porque en el acto de notificaci\u00f3n practicado al petente de las resoluciones 926 y 1080 de 18 de marzo y 4 de abril de 2016, respectivamente, \u201cpor las cuales se autoriz\u00f3 la suspensi\u00f3n de 346 contratos de trabajo suscritos por los empleados de C.B.I. Colombiana S.A.\u201d, entre ellos, el del aqu\u00ed actor, prescindi\u00f3 indicar la \u201cfecha y hora\u201d de tal enteramiento, como lo impone el legislador.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. No se dar\u00e1 curso a la temeridad, pues si bien el gestor inco\u00f3 en otra oportunidad un amparo primigenio, la situaci\u00f3n f\u00e1ctica ahora es distinta, pues en esta salvaguarda se discuten vicisitudes relacionadas con la notificaci\u00f3n de los mencionados actos administrativos, por el contrario, en aqu\u00e9l asunto, la controversia se encauz\u00f3 solamente contra C.B.I. Colombiana S.A. y no frente al Ministerio del Trabajo, cuyo reclamo gir\u00f3 en torno a la suspensi\u00f3n del contrato laboral, tutela denegada por el Juzgado Cuarto Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garant\u00edas de Cartagena, el 22 de agosto de 2016 (rad. N\u00b0 2016-00128-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre esa tem\u00e1tica, ha expuesto esta Sala:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [P]or el contrario, no existe temeridad cuando el accionante tiene la convicci\u00f3n razonable de que existen nuevos hechos o motivos jur\u00eddicos que justifiquen la presentaci\u00f3n de la tutela, y as\u00ed lo manifiesta en la misma, en cuyo evento no se vislumbra una perversa intenci\u00f3n de burlar la administraci\u00f3n de justicia sino una firme voluntad de hacer cesar la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEn todo caso, en virtud de la presunci\u00f3n de buena fe que ampara a las actuaciones judiciales, la temeridad es una conducta que requiere de un cuidadoso y exhaustivo an\u00e1lisis por parte del funcionario judicial, a fin de evitar situaciones injustas que podr\u00edan repercutir (\u2026) en la agravaci\u00f3n del derecho conculcado (…)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

3. En principio, la tutela es inviable contra actos administrativos de car\u00e1cter particular y concreto, por cuanto el afectado cuenta con otro medio de defensa judicial, como lo es la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante, la jurisprudencia constitucional ha sostenido su factibilidad de manera excepcional, bajo dos condiciones: \u201c(i) como mecanismo transitorio, en los eventos en que se pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable; y (ii) como mecanismo definitivo, cuando la acci\u00f3n judicial ordinaria no sea id\u00f3nea o eficaz para la protecci\u00f3n de los bienes jur\u00eddicos en juego\u201d2.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Confrontados los antelados presupuestos con los hechos del caso, se observa que los mismos se adecuan a sus particularidades, pues el actor se encuentra en una situaci\u00f3n de debilidad manifiesta por razones de salud, precisamente, porque seg\u00fan su historia cl\u00ednica aportada al plenario, sufre de un \u201ctumor maligno secundario de los huesos y de la m\u00e9dula \u00f3sea\u201d (fls. 12 a 19, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La anterior situaci\u00f3n prima facie le impedir\u00eda al gestor soportar un largo juicio ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, incluso, aun cuando se cuenta con la oportunidad de solicitar all\u00ed la suspensi\u00f3n provisional de las referidas decisiones, pues para ello, debe primero agotar el requisito de procedibilidad de ese mecanismo legal, etapa que en virtud del par\u00e1grafo \u00fanico del art\u00edculo 3 del Decreto 1716 de 2009, debe resolverse en un plazo m\u00e1ximo de \u201c3 meses\u201d3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Igualmente, dejar\u00eda de obtener atenci\u00f3n en salud en el r\u00e9gimen contributivo, pues mientras efect\u00faa los tr\u00e1mites de la afiliaci\u00f3n al sistema subsidiario, no recibir\u00eda oportunamente el servicio m\u00e9dico por \u00e9l requerido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre la posibilidad de estudiar de fondo la acci\u00f3n de tutela aunque no se haya hecho uso de los instrumentos ordinarios de defensa, esta Corte ha dicho:  <\/span><\/p>\n

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4. La notificaci\u00f3n de cualquier decisi\u00f3n adoptada en una actuaci\u00f3n judicial o administrativa, garantiza el ejercicio del debido proceso y defensa, porque dicho acto vinculan a los sujetos procesales con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir en tales procedimientos, permiti\u00e9ndoles a \u00e9stos enterarse de las diferentes diligencias all\u00ed realizadas.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) La notificaci\u00f3n en debida forma asegura que la persona a quien concierne una determinaci\u00f3n se halla enterada de su sentido y define simult\u00e1neamente -con fecha cierta- en qu\u00e9 momento ha tenido lugar la transmisi\u00f3n oficial de la respectiva informaci\u00f3n. Se asegura, entonces, no solamente que, conocida la decisi\u00f3n de que se trata, podr\u00e1 el afectado hacer uso de los medios jur\u00eddicamente id\u00f3neos para la salvaguarda de sus intereses, sino que se preserva la continuidad del tr\u00e1mite judicial o administrativo correspondiente, pues la fecha de la notificaci\u00f3n define los t\u00e9rminos preclusivos dentro de los cuales podr\u00e1 el notificado ejecutar los actos a su cargo. Resultan, por tanto, realizados el valor de la seguridad jur\u00eddica y los principios procesales de celeridad y econom\u00eda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cLa falta probada de notificaci\u00f3n, en especial la de aqu\u00e9llos actos o providencias que tocan con derechos de quienes participan en el proceso o actuaci\u00f3n, repercute necesariamente en las posibilidades de defensa de tales personas y perturba en alto grado el curso normal de los procedimientos, dando lugar por ello, en algunos casos, a la nulidad de lo actuado, y en otros a la ineficacia o carencia de efectos jur\u00eddicos de los actos que han debido ser materia de la notificaci\u00f3n. Todo depende de las normas legales aplicables, seg\u00fan la clase de tr\u00e1mite (\u2026)\u201d5.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Los art\u00edculos 67 y 69 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contemplan como modalidades de notificaci\u00f3n de las actuaciones administrativas, la personal y por aviso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La primera obligatoria cuando se trate del enteramiento de determinaciones que concluyen una actuaci\u00f3n administrativa, siendo la segunda subsidiaria de aqu\u00e9lla. As\u00ed las cosas, mientras no se practica materialmente la notificaci\u00f3n, la decisi\u00f3n administrativa respectiva \u201ccarece de efectos jur\u00eddicos respecto del administrado, siendo inoponible a \u00e9ste\u201d6.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Cuando se surte la notificaci\u00f3n personal, en la misma diligencia, conforme a los incisos segundo y tercero de la regla 67 ej\u00fasdem,  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) se entregar\u00e1 al interesado copia \u00edntegra, aut\u00e9ntica y gratuita del acto administrativo, con anotaci\u00f3n de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo.  <\/span><\/p>\n

\u201cEl incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidar\u00e1 la notificaci\u00f3n (\u2026)\u201d (resalta la Corte).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Examinado lo anterior, se advierte que el Ministerio del Trabajo, en virtud del canon 67 ib\u00eddem, notific\u00f3 personalmente a Jerson Pitterson Polo de las resoluciones 926 y 1080 de 18 de marzo y 4 de abril de 2016, respectivamente, \u201cpor las cuales se autoriz\u00f3 la suspensi\u00f3n de 346 contratos de trabajo suscritos por los empleados de C.B.I. Colombiana S.A.\u201d, entre ellos, el de aqu\u00e9l.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, avizora la Corte que en la constancia de la actuaci\u00f3n antelada no se indic\u00f3 la fecha y hora de la misma, situaci\u00f3n que configura la vulneraci\u00f3n del debido proceso del tutelante, pues sin haberse establecido esa data, para aqu\u00e9l resultaba obvio ignorar cu\u00e1ndo cobraban ejecutoria dichos actos administrativos, as\u00ed como la posibilidad de ejercitar todos los recursos y acciones que concede el legislador para atacar esos pronunciamientos (fl. 100, cdno .1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De conformidad con el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 67 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la falta del anotado presupuesto esencial de la notificaci\u00f3n personal, se itera, deriva en la ineficacia de la decisi\u00f3n objeto de enteramiento, esto es, la suspensi\u00f3n del contrato de trabajo celebrado por el quejoso con C.B.I. Colombiana S.A.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Una de las razones que justifican la anterior afirmaci\u00f3n, est\u00e1 contenida en el principio de la confianza leg\u00edtima, relacionado con el de la buena fe, el cual conlleva para la administraci\u00f3n \u201cno aplicar el derecho a espaldas del administrado, pues defraudar\u00eda la confianza debida a quienes con ella se relacionan\u201d7.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

6. Por las razones anotadas, se ratificar\u00e1 la providencia examinada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

                       RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Comunicar telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CSJ STC 11702- 2015.    <\/span><\/p>\n

2 La Corte Constitucional en sentencia T-232 de 2013, se\u00f1al\u00f3: \u201c(\u2026) Trat\u00e1ndose de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio, (\u2026) proceder\u00e1 (sic) \u2018contra las actuaciones administrativas, cuando se pretenda evitar la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, caso en el cual el juez constitucional podr\u00e1 suspender la aplicaci\u00f3n del acto administrativo, mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u2019. En cuanto a su procedencia como mecanismo definitivo, ha sostenido que en determinados casos, las acciones ordinarias como la de nulidad y restablecimiento del derecho \u2018retardan la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los actores (\u2026) y carecen, por la forma en que est\u00e1n estructurados los procesos, de la capacidad de brindar un remedio integral para la violaci\u00f3n de los derechos del accionante\u2019 (\u2026)\u201d.    <\/span><\/p>\n

3 \u201c(\u2026) Par\u00e1grafo \u00fanico. Las partes por mutuo acuerdo podr\u00e1n prorrogar el t\u00e9rmino de tres (3) meses consagrado para el tr\u00e1mite conciliatorio extrajudicial, pero en dicho lapso no operar\u00e1 la suspensi\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad o prescripci\u00f3n (\u2026)\u201d (se subraya).    <\/span><\/p>\n

4 CSJ STC, 12 Oct. 2012, rad. 01545 y recientemente en la sentencia STC-12599 de 7 de septiembre de 2016, entre otras.    <\/span><\/p>\n

5 Sentencia T-099 de 1995.    <\/span><\/p>\n

6 \u201clos actos administrativos no notificados \u2018ni aprovechan ni perjudican\u2019, cabe decir, son \u2018inoponibles al interesado\u2019 (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Secci\u00f3n Tercera. Sentencia de diciembre 12 de 1983; Secci\u00f3n Primera, sentencia de julio 7 de 1982, entre otras).    <\/span><\/p>\n

7 CSJ STC-5410 de 27 de abril de 2016.      <\/span><\/p>\n

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            LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   Magistrado ponente      STC797-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 13001-22-13-000-2016-00437-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)                Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil diecisiete (2017).         Dec\u00eddese la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98955","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98955","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98955"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98955\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98955"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98955"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98955"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}