{"id":98956,"date":"2026-06-25T17:30:57","date_gmt":"2026-06-25T17:30:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc798-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:30:57","modified_gmt":"2026-06-25T17:30:57","slug":"stc798-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc798-2017\/","title":{"rendered":"STC798-2017"},"content":{"rendered":"

      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC798-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02106-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2016 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Hernando de Jes\u00fas Fontalvo S\u00e1nchez contra los Juzgados Primero y Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, Tercero Penal del Circuito de Valledupar y \u00danico Penal del Circuito Especializado Adjunto de esa \u00faltima ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Sala Especializada de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        Por conducto de apoderado judicial, el promotor reclama la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y libertad, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales atacadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Como fundamento de su reparo, asevera que en calidad de desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia -Bloque C\u00f3rdoba-, postulado en los t\u00e9rminos de la Ley 975 de 2005, le pidi\u00f3 al Tribunal vinculado la sustituci\u00f3n \u201c(\u2026) de la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En la audiencia surtida el 4 de mayo de 2016, se accedi\u00f3 a su solicitud declar\u00e1ndose, entre otras, \u201c(\u2026) la suspensi\u00f3n condicional de las penas privativas de la libertad (\u2026)\u201d a \u00e9l impuestas en las diez (10) causas penales seguidas en su contra.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sostiene que el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, a quien corresponde materializar la anotada decisi\u00f3n, en prove\u00eddo de 29 de junio de 2016 s\u00f3lo acat\u00f3 dicha orden para seis (6) de los decursos donde fue condenado, restando hacerlo en cuatro (4) de los adelantados por los juzgados accionados.  <\/span><\/p>\n

Esos \u00faltimos estrados deben trasladar los procesos y las sentencias proferidas frente al petente con constancia de ejecutoria para que la decisi\u00f3n de la Corporaci\u00f3n convocada se cumpla; no obstante, llevan m\u00e1s de siete (7) meses desde el requerimiento efectuado con dicho objeto y a\u00fan no han atendido esa obligaci\u00f3n, todo lo cual ha generado la perpetuaci\u00f3n il\u00edcita de la privaci\u00f3n de su libertad (fls. 1 al 5, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Exige, en concreto, realizar \u201c(\u2026) todas las actividades correspondientes para garantizar [su] libertad (\u2026)\u201d (fl. 6, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. Respuesta de los accionados    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a)        El Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla manifest\u00f3 que la causa a su cargo bajo el n\u00famero 2011-00020-00 RI 13676, donde se conden\u00f3 al querellante por homicidio y secuestro agravado, fue enviada a su hom\u00f3logo Primero el 30 de junio de 2016. Deprec\u00f3 entonces su desvinculaci\u00f3n de esta acci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n por pasiva (fls. 40 y 41, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b)         El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar expuso que conoci\u00f3 de los decursos contra el peticionario con los radicados 2011-00085 y 2011-00258 por homicidio agravado y 2011-00103 y 2011-00104 por homicidio, dentro de los cuales emiti\u00f3 sentencia condenatoria anticipada, habiendo remitido las diligencias a los jueces de ejecuci\u00f3n \u201c(\u2026) una vez quedaron en firme los fallos (\u2026)\u201d, con oficios de 9 de agosto de 2012, 20 de septiembre, 20 de octubre y 15 de diciembre de 2011, respectivamente  (fl. 49, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c)        La Sala de Justicia y Paz del Tribunal convocado se\u00f1al\u00f3 haber dispuesto la sustituci\u00f3n de las medidas de aseguramiento ordenadas al promotor por hallar acreditados los presupuestos exigidos por la Ley 975 de 2005. Advirti\u00f3 que la actuaci\u00f3n fue enviada al Juez Primero de Ejecuci\u00f3n porque, seg\u00fan las pruebas, \u00e9ste estaba conociendo de nueve (9) de las diez (10) condenas impuestas al solicitante. Pidi\u00f3 su exclusi\u00f3n de esta salvaguarda, por cuanto \u201c(\u2026) en lo relacionado con la competencia (\u2026) otorgada [a esa Corporaci\u00f3n,] se cumpli\u00f3 con lo concerniente a la libertad del postulado accionante (\u2026)\u201d (fls. 59 y 60, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

d)        El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 advirti\u00f3 que ese estrado tuvo la vigilancia de la sanci\u00f3n dictada respecto del tutelante el 19 de marzo de 1999 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla en el radicado 2000-0061; sin embargo, las diligencias se le devolvieron a esa autoridad el 16 de diciembre de 2003 porque el reclamante fue trasladado de c\u00e1rcel en esa capital. Anot\u00f3 la ausencia de vulneraci\u00f3n de derechos al promotor, por cuanto frente a \u00e9ste no reposa en ese despacho ninguna actuaci\u00f3n (fl. 68, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

e)        El Juzgado \u00danico Penal del Circuito Especializado de Valledupar asegur\u00f3 que los asuntos 2011-00020 y 2011-00064 donde conden\u00f3 al gestor, en el primero, por homicidio agravado y secuestro simple y, en el segundo, por secuestro, fueron remitidos a los jueces de ejecuci\u00f3n de penas el 22 de enero y 4 de septiembre de 2012, respectivamente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

f)        El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla expuso que no decret\u00f3 la suspensi\u00f3n de  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) cuatro (4) de las diez (10) condenas objeto de subrogado por parte de (\u2026) Justicia y Paz (\u2026) en raz\u00f3n a que no (\u2026) contaba, hasta ese entonces, con dos (2) de esos diez expedientes y que adem\u00e1s, en otros dos (2) legajos no figuraban las sentencias condenatorias con la respectiva constancia de ejecutoria (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Acot\u00f3 que a la fecha de su respuesta s\u00f3lo hab\u00eda recibido uno de los procesos faltantes, enviado por su hom\u00f3logo Sexto, a pesar de los requerimientos efectuados a los despachos donde aparentemente se halla la documentaci\u00f3n exigida. Resalt\u00f3 que su proceder no constituye rebeld\u00eda frente a la determinaci\u00f3n de Justicia y Paz, pues para materializar ese pronunciamiento debe \u201c(\u2026) verificar que las condenas sean las mismas que han sido subrogadas con la libertad del postulado (\u2026)\u201d, lo cual se hace con los expedientes en f\u00edsico y teniendo certeza de la firmeza del fallo condenatorio.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, como no cuenta con el radicado 1459 y tampoco con la certificaci\u00f3n de ejecutoria de las sentencias proferidas en los asuntos 2011-00158 y 2011-104, resulta inviable ordenar la libertad inmediata del procesado (fls. 44 y 45, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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En escrito separado, el citado estrado arguy\u00f3 haber recepcionado la constancia de ejecutoria de la providencia emitida en el decurso 2011-00158-00; no obstante, reiter\u00f3 estar pendiente de obtener lo dem\u00e1s (fls. 71 y 72, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 la salvaguarda reclamada por incumplir el presupuesto de subsidiariedad, pues el gestor cuenta con \u201c(\u2026) otros (\u2026) medios de defensa judicial para la protecci\u00f3n de las garant\u00edas (\u2026)\u201d. A\u00f1adi\u00f3 que si lo pretendido por el censor era obtener la libertad por estimar ilegal la privaci\u00f3n de \u00e9sta, pod\u00eda acudir a la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adicionalmente, sostuvo no hallar un retardo ostensible en el proceder del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, por cuanto  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026)  para determinar o no la suspensi\u00f3n de cada una de las condenas, al juez de ejecuci\u00f3n de penas le es obligado consultar todos los antecedentes de cada caso particular \u2013cuando menos el contenido integral de los fallos-, en aras de auscultar si se tratan de las mismas sentencias suspendidas, apenas natural surge que en ese proceso pueda tardar semanas o incluso meses, si en consideraci\u00f3n se toma, adem\u00e1s, que los despachos en cuesti\u00f3n no limitan su funci\u00f3n a este espec\u00edfico asunto, m\u00e1xime cuando, como se indicara, por los menos 4 de las 10 sentencias han presentado dificultad en su confrontaci\u00f3n (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cAs\u00ed las cosas, no es posible, cabe anotar, reclamar al juez constitucional, reemplazar la tarea del funcionario competente, juez de ejecuci\u00f3n de penas, para tomar una decisi\u00f3n que no solo se advierte excepcional, sino que reclama de ponderado y exhaustivo examen de los fallos de condena suspendidos (\u2026)\u201d  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, dispuso remitirle al prenombrado juzgado los soportes enviados al tr\u00e1mite constitucional para agilizar la actividad de esa autoridad, por cuanto con  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) oficio Nos. 2960 del 25 de noviembre de 2016, suscrito por el Juez 3\u00ba Penal del Circuito de Valledupar, (\u2026) se est\u00e1n certificando las fechas de ejecutoria de las 4 sentencias que fueron dictadas por dicho despacho judicial, entre ellas, la proferida el 14 de junio de 2011, dentro del radicado 2011-00104, as\u00ed como de la constancia secretarial del 20 de noviembre de 2016 (\u2026) del Juzgado \u00danico Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, donde se informa que el proceso radicado 1459 fue remitido a su Hom\u00f3logo de Riohacha, ante el desmonte de la justicia regional, como quiera que son los dos procesos que le hace falta confrontar para dar total cumplimiento a la orden de la Magistrada de Justicia y Paz, am\u00e9n de que de esta forma se estar\u00eda garantizado la eficacia del derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia del demandante, en tanto que con ello el Juzgado 1\u00ba accionado podr\u00e1 finalmente acatar la orden dada por la Magistrada de Justicia y Paz de Barranquilla (\u2026)\u201d (fls. 84 al 100, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El reclamante impugn\u00f3 con argumentos similares a los esbozados en el libelo introductor. (fls. 4 al 11, cdno. Corte).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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2.        Como lo expuso el a quo constitucional, el reparo incumple el presupuesto de subsidiariedad porque, de una parte, el gestor no aleg\u00f3 ni demostr\u00f3 haber concurrido ante la Corporaci\u00f3n mencionada o los juzgados atacados para obtener lo aqu\u00ed reclamado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, se observa que el estrado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, atendiendo a lo decretado por el Colegiado vinculado, en providencia de 29 de junio de 2016, requiri\u00f3 a su hom\u00f3logo en Bogot\u00e1 para recaudar el expediente 1459; al Sexto de Ejecuci\u00f3n de Barranquilla para conseguir las diligencias del N\u00ba 2011-00020-00; al Tercero Penal del Circuito de Valledupar para lograr constancia de la ejecutoria de la sentencia dictada en el juicio 2011-00104-00 y al Penal del Circuito Especializado Adjunto de ese municipio para obtener lo mismo en relaci\u00f3n con el radicado 2011-00185; no obstante, ante el silencio de algunos de esos despachos, el tutelante nada expres\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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Ciertamente, aqu\u00e9l no compareci\u00f3 al Primero de Ejecuci\u00f3n de Barranquilla para que insistiera en los oficios enviados a esas autoridades y tampoco elev\u00f3 cuestionamiento alguno ante la mencionada Sala de Justicia y Paz.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De otro lado, si el peticionario estimaba que el proceder de los accionados suscitaba la prolongaci\u00f3n il\u00edcita de la privaci\u00f3n de la libertad en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 317 de la Ley 906 de 2004, ha debido formular la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus establecida, espec\u00edficamente, para ese objeto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre este \u00faltimo aspecto, la Corte Constitucional sostuvo  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) El inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n dota la acci\u00f3n de tutela del presupuesto de subsidiariedad, como requisito para su procedencia, esto es, que el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo en los eventos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En desarrollo de la norma superior, en el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 taxativamente se consagraron las causales de improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, entre otras, cuando para proteger el derecho pueda invocarse \u00abel recurso\u00bb de habeas corpus (num. 2\u00b0) (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cAs\u00ed, la causal de improcedencia de la tutela ante la existencia de otra acci\u00f3n constitucional como el h\u00e1beas corpus aplica en aquellos eventos en los que el interesado privado de la libertad, creyendo estarlo ilegalmente, por s\u00ed o por interpuesta persona acude al amparo al considerar que esa garant\u00eda fundamental puede estar siendo vulnerada como consecuencia de una acci\u00f3n u omisi\u00f3n de una autoridad p\u00fablica. Acorde con la jurisprudencia de esta corporaci\u00f3n en esos supuestos el amparo resulta improcedente, a\u00fan como mecanismo transitorio, pues el habeas corpus es un medio id\u00f3neo y efectivo, a\u00fan m\u00e1s expedito que la tutela, para proteger la libertad, por ser el t\u00e9rmino de treinta y seis horas (arts. 30 Const. y 3.1. L. 1095 de 2006) m\u00e1s corto para resolver sobre lo pretendido (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Al margen de las disquisiciones anotadas, no se constata arbitrariedad en el proceder del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, despacho a quien corresponde el acatamiento de la decisi\u00f3n adoptada por la Sala de Justicia y Paz, pues siendo imperativo verificar la existencia y coincidencia entre las sanciones aplicadas al gestor y las interrumpidas, debe, como lo ha hecho esa autoridad, recaudar los expedientes faltantes y establecer la ejecutoria de los fallos sancionatorios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, con la informaci\u00f3n suministrada por los despachos convocados a este asunto y enviada por el a quo constitucional, particularmente, lo referente a la firmeza de la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar en el radicado 2011-00104 y la constancia del Juzgado \u00danico Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, en relaci\u00f3n con la remisi\u00f3n del proceso 1459 a su hom\u00f3logo en Riohacha, el enunciado estrado Primero podr\u00e1 dictar las determinaciones del caso para pronunciarse sobre la suspensi\u00f3n de las condenas impuestas en las cuatro (4) causas pendientes de analizarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO:        CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO:        Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Corte Constitucional, sentencia T \u2013 527 de 2009; criterio aceptado por esta Sala en STC de 18 de marzo de 2016, exp. 11001-02-04-000-2016-00235-01      <\/span><\/p>\n

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      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    Magistrado ponente         STC798-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02106-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98956","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98956","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98956"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98956\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98956"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98956"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98956"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}