{"id":98957,"date":"2026-06-25T17:31:00","date_gmt":"2026-06-25T17:31:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc799-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:31:00","modified_gmt":"2026-06-25T17:31:00","slug":"stc799-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc799-2017\/","title":{"rendered":"STC799-2017"},"content":{"rendered":"

      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC799-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 70001-22-14-000-2016-00162-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2016 por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Daniel Antonio y C\u00e9sar Andr\u00e9s Montes Sierra contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del asunto de pertenencia impulsado por Francisco Rodr\u00edguez Acosta frente a Herminia Bitar de Montes y C\u00e9sar Montes Hern\u00e1ndez (q.e.p.d.), siendo los aqu\u00ed actores reconocidos como sucesores procesales de este \u00faltimo.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        Por conducto de apoderado judicial, los promotores reclaman la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente quebrantados por la autoridad jurisdiccional convocada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Como fundamento de su queja, sostienen que el 20 de septiembre de 2016, se dio apertura a la etapa probatoria en el decurso criticado y se decretaron como tales las declaraciones pedidas por la activa de los se\u00f1ores \u201c(\u2026) Argemiro Montes Lambrano, Manuel de Jes\u00fas Salgado Zabala y Samuel Torres Fern\u00e1ndez (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Advierten que formularon reposici\u00f3n frente a dicha determinaci\u00f3n alegando lo antes anotado; no obstante, el juez denunciado, en auto de 5 de octubre de 2016, mantuvo su decisi\u00f3n a pesar de aceptar la omisi\u00f3n de la activa en expresar el objeto de la testimonial decretada.  <\/span><\/p>\n

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Aseguran que ese funcionario incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho porque desconoci\u00f3 \u201c(\u2026) la sabidur\u00eda de la ley (\u2026)\u201d y las cargas impuestas a los sujetos procesales.  <\/span><\/p>\n

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Aunque interpusieron reposici\u00f3n frente a la \u00faltima determinaci\u00f3n referida y, adem\u00e1s demandaron su ilegalidad, ambos medios de defensa fueron desestimados (fls. 1 al 3, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.        Exigen, en concreto, dejar sin efecto los prove\u00eddos reprochados (fl. 6, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. Respuesta del accionado    <\/span><\/p>\n

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El juzgado acusado relat\u00f3 los antecedentes del asunto y se opuso a la prosperidad de la salvaguarda, por cuanto no ha lesionado las prerrogativas de los solicitantes, pues sus prove\u00eddos, \u201c(\u2026) adoptad[os] tod[o]s en ejercicio de la autonom\u00eda e independencia que (\u2026) cobija al juez, se encuentran debidamente motivadas y tienen soporte legal y jurisprudencial (\u2026)\u201d (fls. 48 y 49, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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El a quo constitucional desestim\u00f3 el auxilio propuesto, por cuanto no hall\u00f3 arbitrariedad en la gesti\u00f3n del funcionario demandado. Advirti\u00f3 que sus pronunciamientos obedecieron  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) a un criterio de interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tico de las normas procesales, y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, lo cual permite evidenciar [la] preocupaci\u00f3n [del juzgado] por superponer el derecho sustantivo ante el derecho procesal, sin que ello implique un desconocimiento de las garant\u00edas constitucionales de la contraparte, por cuanto su proceder no desbord\u00f3 los lineamientos procesales, por el contrario, busca satisfacer el llamado de una verdad real y procesal, actuando dentro de los m\u00e1rgenes de autonom\u00eda e independencia que revisten su cargo (\u2026)\u201d (fls. 129 al 147, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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Los reclamantes impugnaron con afirmaciones similares a las esgrimidas en el libelo introductor. Se\u00f1alaron que la desatenci\u00f3n de las normas procesales \u201c(\u2026) comporta un riesgo enorme porque atenta contra la seguridad que ofrece el Estado Social de Derecho (\u2026)\u201d y anotaron que el Consejo de Estado, en auto de 12 de junio de 2014, destac\u00f3 que la omisi\u00f3n en exponer el objeto de la prueba, entre otros presupuestos, conlleva su denegaci\u00f3n (fls. 75 y 76, cdno. Corte).  <\/span><\/p>\n

2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Los peticionarios reprochan el decreto de los testimonios deprecados por el extremo actor en el caso denunciado y la negativa adoptada frente a los recursos propuestos contra esa determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.        Revisadas las copias aportadas, no se evidencia arbitrariedad en la actuaci\u00f3n del juzgador querellado, pues \u00e9ste resolvi\u00f3 con suficiencia y apego al ordenamiento jur\u00eddico, las cuestiones planteadas con ocasi\u00f3n del elemento de convicci\u00f3n materia del reparo tutelar.  <\/span><\/p>\n

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3.        En efecto, en prove\u00eddo de 5 de octubre de 2016 deneg\u00f3 la reposici\u00f3n impetrada respecto de las declaraciones a recepcionarse porque:  <\/span><\/p>\n

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\u201cTal acontecimiento innegablemente es suficiente para dar por acreditado el requisito echado de menos pues no es procedente sacrificar el derecho material por causa de un formalismo procesal. As\u00ed lo ha manifestado la Corte Suprema de Justicia:  <\/span><\/p>\n

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\u201c\u2018A ese respecto no es permisible olvidar que no existe en nuestra legislaci\u00f3n procedimental un sistema r\u00edgido y sacramental que obligue al demandante a se\u00f1alar en determinada parte de la demanda o con f\u00f3rmulas especiales su intenci\u00f3n, sino que basta que aqu\u00e9lla aparezca claramente del libelo, ya de manera directa o expresa, ya por una interpretaci\u00f3n l\u00f3gica basada en conjunto de la demanda (G.J. t. CXXXII, p\u00e1g. 241). Al fin y al cabo, como componentes que son de un todo, los diversos ac\u00e1pites de ese escrito rector del proceso han de articularse, correlacionarse, porque s\u00f3lo de esa conjunci\u00f3n puede realmente saberse que quiso expresar su autor al estructurarla (\u2026). Para no sacrificar el derecho material en aras de un culto vano al formalismo procesal, al juez corresponde interpretar la demanda, labor que ha de realizar mir\u00e1ndola en su conjunto, en forma razonada y l\u00f3gica, como quiera que la intenci\u00f3n del actor muchas veces no est\u00e1 contenida en el cap\u00edtulo de las s\u00faplicas, sino tambi\u00e9n en los presupuestos de hecho y de derecho por \u00e9l referidos a lo largo de la pieza fundamental. Basta que la intenci\u00f3n aparezca claramente del libelo, ya de manera expresa, ora por una interpretaci\u00f3n l\u00f3gica basada en todo el conjunto del mismo, pues la torpe expresi\u00f3n de las ideas per se no puede ser motivo de rechazo del derecho suplicado cuando \u00e9ste alcanza a percibirse en su intenci\u00f3n y en la exposici\u00f3n que de los presupuestos f\u00e1cticos hace el demandante en su demanda. (G.J. Tomo CLXXVI, n\u00famero 2415, p\u00e1g. 182) (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cClara ha sido la actual jurisprudencia al respecto, la cual ha revaluado criterios formalistas que otrora imperaron, pero que, a la luz de los nuevos lineamientos constitucionales, propenden por un derecho procesal m\u00e1s garantista, en el que prime el derecho sustancial ante el formal. De all\u00ed que hoy, incluso se haya erigido en causal de procedencia de la tutela por v\u00eda de hecho, el exceso ritual manifiesto (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cPrecisamente con relaci\u00f3n al requisito de manifestar sucintamente el objeto de la prueba, en auto del 30 de marzo de 2006 la Secci\u00f3n Tercera del Consejo de Estado con ponencia del Dr. Alier Eduardo Hern\u00e1ndez Enr\u00edquez, en el proceso de radicado 73001-23-31-000-2004-01634-01(31399) sostuvo:  <\/span><\/p>\n

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\u201c\u2018Ahora bien, a la exigencia de \u2018enunciar sucintamente\u2019 el objeto de la prueba, a que se refiere el art\u00edculo 219 del C.P.C. debe d\u00e1rsele un alcance que permita lograr el fin de la norma, que es la protecci\u00f3n del derecho de defensa (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c\u2018Por eso, el juez de conocimiento debe, en cada caso, interpretar la demanda y la solicitud del testimonio de manera tal que no haga demasiado gravosa la carga del solicitante pero tampoco tan ligera que impida a la contraparte prepararse para poder ejercer su derecho de contradicci\u00f3n al momento de practicar la prueba\u2019 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cPues bien aterrizando lo dicho al caso de marras, se tiene que si bien en la solicitud de los testimonios no se hace alusi\u00f3n a los supuestos f\u00e1cticos sobre los cuales depondr\u00e1n los testigos, de los hechos narrados en la demanda se evidencia la necesidad de la prueba, situaci\u00f3n que permite al Juez determinar la conducencia y utilidad de la misma, y a la contraparte conocer de manera clara los hechos que se pretenden probar por este medio (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Recurrida esa determinaci\u00f3n por estimarse la existencia de \u201cpuntos nuevos\u201d y demandada la ilegalidad del pronunciamiento citado, el estrado enjuiciado, en prove\u00eddo de 13 de octubre de 2016, deneg\u00f3 el primer remedio por improcedente, pues sostuvo la inviabilidad de la reposici\u00f3n frente a un auto donde se defin\u00eda ese mismo mecanismo, adem\u00e1s, acot\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [L]os argumentos expuestos por el Despacho en los considerandos de la providencia cuestionada s\u00f3lo exponen las razones por las cuales no resulta procedente revocar el decreto de las pruebas y devienen de un mismo y \u00fanico asunto jur\u00eddico circunscrito al debate propuesto mediante el correspondiente recurso de reposici\u00f3n, luego resulta completamente desacertado afirmar que de ellos se derive un punto no decidido (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Tras apoyar las anteriores consideraciones en jurisprudencia y doctrina concerniente al concepto de \u201cpuntos nuevos\u201d desestim\u00f3 dejar sin efecto el auto criticado, se\u00f1alando:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]n torno a la solicitud de declaratoria de ilegalidad del auto en comento, presentada en subsidio, misma a trav\u00e9s de la cual se pretende que el Despacho vuelva sobre el an\u00e1lisis de un punto ya decidido -esto es, reposici\u00f3n de reposici\u00f3n, ha de decirse que el prove\u00eddo cuestionado no es ilegal, pues no fue proferido con quebranto de normas legales. El mismo, aparece debidamente motivado y se fundamenta en la normatividad procesal aplicable al caso. Es m\u00e1s, curiosamente y no obstante que no exist\u00eda en el plenario la providencia de la Sala Tercera Civil Familia-Laboral cuyo desconocimiento erradamente se pregona (la misma, visible a folios 155 a 158, fue aportada por el recurrente s\u00f3lo despu\u00e9s de resolverse el recurso de reposici\u00f3n), se opt\u00f3 por la misma l\u00ednea interpretativa de nuestro superior funcional al reconocer la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cNo es cierto que en la providencia cuestionada se le restara entidad al requisito de definici\u00f3n del objeto de la prueba; no obstante, entrar a argumentar al respecto implicar\u00eda volver a pronunciarse sobre lo decidido en desmedro de lo dispuesto en el art\u00edculo 318 del C.G.P, ya comentado (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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4.        Las providencias rese\u00f1adas no contienen v\u00eda de hecho susceptible de conjurarse por esta v\u00eda extraordinaria, por cuanto el juez querellado explic\u00f3 razonadamente el porqu\u00e9 hall\u00f3 acreditado el presupuesto normativo seg\u00fan el cual es necesario indicar el objeto de la prueba para su decreto.  En su criterio, del an\u00e1lisis \u00edntegro del texto de la demanda se infer\u00eda tal requisito y, en aras de no sacrificar el derecho sustancial, decidi\u00f3 mantener la recepci\u00f3n de los testimonios criticados.  <\/span><\/p>\n

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Tampoco resultan descabelladas las razones otorgadas para rechazar la reposici\u00f3n y la \u201cilegalidad\u201d interpuestas frente al auto con el cual se decidi\u00f3 el remedio horizontal, pues, en estrictez, no se encontraron los denominados \u201cpuntos nuevos\u201d; y de igual modo, no se constat\u00f3 la configuraci\u00f3n de vicio alguno del cual pudiera colegirse la \u201cilegalidad\u201d deprecada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con todo, aunque no se aceptara \u00edntegramente el criterio comentado, esa circunstancia no permite predicar las irregularidades alegadas, pues \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.  <\/span><\/p>\n

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5.        As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO:        CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO:        Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CSJ. STC de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.      <\/span><\/p>\n

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      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    Magistrado ponente         STC799-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 70001-22-14-000-2016-00162-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98957","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98957","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98957"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98957\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98957"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98957"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98957"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}