{"id":98961,"date":"2026-06-25T17:31:39","date_gmt":"2026-06-25T17:31:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc817-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:31:39","modified_gmt":"2026-06-25T17:31:39","slug":"stc817-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc817-2017\/","title":{"rendered":"STC817-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC817-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b054001-22-21-000-2016-00216-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2016, mediante la cual la Sala Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Ricardo Calder\u00f3n Tarazona contra la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, con vinculaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial y la Coordinaci\u00f3n de Talento Humano de Norte de Santander, la Universidad Nacional de Colombia, Claudia Rojas Acevedo y los dem\u00e1s integrantes de la lista de elegibles para el cargo de Asistente Social en los Juzgados de Familia, Promiscuos de Familia y de Menores de dicha seccional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, igualdad y acceso a cargos p\u00fablicos, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que particip\u00f3 en el concurso para empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicio de la Seccional Norte de Santander del Consejo Superior de la Judicatura, optando por las vacantes para \u00abAsistente Social de Juzgados de Familia, Promiscuos de Familia y Menores Grado 01\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Que super\u00f3 las \u00abetapas de selecci\u00f3n y (\u2026) clasificaci\u00f3n\u00bb, obteniendo un puntaje total de \u00ab532.10\u00bb, con el cual lleg\u00f3 inicialmente al cuarto puesto, de seis (6), en el listado de elegibles.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Que por su parte Claudia Rojas Acevedo, preliminarmente, alcanz\u00f3 el sexto lugar, con una nota global de apenas \u00ab495.86\u00bb, pero interpuso reposici\u00f3n contra esa calificaci\u00f3n, alegando que no le computaron su \u00abexperiencia y capacitaci\u00f3n adicional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Que \u00abdespu\u00e9s de publicado el Registro Seccional de Elegibles Definitivo\u00bb no expres\u00f3 ninguna inconformidad, al no \u00abpercibir ning\u00fan asomo de ilegitimidad, ni haber observado alguna eventual equivocaci\u00f3n dentro de la informaci\u00f3n contenida en el acto administrativo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. Que Rojas Acevedo fue \u00abnombrada y posesionada en propiedad en el Juzgado Promiscuo de  Familia de Saravena\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.7. Que posteriormente \u00abtrascendi\u00f3 de manera circunstancial, como un hecho nuevo y sobreviniente, y pasados ya varios meses\u00bb  que la aspirante se desempe\u00f1\u00f3 previamente como \u00abempleada en un juzgado civil municipal ejerciendo probablemente el cargo de escribiente y no exactamente el cargo de asistente social\u00bb, por lo que no pod\u00eda acreditar \u00abexperiencia laboral en cargos relacionados para el factor \u201cexperiencia adicional\u201d\u00bb, en virtud del cual se le adicionaron \u00ab100 puntos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.8. Que, asimismo, luego de la revisi\u00f3n a \u00e9sta se le concedieron \u00abquince (15) puntos\u00bb m\u00e1s por \u00abfactor capacitaci\u00f3n\u00bb en virtud de un t\u00edtulo de \u00abtecn\u00f3logo en saneamiento ambiental\u00bb que \u00abcorresponde al campo de las ciencias naturales\u00bb, sin embargo, \u00abla norma que rige la convocatoria (Acuerdos 001 y 002 de 2013) es muy clara y espec\u00edfica al exigir dentro de la evaluaci\u00f3n de la capacitaci\u00f3n en los niveles ocupacionales t\u00edtulo de estudio de pregrado en ciencias humanas, econ\u00f3micas, administrativas y\/o sociales\u00bb. Si bien oportunamente advirti\u00f3 esa inconsistencia, no la aleg\u00f3 por irrelevante, dado que la diferencia con su competidora era superior a cien (100) puntos.  <\/span><\/p>\n

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2.9. Que estas irregularidades se las comunic\u00f3 al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander a trav\u00e9s de \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb de 26 de julio de 2016, \u00abdonde solicitaba realizar una nueva revisi\u00f3n y validaci\u00f3n de la informaci\u00f3n a fin de esclarecer los errores evidenciados\u00bb. Adicionalmente, deprec\u00f3 copia de los soportes suministrados por la participante, pretensi\u00f3n que por la misma v\u00eda tambi\u00e9n la elev\u00f3 a la Coordinaci\u00f3n de Talento Humano de esa dependencia.  <\/span><\/p>\n

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2.10. Que el Consejo Seccional le contest\u00f3 que \u00aben lo que tiene ver con la concursante Claudia Rojas Acevedo, mediante Resoluci\u00f3n PSAR-16-068 de 17 de febrero de 2016, se le resolvi\u00f3 favorablemente el recurso de reposici\u00f3n por ella interpuesto, la que qued\u00f3 ejecutoriada -la Resoluci\u00f3n- sin que hubiese sido necesario surtir el recurso subsidiario de apelaci\u00f3n\u00bb. Adem\u00e1s, respecto \u00abde la documentaci\u00f3n de la concursante (\u2026) que no se puede entregar por prohibici\u00f3n expresa de par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 164 de la Ley 270 de 1996\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.11. Que invocando el \u00abprincipio de insistencia\u00bb le requiri\u00f3 a la referida autoridad, el 12 de agosto pasado, \u00abnuevamente copias o informaci\u00f3n de los documentos pedidos anteriormente\u00bb, pero \u00e9sta insisti\u00f3 en que est\u00e1n sometidos a reserva.  <\/span><\/p>\n

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2.12. Que el \u00c1rea de Talento Humano remiti\u00f3 su \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb  al Consejo encartado, quien reiter\u00f3 su respuesta anterior y agreg\u00f3 que \u00abla experiencia en los cargos de la Rama Judicial es v\u00e1lida para todos los casos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.13. Que en cualquier etapa del proceso de selecci\u00f3n puede excluirse a un candidato por errores evidentes en el desarrollo del concurso, incluyendo la fase de \u00abnombramiento, en el tiempo susceptible de control judicial\u00bb que es de cuatro (4) meses, por lo cual, cuando present\u00f3 su petici\u00f3n, todav\u00eda \u00abla administraci\u00f3n se encontraba facultada legalmente para ejercer la revocatoria directa del acto administrativo que modific\u00f3 y public\u00f3 el Registro de Elegibles Definitivo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.14. Que actualmente est\u00e1 desempleado y en la Seccional de Norte de Santander no quedan m\u00e1s vacantes por proveer.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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El Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander se\u00f1al\u00f3 que la convocatoria \u00abes reglada, p\u00fablica y de obligatorio cumplimiento para quienes voluntariamente decidieron participar\u00bb, por tanto, deben respetarse los registros de elegibles, que adem\u00e1s \u00abtienen una vigencia de cuatro (4) a\u00f1os\u00bb, sin que por esta v\u00eda de protecci\u00f3n ius-fundamental \u00abse pueda pretender revivir t\u00e9rminos de un concurso que ha surtido todas sus etapas de manera ordenada y conforme al reglamento\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Adicionalmente, como dicha lista est\u00e1 revestida con una presunci\u00f3n de legalidad, \u00abel juez de tutela no puede cuestionar ni el contenido de la decisi\u00f3n como tampoco si la misma fue producida de manera irregular, porque ello desconocer\u00eda los principios de seguridad jur\u00eddica, ya que es la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa la que contempla los medios de control de los actos administrativos, los hechos, las omisiones y las operaciones administrativas, tal como lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC5849-2016\u00bb (fls. 119-121, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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La Universidad Nacional de Colombia explic\u00f3 que \u00abno le compete la expedici\u00f3n del registro de elegibles ni listados relacionas con el concurso para cargos de empleados de carrera, por cuanto [su] responsabilidad (\u2026) recae solamente en el dise\u00f1o, construcci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de pruebas en el marco de dicha convocatoria\u00bb (fl. 154, ib.).  <\/span><\/p>\n

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La Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, sostuvo que \u00abmediante Acuerdo n\u00famero PSAA13-10001 (\u2026) dispuso que las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura adelantaran los procesos de selecci\u00f3n, actos preparatorios y expedici\u00f3n de las respectivas convocatorias para la provisi\u00f3n de los cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios\u00bb, por tanto, \u00ablas convocatorias que realizan los Consejos Seccionales son independientes, y en tal sentido les corresponde conformar los respectivos registros seccionales de elegibles\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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No obstante, agreg\u00f3 que este resguardo es improcedente frente a los \u00abconcursos de m\u00e9ritos\u00bb dada de la \u00abexistencia de otro mecanismo judicial eficaz y expedito\u00bb, pues el interesado dispone de la acci\u00f3n de nulidad contra el acto administrativo, donde puede solicitar, \u00abcomo medida provisional, la suspensi\u00f3n de [sus] efectos\u00bb (fls. 176-178, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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Claudia Rojas Acevedo manifest\u00f3 que super\u00f3 todas las fases del proceso de selecci\u00f3n y que sus \u00abdocumentos aportados, la experiencia como escribiente del juzgado municipal de los patios, y la dem\u00e1s experiencia aportada era suficiente\u00bb para suplir los requisitos del concurso, lo cual aleg\u00f3 oportunamente en el recurso de reposici\u00f3n que le permiti\u00f3 \u00abascender\u00bb al cuarto puesto del listado de elegibles.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, asegura que el accionante \u00abs\u00ed conoc\u00eda su sitio de trabajo dese el primer momento en que [opt\u00f3], es decir desde el mes de marzo y no como \u00e9l dice que desde el mes de julio\u00bb de 2016, pues incluso la visit\u00f3 en el Juzgado Civil Municipal de Los Patios para pedirle \u00abque no se posesionara\u00bb  (fls. 179 y 180, ib.).   <\/span><\/p>\n

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Los restantes involucrados guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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Deneg\u00f3 la salvaguarda porque \u00abel motivo de desconcierto del actor tiene su g\u00e9nesis en un acto administrativo particular y concreto, el que debi\u00f3 controvertir en la v\u00eda de lo contencioso administrativo (\u2026) sin dejar de lado, que hacer parte de una lista de elegibles en ning\u00fan modo crea el derecho a acceder de manera inmediata a un empleo, ya que esto obedece a la oferta real de cargos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Precis\u00f3, tambi\u00e9n, que \u00abel  derecho al trabajo no es absoluto y no es posible conminar por este mecanismo judicial al Estado a garantizar el ingreso a las vacantes p\u00fablicas aumentando la demanda de las mismas, pues tal potestad encuentra su l\u00edmite en el art\u00edculo 122 de la Constituci\u00f3n al establecer: \u201cNo habr\u00e1 empleo p\u00fablico que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de car\u00e1cter remunerado se requiere que est\u00e9n contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente (\u2026)\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Respecto la pretensi\u00f3n de levantar la reserva legal sobre los documentos presentados por Claudia Rojas Acevedo durante el proceso de selecci\u00f3n, adujo que la petici\u00f3n \u00abentra\u00f1a arbitrariedad, si se tiene en cuenta que la solicitud se basa en manifestaciones subjetivas, sin que se advierta (\u2026) una queja exacta que permita derrumbar tal amparo legal\u00bb.  <\/span><\/p>\n

Apunt\u00f3 que a lo largo del concurso de m\u00e9ritos se respet\u00f3 el debido proceso, ya que al concluirse cada etapa hubo \u00abpublicidad de los actos administrativos y se garantiz\u00f3 el ejercicio de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, tambi\u00e9n se corrobor\u00f3 que el nombramiento de (\u2026) Claudia Rojas, obedeci\u00f3 al orden descendente de la lista de elegibles\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Frente al derecho a la igualdad, el demandante no indic\u00f3 en cuanto a cu\u00e1l persona \u00abrecibi\u00f3 un trato discriminatorio, pues si bien se\u00f1ala el inconformismo con la reclasificaci\u00f3n v\u00eda recurso de reposici\u00f3n de los puntajes de la se\u00f1ora Rojas, no fue posible encontrar en tal acto un trato diferente o desigual\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Por \u00faltimo, no hall\u00f3 probado el perjuicio irremediable, pues aunque el quejoso est\u00e1 desempleado y permanece reportado en las centrales de riesgo, \u00abning\u00fan nexo causal se encontr\u00f3 con los actos administrativos cuestionados\u00bb (fls. 182-193, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Para el gestor no se analizaron sus \u00abcaracter\u00edsticas especiales (\u2026) a nivel econ\u00f3mico, personal y familiar\u00bb, que demuestran el \u00abperjuicio irremediable\u00bb causado al priv\u00e1rsele de la oportunidad de acceder al cargo p\u00fablico que ahora ocupa Rojas Acevedo, por cuanto de haber obtenido esa designaci\u00f3n habr\u00eda podido \u00abremediar o paliar la situaci\u00f3n cr\u00edtica y compleja que vive actualmente\u00bb. Resalt\u00f3, adem\u00e1s, que al superar las etapas del proceso de selecci\u00f3n ya no tiene una mera expectativa sino una \u00abgarant\u00eda\u00bb de un futuro empleo.   <\/span><\/p>\n

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En relaci\u00f3n con los precedentes citados por el fallador de primer grado, asever\u00f3 que tambi\u00e9n \u00abexiste un panorama amplio y suficiente en la misma l\u00ednea jurisprudencia dispersa por los altos Tribunales en protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos agraviados en este mismo \u00e1mbito respecto de los concursos de m\u00e9ritos y cuando los desprotegidos no tuvieron oportunidad o posibilidad de hacer uso de los mecanismos de la justicia ordinaria por diversas razones justificadas y por motivos parecidos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Afirm\u00f3 que a\u00fan desconoce si Claudia Rojas Acevedo reun\u00eda en realidad los requisitos \u00abpara recibir el puntaje adicional\u00bb por experiencia y capacitaci\u00f3n; aunque es cierto que la visit\u00f3 en su anterior puesto de trabajo, esto no significa que supiere oficialmente cu\u00e1l era su situaci\u00f3n y \u00absi ella se hab\u00eda desempe\u00f1ado (\u2026) en el cargo de asistente social que le derivara experiencia relacionada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Luego anot\u00f3 que gracias a que ha \u00ablaborado anteriormente en un Juzgado Promiscuo de Familia de descongesti\u00f3n (…) conociendo de esta forma parte del gremio de los asistentes sociales de esta seccional y habiendo trabajado tambi\u00e9n anteriormente en un Centro de Atenci\u00f3n para el Adolescente\u00bb, se enter\u00f3, pero s\u00f3lo en julio de 206, de \u00abque empleada judicial Claudia Rojas Acevedo no la hab\u00edan conocido ejerciendo como Asistente Judicial\u00bb, y advirti\u00f3 las presuntas irregularidades en la calificaci\u00f3n, por lo que no pudo emprender oportunamente los mecanismos ordinarios de contradicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Y, asegur\u00f3 que ninguna norma contempla que para acceder a otros cargos \u00aba los empleados judiciales adscritos al servicio les sea v\u00e1lida para su ascenso otra clase de experiencia distinta a la del cargo a proveer\u00bb, e insiste, finalmente, en que para la convocatoria en cuesti\u00f3n \u00fanicamente pod\u00edan valorarse los estudios adicionales en \u00abciencias humanas\u00bb, por lo que no pod\u00edan tomarse en cuenta los que realiz\u00f3 Rojas Acevedo en el \u00e1rea de saneamiento ambiental (fls. 206-213, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Se ha dicho que la acci\u00f3n de tutela fue instituida como una herramienta extraordinaria para el resguardo inmediato de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o de los particulares en aquellos eventos previstos en la ley; del mismo modo, ha se\u00f1alado que \u00absi bien la misma tiene un car\u00e1cter breve y sumario, no por eso pueden obviar quienes a ella acuden la debida demostraci\u00f3n de los hechos que invocan como generadores de la afectaci\u00f3n que alegan padecer, ya que a estos les incumbe esa comprobaci\u00f3n so pena de que decaiga el reclamo elevado por sustracci\u00f3n de materia\u00bb (CSJ STC, 9 dic 2011, rad. 02372-01, reiterada el 18 dic. 2013, rad. 00986-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Observada la inconformidad planteada, en resumen pretende el actor a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional que, como no tiene certeza de que a Claudia Rojas Acevedo efectivamente le correspond\u00eda una calificaci\u00f3n m\u00e1s alta en el concurso de m\u00e9ritos, debe dejarse sin efecto la Resoluci\u00f3n PSAR16-068 de 17 de febrero de 2016, que corrigi\u00f3 el puntaje de esa aspirante y modific\u00f3 el listado de elegibles para el cargo de Asistente Social, al igual que debe anularse el nombramiento de \u00e9sta en el Juzgado Promiscuo de Familia de Saravena, para permitirle a \u00e9l ocupar esa vacante o, al menos, que lo designen en una plaza similar en otro despacho donde a\u00fan no exista, la cual debe crearse con el fin de suministrarle un empleo en la Rama Judicial, al que dice tener derecho por haber superado las etapas del citado proceso de selecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3.- Del examen de las pruebas, en lo concerniente con la queja constitucional, encuentra la Corte lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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En el susodicho listado, para el cargo de \u00abAsistente Social de Juzgados de Familia y Promiscuos de Familia y Menores\u00bb, el demandante alcanz\u00f3 el cuarto (4\u00b0) lugar con una calificaci\u00f3n de \u00ab532.10\u00bb, en tanto que Claudia Rojas Acevedo estaba en el sexto (6\u00b0) puesto con \u00ab495.86\u00bb (fls. 52-68, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b) Contra esa determinaci\u00f3n Rojas Acevedo formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, con apelaci\u00f3n subsidiaria, \u00aben  relaci\u00f3n con los factores \u201cexperiencia adicional y docencia, capacitaci\u00f3n\u00bb (fl. 69, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c) Acto administrativo PSAR16-068 de 17 de febrero de 2016,  \u00abpor medio de la cual se resuelve[n] recursos de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n intespuesto[s] contra la Resoluci\u00f3n PSAR15-259 de 20 de noviembre de 2015\u00bb, que decidi\u00f3 \u00abreponer (\u2026) en lo concerniente al puntaje de los factores de \u201cexperiencia adicional y docencia, capacitaci\u00f3n\u00bb, y modificar el \u00abRegistro Seccional de Elegibles Definitivo para el cargo de asistente social de Juzgados de Familia, Promiscuos de Familia y Menores\u00bb, asign\u00e1ndosele a Claudia Rojas Acevedo el cuarto (4\u00b0) puesto, ahora con un total de \u00ab610.86\u00bb puntos, y releg\u00e1ndose al accionante a la quinta (5\u00aa) posici\u00f3n (fls. 69-82, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

d) Comunicaci\u00f3n del pasado 25 de octubre, en la cual una empresa de telefon\u00eda celular requiere al interesado sobre el pago de un \u00abequipo terminal m\u00f3vil\u00bb (fl. 112, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

e) Certificaci\u00f3n del Fondo de Solidaridad y Garant\u00eda en Salud- Fosyga, de 21 de noviembre de al a\u00f1o anterior, acerca de que el reclamante se encuentra \u00abretirado\u00bb del r\u00e9gimen \u00abcontributivo\u00bb (fl. 105, \u00edbid.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El resguardo constitucional solicitado no es procedente por cuanto, como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sala, en l\u00ednea de principio, las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, ya sean generales, impersonales y abstractos, ora particulares y concretos, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los instrumentos legales para ello dispuestos, donde el accionante pudo exponer los argumentos acerca de las presuntas irregularidades en la recalificaci\u00f3n de la experiencia adicional y capacitaci\u00f3n de Claudia Acevedo Rojas, sin que esta herramienta de protecci\u00f3n constitucional pueda convertirse en una senda paralela a la normativamente reglada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Incluso, al interior del proceso contencioso administrativo pudo solicitar la suspensi\u00f3n de los actos administrativos que estima lesivos, siendo esa una medida eficaz para conjurar cualquier eventual perjuicio.  <\/span><\/p>\n

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Al efecto, en casos similares la Corte ha definido que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) puede solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del acto ilegal, raz\u00f3n por la cual no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio. As\u00ed las cosas, y en vista de que no se cumple el requisito de la subsidiariedad, la Corte confirmar\u00e1, (\u2026) la decisi\u00f3n de primera instancia que resolvi\u00f3 negar el amparo\u00bb (CSJ STC, 9 dic. 2011, rad. 2011-00330-01; reiterada, entre otras, en fallos de 24 may. 2013, rad. 2013-00069-01; 1\u00ba oct. 2013, rad. 2013-00339-01; y 18 oct. 2013, rad. 2013-01488-01).  <\/span><\/p>\n

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Es m\u00e1s, ante el juez natural pod\u00eda expresar todas las excusas que aqu\u00ed trae sobre su omisi\u00f3n o tardanza en el ejercicio de los mecanismos de defensa judiciales previstos en la legislaci\u00f3n, pues a los funcionarios competentes, no a los del amparo, les corresponde ponderar qu\u00e9 tanta justificaci\u00f3n tiene en realidad el proceder del impugnante.  <\/span><\/p>\n

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Por tanto, repetidamente sobre el particular la Corte ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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An\u00e1logamente y en consonancia con la regla anterior, se ha predicado tambi\u00e9n que esta acci\u00f3n constitucional no procede, en principio, contra actos de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto, al igual que contra actos administrativos de car\u00e1cter particular y concreto, habida cuenta que su control de legalidad est\u00e1 atribuido a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, a trav\u00e9s de las acciones pertinentes (arts. 238 C. P. y 152 C.C.A.)\u00bb (CSJ STC, 5 Oct. 2010, Rad. 00087-01; citada, entre otras, en CSJ STC, 20 Sep. 2013, Rad. 00371-01).  <\/span><\/p>\n

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5. De acuerdo a lo anterior, al juez constitucional le est\u00e1 vedado arrogarse facultades asignadas a otros falladores, de ah\u00ed que sea indiscutible que el objetivo que primordialmente persigue el petente, que no es otro sino la invalidaci\u00f3n de unos actos administrativos que se presumen legales -la Resoluci\u00f3n PSAR16-0068 y la designaci\u00f3n y nombramiento de Rojas Acevedo- no lo puede alcanzar a trav\u00e9s de este instrumento extraordinario, de \u00edndole netamente residual.  <\/span><\/p>\n

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Por ende, ha de colegirse que la salvaguarda deviene improcedente por el incumplimiento del presupuesto de subsidiaridad, pues, como reiteradamente lo ha dicho la Sala, \u00ablas inconformidades que surjan de los procesos p\u00fablicos de selecci\u00f3n, por las reglas all\u00ed instituidas, deben atacarse en la jurisdicci\u00f3n correspondiente a trav\u00e9s del camino establecido para el efecto, esto es, la acci\u00f3n de nulidad ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa\u00bb (CSJ STC, 20 feb. 2013, rad. 2012-00100-01, citada en STC5740-2016), que es el escenario natural donde \u00abes posible desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de que [aquellos] hallan revestidos, siendo el escenario propicio para que la actora discuta el derecho que reclama\u00bb (CSJ STC, 25 abr. 2012, rad. 00257-01, reiterado CSJ STC5296-2016, 28 abr., rad. 00081-00).  <\/span><\/p>\n

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Si bien el recurrente arguy\u00f3 que tambi\u00e9n existe una \u00abl\u00ednea jurisprudencial dispersada por los altos Tribunales\u00bb que plantea otra alternativa, en realidad ni siquiera cit\u00f3 un precedente en concret\u00f3 que avale su tesis y desconozca que frente las manifestaciones de voluntad de la administraci\u00f3n la tutela, por norma general, no resulta viable, as\u00ed que no hay ninguna raz\u00f3n para que la Corte var\u00ede su postura sobre la materia.  <\/span><\/p>\n

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6. En relaci\u00f3n con el perjuicio irremediable alegado y que se quiere sustentar con la certificaci\u00f3n del gestor sobre su desvinculaci\u00f3n del r\u00e9gimen contributivo de salud y un requerimiento para el pago de una obligaci\u00f3n comercial, es necesario se\u00f1alar que esas situaciones por s\u00ed solas no permiten colegir un menoscabo de esa gravedad, ni a partir de esos elementos logra inferirse que est\u00e9 en condiciones de debilidad manifiesta, por lo que, ni siquiera como remedio temporal, es viable el auxilio deprecado.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, no se aprecia que \u00abest\u00e9 en una situaci\u00f3n de peligro inminente que requiera la intervenci\u00f3n del juez constitucional, dado que no acredit\u00f3 un estado de gravedad y urgencia que requiera la protecci\u00f3n transitoria, como lo se\u00f1al\u00f3 el a-quo de manera razonable\u2026\u00bb (CSJ STC, 11 jul. 2013, rad. 00220-01, reiterada en STC16574-2015).  <\/span><\/p>\n

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7. Frente al pedimento que se ordene la creaci\u00f3n de un nuevo cargo para que el promotor finalmente acceda a un empleo de carrera, baste precisar que este amparo no fue ideado con esos fines, que pondr\u00edan al operador jur\u00eddico en un papel de coadministrador u ordenador del gasto, que bajo cualquier criterio resulta inapropiado, puesto que en un escenario informal como el de la tutela no hay manera de que pueda tomarse una decisi\u00f3n de ese tipo con el sustento que por su naturaleza reclama.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) la asignaci\u00f3n de presupuesto para personal o la creaci\u00f3n de cargos son decisiones t\u00e9cnicas que suponen valoraciones integrales de las necesidades del servicio, a partir de datos estad\u00edsticos (\u2026) cuesti\u00f3n que supera el examen que le compete hacer al juez de tutela (CSJ STP3242-2014, citada en STC7183-2015, 5 jun., rad. 00070-01).  <\/span><\/p>\n

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Aun as\u00ed, cabe se\u00f1alar que el simple hecho de participar en un concurso de m\u00e9ritos de ninguna manera genera un derecho consolidado al cargo, sino que constituye una mera expectativa que, mientras se concreta, sigue supeditada a las reglas de la respectiva convocatoria, que son de obligatorio cumplimiento y a las cuales permanece sujeto el concursante desde la inscripci\u00f3n (criterio reiterado recientemente en CSJ, STC1975-2016, entre muchas otras).  <\/span><\/p>\n

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8.- Finalmente, en cuanto a la prueba que el censor solicit\u00f3 con la impugnaci\u00f3n, relativa a la \u00abrevisi\u00f3n a los procedimientos adelantados durante la validaci\u00f3n de los documentos en aras de conceder el puntaje adicional definitivo y clasificatoria\u00bb de Rojas Acevedo (fl. 213, \u00eddem), es suficiente indicar que el medio de convicci\u00f3n pretendido carecer\u00eda de cualquier utilidad, pues no aportar\u00eda ninguna perspectiva diferente frente al car\u00e1cter residual de esta salvaguarda, por lo que debe atenderse el art\u00edculo 22 del Decreto 2591, el cual prev\u00e9 que cuando el juez \u00abllegue al convencimiento respecto de la situaci\u00f3n litigiosa, podr\u00e1 proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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M\u00e1s a\u00fan cuando la petici\u00f3n, a la postre, va dirigida a obtener los soportes cuyo acceso expresamente el Consejo Seccional de la Judicatura le neg\u00f3 al quejoso, por estar sometidos a reserva legal, de ah\u00ed que para su obtenci\u00f3n obligatoriamente debe acudir al \u00abrecurso de insistencia\u00bb previsto en la Ley 1755 de 2015.  <\/span><\/p>\n

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9. Consecuentemente con lo discurrido, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo objeto de la impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC817-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b054001-22-21-000-2016-00216-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98961","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98961","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98961"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98961\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98961"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98961"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98961"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}