{"id":98962,"date":"2026-06-25T17:31:46","date_gmt":"2026-06-25T17:31:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc820-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:31:46","modified_gmt":"2026-06-25T17:31:46","slug":"stc820-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc820-2017\/","title":{"rendered":"STC820-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

                                 <\/span><\/p>\n

STC820-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02675-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2016, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 concedi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por el se\u00f1or Ever Leonel Ariza Mar\u00edn en contra de los Juzgados Cincuenta y Seis Civil Municipal y Treinta y Tres Civil del Circuito de esta Urbe, vincul\u00e1ndose a la empresa Comunicaci\u00f3n Celular \u201cComcel\u201d S.A.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.- El quejoso, a trav\u00e9s de apoderada judicial, deprec\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, habeas data, buen nombre y honra que fueron presuntamente vulnerados por las autoridades recriminadas, dentro del juicio declarativo de prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n cambiaria de varias facturas que le inici\u00f3 a la empresa Comunicaci\u00f3n Celular \u201cComcel\u201d S.A.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.- Arguy\u00f3, como sustento de sus reclamos, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1.- Que \u00ab\u2026interpuso demanda ordinaria a fin de que se declarar\u00e1 la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n cambiaria de las facturas de compraventa n\u00fameros: D 4053177228, D 4055820790,               D 4058452521, D 4061209527, las cuales pose\u00edan como fecha de exigibilidad el 8 de marzo, 8 de abril, 8 de mayo y de junio de 2007 respectivamente, emitidas por COMCEL S.A., por la prestaci\u00f3n del servicio de telefon\u00eda celular\u00bb; tambi\u00e9n, se deprecaron en el libelo como s\u00faplicas consecuenciales, que \u00abse eliminar\u00e1 el dato negativo en las centrales de riesgo (CIFIN, DATACREDITO)\u00bb; y, el \u00abpago de una suma de dinero equivalente a 50 SMLMV \u00f3 la suma de dinero que el Juez considere, como indemnizaci\u00f3n de los perjuicios morales causados al se\u00f1or ARIZA por parte de COMCEL S.A., en raz\u00f3n del dato negativo reportado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2.- Que COMCEL S.A. \u00ab\u2026no alleg\u00f3 autorizaci\u00f3n alguna por parte del accionante despu\u00e9s de la promulgaci\u00f3n de la Ley 1266 de 2008\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3.- Que \u00ab[d]el libelo introductorio le correspondi\u00f3 conocer al Juzgado 55 Civil Municipal en primera instancia, identific\u00e1ndolo con el radicado n\u00famero 2015-499\u00bb.  <\/span><\/p>\n

2.4.- Que el despacho querellado \u00ab[e]n sentencia de 10 de noviembre de 2015, [\u2026] declar\u00f3 la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n cambiaria de las facturas de compraventa n\u00fameros: D 4053177228,              D 4055820790, D 4058452521, D 4061209527, las cuales pose\u00edan como fecha de exigibilidad el 8 de marzo, 8 de abril, 8 de mayo y de junio de 2007 respectivamente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5.- Que en el aludido fallo \u00ab\u2026neg\u00f3 el resto de pretensiones y adicionalmente conden\u00f3 al se\u00f1or ARIZA al pago de la sanci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 206 del C.G.P., pues no se prob\u00f3 el da\u00f1o moral\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6.- Que frente a esa determinaci\u00f3n el promotor \u00ab[interpuso] el recurso de apelaci\u00f3n, [que] le correspondi\u00f3 resolver al Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el cual confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del       A-Quo, en sentencia del 31 de mayo de 2016\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.- Solicit\u00f3, conforme a lo relatado, que se revoquen las sentencias dictadas por los juzgados censurados y, en su lugar, \u00abse declare la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n cambiaria de las facturas de compraventa n\u00fameros: D 4053177228,                      D 4055820790, D 4058452521, D 4061209527\u2026\u00bb, con \u00ab\u2026la eliminaci\u00f3n inmediata del dato negativa en las centrales de riesgo donde COMCEL S.A., haya reportado al se\u00f1or ARIZA\u00bb; y, que se \u00ababsuelva al se\u00f1or ARIZA de cualquier sanci\u00f3n en su contra, relacionada con el art\u00edculo 206 del C.G.P.\u00bb (Folios 1 a 7 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.- Mediante auto de 29 de noviembre de 2016, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, admiti\u00f3 la presente acci\u00f3n constitucional, y orden\u00f3 \u00ab[vincular] a Comcel S.A.\u00bb. Y el 2 de diciembre siguiente neg\u00f3 el amparo rogado, el que fue impugnado por la empresa Comcel S.A. (Fls. 36 a 40 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La autoridad municipal cuestionada, asevera que \u00ab[e]n el presente asunto, el accionante se duele de las actuaciones surtidas dentro del proceso ordinario fallado con sentencia del 10 de noviembre de 2015 por este despacho judicial, al haberse negado la pretensi\u00f3n que invoc\u00f3, dirigida a la eliminaci\u00f3n inmediata del dato negativo en las centrales de riesgo y conden\u00e1ndosele al pago de $ 1.610.000,oo por la estimaci\u00f3n temeraria de perjuicios morales, tal como se establece el art\u00edculo 206 del CGP, cuando en la misma sentencia se accedi\u00f3 a la pretensi\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n cambiaria de las facturas que alleg\u00f3, negando las excepciones propuestas por su contraparte. Pronunciamientos que est\u00e1n estrictamente amparados y fallados conforme regula la Ley\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Resalt\u00f3 que \u00ab\u2026notificada dicha sentencia, la misma fue objeto de an\u00e1lisis por el Superior, quien confirm\u00f3 la misma y el condeno proporcionalmente en costas a ambos extremos procesales, de lo que se desprende que en primer lugar el accionante agot\u00f3 los recursos necesarios para garantizar su defensa, intervenciones que protegen el debido proceso y garantizan el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, as\u00ed como finalmente, analizado por el Superior el derecho de habeas data que se pretend\u00eda amparar mediante la declaratoria de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria de las facturas presentadas, se comparti\u00f3 el argumento de la suscrita en que no se puede ordenar la eliminaci\u00f3n inmediata del dato negativo al taxativamente establecerse en la Ley estatutaria 1266 de 2008 que una vez declarada extinguida la obligaci\u00f3n por cualquier modo, debe mantenerse como sanci\u00f3n al deudor dicho dato por 4 a\u00f1os a partir de la evocada extinci\u00f3n, argumentos planteados inclusive en sentencia T-883 de 2013 con l\u00ednea jurisprudencial para la caducidad del dato negativo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, refiri\u00f3, que \u00ab[s]e pone de presente que el accionante pretende revivir actuaciones que ya se surtieron y que no fueron objeto de remedio alguno en oportunidad e incluso solicita actuaciones que a la luz de la ley de procedimiento civil no son procedentes, bas\u00e1ndose en que existe un error material sustantivo, cuando son las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, el primer espacio de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las partes procesales, especialmente en lo que tiene que ver con las garant\u00edas del debido proceso\u2026\u00bb (Folios 15 a 17 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Juzgado del Circuito censurado, se\u00f1al\u00f3 que las \u00ab\u2026pretensiones ya fueron estudiadas en su debido momento en ambas instancias y que ya hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada y en lo que concierne a esta judicatura, bajo el imperio de las normas sustanciales y procesales vigentes y aplicables al caso concreto\u00bb.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, manifest\u00f3 que \u00ab[r]especto al Derecho Fundamental del Habeas Data preciso indicar que este Despacho observ\u00f3 los lineamientos establecidos en la Ley 1266 de 2.008, especialmente su art\u00edculo 13, el cual se\u00f1ala que el t\u00e9rmino de permanencia de la informaci\u00f3n negativa ser\u00e1 de cuatro (4) a\u00f1os contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligaci\u00f3n vencida. Para el caso concreto como fue una obligaci\u00f3n insoluta prescrita mediante decisi\u00f3n judicial, el t\u00e9rmino se cuenta a partir del momento en que la obligaci\u00f3n se extinga por cualquier modo, manteni\u00e9ndose la anotaci\u00f3n por el mismo t\u00e9rmino, para el caso que nos ocupa, dicho t\u00e9rmino debe contabilizado (sic) a partir de la ejecutoria de la Sentencia de fecha 31 de mayo de 2.016\u00bb (Folios 33 a 34 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, concedi\u00f3 el amparo por considerar que \u00ab\u2026los accionados desconocieron, primero, que, seg\u00fan ya lo precis\u00f3 la Corte Constitucional, \u201cel t\u00e9rmino de caducidad del dato financiero negativo, trat\u00e1ndose de la extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n por cualquier medio diferente al pago (incluyendo la prescripci\u00f3n liberatoria), es de cuatro a\u00f1os, contados a partir del momento de ocurrencia del fen\u00f3meno extintivo\u201d, y segundo, que, de conformidad con el art\u00edculo 2535 del C\u00f3digo Civil, \u201cla prescripci\u00f3n  que extingue acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se haya ejercido dichas acciones\u201d, raz\u00f3n por la cual la sentencia que se verifique la ocurrencia de ese plazo extintivo, no es constitutiva, sino meramente declarativa\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, agreg\u00f3 que \u00ab[t]ambi\u00e9n cumple anotar que, en las sentencias censuradas, los jueces accionados impusieron al se\u00f1or Ariza Mar\u00edn una sanci\u00f3n de $ 1.610.000, con apoyo en el art\u00edculo 206 del C. G. del P., \u201cpor la estimaci\u00f3n temeraria de parte de los perjuicios morales\u201d (fl. 30), sin parar mientes en que en virtud de ese mismo precepto normativo, \u201cel juramento estimatorio no aplicar\u00e1 a la cuantificaci\u00f3n de los da\u00f1os extrapatrimoniales\u201d\u2026 la imposici\u00f3n de esa condena econ\u00f3mica, como ocurre con cualquier otra medida de car\u00e1cter sancionatorio, debe estar precedida de un an\u00e1lisis de la conducta de la parte procesal a la que se le impone (la cual es determinante para establecer la viabilidad de ese castigo), por manera que no basta simplemente con advertir (como ocurri\u00f3 en el proceso declarativo de marras) que el expediente no refleja la causaci\u00f3n (y extensi\u00f3n) del perjuicio cuya reclamaci\u00f3n se pretende (que fue en lo \u00fanico en que repararon los jueces accionados)\u00bb (Fls. 36 a 40 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La formul\u00f3 la empresa Comcel S.A., a trav\u00e9s de apoderado judicial, afirmando que \u00ab\u2026se aprecia que la Corte Constitucional ha establecido que el l\u00edmite temporal en el cual se le puede tener a una persona registrada en la base de datos de las centrales de riesgo, a manera de sanci\u00f3n es de cuatro (04) a\u00f1os; \u00e9stos como podemos evidenciar en el texto citado empiezan a ser contados desde el momento en que la obligaci\u00f3n prescribe, en el caso concreto se contar\u00edan a partir de la ejecutoria de la sentencia que confirmo el Juez Treinta y Tres (33) Civil del Circuito ad quem el d\u00eda Treinta y Uno (31) de mayo de 2016\u00bb.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Y, remarc\u00f3 que dado a que \u00ab\u2026al se\u00f1or Ever Leonel Ariza Mar\u00edn se le declar\u00f3 la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n cambiaria de las facturas No. D40553177228, D40558207909, D40558452521 y D4061209527, se le debe aplicar la sanci\u00f3n referida con anterioridad, dado a que el deudor \u2013hasta donde sabemos- nunca pag\u00f3 su obligaci\u00f3n a favor de mi poderdante, por consiguiente no puede ser retirado de las centrales de riesgo, hasta tanto no pasen los cuatro (4) a\u00f1os contados a partir de la ejecutoria de la sentencia proferida por el ad quem, que le son aplicables a manera de sanci\u00f3n, de acuerdo con la l\u00ednea jurisprudencial de la Corte Constitucional\u00bb (Folios 61 a 63 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.- Sea del caso precisar que en el escrito radicado el 6 de diciembre de 2016, la empresa vinculada se queja que no fue notificada del tr\u00e1mite tutelar, lo que impidi\u00f3 que ejerciera oportunamente su derecho de contradicci\u00f3n y de defensa, lo que configura un motivo de nulidad procesal (Folios 41 a 43 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, en el expediente se aprecia que el vinculado fue notificado de la existencia del resguardo por conducto de la empresa de correos 472, tal como se aprecia de las piezas documentales visibles a folios 18, 19, 22, 23, 26 y 27 del cuaderno principal, lo cual desvirt\u00faa la ausencia de enteramiento que denuncia el recurrente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, por contera no se configura el motivo de nulidad procesal esgrimido.  <\/span><\/p>\n

            <\/span><\/p>\n

2.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales:   \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. – Observada la inconformidad planteada, surge que el promotor, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad enfila sus reproches contra las sentencias de 10 de noviembre de 2015, que declar\u00f3 \u00abla prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n cambiaria de las facturas [adeudadas por el promotor del resguardo]\u00bb; y, neg\u00f3 \u00abel reconocimiento de los perjuicios por da\u00f1os morales por las razones expuestas\u00bb, as\u00ed como \u00abla pretensi\u00f3n dirigida a que se ordene a las centrales de riesgo eliminar los datos negativos del se\u00f1or EVER LEONEL ARIZA MARIN por las razones expuestas\u00bb y, mayo 31 de 2016 que desat\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la anterior decisi\u00f3n, en que se \u00abconfirm\u00f3 la determinaci\u00f3n del a quo\u00bb, al incurrir supuestamente en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto \u00abmaterial sustantivo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.- Del examen de las pruebas arrimadas, se encuentra en lo concerniente con la queja constitucional, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a).- Acta de la audiencia oral de fallo celebrada por el    a-quo acusadoo, en donde se declar\u00f3 \u00abla prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n cambiaria de las facturas [adeudadas por el promotor del resguardo]\u00bb, se negaron las excepciones de m\u00e9rito invocadas por Comcel S.A., y las restantes pretensiones de la demanda, entre ellas, la de ordenar a las centrales de riesgo eliminar los datos negativos (Folios 28 a 31).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b).- Disco Compacto contentivo de la diligencia oral de interrogatorios de parte, alegatos y prove\u00eddos de primera instancia celebrada por la c\u00e9lula judicial cuestionada (Fl. 31a \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c).- Audiencia de fallo celebrada por el ad quem reprochado, en la que confirm\u00f3 \u00edntegramente la determinaci\u00f3n del a-quo, al considerar, entre otros, que \u00ab\u2026de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 13 y la interpretaci\u00f3n del control que le hizo la Corte Constitucional acoge el despacho que el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n se contar\u00e1 a partir de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, o sea \u00e9sta, el despacho encuentra entonces que no hay reparo a lo establecido en la primera instancia, por lo que, absolviendo la inconformidad de la apoderada demandante se dice que al no haberse presentado proceso ejecutivo alguno por parte de la demandada para perseguir la obligaci\u00f3n, que declarara la prescripci\u00f3n, este despacho tiene entonces, que confirmar la sentencia de primera instancia y declarar que el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n empezar\u00e1 o el t\u00e9rmino perd\u00f3n de permanencia  en las centrales de riesgo empezar\u00e1 a partir del d\u00eda siguiente de la ejecutoria de la presente providencia, como esta providencia se profiere en estrados el t\u00e9rmino empezara a contabilizarse a partir del d\u00eda viernes a las 5 de la tarde lo que quiere decir que se har\u00e1 efectivo a partir del d\u00eda martes 7 de junio del presente a\u00f1o 2016, se tiene en cuenta que una cosa es, que la obligaci\u00f3n se pague de manera voluntaria estando la persona reportada en las centrales de riesgo que no es el caso y, otra cosa, es que la obligaci\u00f3n se extinga por cualquier modo de la extinci\u00f3n de las obligaciones, en cuyo caso el t\u00e9rmino de permanencia ser\u00e1 de cuatro a\u00f1os\u00bb (Audio minuto 1:30 a 4:40, folio 31b Cdno Principal).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Destac\u00f3 que \u00ab[e]n cuanto a la condena por el da\u00f1o moral este despacho considera procedente hacer tres o cuatro consideraciones al respecto, primero: la definici\u00f3n que nos trae la doctrina y la jurisprudencia del da\u00f1o moral se puede conjugar de la siguiente manera, se dice, el da\u00f1o moral alude que en el plano ps\u00edquico interno del individuo se ven reflejados unos dolores, padecimientos como consecuencia de la lesi\u00f3n a un bien propio, dijo la honorable Corte Suprema de Justicia con relaci\u00f3n a la usual definici\u00f3n del da\u00f1o moral se ha dicho que estarse circunscrito a la lesi\u00f3n de la esfera sentimental y afectiva del sujeto que corresponde a la \u00f3rbita subjetiva intima interna del individuo de ordinario explicitado material y objetivamente por el dolor, la pesadumbre, la perturbaci\u00f3n del \u00e1nimo,  el sufrimiento espiritual, el pesar, la congoja, la aflicci\u00f3n, el sufrimiento, la pena, la angustia, la zozobra, la desolaci\u00f3n, la impotencia u otros signos expresivos que se concretan en el menoscabo de los sentimientos, los afectos de la v\u00edctima y, por lo tanto, en el sufrimiento moral, en el dolor que la persona tiene que soportar por cierto evento da\u00f1oso […], el da\u00f1o no patrimonial se puede presentar de varias maneras, a saber: mediante la lesi\u00f3n a un sentimiento interior y, por ende, subjetivo es lo que se conoce como el da\u00f1o moral, como privaci\u00f3n objetiva de la facultad de realizar actividades cotidianas, tales como: practicar deportes, escuchar m\u00fasica, asistir a espect\u00e1culos, viajar, leer, departir con los amigos y la familia, disfrutar el paisaje, tener relaciones intimas, etc, que es lo que hace referencia al da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n, y como vulneraci\u00f3n a los derechos humanos fundamentales al buen nombre\u2026\u00bb (Audio minuto 4:46 a 8:32 Folio 31b ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, finalmente acot\u00f3 que \u00aben el presente caso, revisadas las pruebas allegadas, se tiene que la \u00fanica prueba como lo dijera la apoderada demandante en su alegaci\u00f3n lo constituye el reporte en las centrales de riesgo y no hay otra prueba que pueda demostrar la intensidad de ese da\u00f1o moral, [se cita jurisprudencia del C.E. sobre la carga de la prueba \u2026], cuando se pretende el reconocimiento de perjuicios morales la parte demandante tiene as\u00ed el deber m\u00ednimo de probar su existencia, [se cita jurisprudencia y doctrina de la prueba indiciaria \u2026], encontramos que en definitiva no se alleg\u00f3 prueba alguna demostrativa no solo de la lesi\u00f3n ocasionada al sentimiento del  demandante sino adem\u00e1s la intensidad que sea procedente cuantificar en un perjuicio \u2026\u00bb (Audio minuto 10:38 a 15:56 Folio 31b \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.- Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, advierte la Sala que de la providencia cuestionada (31 de mayo de 2016), confirmatoria de la de primer grado, se evidencia que el funcionario querellado, al proferirla, incurri\u00f3 en anomal\u00edas tal que impone la perentoria salvaguardia deprecada, toda vez que la argumentaciones son desacertadas de cara a la hermen\u00e9utica de los art\u00edculos 13 de la Ley 1266 de 2008 y 206 del C\u00f3digo General del Proceso y la jurisprudencia constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       5.1.- Bajo esa perspectiva, emerge di\u00e1fana la viabilidad de la protecci\u00f3n extraordinaria exigida, en la medida en que est\u00e1 demostrada la causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto \u00abmaterial sustantivo\u00bb enrostrada, es decir, las abiertas y evidentes circunstancias estructurantes del yerro judicial que pudiera abrir las puertas del \u00e9xito a la pretensi\u00f3n tutelar, en tanto que, se aprecia que es errada la interpretaci\u00f3n que le proh\u00edja al hito temporal en que inician los efectos de la declaratoria de la prescripci\u00f3n extintiva con la finalidad de levantar el reporte negativo de las centrales de riesgo, que impone el inciso 2 del art\u00edculo 13 de la citada legislaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.2.- En ese orden de ideas, es patente que la interpretaci\u00f3n genuina de la aludida normatividad, es indicativa que no es procedente la permanencia del dato negativo por un lapso temporal superior al t\u00e9rmino fijado en el ordenamiento jur\u00eddico para que se configure el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n extintiva de las obligaciones, ya que ello constituye un ejercicio abusivo de esa prerrogativa por parte de la central de riesgo y del acreedor, de manera que la jurisprudencia constitucional ha previsto, que en estos eventos se debe aplicar el decurso de duraci\u00f3n del reporte hasta cuatro a\u00f1os, tal como se encuentra consagrado en el multicitado canon, pero se computan a partir del momento en que la obligaci\u00f3n haya fenecido por cualquiera de las causas extintivas del v\u00ednculo obligacional establecido en la Ley.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el particular, la Corte Constitucional con ocasi\u00f3n de la hermen\u00e9utica del art\u00edculo 13 de la Ley 1266 de 2008, en especial, en lo que toca con el momento a partir del cual se inicia el c\u00f3mputo del  cuatrienio de duraci\u00f3n del \u00abreporte negativo en centrales de riesgo\u00bb en los casos de extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n por prescripci\u00f3n, ha expuesto que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab[a]l efectuar el control de constitucional previo y autom\u00e1tico que le correspond\u00eda, la Corte Constitucional consider\u00f3 que el art\u00edculo en cuesti\u00f3n no vulneraba la Carta Pol\u00edtica, siempre que se entendiera que \u201cla caducidad del dato financiero en caso de mora inferior a dos a\u00f1os, no podr\u00e1 exceder el doble de la mora, y que el t\u00e9rmino de permanencia de cuatro a\u00f1os tambi\u00e9n se contar\u00e1 a partir del momento en que se extinga la obligaci\u00f3n por cualquier modo\u201d.  <\/span><\/p>\n

[e]n relaci\u00f3n con este \u00faltimo supuesto, que es el que interesa a esta causa, la Corte encontr\u00f3 que el legislador no hab\u00eda establecido ninguna regla particular de caducidad del dato negativo para ser aplicada en aquellos casos en los que la obligaci\u00f3n insoluta se hab\u00eda extinguido por el paso del tiempo, lo que en la pr\u00e1ctica llevaba a que, en estos eventos, ese reporte debiera permanecer de forma indefinida en las bases de datos.  <\/span><\/p>\n

[p]ara la Corte, esta situaci\u00f3n resultaba contraria a la Carta, pues es \u201c[\u2026] totalmente injustificado que se mantengan en las bases de datos reportes basados en obligaciones que han sido excluidas del tr\u00e1fico jur\u00eddico, am\u00e9n de la imposibilidad de ser exigibles judicialmente. Si el ordenamiento legal vigente ha establecido que luego de transcurridos diez a\u00f1os opera la extinci\u00f3n de las obligaciones dinerarias, no existe raz\u00f3n alguna que sustente que a pesar que ha operado este fen\u00f3meno, el reporte financiero que tiene origen en la deuda insoluta subsista\u201d.  <\/span><\/p>\n

[c]on fundamento en esta consideraci\u00f3n y teniendo en cuenta que la permanencia del dato negativo m\u00e1s all\u00e1 del t\u00e9rmino previsto en el ordenamiento jur\u00eddico para la prescripci\u00f3n de la obligaci\u00f3n configurar\u00eda un ejercicio abusivo del poder inform\u00e1tico, la Corte determin\u00f3 que en esos casos tambi\u00e9n deb\u00eda aplicarse el plazo de permanencia de cuatro a\u00f1os previsto por el legislador en el art\u00edculo 13 de la Ley 1266 de 2008, esta vez, contados a partir del momento en que la obligaci\u00f3n deja de existir por cualquiera sea la causa\u00bb (Corte Constitucional, C-1011\/2008) (Subrayado fuera de texto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Ata\u00f1edero con un asunto de igual temperamento, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional, en sentencia T-164 de 2010, se\u00f1al\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u201c[\u2026] En efecto, aunque resulta innegable que el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino de caducidad del dato financiero negativo cuando no hay pago de la obligaci\u00f3n depende necesariamente de la verificaci\u00f3n del fen\u00f3meno que dio lugar a su extinci\u00f3n, es deber del juez de tutela, en aras de garantizar la protecci\u00f3n efectiva a dicho derecho, emplear todas las facultades probatorias con las que dispone para determinar (i) el momento de exigibilidad de la obligaci\u00f3n incumplida objeto del reporte negativo, y desde ah\u00ed (ii) examinar si ha efectivamente transcurrido el plazo se\u00f1alado por la ley para la extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n por el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n liberatoria.  <\/span><\/p>\n

As\u00ed, luego de encontrar que dicho t\u00e9rmino haya efectivamente transcurrido, deber\u00e1 verificar que hayan pasado m\u00e1s de 4 a\u00f1os desde aquel momento, para poder conceder la protecci\u00f3n al derecho al h\u00e1beas data a deudores que se hayan sustra\u00eddo de manera permanente de sus obligaciones crediticias. En consecuencia, una entidad vulnera el derecho fundamental al h\u00e1beas data de una persona cuando mantiene un reporte negativo de ella por un t\u00e9rmino superior a 4 a\u00f1os, contado a partir del momento de extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n por prescripci\u00f3n liberatoria. No sobra advertir que la verificaci\u00f3n de la caducidad del dato financiero no implica, de ninguna manera, declaratoria judicial alguna sobre la prescripci\u00f3n de la obligaci\u00f3n.\u201d\u00bb (Reiterado, T-883\/2013).  <\/span><\/p>\n

5.3.- As\u00ed las cosas, advierte esta Corporaci\u00f3n que los razonamientos efectuados por el ad quem accionado, lucen desacertados, ya que de acuerdo a lo se\u00f1alado por el precedente constitucional, no es dable partir de la ejecutoria del fallo de segundo grado para contabilizar el plazo de cuatro (4) a\u00f1os de duraci\u00f3n del \u00abdato negativo\u00bb en centrales de riesgo, sino desde el momento en que \u00abla obligaci\u00f3n deja de existir cualquiera sea la causa\u00bb, en este caso, por el acaecimiento del t\u00e9rmino prescriptivo (Art. 13 de la Ley 1266 de 2008 \u2013 T-883-13); m\u00e1xime cuando en la sentencia de 31 de mayo de 2016, se declar\u00f3 la \u00abprescripci\u00f3n\u00bb de las facturas cambiarias Nos. D 4053177228, D 4055820790, D 4058452521 y D 4061209527, objeto de debate.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.- Ahora bien, en lo que respecta a la inconformidad del quejoso, por la sanci\u00f3n impuesta y confirmada por el ad-quem, debido a la \u00abestimaci\u00f3n temeraria de parte de los perjuicios morales que no prob\u00f3\u00bb, es claro, que esa postura tampoco resulta atinada, pues tal determinaci\u00f3n desconoce lo dispuesto por el legislador en el inciso 6\u00ba del art\u00edculo 206 del C.G.P., que consagra \u00ab(\u2026) el juramento estimatorio no se aplicar\u00e1 a la cuantificaci\u00f3n de los da\u00f1os extrapatrimoniales\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, m\u00e1s all\u00e1 de que el interesado no hubiese cumplido con la carga de la prueba respecto a los da\u00f1os morales como lo reproch\u00f3 el funcionario del circuito acusado, lo cierto es, que entratandose del \u00abjuramento estimatorio\u00bb la normatividad es clara al reglamentar que el mismo no procede cuando de \u00abda\u00f1os extrapatrimoniales\u00bb se trata; debido a que el resarcimiento del perjuicio inmaterial  pretende paliar sentimientos y congojas que el hecho da\u00f1oso produce en la v\u00edctima y que no es posible cuantificar matem\u00e1ticamente, por lo tanto, en esos casos el quantum indemnizatorio es generalmente fijado por el juez de instancia siguiendo los par\u00e1metros o topes m\u00e1ximos se\u00f1alados por esta Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abA diferencia de la estimaci\u00f3n de los perjuicios patrimoniales, para los que existen en la mayor\u00eda de las ocasiones datos objetivos que sirven de apoyo para su cuantificaci\u00f3n, el perjuicio extrapatrimonial ha estado y seguir\u00e1 estando confiado al discreto arbitrio de los funcionarios judiciales, lo que no \u201cequivale a abrirle paso a antojadizas intuiciones perge\u00f1adas a la carrera para sustentar condenas excesivas, sino que a dichos funcionarios les impone el deber de actuar con prudencia, evitando en primer lugar servirse de pautas aprior\u00edsticas\u2026\u201d. (Ibid).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No pueden, por tanto, fijarse o establecerse par\u00e1metros generales que en forma mec\u00e1nica se apliquen a la valoraci\u00f3n de tal clase de perjuicio, pues cada caso concreto ofrece particularidades que deber\u00e1n ser apreciadas por el juez al momento de hacer la correspondiente tasaci\u00f3n\u00bb (CSJ, STC 9 Dic. 2013, rad. 2000-00099-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.- De acuerdo con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMAR la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

         MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente                                        STC820-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02675-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98962","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98962","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98962"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98962\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98962"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98962"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98962"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}