{"id":98963,"date":"2026-06-25T17:32:04","date_gmt":"2026-06-25T17:32:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc844-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:32:04","modified_gmt":"2026-06-25T17:32:04","slug":"stc844-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc844-2017\/","title":{"rendered":"STC844-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC844-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68679-22-14-000-2016-00097-01  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de enero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 22 de noviembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por C\u00e9sar Augusto Pardo Chamorro contra la Polic\u00eda Nacional \u2013Direcci\u00f3n de Talento Humano.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital y de petici\u00f3n, presuntamente conculcados por la entidad accionada, con la falta de respuesta a la solicitud que formul\u00f3 ante sus dependencias el 1\u00b0 de octubre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Solicita, entonces, que se ordene a la Polic\u00eda Nacional, \u00abcumplir con el derecho de petici\u00f3n incoado el 1\u00b0 de octubre de 2016, con la correcci\u00f3n de los valores establecidos en su numeral 1 quedando as\u00ed: $12\u2019155.934.88\u00bb; y, que \u00abse oficie a las entidades correspondientes para que se d\u00e9 cumplimiento al art\u00edculo 31 de la Ley 1755 de 2015 y a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que sea parte de [su] denuncia en condici\u00f3n de v\u00edctima\u00bb (fl. 4, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que mediante sentencia de tutela del 26 de julio de 2016, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil ampar\u00f3 sus derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, a la vida en condiciones dignas y de petici\u00f3n, orden\u00e1ndole a la Polic\u00eda Nacional, \u00abdar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el art\u00edculo 1\u00b0 de la Resoluci\u00f3n No. 00927 de 10 de marzo de 2016 (\u2026) concretamente a lo correspondiente al pago de los emolumentos adeudados [a su favor]\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asegura que la referida instituci\u00f3n cumpli\u00f3 parcialmente con lo anterior, pues omiti\u00f3 cancelar en su totalidad los valores reconocidos en el acto administrativo memorado, as\u00ed como tambi\u00e9n los \u00abintereses e indexaci\u00f3n\u00bb de \u00e9stos, raz\u00f3n por la cual el 1\u00b0 de octubre pasado, a trav\u00e9s de un derecho petici\u00f3n exigi\u00f3 el pago de la suma faltante; sin embargo, a\u00fan no ha recibido respuesta de fondo frente a lo reclamado, motivo por el que estima conculcadas las garant\u00edas invocadas (fls. 1 a 8, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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La Direcci\u00f3n de Talento Humano de la Polic\u00eda Nacional pidi\u00f3 denegar el amparo, tras se\u00f1alar que mediante oficio No. S-2016-312985 del 17 de noviembre pasado, dio repuesta completa y de fondo a la petici\u00f3n que echa de menos el accionante (fls. 129 a 136, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de San Gil, neg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, tras advertir que la situaci\u00f3n que dio origen al reclamo constitucional se encuentra superada, pues  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       \u00abse evidencia que la Jefe del \u00c1rea de N\u00f3mina de Personal Activo de la Direcci\u00f3n de Talento Humano de la Polic\u00eda Nacional (\u2026) se pronunci\u00f3 respecto del aludido derecho de petici\u00f3n (\u2026) inform\u00e1ndole al petente que en su caso particular se le hab\u00eda realizado la liquidaci\u00f3n de haberes laborales a su favor de conformidad a la Resoluci\u00f3n No. 00927 de 10\/03\/2016 y as\u00ed mismo, se realiz\u00f3 la supresi\u00f3n de los registros de la suspensi\u00f3n provisional impuesta y que, al no ostentar competencia para reconocer intereses moratorios e indexaci\u00f3n, habida cuenta que el acto administrativo no lo ordenaba, remit\u00eda en lo pertinente la petici\u00f3n a la secretar\u00eda general de la Polic\u00eda Nacional.  <\/span><\/p>\n

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Por otra parte si bien el actor, alude a una presunta vulneraci\u00f3n al m\u00ednimo vital, se colige por la Sala, que no se evidencia en el informativo que ello se est\u00e9 suscitando, al tiempo de evidenciarse que actualmente el inicialista ya est\u00e1 reincorporado a la instituci\u00f3n pues en el mismo derecho de petici\u00f3n lo aduce, por lo que se concluye que est\u00e1 recibiendo su salario en condiciones normales, y por ello no se concibe que tal derecho se vea menoscabado\u00bb (fls. 161 a 165 \u00eddem).   <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante recurri\u00f3 el fallo anterior, utilizando argumentos similares a los planteados en la demanda de amparo (fls. 167 a 172, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. De otra parte, el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y, eventualmente, a los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n, a saber, la posibilidad de acudir ante el destinatario, y, la de obtener una respuesta pronta, adecuada y congruente con la cuesti\u00f3n planteada.    <\/span><\/p>\n

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Sobre el alcance de la salvaguarda mencionada, la jurisprudencia constitucional ha precisado que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(i) El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s corto posible; (v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la v\u00eda gubernativa y acceder a la v\u00eda judicial, no satisface el derecho fundamental de petici\u00f3n pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petici\u00f3n; (viii) el derecho de petici\u00f3n tambi\u00e9n es aplicable en la v\u00eda gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) ante la presentaci\u00f3n de una petici\u00f3n, la entidad p\u00fablica debe notificar su respuesta al interesado\u00bb (subraya la Sala, CC T-1130\/08).  <\/span><\/p>\n

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1. En este caso, el accionante se queja por la falta de respuesta a la solicitud que formul\u00f3 ante la Polic\u00eda Nacional el 1\u00b0 de octubre de 2016, motivo por el que solicita que dicha entidad le resuelva lo pedido de manera completa, clara y congruente.    <\/span><\/p>\n

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1. Para brindar soluci\u00f3n a la presente controversia, de los documentos obrantes en el expediente de tutela la Corte verifica lo siguiente:    <\/span><\/p>\n

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1. En escrito de 1\u00b0 de octubre de la anualidad precitada, C\u00e9sar Augusto Pardo Chamorro solicit\u00f3 ante la Polic\u00eda Nacional -Direcci\u00f3n de Talento Humano:    <\/span><\/p>\n

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\u00ab1. Pagar los dineros faltantes de mis sueldos e intereses (indexados), por una suma de $9\u2019381.932.8.  <\/span><\/p>\n

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2. Pagar los dineros de los intereses (indexados) por los emolumentos que fueron pagados extempor\u00e1neamente conforme a los tiempos y t\u00e9rminos se\u00f1alados en los reglamentos y normas de la Polic\u00eda Nacional y qu\u00e9 acciones disciplinarias o penales surgieron por esta situaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. Entregar copias de los documentos que establezcan los registros en los diferentes documentos de la Polic\u00eda Nacional en donde se gener\u00f3 la anotaci\u00f3n de rigor por las suspensiones que me fueron impuestas y sus correciones.  <\/span><\/p>\n

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4. Copia de documentos que establezca qu\u00e9 emolumentos se pagaron, fechas, normas cumplidas en t\u00e9rminos legales para que \u00e9stos se pagaran y qu\u00e9 intereses se generaron por esta demora en el pago.  <\/span><\/p>\n

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5. Copia del documento que fue generado en el momento de ser reintegrado a [sus] labores como Polic\u00eda despu\u00e9s de culminar la pr\u00f3rroga de la suspensi\u00f3n\u00bb (fls. 12 a 14, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. Mediante oficio No. S-2016-312985 del 17 de noviembre pasado, la Direcci\u00f3n de Talento Humano de la Polic\u00eda Nacional dio respuesta a lo reclamado por el actor en el siguiente sentido:    <\/span><\/p>\n

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\u00abVerificado el acervo documental del \u00c1rea de N\u00f3mina del Personal Activo de la Polic\u00eda Nacional y el Gestor de Contenidos Policiales (GECOP), se logr\u00f3 evidenciar que el documento en menci\u00f3n no hab\u00eda sido allegado a esta \u00e1rea, sin embargo, con el \u00e1nimo de garantizar su derecho fundamental de petici\u00f3n, me permito pronunciarme por competencia respecto a los numerales uno, dos y cuatro del petitorio, \u201cpagar los dineros faltantes de mi sueldo e intereses indexados por una suma de $9\u2019381.932.88\u2026\u201d, \u201cPagar los dineros de los intereses (indexados) por emolumentos que fueron pagados extempor\u00e1neamente conforme a los tiempos y t\u00e9rminos se\u00f1alados en los reglamentos y normas de la Polic\u00eda Nacional y qu\u00e9 acciones disciplinarias o penales surgieron por esta situaci\u00f3n\u201d y \u201ccopia de documento que establezca qu\u00e9 emolumentos pagaron, fechas, normas cumplidas en t\u00e9rminos legales para que estos se pagaran y qu\u00e9 intereses se generaron por esta demora en el pago\u201d, as\u00ed:  <\/span><\/p>\n

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El \u00e1rea de n\u00f3mina del personal activo, \u00fanicamente es competente para liquidar los haberes del personal en servicio activo y dar cumplimiento expreso a lo ordenado en actos administrativos y\/o judiciales, para su caso en particular se realiz\u00f3 la liquidaci\u00f3n de haberes a su favor de la cual adjunto copia, en cumplimiento de la Resoluci\u00f3n No. 00927 de 10 de marzo de 2016 \u201cPor la cual se reconoce tiempo, haberes y emolumentos a unos oficiales de la Polic\u00eda Nacional\u201d, el cual en su art\u00edculo primero de la parte resolutiva indica estrictamente \u201cReconocer como tiempo de servicio los periodos comprendidos entre el 19 de julio de 2015 al 1 de enero de 2016, al se\u00f1or Mayor C\u00e9sar Augusto Pardo Chamorro, (\u2026) y en consecuencia de lo anterior la cancelaci\u00f3n de los haberes y emolumentos dejados de percibir, asimismo se realice la supresi\u00f3n de los registros de la suspensi\u00f3n provisional impuesta.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es as\u00ed que esta dependencia no est\u00e1 facultada para reconocer intereses moratorios e indexaci\u00f3n, pues el acto administrativo en comento no lo ordena, sin embargo, teniendo en cuenta que la Resoluci\u00f3n es emitida por la Secretar\u00eda General, se corre traslado para que se pronuncie al respecto, por otra parte, lo que respecta a \u201cqu\u00e9 acciones disciplinarias o penales surgieron por esta situaci\u00f3n\u201d, y los numerales tercero y quinto, se remite por competencia a la Inspecci\u00f3n general de la Polic\u00eda Nacional\u00bb (resalta la Sala, fls. 137 y 138).  <\/span><\/p>\n

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1. La anterior respuesta fue remitida a trav\u00e9s de correo certificado al lugar indicado por el peticionario (fl. 137, \u00eddem).    <\/span><\/p>\n

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5.        Visto lo anterior, para la Corte la entidad accionada s\u00ed vulner\u00f3 la garant\u00eda de petici\u00f3n al se\u00f1or Chamorro Pardo, pues si bien brind\u00f3 una respuesta de fondo a los cuestionamientos formulados por \u00e9ste, arrim\u00f3 de manera equivocada los documentos que la soportaban. N\u00f3tese que en la contestaci\u00f3n, la Direcci\u00f3n de Talento Humano de la Polic\u00eda Nacional asegur\u00f3 que hab\u00eda realizado el c\u00e1lculo de los emolumentos reconocidos a favor del peticionario en Resoluci\u00f3n No. 00927 de 10 de marzo de 2016, para lo cual adjunt\u00f3 copia; sin embargo, \u00e9sta corresponde a los haberes adeudados a Manuel Alejandro Rond\u00f3n Hormaza, y en esa medida, se concluye con facilidad, que el actor a\u00fan desconoce los valores que le fueron liquidados a su favor.  <\/span><\/p>\n

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6.        Sumado a lo anterior, si bien el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 permite excepcionalmente la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela ante la existencia de otros mecanismos para evitar un perjuicio irremediable, lo cierto es que en este caso el promotor no acredit\u00f3 la ocurrencia de un menoscabo apremiante de sus garant\u00edas o circunstancias insalvables que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, ha considerado la Corte que resulta frustrada la pretensi\u00f3n de amparo temporal cuando \u00abno se prob\u00f3 el menoscabo irreparable, ni lo narrado por la apelante denota una gravedad y urgencia de tal entidad que conlleve a que se pasen por alto los tr\u00e1mites, procesos y procedimientos establecidos por el legislador\u00bb (CSJ ST, 18 may 2011, rad. 2011-00216-01, criterio reiterado en STC3780-2015 y STC1891-2016).  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, REVOCA PARCIALMENTE la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, se CONCEDE la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental de petici\u00f3n de C\u00e9sar Augusto Pardo Chamorro, para lo cual se ORDENA a la Direcci\u00f3n de Talento Humano de la Polic\u00eda Nacional, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, remita al accionante copia de la liquidaci\u00f3n de los emolumentos que le fueron reconocidos en Resoluci\u00f3n No. 00927 de 10 de marzo de  2016.  <\/span><\/p>\n

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En todo lo dem\u00e1s, se CONFIRMA la sentencia de tutela de primera instancia  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC844-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68679-22-14-000-2016-00097-01      Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de enero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 22 de noviembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia Laboral […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98963","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98963","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98963"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98963\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98963"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98963"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98963"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}