{"id":98964,"date":"2026-06-25T17:32:13","date_gmt":"2026-06-25T17:32:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc845-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:32:13","modified_gmt":"2026-06-25T17:32:13","slug":"stc845-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc845-2017\/","title":{"rendered":"STC845-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC845-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2016-01065-01  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo del 1 de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de amparo, promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas y la Procuradur\u00eda Delegada en Acciones Populares.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la \u00abdebida\u00bb administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al decretar la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito, de la acci\u00f3n popular radicada bajo el No. 2015-0419-00.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, i) \u00abrevocar el desistimiento t\u00e1cito\u00bb decretado respecto a la citada acci\u00f3n p\u00fablica, y \u00abaplicar inmediatamente el art 5 [de la] ley 472 de 1998\u00bb; ii) que se pruebe el impulso oficioso que le ha dado a dicho litigio; iii) que se requiera a la Corte Constitucional y al delegado del Ministerio P\u00fablico, para que se pronuncien sobre la legalidad de la aludida terminaci\u00f3n anormal del proceso; iv) que luego de ser \u00abescane[ada]\u00bb la tutela sea enviada \u00aba [su] correo electr\u00f3nico\u00bb, acompa\u00f1ada del fallo que en su momento sea proferido; v) que se amparen sus garant\u00edas superiores contra la Defensora del Pueblo de Caldas, \u00abpara determinar si posiblemente viola la ley 734 de 2002 al negarse a impetrar tutelas a [su] nombre\u00bb; y, finalmente, vi) que de no prosperar su solicitud de amparo se compulsen copias al Procurador General de la Naci\u00f3n, a fin que investigue la defensora tutelada (fl. 1, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado, aduce en lo esencial, que pese a lo dispuesto en los art\u00edculos 5\u00ba y 84 de la ley 472 de 1998, el Despacho convocado decret\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito, la terminaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional referido en l\u00edneas anteriores, raz\u00f3n por la cual, teniendo en consideraci\u00f3n que se trata de una \u00abfigura inexistente\u00bb en la aludida norma, interpuso recurso de reposici\u00f3n y de apelaci\u00f3n contra lo resuelto, siendo el primero desatado de manera adversa a sus intereses, y el segundo negado por improcedente, motivo por el cual acude a este mecanismo especial de resguardo (ib.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS.  <\/span><\/p>\n

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a).        El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, a trav\u00e9s de su secretar\u00eda, se limit\u00f3 a remitir copia de las actuaciones desplegadas en el marco del proceso objeto de inconformidad (fl.12, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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b).        La Alcald\u00eda Municipal de Pereira por intermedio de apoderada judicial, se\u00f1al\u00f3 que carece de legitimidad en la causa por pasiva para pronunciarse, por cuanto el establecimiento accionado dentro del tr\u00e1mite objeto de reproche, \u00abtiene una naturaleza independiente al tener personer\u00eda jur\u00eddica\u00bb (fls. 21 a 23, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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c).        La Procuradora Regional de Risaralda, y la Delegada para Asuntos Civiles del mismo ente, esta \u00faltima de manera tard\u00eda, coincidieron en solicitar, aunque en escritos separados, que deben ser apartadas del presente tr\u00e1mite, luego de aclarar que la presunta vulneraci\u00f3n del gestor es ajena a sus competencias, pues la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico en este tipo asuntos s\u00f3lo es obligatoria en caso de suscribirse el correspondiente pacto de cumplimiento (fls. 25 y 42 a 46, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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c).        La Alcald\u00eda Municipal de Pereira a trav\u00e9s de su mandatario judicial, tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que carece de un inter\u00e9s leg\u00edtimo, por cuanto ese ente territorial \u00abno tiene injerencia alguna respecto del asunto que solicita el accionante\u00bb (fls. 28 y 29, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la salvaguarda rogada, tras advertir, en lo fundamental, que contrario a lo expuesto por el promotor del amparo, \u00abla funcionaria accionada adopt\u00f3 sus decisiones con fundamento en una interpretaci\u00f3n jur\u00eddica que en ning\u00fan caso se puede tachar de caprichosa\u00bb, pues de las pruebas recaudadas se pudo verificar que el gestor no realiz\u00f3 \u00abla notificaci\u00f3n de la entidad demandada, dentro del t\u00e9rmino concedido para ello\u00bb; de otro lado se\u00f1al\u00f3, que tampoco puede predicarse vulneraci\u00f3n alguna por parte de la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas, en tanto que el aqu\u00ed accionante no \u00abafirm\u00f3 y menos acredit\u00f3 haber pedido a esa autoridad que instaurara a su nombre la acci\u00f3n de tutela\u00bb objeto de an\u00e1lisis; as\u00ed mismo, deneg\u00f3 la salvaguarda dirigida en contra de la Procuradur\u00eda Delegada, comoquiera que esa Agencia del Ministerio P\u00fablico no quebrant\u00f3 garant\u00eda superior alguna al quejoso.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, orden\u00f3 que por secretar\u00eda se envi\u00e9 copia de ese fallo v\u00eda e-mail al actor (fls. 34 a 39, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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a). El promotor impugn\u00f3 el anterior fallo, sin exponer las razones de su inconformidad. (fl. 43, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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b). De otra parte, la Procuradora Delegada para Asuntos Civiles, controvirti\u00f3 la decisi\u00f3n proferida por el a quo constitucional, aduciendo que \u00abel desistimiento t\u00e1cito en acciones populares no se atiene a la naturaleza de los derechos reclamados por [esa v\u00eda] y en consecuencia desconoce los postulados normativos aplicables\u00bb (fls. 48 a 50, ib.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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3.        No obstante, es del caso se\u00f1alar, que examinadas las determinaciones citadas, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, se encuentra que carecen de arbitrariedad, pues fueron el resultado de la hermen\u00e9utica que resultaba aplicable al asunto objeto de examen, lo que hace que no puedan calificarse de antojadizas o caprichosas.  <\/span><\/p>\n

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Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, puesto que el estrado judicial atacado al declarar la terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular por el desistimiento t\u00e1cito del demandante, se fund\u00f3 en un entendimiento atendible de las normas que regentan la materia, en especial, del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que descarta la configuraci\u00f3n de causal de procedencia del amparo; luego entonces, si el Juzgado acusado opt\u00f3 por finiquitar el tr\u00e1mite constitucional censurado como consecuencia de la inactividad procesal del aqu\u00ed inconforme, ello es fruto de un razonamiento que no reviste arbitrariedad, ni puede ser catalogado como un desacierto que afecte el derecho al debido proceso del actor, sino m\u00e1s bien la interpretaci\u00f3n plausible de la procedencia de la figura procesal aludida a la luz de la Ley 472 de 1998.  <\/span><\/p>\n

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En un asunto de perfiles semejantes esta Corte estim\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abSin perjuicio de lo anterior, el auto cuestionado por el que se dispuso la terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular no constituye una v\u00eda de hecho, ya que lejos de ser arbitrario o abusivo, se fundament\u00f3 en la negligencia del actor en impulsarla, cit\u00e1ndose para el efecto el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso que dispone  <\/span><\/p>\n

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\u201cCuando para continuar el tr\u00e1mite de la demanda, del llamamiento en garant\u00eda, de un incidente o de cualquiera otra actuaci\u00f3n promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenar\u00e1 cumplirlo dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes mediante providencia que se notificar\u00e1 por estado\u2026Vencido dicho t\u00e9rmino sin que quien haya promovido el tr\u00e1mite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendr\u00e1 por desistida t\u00e1citamente la respectiva actuaci\u00f3n y as\u00ed lo declarar\u00e1 en providencia en la que adem\u00e1s impondr\u00e1 condena en costas\u201d\u00bb (ver entre otras, en STC7664-2014).  <\/span><\/p>\n

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4.        Por otra parte, y con relaci\u00f3n a la queja formulada frente a la Defensora del Pueblo Regional Caldas, t\u00e9ngase en cuenta que, tal y como se le ha se\u00f1alado sin \u00e9xito en innumerables oportunidades al accionante, \u00abel Juez de tutela no es el llamado a determinar si la conducta omisiva denunciada por el actor se enmarca dentro de alguna de las faltas disciplinarias reguladas por la Ley 734 de 2002, sino para intervenir en defensa de los derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad (administrativa o judicial), o de los particulares, situaci\u00f3n que no se vislumbra en el presente caso, en tanto que no obra en el plenario material de convicci\u00f3n del cual se desprenda que la Defensora del Pueblo de Caldas menoscab\u00f3 las garant\u00edas invocadas al negarse a formular demandas constitucionales a petici\u00f3n del aqu\u00ed solicitante, m\u00e1xime cuando, es claro, que las argumentaciones que el accionante plantea a trav\u00e9s del presente reclamo, debe proponerlas ante la autoridad competente a trav\u00e9s del diligenciamiento disciplinario respectivo\u00bb (ver recientemente, entre otras, CSJ STC6511-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.        Finalmente, como el accionante requiri\u00f3 que \u00abse escanee copia de [su] tutela y del fallo\u00bb que sea proferido en este asunto, para que le sean enviados a su \u00abcorreo electr\u00f3nico dinosaurio013@hotmail.com\u00bb, se ordenar\u00e1 a la secretar\u00eda de la Sala proceder de conformidad.  <\/span><\/p>\n

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6.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo confutado  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por Secretar\u00eda rem\u00edtase al correo electr\u00f3nico del accionante, copia del escrito inicial y del presente fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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