{"id":98965,"date":"2026-06-25T17:32:16","date_gmt":"2026-06-25T17:32:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc846-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:32:16","modified_gmt":"2026-06-25T17:32:16","slug":"stc846-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc846-2017\/","title":{"rendered":"STC846-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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STC846-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-01937-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de enero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 17 de noviembre de 2016, proferido por la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Taxis Libres Oriente S.A., contra el Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta y el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La gestora del amparo por intermedio de su representante legal, reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales convocadas, al denegar el decreto de los medios de prueba tendientes a demostrar, dice, una concurrencia de culpas, en el tr\u00e1mite del incidente de reparaci\u00f3n integral seguido a continuaci\u00f3n del proceso penal en que result\u00f3 condenado Pedro Antonio Llanez Fl\u00f3rez.  <\/span><\/p>\n

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En virtud de lo expuesto reclama, entonces, que \u00abse ordene la nulidad de lo actuado desde la audiencia del pasado 26 de agosto de 2016 dentro del proceso No. 54001-61-06173-2012-804433-01 y en consecuencia se deje sin efecto la decisi\u00f3n relativa a la nugatoria de la pr\u00e1ctica de las pruebas (\u2026) [solicitadas] dentro del [aludido] incidente de reparaci\u00f3n integral (\u2026) y a contrario sensu se conmine a los accionados a ordenar aquellas que se relacionen con la demostraci\u00f3n de la alegada concurrencia de culpas\u00bb (fl. 13, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento f\u00e1ctico de lo pretendido, aduce en lo esencial, que el referido se\u00f1or Llanez Fl\u00f3rez, quien conduc\u00eda el taxi de placas URN 757 vinculado al parque automotriz de la sociedad accionante, se declar\u00f3 culpable dentro del proceso penal que en su contra se adelant\u00f3 por el accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 16 de septiembre de 2012 en la ciudad de C\u00facuta, donde falleci\u00f3 el se\u00f1or Robinson Hern\u00e1ndez Monsalve, motivo por el cual fue condenado por el delito de homicidio culposo mediante sentencia de 4 de marzo de 2014, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongesti\u00f3n con Funci\u00f3n de Conocimiento de esa misma ciudad.  <\/span><\/p>\n

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Afirma que esa aceptaci\u00f3n de cargos por parte del se\u00f1or Llanez Fl\u00f3rez, no cont\u00f3 con su consentimiento, lo que llev\u00f3 a que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n no adelantara todas las investigaciones del caso, por lo que nunca se estableci\u00f3 en el juicio si al momento de la ocurrencia de los hechos se presentaron circunstancias que permitieran establecer una concurrencia de culpas.  <\/span><\/p>\n

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       Expresa que en t\u00e9rmino y ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de C\u00facuta, las v\u00edctimas reconocidas dentro del litigio promovieron incidente de reparaci\u00f3n integral, al que fue la empresa de taxis convocada como tercera civilmente responsable; que dentro de dicho tr\u00e1mite, el 7 de julio de 2016 se le neg\u00f3 la pr\u00e1ctica de unas pruebas \u00abtendientes a indagar y probar la verdad real de lo ocurrido en el teatro mismo de los acontecimientos aquel 12 de septiembre de 2012 y con las que, atendiendo a su resultado, se podr\u00eda predicar (\u2026) la concurrencia de culpas de que trata el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil\u00bb, lo que, asegura, \u00abhabr\u00eda sido causal de una evidente y clara reducci\u00f3n en la cuantiosa indemnizaci\u00f3n que ahora pretenden las v\u00edctimas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente manifiesta, que pese a que apel\u00f3 tal determinaci\u00f3n, el Tribunal Superior de C\u00facuta la confirm\u00f3 con prove\u00eddo del 12 de agosto siguiente, argumentando para el efecto que \u00ab\u201cse deben dejar de lado las discusiones relativas al \u00e1mbito penal\u2026\u201d y \u201c\u2026 la concurrencia de culpas qued\u00f3 descartada con la aceptaci\u00f3n de cargos del sentenciado\u00bb, con lo cual estima se le est\u00e1 cercenando la oportunidad de plantear una figura que, dice, aunque propia del ordenamiento civil, es aplicable dentro del incidente en tr\u00e1mite, motivo por el que considera que la mentada decisi\u00f3n atenta contra su debido proceso (fls. 1 a 15, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a)        El Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de C\u00facuta, se\u00f1al\u00f3 que se atiene a lo resuelto al interior de la causa penal criticada, si en cuenta se tiene que \u00abel tr\u00e1mite incidental de reparaci\u00f3n integral es sui generis, que si bien se asemeja por su naturaleza a un proceso civil, no corresponde precisamente a esa especialidad, pues no se trata de un nuevo proceso que nace luego de ejecutoriada la sentencia condenatoria, sino un procedimiento que busca determinar la identificaci\u00f3n de las v\u00edctimas, sus pretensiones y la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado con la infracci\u00f3n penal, en la cual no debe (\u2026) permitirse entrar a discutir sobre su ocurrencia y responsabilidad\u00bb (fls. 40 a 42, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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b)        El Magistrado Ponente de la Corporaci\u00f3n criticada se\u00f1al\u00f3, que lo que pretendi\u00f3 por el accionante con la prueba que se le neg\u00f3, fue \u00abla pr\u00e1ctica de un testimonio en sede de incidente de reparaci\u00f3n, con el prop\u00f3sito de determinar si en el asunto objeto de an\u00e1lisis, se pudo haber presentado una \u201cconcurrencia de culpas\u201d, ya que el pretendido testigo podr\u00eda explicar en su condici\u00f3n de primer respondiente, \u201cla huella de arrastre, como la posible ruta del veh\u00edculo, como circunstancias que se conocen de las condiciones en que transitaba el motociclista\u201d\u00bb, lo que en su momento se estim\u00f3 improcedente en segunda instancia, \u00abya que el escenario de la reparaci\u00f3n tiene como finalidad la indemnizaci\u00f3n de perjuicios morales y materiales ocasionados con la comisi\u00f3n de la conducta punible, pues el debate sobre responsabilidad feneci\u00f3 o precluy\u00f3\u00bb (fl. 55, ib.).  <\/span><\/p>\n

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c)        Juan Pablo Velandia Amaya, quien manifest\u00f3 ser apoderado de las v\u00edctimas dentro de la referida causa penal, se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n adoptada por las autoridades jurisdiccionales convocadas fue acertada, pues con la aceptaci\u00f3n de cargos por parte del se\u00f1or Pedro Antonio Llanez Fl\u00f3rez, qued\u00f3 cerrado el debate de la responsabilidad dentro del proceso penal, lo que relev\u00f3 al ente acusatorio de adelantar cualquier investigaci\u00f3n sobre el particular (fls. 59 a 62, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       La Sala Especializada en lo Penal de esta Corte, neg\u00f3 el amparo suplicado, tras considerar que lo que se advierte en el asunto, en \u00faltimas, \u00abes la discrepancia que manifiesta la parte accionante, en torno a la pertinencia del decreto y pr\u00e1ctica de pruebas dentro del incidente de reparaci\u00f3n, orientadas a reabrir el debate sobre la responsabilidad en la comisi\u00f3n de la conducta punible, de donde surge reiterar que las discrepancias interpretativas no son violatorias, per se, de derechos fundamentales, y en esa medida la acci\u00f3n de tutela no procede para impugnar providencias judiciales cuando el supuesto afectado simplemente no coincide con la posici\u00f3n judicial pues las v\u00edas de hecho son defectos graves en el ejercicio de la actividad jurisdiccional que comprometen el debido proceso y la integridad del ordenamiento jur\u00eddico, categor\u00eda en la que no encajan las divergencias hermen\u00e9uticas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que los argumentos en que se fund\u00f3 la decisi\u00f3n censurada fueron razonables, pues \u00aben aquella oportunidad la Sala abord\u00f3 todo lo relacionado con la naturaleza del incidente de reparaci\u00f3n integral, sus alcances y fines, aspectos dentro de los cuales hubo de referirse a la din\u00e1mica que debe observarse por tratarse de un mecanismo procesal independiente y posterior al tr\u00e1mite penal propiamente dicho\u00bb (fls. 63 a 74, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 la empresa accionante, alegando similares argumentos a los expuestos en su escrito de tutela, a m\u00e1s de agregar, que lo pretendido a trav\u00e9s de este mecanismo no es  reabrir el debate sobre la responsabilidad penal, sino \u00abestablecer las condiciones de todo tipo en que el obitado Robinson Hern\u00e1ndez Monsalve (q.e.p.d.) desarrollaba la actividad peligrosa de la conducci\u00f3n aquel 16 de septiembre de 2012, las que de reportar alguna clase de irregularidad o violaci\u00f3n a las normas, ipso facto, abrir\u00edan la puerta para que se pueda predicar la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil\u00bb, de manera tal que la negativa a posibilitar ese escenario probatorio, no puede verse como una \u00abdiscrepancia interpretativa\u00bb, sino como una violaci\u00f3n al derecho fundamental cuya protecci\u00f3n aqu\u00ed se suplica (fls. 84 a 89, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La acci\u00f3n de tutela, como regla general, no resulta viable contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de la justicia constitucional interferir en el escenario de los procesos judiciales en curso o ya terminados, para modificar o sustituir las determinaciones all\u00ed pronunciadas por los jueces naturales de las controversias, porque con ello se quebrantar\u00edan los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.    <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, en los precisos casos en los que el funcionario judicial incurre en una v\u00eda de hecho, vale decir, cuando su proceder es arbitrario o caprichoso al punto que lesiona los derechos constitucionales fundamentales, sin que el afectado cuente con otro medio de protecci\u00f3n judicial, puede intervenir el juez de tutela, \u00fanica y exclusivamente para retirar el acto generador de la violaci\u00f3n o amenaza de las mencionadas prerrogativas.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, se observa que la censura est\u00e1 encaminada concretamente, contra la providencia dictada el pasado 17 de agosto por el Tribunal Judicial de C\u00facuta, a trav\u00e9s de la cual se mantuvo en todas sus partes, la decisi\u00f3n que el 7 de julio anterior adopt\u00f3 el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, de negar unas pruebas solicitadas por la compa\u00f1\u00eda aqu\u00ed accionante, dentro del incidente de reparaci\u00f3n integral seguido a continuaci\u00f3n del proceso penal que se sigui\u00f3 en contra de Pedro Antonio Llanez Fl\u00f3rez, donde \u00e9ste acept\u00f3 cargos, pues en sentir de aqu\u00e9lla, all\u00e1 citada como tercera civilmente responsable, con tal decisi\u00f3n se le cercen\u00f3 toda posibilidad de probar que en la causa penal adelantada existi\u00f3 concurrencia de culpas, lo que implicar\u00eda, dice, una disminuci\u00f3n del monto de los eventuales perjuicios a indemnizar.  <\/span><\/p>\n

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3.  No obstante, una vez examinada la determinaci\u00f3n antes individualizada, se revela con facilidad que el amparo invocado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues aqu\u00e9lla tuvo como fundamento argumentos que de manera contraria a considerarse caprichosos, absurdos o infundados, son el resultado del an\u00e1lisis normativo y probatorio aplicado al caso controvertido.  <\/span><\/p>\n

       4.        Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, puesto que en efecto, revisado el contenido del prove\u00eddo en comento, se observa que la Sala Penal de la Colegiatura criticada resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n objeto de reproche, luego de analizar los argumentos expuestos por la empresa aqu\u00ed accionante, y de enmarcar el problema jur\u00eddico en establecer, si resultaba procedente o no escuchar al interior del incidente de reparaci\u00f3n, la declaraci\u00f3n del uniformado policial exigido por Taxis Libres Oriente S.A., con el fin de determinar \u00absi en este caso se present\u00f3 una \u201cconcurrencia de culpas\u201d, en suma cuales fueron las causas del accidente que dieron como resultado la muerte de Robins\u00f3n Monsalve.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Dentro de esa delimitaci\u00f3n tem\u00e1tica, consider\u00f3 con base en la Jurisprudencia de la Sala Especializada en lo Penal de esta Alta Corporaci\u00f3n, que el incidente de reparaci\u00f3n integral,  <\/span><\/p>\n

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\u00abconstituye una primera oportunidad judicial para hacer efectivo el derecho a la reparaci\u00f3n integral de la v\u00edctima, para lo cual est\u00e1 facultada una vez sea declarado el sujeto plenamente responsable, en el cual se impone reconocer y practicar las pruebas aportadas o solicitadas por quienes han participado en el incidente y en definitiva se adopte la decisi\u00f3n que pone fin a dicho tr\u00e1mite, reconociendo la reparaci\u00f3n integral del ofendido con el delito\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y a partir de esa definici\u00f3n, estableci\u00f3 de manera consecuente y razonada, las caracter\u00edsticas que deben tener los medios de prueba en ese tr\u00e1mite para resultar conducentes, es decir, que \u00abdeben ir dirigidas en principio a acreditar, si a ello hubiere lugar, la existencia de terceros civilmente responsables y luego comprobar los da\u00f1os causados con la comisi\u00f3n del delito. Por tal motivo en ese escenario, los terceros requeridos a responder civilmente est\u00e1n facultado para controvertir esa pruebas, es decir, a presentar las que consideren necesarias para demostrar la exclusi\u00f3n de responsabilidad civil, o en su defecto, a probar que lo pretendido por el demandante excede la correcta reparaci\u00f3n del da\u00f1o\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Establecido lo anterior, la autoridad cuestionada estim\u00f3 que la prueba testimonial solicitada por la parte aqu\u00ed inconforme resultaba improcedente, porque con ella se pretend\u00eda, en suma,  <\/span><\/p>\n

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\u00abdeterminar si en este asunto pudo haberse presentado una \u201cconcurrencia de culpas\u201d, ya que ese testigo podr\u00e1 explicar, en su condici\u00f3n de primer respondiente, lo siguiente: \u201cla huella de arrastre, como la posible ruta del veh\u00edculo, como circunstancias que se conocen de las condiciones en que transitaba el motociclista\u201d, es decir, la ac\u00e1 v\u00edctima, lo cual a juicio de la Sala no es procedente, tal y como lo consider\u00f3 el Juez de Instancia, ya que el escenario de la reparaci\u00f3n, tiene como objeto central el de la definici\u00f3n de esa circunstancia espec\u00edfica, es decir, la indemnizaci\u00f3n de perjuicios morales y materiales ocasionados con la conducta punible, pues ya la discusi\u00f3n sobre la responsabilidad feneci\u00f3 o precluy\u00f3 y por eso debe descartarse todo aquello que gira en torno a ese tema.  <\/span><\/p>\n

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Dicho en palabras m\u00e1s claramente, la \u201cconcurrencia de culpas\u201d qued\u00f3 descartada con la aceptaci\u00f3n de los cargos del sentenciado, por ese motivo no se puede reabrir un debate al respecto, de esta forma, al apelante no le queda otro camino que centrarse en presentar en el tr\u00e1mite incidental las probanzas encaminadas a acreditar la exclusi\u00f3n de responsabilidad civil, o a demostrar que la pretensi\u00f3n del incidentalista desborda la correcta reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado con el delito. En tal virtud, se insiste, ya no hay lugar a abordar temas como el de la \u201chuella de arrastre\u201d, o la \u201cruta del veh\u00edculo\u201d y la motocicleta, pues la etapa prevista para tal efecto ya precluy\u00f3 y ahora se est\u00e1 en este escenario definiendo lo referente a la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os causados con el punible\u00bb (fls. 43 a 48, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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5.  De este modo, entonces, se constata que la autoridad judicial convocada, partiendo de los conceptos que hab\u00eda establecido, argument\u00f3 de manera consecuente y l\u00f3gica la negativa del decreto probatorio que la sociedad actora echa de menos, principalmente en la forma como est\u00e1 estructurado el proceso penal, pues consider\u00f3 que ser\u00eda reabrir un debate sobre la culpa que ya se surti\u00f3 en etapa anterior, desnaturalizando adem\u00e1s la naturaleza del incidente de reparaci\u00f3n integral, el que por dem\u00e1s, parte de esa definici\u00f3n previa de responsabilidad penal, para de ah\u00ed establecer y liquidar los perjuicios causados con el hecho punible, y si adem\u00e1s del victimario, hay lugar a condenar a su pago a terceros civilmente responsables.  <\/span><\/p>\n

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6.   Puestas as\u00ed las cosas, al margen de que esta Corporaci\u00f3n comparta \u00edntegramente o no los se\u00f1alados pronunciamientos, se concluye que no pueden tildarse de antojadizos o caprichosos, lo cual impide su revocatoria en esta Sede, pues la diferencia de criterio que expone la parte aqu\u00ed interesada no permite, por s\u00ed sola, predicar el quebranto de los derechos cuya protecci\u00f3n invoca, siendo que en la decisi\u00f3n censurada se observaron las normas que eran aplicables al caso concreto; de all\u00ed que la determinaci\u00f3n impartida no se ofrezca absurda o contraria al ordenamiento que el legislador dispuso para ello.  <\/span><\/p>\n

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7.        T\u00e9ngase presente, como repetidamente lo ha se\u00f1alado la Corte, que el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si,  <\/span><\/p>\n

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\u00abse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2011, Rad. 0183-01; reiterada entre otras en STC1496-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

An\u00e1logamente, la acci\u00f3n de tutela, ha dicho la Corte,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb (CSJ STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada entre otras en STC1496-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       8.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO      STC846-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-01937-02   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de enero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 17 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98965","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98965","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98965"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98965\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98965"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98965"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98965"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}