{"id":98966,"date":"2026-06-25T17:32:23","date_gmt":"2026-06-25T17:32:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc847-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:32:23","modified_gmt":"2026-06-25T17:32:23","slug":"stc847-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc847-2017\/","title":{"rendered":"STC847-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC847-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02532-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de enero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 25 de noviembre de 2016, proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Pablo Eduardo Castro L\u00f3pez y Mar\u00eda Cristina Le\u00f3n Garc\u00eda contra el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto declarativo a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        Los gestores del amparo por intermedio de apoderado judicial, reclaman la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, al emitir sentencia sin decretar pruebas de oficio, dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que en su contra promovi\u00f3 el Banco de Occidente.  <\/span><\/p>\n

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En virtud de lo expuesto reclaman, entonces, que se ordene al Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de esta capital, \u00abrevocar la sentencia del 8 de noviembre de 2016 [emitida] dentro del radicado 11001-31-03-040-2015-504-00\u00bb (fl. 139, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento f\u00e1ctico de lo pretendido, aducen en lo esencial, que Pablo Eduardo Castro L\u00f3pez celebr\u00f3 cuatro (4) contratos de leasing inmobiliario con el Banco de Occidente a t\u00edtulo de locatario, correspondientes a los n\u00fameros  180-88979\/80\/81 y 83, sobre cuatro (4) inmuebles que \u00e9l mismo indic\u00f3 al Banco para que adquiriera su dominio, a lo cual \u00e9ste efectivamente procedi\u00f3 el 13 de marzo de 2013, mediante la suscripci\u00f3n de las correspondientes Escritura P\u00fablicas de Compraventa en la Notar\u00eda Veintitr\u00e9s de Bogot\u00e1; sin embargo, dicen, si bien en esos instrumentos se estableci\u00f3 que el locatario declaraba recibidos los bienes, ello no ocurri\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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Afirman que, no obstante lo anterior, desde 19 de abril de ese mismo a\u00f1o y hasta el mes de julio de 2014, el locatario pag\u00f3 los c\u00e1nones pactados en los citados contratos, pero con sustento en el cese del cumplimiento de esa obligaci\u00f3n, el 15 de septiembre de 2015 la entidad financiera  inici\u00f3 en su contra el referido proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, que por reparto correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de la misma ciudad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se\u00f1alan que el 7 de octubre siguiente, la autoridad convocada admiti\u00f3 la demanda y corri\u00f3 traslado para su contestaci\u00f3n, y una vez notificados de su admisi\u00f3n, y tras surtir un debate por la situaci\u00f3n de insolvencia econ\u00f3mica del se\u00f1or Castro L\u00f3pez, presentaron \u00abdemanda en reconvenci\u00f3n\u00bb, a fin de alegar el supuesto incumplimiento contractual del Banco en la entrega de los inmuebles objeto de los contratos de leasing inmobiliario.  <\/span><\/p>\n

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Afirman que esa demanda en reconvenci\u00f3n fue inicialmente inadmitida por la sede judicial accionada con auto de 30 de septiembre de 2016, y, tras un control oficioso de legalidad, rechazada de plano por improcedente mediante prove\u00eddo del 11 de octubre siguiente, donde tambi\u00e9n se tuvo por no contestada la demanda y se indic\u00f3 que \u00abno iba[n] a ser escuchado[s] dentro del proceso pues no se aport\u00f3 la prueba del pago de los c\u00e1nones [de arrendamiento]\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Afirman que el 19 de octubre de ese mismo a\u00f1o solicitaron al juez convocado que \u00abse tuviera por contestada la demanda pues dentro del cuerpo del escrito de la reconvenci\u00f3n se encontraban los fundamentos de [su] defensa\u00bb, pedimento que fue negado mediante auto del d\u00eda 21 de ese mismo mes y a\u00f1o, generando con ello la vulneraci\u00f3n de su derecho a la defensa, \u00abpor una aplicaci\u00f3n obstinada del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente aseguran, que mediante sentencia del pasado 8 de noviembre se accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda de restituci\u00f3n, \u00abomitiendo la pr\u00e1ctica de pruebas tendientes a corroborar que, en efecto, la tenencia de los bienes se encuentra en cabeza de las personas que celebraron los contratos de compraventa con el Banco de Occidente y que nunca se le hab\u00eda hecho entrega material de los mismos al se\u00f1or Pablo Eduardo Castro L\u00f3pez\u00bb, omisi\u00f3n en la cual cimentan la vulneraci\u00f3n de su prerrogativa superior al debido proceso (fls. 117 a 140, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a)        La titular del Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 inform\u00f3, que durante el respectivo traslado de la demanda a los accionantes dentro del litigio criticado, \u00e9stos \u00abse limitaron a presentar demanda de reconvenci\u00f3n, que fue rechazada de plano, de conformidad con lo reglado en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, por lo cual se profiri\u00f3 sentencia sin oposici\u00f3n, declarando terminados los aludidos contratos de leasing.  <\/span><\/p>\n

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A\u00f1adi\u00f3 que la solicitud de resguardo es improcedente, \u00abya que por negligencia, descuido u omisi\u00f3n de los quejosos\u00bb, no es posible reabrir un debate procesal dentro del cual no se contest\u00f3 en tiempo la demanda, ni se hizo uso de los mecanismos ordinarios de defensa (fls. 155 y 156, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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b)        Fernando Augusto Garc\u00eda Matamoros, quien dijo ser apoderado general y progenitor de Natalia y Diego Fernando Garc\u00eda Ortega, \u00abposeedores y leg\u00edtimos tenedores del inmueble objeto del contrato de leasing inmobiliario No. 180-88979\u00bb, coadyuv\u00f3 la solicitud de amparo, por tambi\u00e9n considerar afectados los derechos de sus descendientes con la decisi\u00f3n censurada, pues, dice, la \u00aboperaci\u00f3n de cr\u00e9dito a favor de Pablo Eduardo Castro L\u00f3pez, [se hizo por el Banco de Occidente] simulando sendos contratos de compraventa y leasing\u00bb (fls. 168 y 169, ib.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Juez constitucional de primer grado no acept\u00f3 la intervenci\u00f3n en el tr\u00e1mite del se\u00f1or Fernando Augusto Garc\u00eda Matamoros, tras considerar que sus supuestos representados ya eran mayores de edad, no aport\u00f3 el \u00abpoder judicial espec\u00edfico\u00bb que lo legitimara para el efecto, ni adujo raz\u00f3n alguna para actuar como agente oficioso.  <\/span><\/p>\n

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       Por otra parte, neg\u00f3 el amparo suplicado por los accionantes, tras no encontrar en el expediente del proceso cuestionado se hubiese decidido no escuchar a aqu\u00e9llos, y observar \u00abun inadecuado ejercicio del derecho de defensa por [parte de \u00e9stos], pues no contestaron la demanda al interior del proceso de restituci\u00f3n, sino que se limitaron a formular una demanda de reconvenci\u00f3n peses a su total improcedencia (n\u00fam. 6 art. 384 CGP)\u00bb.          <\/span><\/p>\n

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Finalmente puntualiz\u00f3, que \u00abel Juzgado accionado advirti\u00f3 que se dej\u00f3 vencer \u201cel traslado de la demanda\u201d desde el 30 de septiembre de 2016 (fl. 218 C.1. proceso), y que, los accionantes se confiaron en la eventual procedencia de la reconvenci\u00f3n propuesta que se rechaz\u00f3 el 11 de octubre de 2016 (fl. 17 C. 4 proceso), una situaci\u00f3n que deb\u00eda estar en la capacidad de prever su apoderado, y que no ven\u00eda a subsanarse con solo se\u00f1alar que se tuviera el escrito de reconvenci\u00f3n como el medio por el cual se propon\u00eda \u201cla excepci\u00f3n de CONTRATO NO CUMPLIDO\u201d (fl. 219 c.1. proceso, subrayado y resaltado en el proceso original), pues como le record\u00f3 la Juez, una vez le escuch\u00f3, en auto por dem\u00e1s no recurrido: \u201cdicho extremo pasivo present\u00f3 solamente demanda de reconvenci\u00f3n y omiti\u00f3 contestar la presenta demanda (\u2026) debe precisarse que la referida demanda fue rechazada de plano\u201d\u00bb (fls. 177 a 188, \u00eddem.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formularon el se\u00f1or Fernando Augusto Garc\u00eda Matamoros y los promotores de la tutela, esgrimiendo el primero, que el poder general que lo faculta para actuar en este tr\u00e1mite obra en original dentro del expediente que fue objeto de inspecci\u00f3n por parte del a quo constitucional; y los \u00faltimos, que no se abord\u00f3 la queja puntual elevada, consistente en haber proferido el Juez criticado una \u00absentencia que no se compadece con la realidad de las circunstancias que rodean los contratos de leasing, toda vez que tuvo la oportunidad de conocer la existencia de un posible problema sobre la ejecuci\u00f3n del mismo, que ten\u00eda la vocaci\u00f3n de afectar la existencia del negocio jur\u00eddico\u00bb, para lo cual debi\u00f3 decretar pruebas de oficio \u00aben aras de conocer la realidad de las cosas\u00bb, lo que aseveran, hubiera cambiado el sentido de la decisi\u00f3n reprochada (fls. 214 a 220, ejusdem)  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La acci\u00f3n de tutela, como regla general, no resulta viable contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de la justicia constitucional interferir en el escenario de los procesos judiciales en curso o ya terminados, para modificar o sustituir las determinaciones all\u00ed pronunciadas por los jueces naturales de las controversias, porque con ello se quebrantar\u00edan los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.    <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, en los precisos casos en los que el funcionario judicial incurre en una v\u00eda de hecho, vale decir, cuando su proceder es arbitrario o caprichoso al punto que lesiona los derechos constitucionales fundamentales, sin que el afectado cuente con otro medio de protecci\u00f3n judicial, puede intervenir el juez de tutela, \u00fanica y exclusivamente para retirar el acto generador de la violaci\u00f3n o amenaza de las mencionadas prerrogativas.  <\/span><\/p>\n

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2.        De manera liminar precisa la Corte, que no aceptar\u00e1 la intervenci\u00f3n que en este asunto pretende hacer el se\u00f1or Fernando Augusto Garc\u00eda Matamoros, quien asegura ser el abogado y progenitor de los poseedores de uno de los inmuebles objeto del contrato de leasing inmobiliario cuestionado, pues se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en el expediente, que no est\u00e1 legitimado para representar en el presente tr\u00e1mite constitucional los intereses de Natalia y Diego Fernando Garc\u00eda Ortega, presuntos afectados con la decisiones adoptadas dentro del proceso cuestionado, pues el poder general que aduce para tal efecto, no se aport\u00f3 a este tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

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T\u00e9ngase en cuenta que conforme a lo previsto en el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991, que cuando se act\u00faa en representaci\u00f3n de otro, como ocurre justamente en el presente caso, deben converger ciertas exigencias indispensables para habilitar ese tipo de accionar, como lo es que quien aduzca representar a otra persona, debe demostrar la existencia del correspondiente mandato, el que adem\u00e1s debe ser conferido con la facultad expresa para representar los intereses del supuesto afectado en cuanto a sus derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Al punto, la Corte Constitucional ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abla legitimaci\u00f3n en la causa por activa se configura a partir del ejercicio directo de la acci\u00f3n, de la representaci\u00f3n legal, (como en el caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jur\u00eddicas), por apoderado judicial, (caso en el cual el apoderado debe ostentar la condici\u00f3n de abogado titulado y al escrito de acci\u00f3n se debe anexar el poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo); o por medio de agente oficioso. No obstante, esta figura no procede directamente, pues es necesario que el agente oficioso afirme que act\u00faa como tal y adem\u00e1s demuestre que el agenciado no se encuentra posibilitado para promover su propia defensa\u00bb (T-054 de 2014).  <\/span><\/p>\n

En ese sentido esta Sala ha precisado, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abcuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para (\u2026) su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente (\u2026). (Sentencias T-658 de 2002; T-451 de 2006 y T. 2011-00118-01 de 10 de junio de 2011 y T. 2011-00153-01 de 27 de julio del mismo a\u00f1o, entre otras). (Subrayas fuera del texto)\u00bb (CSJ STC, 4 May. 2012, rad. 2012-00145-01, reiterada en STC6676-2015 y STC5432-2016).  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Por otra parte y para ahondar en razones, t\u00e9ngase en cuenta que el se\u00f1or Garc\u00eda Matamoros tampoco acredit\u00f3 que sus representados se encuentren en condiciones que les impidan ejercer su propia defensa, como tampoco se aprecia en las documentales allegadas al presente tr\u00e1mite constitucional que Natalia y Diego Fernando Garc\u00eda Ortega tenga alguna discapacidad de tipo f\u00edsico o mental o situaci\u00f3n de especial marginaci\u00f3n o indefensi\u00f3n que les impida procurar la defensa de sus garant\u00edas.  <\/span><\/p>\n

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Sobre este preciso asunto, la Sala ha puntualizado de tiempo atr\u00e1s, que  <\/span><\/p>\n

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\u00aben aquellos casos en los que el titular del derecho violado o amenazado, por condiciones personales, no pueda promover su propia defensa, la ley autoriza la agencia de derechos ajenos de manera oficiosa (art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991), si bien ello es posible, se dec\u00eda, no lo es menos, que esas circunstancias no se evidencian en el presente asunto\u00bb (CSJ STC. 1\u00ba nov. de 2006, exp. T. 01750, reiterada en STC. 19 feb. 2013, rad. 2012-00960-01 y STC5432-2016 entre otras).  <\/span><\/p>\n

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3.        Ahora, descendiendo al caso concreto, observa la Sala que la censura de los accionantes est\u00e1  puntualmente dirigida, contra la providencia del pasado 8 de noviembre, en virtud de la cual el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de esta ciudad accedi\u00f3 a las pretensiones elevadas dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado promovido en su contra por el Banco de Occidente, pues en su sentir, dicha autoridad judicial debi\u00f3 decretar pruebas de oficio de manera previa a adoptar tal decisi\u00f3n, pues en el escrito con que presentaron demanda de reconvenci\u00f3n, la cual fue rechazada por improcedente, alegaron el incumplimiento de su contraparte a lo pactado en los contratos de leasing inmobiliario en que se ciment\u00f3 el litigio.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1.    No obstante, una vez examinada la determinaci\u00f3n atacada, se revela que el amparo invocado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues aqu\u00e9lla tuvo como fundamento argumentos que de manera contraria a considerarse caprichosos, absurdos o infundados, son el resultado del an\u00e1lisis normativo y probatorio aplicado al caso controvertido.  <\/span><\/p>\n

3.2.        Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, puesto que, ante la prueba de la existencia de los contratos y la ausencia de oposici\u00f3n a la restituci\u00f3n por parte de los aqu\u00ed interesados dentro del t\u00e9rmino del traslado de la demanda, pues en dicho lapso s\u00f3lo presentaron demanda de reconvenci\u00f3n, rechazada de plano, la autoridad judicial cuestionada procedi\u00f3 a dar aplicaci\u00f3n al numeral 1\u00ba del par\u00e1grafo 3\u00ba del art\u00edculo 424 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil1, y dict\u00f3 sentencia accediendo a las pretensiones.  <\/span><\/p>\n

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En punto a la iniciativa del fallador ordinario de cara al decreto de pruebas de oficio, la Sala ha dejado sentado que el hecho de que aqu\u00e9l se abstenga de disponer su pr\u00e1ctica, no conlleva, sin m\u00e1s, a que se consideren conculcadas las garant\u00edas fundamentales de las partes. En ese sentido se ha indicado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) si bien es cierto que por v\u00eda jurisprudencial se ha precisado que el decreto de pruebas de oficio previsto en los art\u00edculos 179 y 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil no se instituy\u00f3 en una mera facultad discrecional del juez, sino en \u2018un deber edificado sobre el juicio y conclusi\u00f3n razonable del juzgador\u2019, tambi\u00e9n se ha sostenido, que a \u00e9ste \u2018le compete hacer dicho an\u00e1lisis y adoptar la decisi\u00f3n que estime pertinente de decretar o no la prueba de oficio, pues le basta decretarlas sin recurso alguno\u2026o simplemente abstenerse de hacerlo (pues s\u00f3lo depende de su iniciativa)\u2019 (Cas. Civil. Sent. 12 de septiembre de 1994 exp. 4293); es m\u00e1s, el hecho de que las autoridades judiciales convocadas se hayan abstenido a decretar pruebas de oficio, no apareja, prima facie, quebranto del debido proceso (art\u00edculo 29 de la C. P.), puesto que a los juzgadores les result\u00f3 posible resolver de fondo, con apoyo en el caudal probatorio existente en el expediente. (CSJ STC, 9 dic. 2008, rad. 2008-00358-01, reiterada en STC, 27 mar. 2009, rad. 2009-00007-01)  <\/span><\/p>\n

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En oportunidad m\u00e1s reciente, la Sala precis\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[C]uando una prueba, pese a tener el car\u00e1cter de incompleta, aparece sugerida o insinuada de  tal forma que todos los dem\u00e1s elementos de juicio indiquen de modo inequ\u00edvoco que solo ella falta y que, por ende, su decreto oficioso se torna necesario para arribar al resultado que se muestra evidente,  su decreto oficioso  se erige como deber insoslayable del juez  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cLo anterior no debe interpretarse como si de una imposici\u00f3n insalvable se tratara, o como si el decreto oficioso de pruebas fuera aplicable a todos los casos, o como si ello significara una supresi\u00f3n del principio dispositivo que rige, por regla general, el proceso civil; sino que, simplemente, existen  ciertas  situaciones  en las que un sano criterio de razonabilidad indica  que haciendo uso de esa facultad discrecional del juez, se lograr\u00eda equiparar la verdad procesal a la verdad material, lo cual se traduce en la primac\u00eda del derecho sustancial sobre las formas y en la realizaci\u00f3n de la justicia como fin esencial del derecho.  <\/span><\/p>\n

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\u201cEn s\u00edntesis, el decreto de pruebas de oficio, en materia civil, no es una mera facultad discrecional del juez, como tampoco  una obligaci\u00f3n que se imponga  de modo necesario  en todas las circunstancias; sino que el caso concreto indicar\u00e1, de manera razonable, cu\u00e1ndo esa atribuci\u00f3n se erige en  un  verdadero deber legal. Para tal efecto el funcionario deber\u00e1 emplear los poderes que el estatuto procesal \u201cle concede en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes\u201d (num, 4\u00ba, art. 37 C. de P.C.); cuando \u201clas considere \u00fatiles para la verificaci\u00f3n de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes\u201d (art. 179 ib\u00eddem); y, especialmente, cuando \u201cconsidere que no existe prueba suficiente para la condena en concreto\u201d (art. 307 ib\u00edd.).\u201d (Sentencia de 7 de junio de 2012, exp. 01083-00),  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.3.  Puestas as\u00ed las cosas, se concluye que el se\u00f1alado pronunciamiento no puede tildarse de antojadizo o caprichoso, lo cual impide su revocatoria en esta Sede, pues la diferencia de criterio que expone la parte aqu\u00ed interesada no permite, por s\u00ed sola, predicar el quebranto de los derechos cuya protecci\u00f3n invoca, siendo que en la decisi\u00f3n censurada se observaron las normas que eran aplicables al caso concreto; de all\u00ed que la determinaci\u00f3n impartida no se ofrezca absurda o contraria al ordenamiento que el legislador dispuso para ello.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

T\u00e9ngase presente, como repetidamente lo ha se\u00f1alado la Corte, que el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si,  <\/span><\/p>\n

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\u00abse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2011, Rad. 0183-01; reiterada entre otras en STC1496-2016).  <\/span><\/p>\n

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An\u00e1logamente, la acci\u00f3n de tutela, ha dicho la Corte,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb (CSJ STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada entre otras en STC1496-2016).  <\/span><\/p>\n

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       4.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC847-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02532-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de enero de dos mil diecisiete (2017).-   Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98966","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98966","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98966"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98966\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98966"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98966"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98966"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}