{"id":98967,"date":"2026-06-25T17:32:38","date_gmt":"2026-06-25T17:32:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc848-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:32:38","modified_gmt":"2026-06-25T17:32:38","slug":"stc848-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc848-2017\/","title":{"rendered":"STC848-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC848-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2016-00682-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de enero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 18 de noviembre de 2016, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Jos\u00e9 Antonio Hurtado Castiblanco contra el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Asuntos de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Cuarto de Familia de la misma localidad, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes en la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito inicial.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la especial protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso \u00abefectivo\u00bb a la administraci\u00f3n de justicia, a la igualdad y \u00aba la buena fe\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al no dar por terminado el proceso ejecutivo por alimentos que en su contra promovi\u00f3 Miryam Lili Urquijo Castro en representaci\u00f3n de sus hijas, en ese entonces menores de edad, Alejandra y Daniela Hurtado Urquijo.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Asuntos de Familia de esta ciudad, \u00abdeclar[ar] que existe prueba suficiente del pago de las sumas supuestamente adeudadas, (\u2026) [que] suspenda la actuaci\u00f3n [del referido proceso] hasta tanto pueda nombrar un nuevo abogado que [lo] defienda, (\u2026) [que deje] sin valor ni efecto el contenido de toda la actuaci\u00f3n procesal y orden de remate inclusive, (\u2026) [y que] levant[e] el embargo, secuestro y dem\u00e1s medidas que haya expedido sobre el bien con matr\u00edcula inmobiliaria 50C-1230763 de Bogot\u00e1 (\u2026) [y sobre] el veh\u00edculo de placas SPR 127\u00bb (fls.44 y 45, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pedimentos, aduce en compendio, que el 14 de abril de 2008, la referida se\u00f1ora Urquijo Castro en representaci\u00f3n de sus mentadas hijas, present\u00f3 en su contra demanda con el fin de fijar la cuota de alimentaria de \u00e9stas, la que por reparto correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Cuarto de Familia de Bogot\u00e1, quien le impuso una cuota alimentaria provisional por $1\u00b4000.000,oo, y decret\u00f3 las precitadas medidas de embargo, junto con la  prohibici\u00f3n para salir del pa\u00eds, proceso \u00e9ste que culmin\u00f3 con sentencia el 20 de febrero de 2009, donde se fij\u00f3 una cuota alimentaria definitiva a su cargo por la suma antes citada.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que el 12 de junio de ese mismo a\u00f1o, esa sede judicial libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra por las cuotas provisionales y definitivas en mora, posteriormente secuestr\u00f3 el inmueble embargado, y el 30 de noviembre de 2011, profiri\u00f3 sentencia con que declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n de pago por \u00e9l propuesta, ordenando seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en su contra en los t\u00e9rminos del mandamiento de pago.  <\/span><\/p>\n

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Indica que el 13 de febrero de 2013, solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n de ese cobro judicial, adjuntando para el efecto recibos firmados por sus hijas, en ese entonces menores de edad, por un total de $65\u00b4136.700,oo, pedimento al cual la autoridad judicial convocada no accedi\u00f3 en auto del 28 de mayo siguiente.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que el 9 de mayo de 2014, el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Asuntos de Familia de esta localidad, a quien se remitieron las diligencias por competencia, le neg\u00f3 una nueva solicitud de terminaci\u00f3n del litigio, \u00abinformando que esto solo ser\u00e1 procedente si se allega copia aut\u00e9ntica de la decisi\u00f3n judicial que exonere al demandado del pago de alimentos, escrito de la demandante en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 537 o transacci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Refiere que el 18 de septiembre de ese mismo a\u00f1o, insisti\u00f3 en la culminaci\u00f3n del asunto en comento, anexando para el efecto soportes de pago hasta de ese mes, inclusive, a lo cual la precitada autoridad judicial accedi\u00f3 con prove\u00eddo del 16 de octubre siguiente; sin embargo, dej\u00f3 sin efecto \u00e9sta determinaci\u00f3n con auto del 6 de febrero de 2015, aduciendo que \u00abno exist\u00eda prueba alguna del pago de la suma de $63\u00b4986.604,53, de acuerdo con la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito realizada por el Juzgado Cuarto de Familia el 28 de mayo de 2013\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Expresa que el 21 de octubre de 2015, pidi\u00f3 nuevamente a la autoridad jurisdiccional accionada que finiquitara el proceso de cobro, para lo cual adjunt\u00f3 una \u00abcertificaci\u00f3n y\/o paz y salvo\u00bb proveniente de sus hijas, elaborada el d\u00eda 6 de ese mismo mes y a\u00f1o, con que pretendi\u00f3 probar el pago de las cuotas alimentarias causadas hasta ese momento, solicitud \u00e9sta que tras su traslado a la contraparte, fue negada por la negativa de la ejecutante a reconocer tal declaraci\u00f3n de sus hijas, quien adujo que su contenido no era cierto y hab\u00eda sido suscrito por \u00e9stas bajo promesas.  <\/span><\/p>\n

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Afirma que la sede judicial convocada ha justificado la negativa a terminar el proceso en comento, en que \u00absi bien se han entregado dineros por las sumas ordenadas, los mismos no han sido consignados en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales y por lo tanto, se tienen por no recibidos\u00bb, cuando realmente, dice, ha demostrado al Despacho el cumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria impuesta con el aporte de los recibos que sus hijas le han firmado, obligaci\u00f3n que, dice, atiende aunque \u00e9stas ya son mayores de edad y no est\u00e1n estudiando, y tiene otra hija menor de edad.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente asegura, que no ha objetado las liquidaciones y el aval\u00fao presentados por su contraparte, porque no ha contado con apoderado judicial dentro del proceso, y que por ello fue que se enter\u00f3 del estado del mismo hasta hace poco, optando entonces por presentar la presente solicitud de resguardo (fls. 35 a 46, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a)        La titular del Juzgado Cuarto de Familia de Bogot\u00e1, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, no sin antes hacer un recuento de las principales actuaciones surtidas dentro del proceso de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria que de manera previa a la ejecuci\u00f3n criticada, se adelant\u00f3 en contra del actor, precisando adem\u00e1s, que remiti\u00f3 el expediente de esos procesos a los Juzgado de Ejecuci\u00f3n (fls. 72 a 74, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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b)        Mar\u00eda Erly Garc\u00eda Vald\u00e9s, quien dijo ser apoderada judicial de la parte demandante dentro del proceso ejecutivo de alimentos cuestionado, afirm\u00f3 que el actor present\u00f3 el amparo con el objetivo de \u00abimpedir y entorpecer la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que no se remate el inmueble de su propiedad.  <\/span><\/p>\n

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A\u00f1adi\u00f3 que pese a que el accionante siempre ha contado con apoderado judicial, no ha objetado las liquidaciones de cr\u00e9dito, ni consignado suma alguna por cuota alimentaria en el Banco Agrario, sino que \u00abha efectuado el pago de sumas irrisorias a las mismas alimentarias de manera irregular y caprichosa, quienes ya alcanzaron su mayor\u00eda de edad \u201chaci\u00e9ndoles firmar toda clase de documentos (\u2026) al parecer para lograr decisi\u00f3n favorable, faltando a la verdad y as\u00ed evadir el pago de los alimentos, los cuales se adeudan conforme la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito\u00bb (fls. 78 a 81, ib.).  <\/span><\/p>\n

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c)        Alejandra y Daniela Hurtado Urquijo, beneficiarias de la cuota alimentaria fijada al accionante, manifestaron que han recibido dinero de manera espor\u00e1dica por parte de \u00e9ste, quien se ha negado a cubrir los costos de los estudios universitarios, y nunca suministr\u00f3 las cuotas causadas mientras fueron menores de edad.  <\/span><\/p>\n

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Precisaron adem\u00e1s, que firmaron el \u00abpaz y salvo\u00bb aludido en l\u00edneas anteriores, debido a falsas promesas que les hizo su progenitor, pues supuestamente \u00abal firmarle ese documento [les] iba a ayudar incondicionalmente en todo, prometi\u00e9n[doles] una vivienda propia a cada una y (\u2026) estudios universitarios\u00bb (fls. 83 y 84, \u00eddem.).          <\/span><\/p>\n

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       d)        La Directora Jur\u00eddica de la Secretar\u00eda Distrital de Gobierno de Bogot\u00e1, reclam\u00f3 se aparte a esa dependencia del presente tr\u00e1mite, por no haber irrogado perjuicio alguno a los derechos fundamentales del promotor del amparo (fls. 97 a 99, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tras memorar las principales actuaciones procesales surtidas al interior del juicio reprochado, desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, precisando para el efecto, que incumple con el presupuesto de la inmediatez, dado que entre el momento en que fueron proferidos los autos mediante los cuales el Juzgado accionado le neg\u00f3 al accionante la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo de alimentos por pago total de la obligaci\u00f3n y aqu\u00e9l en que se promovi\u00f3 la presente demanda (2 de noviembre de 2016), se super\u00f3 ostensiblemente el t\u00e9rmino de los seis (6) meses que se considera razonable para acudir a este resguardo constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Adicionalmente anot\u00f3, que \u00ablas providencias rese\u00f1adas tampoco fueron protestadas a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n de que eran susceptibles con miras a que en el marco del proceso se examinara lo que, en sentir del accionante, causa agravio a los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n reclama, de modo que la acci\u00f3n tampoco cumple con el presupuesto de la subsidiariedad que la caracteriza\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Acot\u00f3 que \u00abhaciendo abstracci\u00f3n de lo anterior, las razones en que se afianzaron, tanto la Juez Cuarta de Familia de Bogot\u00e1 D.C. como la Juez Primera de Ejecuci\u00f3n de Sentencias en Asuntos de Familia de Bogot\u00e1 D.C., para negar la terminaci\u00f3n del proceso, no lucen arbitrarias ni son el producto del capricho, sino que encuentran sustento en la realidad f\u00e1ctica del proceso en la medida que, en efecto, varios de los recibos mediante los cuales el ejecutado pretendi\u00f3 acreditar el pago de la obligaci\u00f3n, aparecen suscritos por las alimentarias cuando a\u00fan eran menores de edad, siendo que de conformidad con la sentencia que fij\u00f3 la cuota \u00e9sta deb\u00eda ser cancelada a la progenitora de las mismas en su calidad de representante legal, (\u2026), am\u00e9n de que en relaci\u00f3n con el documento presentado ante notario por las j\u00f3venes Daniela y Alejandra Hurtado Urquijo en el que manifiestan que su padre se encuentra a paz y salvo, lo cierto es que \u00e9stas con posterioridad infirmaron lo all\u00ed manifestado a trav\u00e9s del escrito que radicaron en la secretar\u00eda del Juzgado el d\u00eda 20 de abril de 2016 (folios 597 y 598 del C.1), donde, adem\u00e1s, coadyuvaron la \u00faltima liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por la apoderada que ven\u00eda represent\u00e1ndolas\u00bb   <\/span><\/p>\n

       Finalmente precis\u00f3, que la petici\u00f3n del actor en caminada a que se suspenda la plurimencionada ejecuci\u00f3n mientras se le designa nuevo apoderado, debe ventilarse ante el juez natural, y, que el remate de los bienes objeto de cautela encuentra sustento en las normas y procedimientos que rigen ese tipo de asuntos (fls. 113 a 120, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 el accionante, arguyendo similares argumentos a los del escrito de tutela (fls. 121 a 125, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        La jurisprudencia constitucional de esta Sala ha ahondado en la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n tutelar. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte, en que a falta de cualquiera de las aludidas exigencias debe negarse la petici\u00f3n de amparo.  <\/span><\/p>\n

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3.        En el caso sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, y una vez revisadas las diligencias, se anticipa el fracaso de lo pretendido por el se\u00f1or Jos\u00e9 Antonio Hurtado Castiblanco a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, como quiera que en esencia sus cuestionamientos est\u00e1n dirigidos contra las decisiones del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Asuntos de Familia de Bogot\u00e1, de no dar por terminado el  referido proceso de ejecutivo de alimentos, siendo la \u00faltima de ellas la solicitud cuyo traslado se dio mediante prove\u00eddo del 17 de noviembre de 2015, que ante la negativa de la ejecutante en aceptarla, debi\u00f3 continuarse con el tr\u00e1mite del proceso, en tanto que la demanda de tutela se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 2 de noviembre de 2016 (fl.47, cdno. 1), de donde deviene claro que la solicitud fue presentada tard\u00edamente.  <\/span><\/p>\n

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Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un tiempo significativo \u2013 casi un a\u00f1o -, sin que el interesado solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con dicha actuaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la prontitud que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado.  <\/span><\/p>\n

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La Corte, en la materia, de vieja data ha se\u00f1alado que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[t]al conclusi\u00f3n no responde a un parecer arbitrario de esta Sala; por el contrario, coincide con la posici\u00f3n que sobre el tema han fijado la jurisprudencia constitucional y la doctrina nacional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea.  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada.  <\/span><\/p>\n

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Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 3  oct. 2007, rad. 2007-01230; reiterada en CSJ STC16300-2016).  <\/span><\/p>\n

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4.        Para ahondar en argumentos desestimatorios del amparo pretendido, la Corte tambi\u00e9n observa que el actor ha omitido de manera consistente acudir a los mecanismos de impugnaci\u00f3n que proced\u00edan para cuestionar las decisiones que considera lesivas de sus prerrogativas superiores, esto es, el recurso reposici\u00f3n (art. 318 CGP) contra los prove\u00eddos que le han negado la terminaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n criticada, y la objeci\u00f3n a las liquidaciones de cr\u00e9dito presentadas por su contraparte (n\u00fam. 2, art. 446 CGP), conducta incuriosa y negligente del aqu\u00ed interesado que deja en evidencia la falta de diligencia en el uso de las herramientas previstas en el ordenamiento jur\u00eddico para la defensa de sus derechos, y cierra toda posibilidad de poder acudir con \u00e9xito a este mecanismo especial de protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En punto a la eficacia de dicho remedio horizontal, la Corte ha expuesto que,  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[N]o se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, Rad. 00050-01, STC, 12 mar. 2013, Rad. 2012-00555-01; CSJ STC11960-2014 y CSJ STC13344-2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora, en cuanto a la improcedencia de la solicitud de amparo por tal omisi\u00f3n en el uso de los mecanismos ordinarios de impugnaci\u00f3n, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (STC9485-2014; STC10792-2014; STC10786-2014; STC11394; STC14062-2015 entre otras).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo ha referido, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abLa finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC, 25 ago.  2008, rad. 01343-00 y STC14062-2015).  <\/span><\/p>\n

En este orden de ideas, como la acci\u00f3n invocada no es un medio alternativo, le correspond\u00eda al interesado emplear en debida forma los instrumentos defensivos previsto para el proceso en particular, dentro del escenario correspondiente, pero como ello no ocurri\u00f3 as\u00ed, se reitera, ello desemboca en el fracaso de lo aqu\u00ed suplicado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        Sin perjuicio de lo anterior, se pone de presente al aqu\u00ed interesado que puede promover en el momento que lo estime pertinente un nuevo proceso para que se estudie la disminuci\u00f3n de la mesada a favor de sus hijas, hoy mayores de edad, o incluso se le exima de la misma, \u00abtoda vez que la decisi\u00f3n que se adopt\u00f3 respecto de los alimentos no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material, sino meramente formal, circunstancia contemplada como causal de improcedencia del amparo en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC-8685-2014, reiterada en STC7466-2015 y STC 9330-2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        Finalmente, como bien considerara el a quo constitucional, no es posible acceder a la petici\u00f3n para que se suspenda la comentada ejecuci\u00f3n mientras el actor designa un nuevo apoderado judicial, toda vez que no obra en el expediente constitucional de que previamente haya elevado una solicitud en tal sentido ante el juez natural, circunstancia que torna en improcedente el amparo, de cara a la residualidad y subsidiariedad que caracterizan este especial mecanismo de protecci\u00f3n.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener la sentencia controvertida.  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y a los dem\u00e1s intervinientes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado Ponente      STC848-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2016-00682-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de enero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98967","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98967","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98967"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98967\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98967"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98967"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98967"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}