{"id":98969,"date":"2026-06-25T17:32:49","date_gmt":"2026-06-25T17:32:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc851-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:32:49","modified_gmt":"2026-06-25T17:32:49","slug":"stc851-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc851-2017\/","title":{"rendered":"STC851-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC851-2017  <\/span><\/p>\n

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(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de enero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 21 de noviembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Duberney Uribe Reyes contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la vida digna, a la \u00abestabilidad laboral reforzada\u00bb, al \u00abm\u00ednimo vital\u00bb, al trabajo y a la \u00abseguridad social\u00bb, presuntamente conculcados por la entidad accionada, al haberlo desvinculado del cargo que desempe\u00f1aba como \u00abProcurador Judicial I Penal\u00bb, sin tener en cuenta su condici\u00f3n de \u00abprepensionado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, concretamente, que se ordene al ente convocado, su i) \u00abreintegro nombr\u00e1ndo[lo] en provisionalidad hasta que sea incluido en la n\u00f3mina de pensionados de COLPENSIONES o se decida de fondo la acci\u00f3n contenciosa administrativa a la que acuda para la protecci\u00f3n definitiva de [sus] derechos, como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable, en un cargo igual o similar, al que ostent[a] en la actualidad, que no haya sido provisto en raz\u00f3n al concurso [de m\u00e9ritos previsto para ocupar los diferentes cargos de la entidad]\u00bb; y, ii) \u00abel pago de los sueldos dejados de percibir como consecuencia de su desvinculaci\u00f3n\u00bb (fl. 35, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.  En apoyo de tales pretensiones, aduce en compendio, que pese a que desde el 17 de mayo de 1997, viene desempe\u00f1\u00e1ndose como Procurador Judicial I Penal, y cuenta con \u00ab64 a\u00f1os de edad y con m\u00e1s de 1173 semanas de cotizaci\u00f3n, faltando[l]e aproximadamente dos a\u00f1os y medio para adquirir el derecho a la pensi\u00f3n\u00bb, mediante oficio No. 4022 del 17 de agosto de 2016, el Secretario General de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n le notific\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la instituci\u00f3n, en raz\u00f3n del nombramiento en propiedad de  Alba Luz Puentes Osorio, quien hace parte de la lista de elegibles publicada en el marco del concurso de m\u00e9rito previsto para proveer 317 cargos de Procurador Judicial I.     <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que aunque exist\u00edan cargos iguales al suyo en otras delegaturas, los cuales exced\u00edan el n\u00famero de concursantes que pudiesen aplicar, y que el 22 de junio de la misma anualidad solicit\u00f3 que \u00abse tuviese en cuenta [su] situaci\u00f3n de prepensionado (\u2026) al carecer adem\u00e1s de otro sustento distinto a su salario (\u2026) se [l]e diera el amparo y protecci\u00f3n al cual tendr\u00eda derecho\u00bb al finalizar su nombramiento, la memorada dependencia en oficio del 19 de agosto pasado, despu\u00e9s de m\u00e1s de 39 d\u00edas, neg\u00f3 su petici\u00f3n, \u00abaduciendo que no era posible desplazar los derechos de quien gana un concurso por los de un provisional que ocupe el empleo y no tener \u201cmargen de maniobra\u201d al ser la lista de elegibles mayor que la oferta\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Indica que tiene que cumplir con acreencias por las cuales mensualmente cancela la suma de $2.000.000,oo; y, que el salario que percibe es su \u00fanico ingreso, del cual dependen no solo \u00e9l y su c\u00f3nyuge, quien es \u00abama de casa con 63 a\u00f1os de edad\u00bb, sino su progenitora, que \u00abtiene 84 a\u00f1os\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente sostiene, que dada su edad, no solo padece de varios \u00abquebrantos de salud (\u2026) [como] diabetes, complicaciones renales y urinarias, presi\u00f3n arterial alta\u00bb, por lo que requiere \u00abconstante y permanente atenci\u00f3n m\u00e9dica\u00bb, sino que se le dificultar\u00eda conseguir un nuevo empleo, raz\u00f3n por la cual, su desvinculaci\u00f3n, le causar\u00eda un perjuicio irremediable (fls. 1 a 24, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.        La apoderada judicial de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, pidi\u00f3 denegar el amparo por improcedente, tras indicar que el accionante tiene la posibilidad de cuestionar ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, el acto mediante el cual fue nombrada Alba Luz Puentes Osorio como Procuradora Judicial I Delegada en lo Penal en Honda; a lo que agreg\u00f3, que tampoco lesion\u00f3 con lo resuelto prerrogativa superior alguna al inconforme, pues \u00e9ste \u00abpara el momento en que el nominador orden\u00f3 la apertura del Concurso de M\u00e9ritos, esto es, el 20 de enero de 2015, (\u2026) contaba con 62 a\u00f1os, (08) meses, 25 d\u00edas lo que significa que no ten\u00eda la condici\u00f3n de prepensionado\u00bb (fls. 85 a 89, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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b.        La hoy Procuradora Judicial I, C\u00f3digo 3 PJ, Grado EG, Procuradur\u00eda 305, con sede en Honda, puntualiz\u00f3 en lo fundamental, que  \u00abno le asiste la raz\u00f3n al accionante, para solicitar la suspensi\u00f3n de [su] nombramiento, debido a que [\u00e9ste], se hizo en cumplimiento de lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional, sin que pueda decir que es[e] encargo sea violatorio de los derechos fundamentales de las personas que ocupaban esos cargos en provisionalidad\u00bb (fls. 96 y 97, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Juez Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, tras considerar que el actor no cumple con los requisitos previstos en el Decreto 3905 de 2009 y el Acuerdo 121 de la misma anualidad, pues el nombramiento en provisionalidad en el cargo que anhela, tuvo ocurrencia con posterioridad a la promulgaci\u00f3n de las citadas normas; adem\u00e1s, que la estabilidad laboral reforzada en caso de las personas prepensionadas, no opera cuando se trata de un concurso de m\u00e9ritos.  <\/span><\/p>\n

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De otro lado agreg\u00f3, que se incumple con el requisito de la subsidiariedad, pues al inconforme \u00able sobreviene la oportunidad de acudir ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa a fin de atacar las decisiones a trav\u00e9s de las cuales se le desconoce su derecho o status de prepensionado o debatir su desvinculaci\u00f3n\u00bb (fls. 203 a 212, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante recurri\u00f3 el fallo anterior, utilizando para el efecto argumentos similares a los planteados en la demanda de amparo; a m\u00e1s de agregar, que el a quo constitucional no tuvo en cuenta que las memoradas normas no le eran aplicables, pues lo que \u00e9l requiere es que se d\u00e9 alcance a la jurisprudencia constitucional sobre la materia, m\u00e1xime, cuando tampoco puede acudir a cuestionar su desvinculaci\u00f3n ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, en la medida que el acto que orden\u00f3 el nombramiento de la concursante que aprob\u00f3 la convocatoria, est\u00e1 revestido de legalidad y es de car\u00e1cter particular (fls. 218 a 229, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Recuerda la Corte que conforme con lo consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violaci\u00f3n, si el interesado no cuenta con otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, el cual le ser\u00e1 protegido de manera inmediata, a trav\u00e9s de esta v\u00eda breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relaci\u00f3n con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.    <\/span><\/p>\n

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1. El accionante dirige el amparo frente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, toda vez que lo desvincularon del cargo de Procurador Judicial I Penal C\u00f3digo y Grado EPJ-EG Adscrito a la Procuradur\u00eda Delegada  para el Ministerio P\u00fablico en Asunto Penales \u2013 con sede en Honda \u2013 Tolima-, desconociendo su calidad de \u00abprepensionado\u00bb y en su reemplazo nombraron a Alba Luz Puentes Osorio, quien super\u00f3 el proceso de selecci\u00f3n realizado para ocupar dicho empleo.    <\/span><\/p>\n

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1. Respecto de la estabilidad laboral reforzada de las personas pr\u00f3ximas a pensionarse o \u00abpre-pensionados\u00bb y el derecho a acceder a un cargo p\u00fablico de quienes han triunfado en un concurso de m\u00e9ritos, cumple advertir que esta Corporaci\u00f3n, en sentencias de STC11255-2014 y STC1809-2016, puntualiz\u00f3 que:    <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u201cpara determinados grupos de funcionarios, como madres y padres cabeza de familia, discapacitados o pre-pensionados, concurre una relaci\u00f3n de dependencia intr\u00ednseca entre la permanencia en el empleo p\u00fablico y la garant\u00eda de sus derechos fundamentales, particularmente el m\u00ednimo vital y la igualdad de oportunidades. De all\u00ed que se sostenga\u2026que la eficacia de esos derechos depende del reconocimiento de estabilidad laboral en aquellos casos, a trav\u00e9s de un ejercicio de ponderaci\u00f3n entre tales derechos y los principios que informan la carrera administrativa\u201d (C.C. ST-186 de 2013).  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior adquiere importancia si se tiene en cuenta que dicha permanencia en el empleo o estabilidad se ver\u00eda gravemente afectada por el retiro del cargo de la persona que se encuentra en alguno de los grupos poblacionales enunciados, lo que sin duda ir\u00eda en detrimento de sus garant\u00edas esenciales, como ya se dijo.  <\/span><\/p>\n

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Correlativamente a ello se ubica el derecho del ciudadano que, habiendo superado las etapas de un concurso de m\u00e9ritos, aspira a ocupar un cargo dentro de la administraci\u00f3n p\u00fablica. Sobre el particular la Corte Constitucional ha considerado que:  <\/span><\/p>\n

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\u201c\u2026resulta plenamente justificado, desde la perspectiva constitucional, que los ciudadanos que superan satisfactoriamente los procesos de selecci\u00f3n, adquieran un derecho subjetivo, de \u00edndole superior, de ingreso al servicio p\u00fablico. Los derechos de carrera, as\u00ed entendidos, garantizan de suyo un grado de estabilidad laboral para el aspirante que gana el concurso, quien solo podr\u00e1 ser excluido del empleo conforme a las disposiciones constitucionales y legales. Estos derechos, a su vez, imponen un acceso preferente al cargo, que subordina la permanencia en el empleo del servidor que lo ostente y que no haya ingresado al mismo mediante concurso p\u00fablico de m\u00e9ritos\u2026\u201d(C.C. ST-186 de 2013).  <\/span><\/p>\n

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En ese orden de ideas, no cabe duda de que la controversia surge cuando un servidor p\u00fablico pr\u00f3ximo a pensionarse ejerce un empleo en provisionalidad, el cual es ofertado a concurso p\u00fablico de m\u00e9ritos y asignado al aspirante que supera dicho concurso. En estos eventos, la jurisprudencia constitucional ha estimado que:  <\/span><\/p>\n

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\u201c\u2026entran en tensi\u00f3n dos derechos de raigambre constitucional. El primero, que refiere al derecho subjetivo del aspirante a acceder al empleo p\u00fablico por haber superado el concurso p\u00fablico de m\u00e9ritos, que es a la vez el mecanismo preferente y general para el acceso a los empleos del Estado. El segundo, que tiene que ver con la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales del prepensionado, que se ver\u00edan intervenidos por el retiro del cargo, lo que lo dejar\u00eda en estado de vulnerabilidad econ\u00f3mica. La jurisprudencia de la Corte ha considerado que este asunto no puede resolverse simplemente a trav\u00e9s de la opci\u00f3n a favor de alguno de los derechos en conflicto.  En contrario, ha planteado la necesidad que en el caso concreto se efect\u00fae un ejercicio de ponderaci\u00f3n entre esos derechos, el cual no afecte el n\u00facleo esencial de cada uno de los extremos en cuesti\u00f3n.  Para ello ha enfatizado en dos tipos de argumentos centrales: (i) la necesidad que las autoridades del Estado interpreten las normas de forma razonable, proporcionada y compatible con los derechos fundamentales de los afectados; (ii) la obligaci\u00f3n que esas mismas autoridades hagan una evaluaci\u00f3n objetiva de las circunstancias del caso, diferente a una adjudicaci\u00f3n aleatoria, en la cual se determine si es posible proteger concomitantemente los derechos del prepensionado y del aspirante\u2026\u201d (C.C. ST-186 de 2013)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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1. Bajo los anteriores lineamientos y descendiendo al caso bajo estudio la Corte evidencia lo siguiente:    <\/span><\/p>\n

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1. Duberney Uribe Reyes desempe\u00f1\u00f3 en calidad de provisionalidad el cargo de Procurador 305 Judicial I Penal de Honda \u2013Tolima, hasta el 5 de septiembre de 2016 (fl. 93 cdno. 1).    <\/span><\/p>\n

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1. Para la fecha en menci\u00f3n, el accionante contaba con 64 a\u00f1os y 5 meses de edad aproximadamente (fl. 24A cdno. 1); adem\u00e1s, para ese momento hab\u00eda cotizado a la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones, un total de 1.170 semanas (fls. 4 a 9, cdno. Corte).    <\/span><\/p>\n

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1. El promotor fue desvinculado del empleo aludido y en su reemplazo nombraron a Alba Luz Puentes Osorio, quien super\u00f3 el concurso de m\u00e9ritos realizado para ocupar esa plaza.    <\/span><\/p>\n

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1. El accionante puso en conocimiento a la entidad acusada su situaci\u00f3n laboral, manifestando que le faltaba poco tiempo para alcanzar uno de los requisitos de jubilaci\u00f3n, no obstante, en comunicaci\u00f3n de 19 de agosto de la pasada anualidad \u00e9sta le contest\u00f3 que negativamente, tras considerar que \u00abla lista de elegibles contenida con la Resoluci\u00f3n 340 del 11 de julio de 2016, se integra por ciento noventa y ocho (198) personas, para un total de ciento cuarenta y nueve (149) empleos\u00bb (fls. 17 a 19, cdno. 1).    <\/span><\/p>\n

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1. Mediante Resoluci\u00f3n No. 2015_10854546 de 21 de enero de 2016, la Gerente Nacional de Reconocimiento de Colpensiones le neg\u00f3 al gestor el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez, con fundamento en que no logr\u00f3 acreditar el requisito m\u00ednimo de semanas de cotizaci\u00f3n, esto es 1.300 semanas.    <\/span><\/p>\n

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1. As\u00ed las cosas, contrario a lo considerado por el juez constitucional de primer grado, el se\u00f1or Duberney Uribe Reyes para el momento de su desvinculaci\u00f3n estaba cobijado con la protecci\u00f3n constitucional de estabilidad reforzada dada su condici\u00f3n de pre-jubilado, a ese respecto, n\u00f3tese que contaba con la edad de jubilaci\u00f3n y solamente le faltaban 130 semanas de cotizaci\u00f3n al r\u00e9gimen pensional, esto es, 2 a\u00f1os y 8 meses, por lo que se concluye que el prenombrado ciudadano, eventualmente, tiene derecho al reconocimiento de la pensi\u00f3n m\u00ednima1 y no obstante ello, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n decidi\u00f3 desvincularlo del cargo que ocupaba.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora, si bien el accionante en el R\u00e9gimen de Prima Media apenas cumple con los presupuestos para alcanzar una pensi\u00f3n m\u00ednima, no por ello se le debe desconocer su estatus de prepensionado, por el contrario, esa especial situaci\u00f3n merece una protecci\u00f3n mayor con el fin de satisfacer la garant\u00eda del se\u00f1or Uribe Reyes a obtener una pensi\u00f3n.   <\/span><\/p>\n

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6.        Lo anterior, no quiere decir que la entidad referida deb\u00eda desconocer el derecho que le asist\u00eda a Alba Luz Puentes Osorio a acceder al cargo p\u00fablico para el cual concurs\u00f3, por el contrario, procedi\u00f3 de manera coherente al nombrarla en esa plaza. Lo que realmente se reprocha es que desvincul\u00f3 al accionante sin analizar su situaci\u00f3n especial, m\u00e1xime cuanto \u00e9ste le puso de presente su particular situaci\u00f3n mucho antes de que proveyera el cargo.  <\/span><\/p>\n

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1. Ahora bien, tal y como lo decant\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia T- 326 de 2014, la acci\u00f3n de tutela es procedente en el presente caso y, \u00abdebe examinarse en perspectiva del amparo definitivo de los derechos, pues se pretende evitar la soluci\u00f3n de continuidad entre el retiro del servicio de la accionante y su inclusi\u00f3n en la n\u00f3mina de pensionados, lo que materialmente no podr\u00eda lograrse en un proceso contencioso administrativo, teniendo en cuenta la duraci\u00f3n del mismo\u00bb, raz\u00f3n por la cual no es de recibo lo considerado por el Tribunal Constitucional en torno a que le asiste otro mecanismo de defensa judicial al promotor del amparo.    <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, en su lugar, CONCEDE la protecci\u00f3n constitucional solicitada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, se ORDENA a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a reintegrar a Duberney Uribe Reyes en un cargo de igual o superior categor\u00eda al que ven\u00eda ocupando antes de su desvinculaci\u00f3n y mantenga su nombramiento hasta que sea cumpla con el n\u00famero de semanas de cotizaci\u00f3n requeridas y sea  incluido en la n\u00f3mina de pensionados por parte de la entidad a que corresponda el reconocimiento y pago de su pensi\u00f3n de vejez.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC851-2017   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de enero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 21 de noviembre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98969","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98969","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98969"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98969\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98969"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98969"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98969"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}