{"id":98970,"date":"2026-06-25T17:32:53","date_gmt":"2026-06-25T17:32:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc852-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:32:53","modified_gmt":"2026-06-25T17:32:53","slug":"stc852-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc852-2017\/","title":{"rendered":"STC852-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC852-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02486-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de enero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 23 de noviembre de 2016, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Leidy Julieth Arias Rocha frente al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de la misma localidad, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.  La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a \u00abla contradicci\u00f3n\u00bb, a \u00abla verdad procesal y material\u00bb, a una vivienda digna, a la igualdad y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad jurisdiccional accionada, al notificar por fuera de t\u00e9rmino, el mandamiento de pago librado en su contra, y, rematar un inmueble de su propiedad con base en un aval\u00fao de m\u00e1s de un (1) a\u00f1o de vigencia, dentro del proceso ejecutivo hipotecario que en su contra promovi\u00f3 Bancolombia S.A.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, que se ordene al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de esta capital, \u00abdispon[er] la anulaci\u00f3n de todo lo actuado dentro del proceso objeto de esta tutela (\u2026) dejando sin efecto todo lo actuado desde la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago, y entre otras, la diligencia de remate realizada el 19 de octubre de 2016, y que se ordene la actualizaci\u00f3n del correspondiente aval\u00fao\u00bb (fls. 161 y 162, cdno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que dentro litigio referido en l\u00edneas anteriores, el pasado 19 de octubre fue rematado el bien objeto de garant\u00eda real, sin que previamente, asegura, la entidad ejecutante, o de oficio dicha autoridad jurisdiccional, actualizaran el aval\u00fao del mismo, pues \u00e9ste data del 15 de septiembre del a\u00f1o inmediatamente anterior.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a)        Bancolombia S.A. a trav\u00e9s de su representante legal, inform\u00f3 que el 19 de octubre de 2016, se llev\u00f3 a cabo la subasta de la cual se duele la accionante, qui\u00e9n nada hizo dentro del proceso cuestionado para poner de presente las inconformidades aqu\u00ed tra\u00eddas, lo que torna improcedente su solicitud de resguardo (fls. 15 a 21, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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b)        El Titular del Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Oralidad de esta capital manifest\u00f3, que dentro del juicio cuestionado la aqu\u00ed tutelante se notific\u00f3 del mandamiento de pago el 2 de julio de 2013, y en t\u00e9rmino propuso excepciones, las que fueron desestimadas mediante sentencia del 11 de mayo de 2015, orden\u00e1ndose seguir adelante con la ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1al\u00f3 que una vez proferida tal determinaci\u00f3n, el asunto fue enviado a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n, raz\u00f3n por la que no le consta lo ocurrido con posterioridad dentro del mismo, motivo por el cual estima que no ha vulnerado los derechos fundamentales cuyo resguardo se implora (fls. 33 y 34, \u00eddem.).  <\/span><\/p>\n

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c)        Lida Esperanza Camargo Agudelo, rematante dentro de la comentada ejecuci\u00f3n, indic\u00f3 que la accionante  hab\u00eda presentado antes una acci\u00f3n de tutela con base en el mismo litigio, alegando que el avalu\u00f3 dado al inmueble era superior a su valor comercial (110012203000201600085-00), la cual fue denegada en el mes de enero de 2016, por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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Acot\u00f3 que de haber alguna irregularidad en la almoneda que pueda afectar su validez, se considerar\u00e1 saneada si no es alegada antes de la adjudicaci\u00f3n del bien rematado (fls. 42 y 43, ib.).  <\/span><\/p>\n

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d)        El Juez Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de esta Urbe expres\u00f3, que el 18 de septiembre de 2015 tuvo en cuenta que el mentado aval\u00fao no hab\u00eda sido objetado, por lo que se\u00f1al\u00f3 para el 27 de enero de 2016, la almoneda, la cual no se llev\u00f3 a cabo debido al cese de actividades que por el paro judicial se present\u00f3 en esa fecha.  <\/span><\/p>\n

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Manifest\u00f3 que el 29 de marzo de ese mismo a\u00f1o, se se\u00f1al\u00f3 el 9 de junio siguiente, nueva fecha para el remate; empero, debido a que \u00ablas publicaciones no reun\u00edan los presupuestos del art\u00edculo 450 del C.G. del P.\u00bb, el d\u00eda 27 de ese mismo mes y a\u00f1o se reprogram\u00f3 la diligencia para el 19 de octubre de esa anualidad, fecha en la que efectivamente se adjudic\u00f3 el bien perseguido a la se\u00f1ora Lida Esperanza Camargo Agudelo (fls. 45 y 46, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El juez constitucional de primer grado neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, tras advertir de la revisi\u00f3n del proceso cuestionado, que \u00abla actuaci\u00f3n de la jueza querellada (sic) no deviene antojadiza, arbitraria o caprichosa, toda vez que las determinaciones de las que se duele la promotora del amparo tienen fundamento en el tr\u00e1mite que el legislador tiene previsto para el proceso ejecutivo, sin que pueda considerarse el argumento referente a la desactualizaci\u00f3n del aval\u00fao, pues si bien le asiste raz\u00f3n cuando manifiesta que \u00e9ste debe actualizarse de manera peri\u00f3dica, lo cierto es que, precisamente, el legislador facult\u00f3 de manera especial al deudor para que aporte un nuevo aval\u00fao si ha \u201ctranscurrido un (1) a\u00f1o desde la fecha en que el anterior aval\u00fao qued\u00f3 en firme\u201d, por cuanto \u00e9l es el m\u00e1s interesado en procurar que se pague un mayor precio por los bienes cautelados, sin que sea necesario que medie una orden judicial o, como en este asunto ocurri\u00f3, esperar hasta que se lleve a cabo la almoneda para pretender, a trav\u00e9s de este mecanismo preferente y sumario revivir tal oportunidad procesal que la misma parte dej\u00f3 fenecer\u00bb (fls. 56 a 60, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La accionante impugn\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n, sin esgrimir ning\u00fan argumento (fl. 72, C\u00edt.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La acci\u00f3n de tutela, como regla general, no resulta viable instaurarla contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de la justicia constitucional interferir en el escenario de los procesos judiciales en curso o ya terminados, para modificar o sustituir las determinaciones all\u00ed pronunciadas por los jueces naturales de las controversias, porque con ello se quebrantar\u00edan los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.    <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, en los precisos casos en los que el funcionario judicial incurre en causal de procedencia del amparo, vale decir, cuando su obrar es arbitrario o caprichoso al punto que lesiona los derechos constitucionales fundamentales, sin que el afectado cuente con otro medio de protecci\u00f3n judicial, puede intervenir el juez de tutela, \u00fanica y exclusivamente para retirar el acto generador de la violaci\u00f3n o amenaza de las mencionadas prerrogativas.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, se observa que la censura est\u00e1 encaminada concretamente, contra el remate que el 19 de octubre de 2016, realiz\u00f3 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1, sobre el inmueble objeto de garant\u00eda dentro del proceso ejecutivo hipotecario que adelant\u00f3 Bancolombia S.A. en contra de Leidy Julieth Arias Rocha (aqu\u00ed accionante), pues en sentir de esta \u00faltima, ha debido previamente actualizarse el aval\u00fao  del mismo, teniendo el mismo que el que obraba en el asunto databa del 18 de septiembre de 2015.  <\/span><\/p>\n

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3.   Bajo esa perspectiva, se advierte que la solicitud de amparo es improcedente, toda vez que la promotora de la tutela omiti\u00f3 acudir a la herramienta procesal que establece el ordenamiento para evitar la vulneraci\u00f3n ius fundamental que alega en esta oportunidad, esto es, la presentaci\u00f3n de un nuevo aval\u00fao del inmueble tan pronto transcurri\u00f3 un a\u00f1o desde que el anterior qued\u00f3 en firme, conforme posibilita la parte final del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 457 del C\u00f3digo General del Proceso, donde se establece que adem\u00e1s de las oportunidades que tiene el ejecutante para actualizar el justiprecio del bien a rematar, \u00abla misma posibilidad tendr\u00e1 el deudor cuando haya transcurrido m\u00e1s de un (1) a\u00f1o desde la fecha en que el anterior qued\u00f3 en firme\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, esta conducta incuriosa y negligente de la aqu\u00ed interesada, cierra por ende toda posibilidad de poder acudir con \u00e9xito a este mecanismo especial de protecci\u00f3n, pues deja en evidencia la falta de diligencia de \u00e9sta en el uso de las herramientas previstas en el ordenamiento jur\u00eddico para la defensa de sus derechos.  <\/span><\/p>\n

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En punto a la improcedencia de la solicitud de amparo, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (STC9485-2014; STC10792-2014; STC10786-2014; STC11394; STC14062-2015 entre otras).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo ha referido, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abLa finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC, 25 ago. 2008, rad. 01343-00 y STC14062-2015).  <\/span><\/p>\n

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En este orden de ideas, como la acci\u00f3n invocada no es un medio alternativo, le correspond\u00eda a la interesada emplear en debida forma los instrumentos defensivos previsto para el proceso en particular, dentro del escenario correspondiente, pero como ello no ocurri\u00f3 as\u00ed, se reitera, ello desemboca en el fracaso de lo aqu\u00ed suplicado.  <\/span><\/p>\n

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4.        Por otra parte, la supuesta vulneraci\u00f3n alegada por la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago a la accionante, luego de transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o desde su emisi\u00f3n, no constituye vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno, pues a diferencia de lo considerado por \u00e9sta, ello no contraviene ninguna disposici\u00f3n legal, situaci\u00f3n suficiente para desestimar la queja elevada sobre el particular.  <\/span><\/p>\n

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5.        Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin lugar a m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone ratificar la sentencia controvertida.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC852-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02486-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete).      Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de enero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98970","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98970","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98970"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98970\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98970"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98970"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98970"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}