{"id":98972,"date":"2026-06-25T17:33:01","date_gmt":"2026-06-25T17:33:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc855-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:33:01","modified_gmt":"2026-06-25T17:33:01","slug":"stc855-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc855-2017\/","title":{"rendered":"STC855-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC855-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2016-00859-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 28 de noviembre de 2016, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Fernando Antonio Hern\u00e1ndez V\u00e9lez contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bello, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de los procesos declarativo y ejecutivos a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, dentro del proceso coercitivo que adelant\u00f3 en contra del se\u00f1or German Augusto Valencia L\u00f3pez, al demorar, de forma injustificada, la entrega del t\u00edtulo judicial que por virtud de embargo all\u00ed decretado, consign\u00f3 a \u00f3rdenes de ese Despacho la sociedad Transportes Medell\u00edn Castilla S.A.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia requiere, de manera concreta, que se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bello, \u00ab[l]e ENTREGUE EL T\u00cdTULO contentivo del dep\u00f3sito judicial que [existe] a [su] favor y del cual ya hab\u00eda ordenado la entrega, por valor de SESENTA MILLONES VEINTE MIL TRECE PESOS M.L. ($60\u2019020.013) consignados por TRANSPORTES MEDELL\u00cdN CASTILLA S.A. desde el treinta (30) de julio de dos mil quince (2015)\u00bb (fl. 7, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tal pretensi\u00f3n y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en s\u00edntesis, que desde el a\u00f1o 2008, promovi\u00f3 demanda ejecutiva singular contra el se\u00f1or Germ\u00e1n Augusto Valencia L\u00f3pez, la cual correspondi\u00f3 por reparto conocer al Despacho convocado, tr\u00e1mite en el que solicit\u00f3 el embargo del cr\u00e9dito que a favor de su deudor fue declarado en el marco del proceso declarativo de responsabilidad civil extracontractual que \u00e9ste instaur\u00f3 contra Transportes Medell\u00edn Castilla S.A., en el que esta \u00faltima result\u00f3 condenada a pagar la suma de $60\u2019020.013,oo por concepto de perjuicios.  <\/span><\/p>\n

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Alega que \u00abtramitados los oficios de embargo la empresa TRANSPORTES MEDELL\u00cdN CASTILLA S.A. (antes TRANSPORTES CASTILLA S.A.), acatando la orden impartida, deposit\u00f3 a \u00f3rdenes del Juzgado Segundo Civil de Oralidad del Circuito de Bello en la cuenta n\u00famero 050882031002 (que es la del mencionado despacho judicial) la suma de SESENTA MILLONES VEINTE MIL TRECE PESOS M.L. ($60\u2019020.013,oo) suma que correspond\u00eda a la sentencia del proceso ordinario debidamente actualizada y a las costas decretadas a cargo de los demandados y a favor del se\u00f1or GERM\u00c1N AUGUSTO VALENCIA L\u00d3PEZ ([su] deudor) dentro del proceso ordinario que adelant\u00f3 el juzgado Quince Civil del Circuito de Medell\u00edn\u00bb. Que acto seguido, el se\u00f1or Valencia L\u00f3pez instaur\u00f3 en contra de la mentada sociedad, proceso coercitivo para exigir el pago de la condena que lo favoreci\u00f3, litigio dentro del cual, la ejecutada propuso la excepci\u00f3n de pago, teniendo en cuenta que tal y como le fue ordenado por el juzgado de conocimiento del juicio declarativo y por virtud de la medida cautelar antes relacionada, consign\u00f3 a \u00f3rdenes del referido Juzgado de Bello, tal suma de dinero, y por tanto, este \u00faltimo Despacho orden\u00f3 a su favor la entrega del respectivo t\u00edtulo.  <\/span><\/p>\n

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Expone que no obstante lo anterior, y pese a estar ejecutoriado el auto a trav\u00e9s del cual se orden\u00f3 a su favor la varias veces mencionada entrega del dinero cautelado desde hace m\u00e1s de un a\u00f1o, la autoridad enjuiciada no ha materializado tal orden, en tanto que el Juzgado Quince Civil del Circuito de Medell\u00edn, sin motivo ni raz\u00f3n alguna, ofici\u00f3 al primero para que \u00abcolocara [a su disposici\u00f3n] los dineros depositados por TRANSPORTES MEDELL\u00cdN CASTILLA S.A.\u00bb, lo que a todas luces se traduce en la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas ius fundamentales (fls. 1 a 15, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       a.        El representante legal de la sociedad Transportes Medell\u00edn Castilla S.A., en calidad de vinculado, luego de realizar un recuento de los procesos judiciales relacionados en la demanda de tutela, indic\u00f3 que la empresa que representa ning\u00fan inter\u00e9s tiene en el tr\u00e1mite del ep\u00edgrafe, en tanto que lo \u00fanico que buscaba era que \u00abse (\u2026) tuviera como v\u00e1lido el dep\u00f3sito que hi[cieron], [en acatamiento de una decisi\u00f3n] judicial, a [\u00f3rdenes] (\u2026) del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bello (Antioquia) y que se imputara dicho dep\u00f3sito al pago de la sentencia que [los] conden\u00f3 a pagar perjuicios en el Juzgado Quince Civil del Circuito de Medell\u00edn, como en efecto sucedi\u00f3 (fls. 47 a 50, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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b.        Por su parte, el Juez Segundo Civil del Circuito de Bello, dando contestaci\u00f3n al escrito de tutela, manifest\u00f3 que si bien en auto del 24 de agosto de 2015, orden\u00f3 la entrega del t\u00edtulo que reclama el accionante, lo cierto es que, posteriormente, esto es, \u00abel d\u00eda 3 de septiembre de 2015, el apoderado de Transportes Medell\u00edn Castilla S.A., demandada en el asunto, solicit\u00f3 se abstuviera al Despacho hacer entrega de esos dineros, consignados por esa entidad y que eran requeridos por el juzgado Quince Civil del Circuito de Medell\u00edn\u00bb, petici\u00f3n que tuvo en cuenta con el fin de evitar que, a futuro, fuera \u00e9l quien tuviera que responder por el pago de dichos dineros, pues lo cierto es que hasta el titular y la secretaria del Juzgado Quince Civil del Circuito de Medell\u00edn, dice, \u00abllamaron a presionar la conversi\u00f3n de esos dineros\u00bb y la puesta a su disposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Juez constitucional de primera instancia concedi\u00f3 el amparo inquirido, al evidenciar que \u00abla orden impartida con miras a la entrega del t\u00edtulo judicial contentivo de la acreencia del se\u00f1or Hern\u00e1ndez V\u00e9lez, fue emitida desde el 24 de agosto del 2015, situaci\u00f3n que no puede obviarse y, que adem\u00e1s, no puede tenerse como justificable el argumento esgrimido por el juez Segundo Civil del Circuito de Bello, consistente en el hecho de que el Juzgado Quince Civil del Circuito de Medell\u00edn hubiere solicitado la conversi\u00f3n del t\u00edtulo, solicitud a la que por cierto, de mucho antes, se hab\u00eda negado a acceder, tomando en consideraci\u00f3n la legalidad del embargo aqu\u00ed estudiado y, donde adem\u00e1s, se estaba ante la presencia de un pago que se dio en atenci\u00f3n a una orden judicial, luego, no resiste el menor an\u00e1lisis estimar como una litis pendencia para negar la entrega, el pronunciamiento del Juzgado Quince Civil del Circuito de Medell\u00edn, pues no se observa en la foliatura una prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos o una concurrencia de embargos, misma que dificultar\u00edan la labor del juzgador en lo tocante con la entrega del t\u00edtulo judicial, situaciones que no observa por parte alguna el Tribunal y, que por tanto, tornan el actuar dilatorio del juzgador encartado como caprichoso, ante la no resoluci\u00f3n de una entrega de dineros por \u00e9l mismo ordenada, razones suficientes que llevan a estimar el amparo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       As\u00ed las cosas, orden\u00f3 al Juez Segundo Civil del Circuito de Bello, puntualmente, \u00abque dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de [esa] decisi\u00f3n, emita pronunciamiento de fondo en relaci\u00f3n con las dos solicitudes de fecha 17 de junio de 2016 tendientes a materializar la entrega efectiva del t\u00edtulo judicial confeccionado en favor del aqu\u00ed tutelante y, en caso de mantener la orden de entrega del t\u00edtulo judicial contentivo del monto reclamado por el tutelante, proceda a su entrega inmediata, sin perjuicio de la firmeza de tal decisi\u00f3n, de lo contrario, esto es, en caso de que la orden sea desestimatoria de la entrega, deber\u00e1 manifestar razones con suficiente rigor jur\u00eddico a efectos de tal negativa\u00bb (fls. 73 a 80, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La propuso el titular del juzgado convocado, tras esgrimir como motivo de su inconformidad, que si bien mediante providencia adiada 24 de agosto de 2015, ciertamente orden\u00f3 la entrega del t\u00edtulo judicial reclamado por el gestor del amparo, no es menos cierto que el representante legal de Transportes Medell\u00edn Castilla S.A., solicit\u00f3 que tal entrega no se materializara, porque tal suma de dinero tambi\u00e9n hab\u00eda sido embargada en el proceso ejecutivo que en su contra se adelant\u00f3 ante el Juzgado Quince Civil del Circuito de Medell\u00edn, m\u00e1xime cuando el inconforme \u00abno ha dado cumplimiento al auto del d\u00eda 7 de diciembre de 2015, que dispuso; \u201c2. Se dispone el env\u00edo de copia autentica de las solicitudes y providencias judiciales relacionadas con el embargo citado a cargo del ejecutante y citadas en es[a] providencia\u201d. El Juzgado Quince Civil del Circuito de Medell\u00edn, no fue informado de la providencia citada, por negligencia del apoderado del demandante, porque as\u00ed se orden\u00f3 y no se ha cumplido\u00bb, y pese a ello, result\u00f3 \u00abpremiado\u00bb con la decisi\u00f3n confutada (fl. 87, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora, trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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3.        Con respecto a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026 aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (Sentencia de 29 de abril de 2011, Exp. T. No. 11001-22-10-000-2011-00094-01).  <\/span><\/p>\n

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Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019  (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior.  <\/span><\/p>\n

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Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019\u00bb (Sentencia de 20 de septiembre de 2011, exp. 11001 02 03 000 2011 01853 -00, reiterada en STC 14313-2016).  <\/span><\/p>\n

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En este caso, entonces, tal y como lo concluy\u00f3 el a quo constitucional, debe concederse la protecci\u00f3n constitucional reclamada, porque no existe prueba de una justificaci\u00f3n de la tardanza en dictar la sentencia que por medio de esta queja se solicita se ordene proferir.  <\/span><\/p>\n

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3.1.  Ciertamente, de la revisi\u00f3n del registro de actuaciones del proceso mencionado, se observa que la autoridad criticada super\u00f3, con holgura, el t\u00e9rmino que puede considerarse como prudente para resolver sobre el citado pedimento, sin que se encuentre justificaci\u00f3n alguna para dicha gesti\u00f3n procesal tard\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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3.2.  Adem\u00e1s, se evidencia que el caso sometido a consideraci\u00f3n, no reviste un grado de complejidad que explique la tardanza en la definici\u00f3n del asunto, ya que versa sobre un tema ya decantado al interior del litigio; advi\u00e9rtase que no existe imposibilidad material ni jur\u00eddica alguna, que impida la entrega del t\u00edtulo judicial que corresponde al aqu\u00ed accionante, en calidad de ejecutante dentro del proceso coercitivo ya descrito, pues por virtud del embargo del cr\u00e9dito que a favor de su deudor exist\u00eda, fue que se gener\u00f3 tal consignaci\u00f3n, encontr\u00e1ndose en firme la sentencia que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n; tampoco son de recibo los alegatos del juez convocado, referentes a que por solicitud de la empresa depositante Transportes Medell\u00edn Castilla S.A., es que se ha abstenido de efectuar la entrega suplicada, pues tal y como lo expuso el representante legal de dicha sociedad dando contestaci\u00f3n a la demanda de tutela, ning\u00fan inter\u00e9s tiene en este diligenciamiento, en tanto que, dentro de la ejecuci\u00f3n que el se\u00f1or Valencia L\u00f3pez instaur\u00f3 por concepto de la suma consignada a \u00f3rdenes del ejecutivo que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de pago por virtud precisamente de tal dep\u00f3sito, torn\u00e1ndose as\u00ed negligente el actuar del impugnante, quien excus\u00e1ndose en lo ordenado a la luz de la ejecuci\u00f3n de la que conoci\u00f3 el Juzgado Quince Civil del Circuito de Medell\u00edn, que ya termin\u00f3 al prosperar el citado medio exceptivo, se niega a resolver sobre el t\u00edtulo judicial que a su disposici\u00f3n fue consignado desde hace casi dos a\u00f1os.  <\/span><\/p>\n

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4.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener inc\u00f3lume la sentencia confutada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, por las razones aqu\u00ed expuestas.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado Ponente      STC855-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2016-00859-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de enero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98972","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98972","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98972"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98972\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98972"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98972"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98972"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}