{"id":98974,"date":"2026-06-25T17:33:10","date_gmt":"2026-06-25T17:33:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc858-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:33:10","modified_gmt":"2026-06-25T17:33:10","slug":"stc858-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc858-2017\/","title":{"rendered":"STC858-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

STC858-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-21-000-2016-02498-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de enero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 24 de noviembre de 2016, proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Hugo Barbosa Medina contra los Juzgados Veintiuno Civil Municipal y Veinticinco Civil del Circuito, ambos de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso ejecutivo a que alude el escrito inicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas, con las sentencias proferidas en ambas dentro de la acci\u00f3n coercitiva que en su contra instaur\u00f3 el se\u00f1or Oscar Cardona L\u00f3pez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       De este modo, solicita entonces, que se dejen sin efecto las decisiones adiadas 16 de diciembre de 2015 y 28 de octubre de 2016, dictadas, en su orden, por los Juzgados Veintiuno Civil Municipal y Veinticinco Civil del Circuito, ambos de esta capital (fl. 17, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Como sustento de lo reclamado, acota en lo esencial, que junto con el referido se\u00f1or Cardona L\u00f3pez conform\u00f3 una sociedad comercial denominada \u00abDrogas Hugos Ltda\u00bb, la que se liquid\u00f3 en el a\u00f1o 2002, con un pasivo de m\u00e1s de $60\u2019000.000,oo, adem\u00e1s de los impuestos causados durante los \u00faltimos cinco a\u00f1os, los que debi\u00f3 asumir \u00e9l solo para poder cancelar la respectiva matr\u00edcula mercantil y evitar cualquier inconveniente de car\u00e1cter fiscal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Afirma que en vigencia de la mentada sociedad, su socio hizo varios pr\u00e9stamos a favor del negocio com\u00fan, con el fin de inyectarle capital a \u00e9ste, hecho por el cual, a su favor, suscribi\u00f3 dos letras de cambio con el fin de garantizar el pago de dichas sumas de dinero. Que no obstante haber cancelado tal acreencia, desde el momento mismo de la disoluci\u00f3n de la aludida empresa, su ex socio lo demand\u00f3 con base en tales t\u00edtulos valores, y pese a que al interior de la ejecuci\u00f3n aleg\u00f3 las circunstancias dentro de las cuales se enmarc\u00f3 la suscripci\u00f3n de los mismos, as\u00ed como el pago que realiz\u00f3 a favor del ejecutante, los jueces convocados hicieron caso omiso a tales se\u00f1alamientos, lo que, asegura, se traduce en la vulneraci\u00f3n de los bienes jur\u00eddicos que se denuncian como conculcados a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n (fls. 15 a 18, cdno. 1)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a.)        El Juez Veinticinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1, se limit\u00f3 a manifestar, que se \u00abremite a la actuaci\u00f3n surtida al interior del proceso ejecutivo [objeto de s\u00faplica]\u00bb (fl. 28, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b.)        Por su parte, la Juez Veintiuno Civil Municipal de la misma urbe, luego de hacer un recuento del tr\u00e1mite surtido al interior del proceso ejecutivo quirografario objeto de an\u00e1lisis, expuso en lo esencial, que se respetaron a las partes \u00abla totalidad de las garant\u00edas procesales que para el caso se ameritaba, de igual manera a la parte demandada se le garantiz\u00f3 su derecho de defensa y debido proceso desde el momento en que se notific\u00f3, concediendo los t\u00e9rminos legales\u00bb, motivos por los cuales solicit\u00f3 la denegaci\u00f3n de la salvaguarda pretendida (fls. 34 a 35, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Juez Constitucional de primer grado neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, tras advertir de la revisi\u00f3n del asunto ejecutivo endilgado, que \u00abel agente de la tutela en su oportunidad procesal no solicit\u00f3 ante el juez del circuito accionado la adici\u00f3n del fallo con fundamento en lo consagrado en el art. 287 CGP para que le tuviera en cuenta los argumentos propuestos en la impugnaci\u00f3n en cuanto a que los t\u00edtulos valores base del cobro fueron efectivamente cancelados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al no ejercitar los recursos ordinarios que ten\u00eda para procurar en el proceso ejecutivo que la situaci\u00f3n respecto de la que ahora manifiesta su inconformidad le fuera atendida, la presente acci\u00f3n no cumple con el requisito de subsidiariedad, raz\u00f3n suficiente para negar la acci\u00f3n invocada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el particular el juzgado 25 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a quien le correspondi\u00f3 conocer la segunda instancia de la decisi\u00f3n referida se\u00f1al\u00f3 en esencia para fundamentar su decisi\u00f3n el impugnante incumpli\u00f3 la carga de probar la existencia de alguna carta de instrucciones y con ello que la misma hab\u00eda sido transgredida y que si bien el demandante en el interrogatorio de parte reconoci\u00f3 que las letras de cambio objeto de recaudo fueron suscritas sin fecha de creaci\u00f3n, tal omisi\u00f3n carec\u00eda de repercusi\u00f3n alguna en la validez del t\u00edtulo, pues para el efecto existe norma supletiva, que dispone que en tal caso se tendr\u00e1 como fecha de t\u00edtulo la de su entrega \u2013art. 621 CCo.-  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La decisi\u00f3n que viene de referirse, da cuenta del argumento que se tuvo en consideraci\u00f3n para estudiar la inconformidad del apelante frente a la forma como se diligenci\u00f3 la fecha de exigibilidad, pues si bien es cierto err\u00f3 el juez al hacer referencia a la data de creaci\u00f3n, no lo es menos, que su decisi\u00f3n se enfil\u00f3 al hecho de no haberse acreditado carta de instrucciones para el diligenciamiento de los t\u00edtulos valores y con ello que se haya desatendido alguna orden al momento de consignar en el cuerpo de los instrumentos negociables, la fecha en que deb\u00eda cumplirse la obligaci\u00f3n, sustentaci\u00f3n que al margen de ser prohijada por la Sala no puede considerarse como arbitraria o antojadiza\u00bb (fls. 54 a 59, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La promovi\u00f3 el gestor del amparo, sin exponer los motivos de su inconformidad (fls. 63 y 64, Cit.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. La acci\u00f3n de tutela, como regla general, no resulta viable instaurarla contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de la justicia constitucional interferir en el escenario de los procesos judiciales en curso o ya terminados, para modificar o sustituir las determinaciones all\u00ed pronunciadas por los jueces naturales de las controversias, porque con ello se quebrantar\u00edan los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, en los precisos casos en los que el funcionario judicial incurre en causal de procedencia del amparo, vale decir, cuando su obrar es arbitrario o caprichoso al punto que lesiona los derechos constitucionales fundamentales, sin que el afectado cuente con otro medio de protecci\u00f3n judicial, puede intervenir el juez de tutela, \u00fanica y exclusivamente para retirar el acto generador de la violaci\u00f3n o amenaza de las mencionadas prerrogativas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Examinada la queja presentada, se advierte claramente, que la censura se enfila contra lo resuelto en la sentencia dictada por el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Bogot\u00e1 el 16 de diciembre de 2015, y su confirmaci\u00f3n en sede de alzada, mediante providencia del 28 de octubre de 2016, pronunciada por el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de la misma urbe, determinaciones que coincidieron en concluir, que los medios exceptivos propuestos por el ejecutado \u2013aqu\u00ed accionante, no ten\u00edan vocaci\u00f3n de prosperidad, al encontrarse hu\u00e9rfanos de pruebas que los respaldaran, pues en opini\u00f3n de aqu\u00e9l, dichas autoridades judiciales omitieron pronunciarse acerca de cada uno de los alegatos expuestos tanto en la etapa de conocimiento como en tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        No obstante, delanteramente se advierte que la protecci\u00f3n rogada tampoco encuentra eco en esta instancia, en tanto que, si consideraba el se\u00f1or Barbosa Medina que la sentencia de segundo grado dej\u00f3 de pronunciarse frente a todos los puntos expuestos como motivo de la alzada, \u00e9ste desaprovech\u00f3 la oportunidad para solicitar la adici\u00f3n de dicho prove\u00eddo con el prop\u00f3sito de que el juez natural abordara tales \u00edtems de los que, dice, no se efectu\u00f3 el an\u00e1lisis pertinente, lo que, demuestra su falta de diligencia en el empleo de las herramientas previstas en el ordenamiento para la defensa de sus garant\u00edas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, la Corte ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abel actor (\u2026) pudo solicitar aclaraci\u00f3n o adici\u00f3n del auto que a su juicio, omiti\u00f3 pronunciarse sobre las inconsistencias que plante\u00f3, lo cual debi\u00f3 cumplir dentro del t\u00e9rmino de su ejecutoria como lo establece el art\u00edculo 311 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (\u2026) de tal manera, (\u2026) mostr\u00f3 frente al asunto debatido una actitud desinteresada, pues, permiti\u00f3 la ejecutoria del prove\u00eddo que por esta v\u00eda reprocha, pretendiendo contrariar el principio de perentoriedad de los t\u00e9rminos consagrado en el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, sin que sea procedente atribuir las consecuencias de sus omisiones en la autoridad judicial que adelanta la causa  (fallo de 29 de septiembre de 2011, exp. 00344-01), (CSJ STC, 22 may. 2012, rad. 2011-00381-02, reiterado en STC, 11 oct. 2013, rad. 02301-00 y STC12204-2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y en punto del desaprovechamiento de las herramientas procesales por parte de los actores constitucionales, ha sido esta Corporaci\u00f3n enf\u00e1tica en se\u00f1alar, que  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (STC9485-2014; STC10792-2014; STC10786-2014; STC11394; STC14062-2015 entre otras).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo ha referido, que \u00abLa finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC, 25 ago.  2008, rad. 01343-00 y STC14062-2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        Y para ahondar en argumentos desestimatorios de lo pretendido, la Corte observa que el actuar de los Juzgados accionados no puede considerarse arbitrario o desproporcionado, ya que simplemente concluyeron que no exist\u00eda medio de convicci\u00f3n alguno del que se pudiera tener por sentado que las sumas de dinero de las que daban cuenta los t\u00edtulos valores base de recaudo, hubieren sido efectivamente pagadas por el aqu\u00ed interesado al se\u00f1or Oscar Cardona L\u00f3pez y, menos a\u00fan, la existencia de una carta de instrucciones de la que pudiera establecerse que el tenedor de los t\u00edtulos los llen\u00f3 sin observar lo en ella fue pactado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        Sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

       DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente   STC858-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-21-000-2016-02498-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil diecisiete).      Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de enero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98974","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98974","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98974"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98974\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98974"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98974"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98974"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}