{"id":98976,"date":"2026-06-25T17:33:25","date_gmt":"2026-06-25T17:33:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc885-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:33:25","modified_gmt":"2026-06-25T17:33:25","slug":"stc885-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc885-2017\/","title":{"rendered":"STC885-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC885-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2016-00206-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de enero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31  ) de enero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 6 de octubre de 2016 dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Fernando Cardona Zapata, contra la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las Salas de Casaci\u00f3n Penal y Laboral de esta Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.  El accionante, actuando a trav\u00e9s de su apoderado Guillermo Enrique Casta\u00f1o Ot\u00e1lvaro, pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada, \u00abpor haber decidido en segunda instancia\u00bb una acci\u00f3n de tutela, cuando, tanto el ponente como los dem\u00e1s integrantes de la Sala, estaban incursos en causal de impedimento por fungir como accionados en sendas salvaguardas \u00abdonde este servidor act\u00faa en unos como apoderado y en otros en causa propia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. En s\u00edntesis, de la queja constitucional y documentos incorporados al expediente, se extracta que luego de una cadena de tutelas incoadas contra las distintas Salas de esta Corte, la presente la dirige el accionante contra la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Civil el 3 de marzo de 2016, mediante la cual se confirm\u00f3 el fallo denegatorio dictado  en por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 21 de enero de 2016, que a su turno hab\u00eda desestimado el amparo deprecado frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 21 de julio de 2015, al haber declarado improcedente otra acci\u00f3n de similar naturaleza.  <\/span><\/p>\n

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3. Habi\u00e9ndose surtido el tr\u00e1mite de los impedimentos presentados por los magistrados que intervinieron en los fallos cuestionados, y asignado el asunto a una Sala de Decisi\u00f3n de la misma especialidad, mediante providencia calendada el 29 de septiembre de 2016, se dispuso \u00abRECHAZAR por temeridad la tutela respecto de las pretensiones relacionadas con el proceso civil adelantado contra la empresa Pavimedco LTDA.\u00bb, e igualmente \u00abla censura relacionada con el contenido y tr\u00e1mite del fallo CSJ STP, 3 Feb 2015, Rad. 77723 proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal\u00bb, y tras realizar una exhortaci\u00f3n al querellante, avoc\u00f3 competencia de la acci\u00f3n dirigida \u00abcontra las sentencias emitidas el 21 de enero de 2016 y el 3 de marzo siguiente por las Salas de Casaci\u00f3n Penal y Civil\u00bb (fls. 103 a 110, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

4. Definido lo anterior, por esta v\u00eda se pretende \u00abDECLARAR LA NULIDAD\u00bb de las sentencias STC2490-2016 de 3 de marzo de 2016, STP200-2016 del 21 de enero de 2016, y STL9409-2015  del 21 de julio de 2015, proferidas por las Salas de Casaci\u00f3n Civil, Penal y Laboral, respectivamente, por ser \u00abviolatoria[s] del Acuerdo 001 de 2002 art\u00edculo 44, art\u00edculo 141 causal 6\u00aa del C.G.P., numeral 6\u00ba del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal y art\u00edculo 133 numeral 2\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (fls. 1 a 29, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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5. Repartido el asunto para el conocimiento en segunda instancia al Magistrado Ariel Salazar Ram\u00edrez, de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, mediante auto del 11 de noviembre de 2016 se declar\u00f3 impedido, aduciendo que actu\u00f3 como magistrado ponente del fallo STC2490-2016, cuya actuaci\u00f3n se pretende dejar sin efectos mediante esta acci\u00f3n (fl. 3, cd. Corte).  <\/span><\/p>\n

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De igual modo, los Magistrados Luis Armando Tolosa Villabona, Margarita Cabello Blanco y \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda Restrepo, se apartaron del conocimiento de la presente solicitud de salvaguarda, por haber participado en las sesiones en que fueron resueltas otras acciones de tutela tambi\u00e9n objeto de censura (fls. 19, 21 y 23, ib\u00eddem). Por su parte, los magistrados Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo y Luis Alonso Rico Puerta, expresaron que en ellos no concurr\u00eda causal de impedimento (fls. 25 y 27, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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En cumplimiento al auto proferido por el presidente de la Sala de Casaci\u00f3n Civil el 28 de noviembre de 2016, seguidamente se llev\u00f3 a cabo la diligencia de sorteo de los se\u00f1ores conjueces, recayendo el nombramiento en cabeza de los doctores Jorge Ernesto Oviedo Alb\u00e1n, M\u00f3nica Luc\u00eda Fern\u00e1ndez Mu\u00f1oz, Jos\u00e9 Felipe Navia Arroyo y Jairo Parra Quijano, quienes aceptaron la designaci\u00f3n (fls. 29 a 42, id.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LA ACCIONADA  <\/span><\/p>\n

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El Presidente de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, aport\u00f3 copia de la sentencia STC2490-2016, proferida dentro de la acci\u00f3n de tutela con radicaci\u00f3n n\u00ba 1101-02-30-000-2015-0253-01 el 3 de marzo de 2016, mediante la cual se decidi\u00f3 la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de similar naturaleza que profiriera la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 21 de enero de 2016 (fls. 117 a 122, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada, reiterando la improcedencia de utilizar la tutela para atacar decisiones que tienen igual linaje jur\u00eddico, y precis\u00f3 que \u00abconsultada la p\u00e1gina web de la Secretar\u00eda General de la Corte Constitucional se evidencia que ya se surti\u00f3 el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n y la actuaci\u00f3n fue excluida el 13 de mayo del presente a\u00f1o\u00bb, por lo que concluy\u00f3 que el caso \u00abya hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada y a eso debe estarse el accionante, pues no agot\u00f3 las oportunidades para invocar la revisi\u00f3n\u00bb; acot\u00f3 que el magistrado Ariel Salazar Ram\u00edrez no estaba impedido para conocer en segunda instancia la tutela reprochada, y que las cuestiones aducidas respecto del resto de magistrados \u00abno constituyen causal de impedimento conforme lo previsto en el art\u00edculo 56 de la ley 906 de 2004, aplicable al caso por mandato del art\u00edculo 39 del decreto 2591 de 1991\u00bb, y que tampoco se desconoci\u00f3 el reglamento interno de la Corte respecto del conocimiento de este tipo de acciones (fls. 123 a 130, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 el apoderado del accionante insistiendo en el desconocimiento por parte de la Corte, de las prerrogativas fundamentales conculcadas a su poderdante, en tanto la negaci\u00f3n lo decidido contradice la protecci\u00f3n que se hab\u00eda brindado en relaci\u00f3n con el tr\u00e1mite de un proceso ordinario que conocieron los Juzgados Tercero Civil Municipal y Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Medell\u00edn, y, mostrando un descomedido e irrespetuoso trato para con las decisiones atacadas por esta v\u00eda, cr\u00edtica adem\u00e1s tanto el procedimiento de reparto de las tutelas contra las distintas Salas de la Corte y el previsto para la eventual revisi\u00f3n (fls. 6 a 17, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones en el proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.  <\/span><\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n a lo anterior se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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2.  Con sujeci\u00f3n a estas premisas, observa la Sala que ac\u00e1 no se abre paso el amparo propuesto, como quiera que en esta oportunidad, el promotor del amparo pretende quebrantar un fallo proferido en virtud a una acci\u00f3n de similar talante, y ello significa desatender una de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad seg\u00fan la cual la providencia contra la que se encamina el resguardo, no debe tratarse de una sentencia de tutela.  <\/span><\/p>\n

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Se ha dicho y reiterado que las equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con una nueva acci\u00f3n de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed que cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo, no puede tener cabida otro para contrarrestarlo, porque de hacerlo, esta Corte ha dicho que se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo (ver, entre otras, CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, STC11794-2014 y STC1894-2016, 18 feb. 2016, rad. 00245-01).  <\/span><\/p>\n

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Sobre la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela encaminada a infirmar las decisiones adoptadas en una acci\u00f3n de similar naturaleza, la reiterada postura de la Corte Constitucional ha se\u00f1alado es un aspecto unificado, constante y vigente que debe ser atendido, ya que: \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (CC SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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3. Insiste la Sala que la inconformidad que se suscite frente al fallo de tutela, no puede encontrar respuesta a trav\u00e9s de una nueva invocaci\u00f3n del mismo instrumento jur\u00eddico, pues para ese efecto, el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, \u00abcomo el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ, sentencia del 22 de agosto de 2008, exp. 01317-00).  <\/span><\/p>\n

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Significa lo anterior que el mecanismo de amparo tambi\u00e9n debe cumplir con el requisito de subsidiariedad, el cual es inherente a la acci\u00f3n de tutela, como lo precis\u00f3 esta Corte, recogiendo los precedentes jurisprudenciales de la misma Corporaci\u00f3n, as\u00ed:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ SC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, reiterada, entre otras, en STC 2483-2016, 3 mar. 2016, rad. 00405-00 y STC8289-2016, 22 jun. 2016, rad. 00193-01).  <\/span><\/p>\n

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N\u00f3tese al respecto que tal cual lo verific\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal, las decisiones denegatorias de la tutela que ahora son materia de censura por id\u00e9ntica v\u00eda, es decir, la sentencia de primera instancia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 21 de enero de 2016, como la de segunda dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Civil el 3 de marzo del mismo a\u00f1o, constituyen cosa juzgada constitucional, en la medida en que culminado el tr\u00e1mite en las instancias, en su momento no fueron objeto de revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

4. En consecuencia, deviene n\u00edtida la improcedencia del amparo, toda vez que volver a tramitar una acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza jur\u00eddica a las que ya fueron definidas, indudablemente torna incierta la cosa juzgada y la consiguiente seguridad jur\u00eddica de las actuaciones judiciales, y como corolario, se impone respaldar el fallo a trav\u00e9s del cual se deneg\u00f3 por improcedente la salvaguarda invocada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por telegrama u otro medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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M\u00d3NICA LUC\u00cdA FERN\u00c1NDEZ MU\u00d1OZ  <\/span><\/p>\n

Conjuez  <\/span><\/p>\n

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JOS\u00c9 FELIPE NAVIA AMAYA  <\/span><\/p>\n

Conjuez  <\/span><\/p>\n

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JORGE ERNESTO OVIEDO ALB\u00c1N  <\/span><\/p>\n

Conjuez  <\/span><\/p>\n

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JAIRO PARRA QUIJANO  <\/span><\/p>\n

Conjuez  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado  <\/span><\/p>\n

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