{"id":98982,"date":"2026-06-25T17:33:52","date_gmt":"2026-06-25T17:33:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc962-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:33:52","modified_gmt":"2026-06-25T17:33:52","slug":"stc962-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc962-2017\/","title":{"rendered":"STC962-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC962-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00173-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El petente reclama la protecci\u00f3n del principio de favorabilidad y de los derechos al debido proceso y libertad, presuntamente transgredidos por la accionada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En sustento de su inconformidad expresa, en esencia, que el 4 de noviembre de 2007 la polic\u00eda le requiri\u00f3 los documentos del veh\u00edculo de placa SDD 716 y una vez revisados, le inform\u00f3 sobre la falsedad de \u00e9stos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo anterior se le inici\u00f3 el juicio materia de este ruego, en el cual tras 7 a\u00f1os de tr\u00e1mite, el Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento Pamplona el 6 de abril de 2016 dict\u00f3 sentencia condenatoria en su contra.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esa providencia fue confirmada por el ad quem, sin tener en cuenta las reglas 292 de la Ley 906 de 2004 y 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Manifiesta que acudi\u00f3 en casaci\u00f3n, empero la demanda fue inadmitida por la Corporaci\u00f3n querellada, quien adem\u00e1s, neg\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n alegada y pretiri\u00f3 las normas mencionadas en antelaci\u00f3n.     <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pide suspender la \u201cperturba[ci\u00f3n] de sus derechos\u201d.  <\/span><\/p>\n

       <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.1.  Respuesta de la accionada  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. La procedencia de la tutela frente a decisiones judiciales deriva de que ellas vulneren, en forma arbitraria y caprichosa, las garant\u00edas fundamentales a su promotor, ya se trate de una de las partes en el respectivo proceso y\/o de un tercero; comportamiento que no se presenta en el caso ahora examinado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Las evidencias aportadas revelan que el 26 de octubre de 2016 se inadmiti\u00f3 la comentada demanda y para arribar a tal determinaci\u00f3n la Sala de Casaci\u00f3n Penal expres\u00f3 que el defensor de Jos\u00e9 Ramiro Jurado Ram\u00edrez, ac\u00e1 quejoso, propuso un solo cargo contra la sentencia dictada por el Tribunal en la memorada causa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que ese reproche se afinc\u00f3 en la causal primera estipulada en el mandato 207 de la Ley 600 de 2000 y se invoc\u00f3 \u201cla violaci\u00f3n del inciso 3 del art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica, as\u00ed como del art\u00edculo 86-2 de la Ley 599 de 2000 y del art\u00edculo 292 de la Ley 906 de 2004\u201d, porque aun cuando el asunto se tramit\u00f3 bajo los designios del primero de los se\u00f1alados plexos jur\u00eddicos, el ad quem se  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) abstuvo de aplicar el principio de favorabilidad en cuanto a que los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n establecidos en la Ley 906 de 2004 son m\u00e1s benignos para el procesado (\u2026) [y] si se hubiese obrado de tal manera, la acci\u00f3n penal ya habr\u00eda prescrito dando fin al proceso\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Planteado el problema a dilucidar, la querellada procedi\u00f3 a su soluci\u00f3n, anunciando de entrada el fracaso del reparo, porque el recurrente err\u00f3 al elegir  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Seguidamente, destac\u00f3 otros desaciertos del impugnante, entre tales, pretender la conjugaci\u00f3n simult\u00e1nea de dos reg\u00edmenes procedimentales de estructura distinta \u201c(\u2026), utilizar, para realizar los c\u00e1lculos prescriptivos una normativa derogada al momento de la ejecuci\u00f3n del delito\u201d, y desconocer la jurisprudencia de la Corte en punto del asunto estudiado,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) seg\u00fan la cual no es posible invocar el principio de favorabilidad en el sentido de aplicar los t\u00e9rminos prescriptivos consagrados en la Ley 906 de 2004 a procesos seguidos bajo el rito procesal de la Ley 600 de 2000, puesto que no se pueden equiparar los momentos procesales de uno y otro sistema\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que el libelista tambi\u00e9n incurri\u00f3 en equ\u00edvoco al asegurar que la sanci\u00f3n \u201cm\u00e1xima\u201d para el punible de uso de documento falso era de 8 a\u00f1os \u201c-o 96-\u201d meses de c\u00e1rcel, por cuanto esa tasaci\u00f3n correspond\u00eda a la consagrada para ese delito en \u201cel texto original\u201d de la regla 291 de la Ley 599 de 2000, modificada desde el 1\u00ba de enero de 2005 por la Ley 890 de 2004 y reformada el 28 de julio de 2007 por la Ley 1142 de 2007, compendio \u00faltimo \u201c(\u2026) que se hallaba vigente a la fecha de los acontecimientos -4 de noviembre de 2007- y que fij\u00f3 la pena m\u00e1xima para el tipo penal en 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n\u201d.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Indic\u00f3 que los desaciertos del recurrente lo hab\u00edan llevado a aseverar \u201c(\u2026) que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n para el caso era de 4 a\u00f1os, el cual, al contarlo desde el d\u00eda en que se le impusieron los cargos al causado, 1\u00ba de febrero de [2009], se hallaba superado\u201d; empero, prosigui\u00f3 la Corporaci\u00f3n,  aun atendiendo ese alegato del censor no se llegaba a la soluci\u00f3n por \u00e9l deseada, por cuanto su conteo es  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) equivocado, toda vez que el acto procesal que interrumpe la prescripci\u00f3n en el sistema de la Ley 600 de 2000, y a partir del cual se reinicia el mismo, es el de la ejecutoria de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n \u2013art\u00edculos 83 y 86 de la Ley 599 de 2000 y canon 187 de la Ley 600 de 2000, y no, el d\u00eda de la diligencia de la indagatoria (\u2026). Si se considera que el delito ocurri\u00f3 el 4 de noviembre de 2007, d\u00eda para el cual, como se ha expuesto, se hallaba vigente la Ley 1142 de ese a\u00f1o, que consagraba como pena m\u00e1xima para el punible de uso de documento falso 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n, el t\u00e9rmino prescriptivo se producir\u00e1 en 6 a\u00f1os (la mitad del m\u00e1ximo), que contados a partir del 22 de abril de 2013, fecha de la decisi\u00f3n acusatoria de segunda instancia conllevar\u00eda a que la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal se produjera el 23 de abril de 2019\u201d.                  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Apoyado, entre otros, en los argumentos glosados en antelaci\u00f3n, la juzgadora emiti\u00f3 la determinaci\u00f3n objetada por esta v\u00eda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Imperioso es concluir, en definitiva, la razonabilidad de la postura asumida por la accionada frente al caso sometido a su conocimiento, lo cual frustra el \u00e9xito del resguardo examinado, por cuanto, con fundamento en los elementos de juicio recopilados y los mandatos legales pertinentes, no hall\u00f3 viable la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n, por cuanto las falencias en su elaboraci\u00f3n truncaban la posibilidad de dar curso a la v\u00eda extraordinaria escogida por el sindicado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora, la Sala de Casaci\u00f3n Penal explic\u00f3 con suficiencia las razones por las cuales no era posible aplicar al caso de promotor el principio de favorabilidad por el deprecado y acceder a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal derivada del il\u00edcito endilgado, por cuanto, no se consagraban los presupuestos exigidos para ello en la Ley 600 de 2000, reguladora de la causa seguida a Jos\u00e9 Ramiro Jurado Ram\u00edrez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. As\u00ed las cosas, no hay manera de acoger el ruego incoado, porque la inconformidad del tutelante con la comentada providencia por ser adversa a sus intereses no le abre paso a esta particular justicia, pues se halla reservada para eventos de patente desafuero judicial, lo cual no se configura en el asunto auscultado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Mem\u00f3rese, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Atinente a ello, esta Sala ha afirmado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo  brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u201d1.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Por las razones se\u00f1aladas, el amparo deprecado ser\u00e1 desestimado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Jos\u00e9 Ramiro Jurado Ram\u00edrez frente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n del juicio adelantado al aqu\u00ed promotor por el delito de uso de documento falso.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CSJ. STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012.      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   Magistrado ponente      STC962-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00173-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil diecisiete (2017).            1. ANTECEDENTES      1. El […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98982","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98982","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98982"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98982\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98982"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98982"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98982"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}