{"id":98983,"date":"2026-06-25T17:33:54","date_gmt":"2026-06-25T17:33:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc964-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:33:54","modified_gmt":"2026-06-25T17:33:54","slug":"stc964-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc964-2017\/","title":{"rendered":"STC964-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC964-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00177-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la tutela promovida por Dary Consuelo Mart\u00ednez Verano frente al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, espec\u00edficamente contra el magistrado Luis Roberto Su\u00e1rez Gonz\u00e1lez, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario adelantado por el Banco Davivienda S.A. a la aqu\u00ed gestora.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La promotora exige el resguardo de las garant\u00edas al debido proceso y vivienda, presuntamente quebrantadas por los accionados.  <\/span><\/p>\n

2. Como sustento de su reclamo acota, en concreto, que Davivienda S.A. le inici\u00f3 el juicio objeto de esta salvaguarda por mora en el pago del cr\u00e9dito hipotecario otorgado en el a\u00f1o 2001.  <\/span><\/p>\n

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Agrega que mediante incidente requiri\u00f3 la nulidad de todo lo actuado en ese asunto, por ausencia de reestructuraci\u00f3n de ese pr\u00e9stamo; empero, \u00e9ste se rechaz\u00f3 el 14 de abril de 2016, determinaci\u00f3n confirmada en segunda instancia el 2 de septiembre siguiente.  <\/span><\/p>\n

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El ad quem no accedi\u00f3 a la invalidez deprecada, porque \u201c(\u2026) el inmueble ten\u00eda otra obligaci\u00f3n adicional, con la administraci\u00f3n del Conjunto, que ped\u00eda remanentes (sic)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3. Tras insistir en lo ya descrito, aseverar que los juzgadores pretirieron la Ley 546 de 1999 y la sentencia SU-813 de 2007, y calificar sus decisiones como \u201cv\u00eda de hecho\u201d, solicita dejar sin efecto lo cursado en el aludido pleito.  <\/span><\/p>\n

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1.1.  Respuesta de los accionados   <\/span><\/p>\n

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El a quo arguy\u00f3 que como la deudora \u201cten\u00eda otras obligaciones distintas a la (\u2026) demandada [en la litis materia de esta protecci\u00f3n] no era procedente otorgar el beneficio [por ella requerido], pues le resultaba m\u00e1s desfavorable\u201d.  <\/span><\/p>\n

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   La otra autoridad convocada guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

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2. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Se duele la quejosa Dary Consuelo Mart\u00ednez Verano, porque dentro del comentado sublite, los funcionarios accionados se negaron a declarar la nulidad por ella deprecada respecto del referenciado coercitivo.  <\/span><\/p>\n

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2. Para solucionar el presente asunto es menester precisar que la Corte Constitucional en la providencia SU-787 de 2012, enumer\u00f3 las pautas jurisprudenciales desarrolladas en torno a las tutelas promovidas por aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de la Ley 546 de 1999, y all\u00ed estableci\u00f3 la imposibilidad de terminar el proceso ejecutivo hipotecario, cuando en contra del deudor existieren otros cobros judiciales, como acontece en este asunto, pues esa eventualidad acreditaba la incapacidad econ\u00f3mica del demandado. Sobre ese aspecto razon\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [L]as reglas aplicables [sobre esa materia], de acuerdo con el marco constitucional, son las siguientes: (i) En el \u00e1mbito de la Ley 546 de 1999, los procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes del 31 de diciembre de ese a\u00f1o, una vez realizada la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y aplicados los alivios correspondientes, terminan por ministerio de la ley; (ii) si cumplidas las anteriores condiciones subsiste un saldo insoluto, deudor y acreedor deben llegar a un acuerdo de reestructuraci\u00f3n; (iii) a falta de acuerdo, la reestructuraci\u00f3n debe hacerse directamente por la entidad crediticia, de acuerdo con los par\u00e1metros legales, jurisprudencialmente delimitados y, (iv) cuando cumplidas las anteriores condiciones se advierta por el juez, o que existen otros procesos ejecutivos en curso contra el deudor, por obligaciones diferentes, o que no obstante la reestructuraci\u00f3n, el deudor carece de la capacidad financiera para asumir la obligaci\u00f3n, se except\u00faa el mandato de dar por terminado el proceso, el cual continuar\u00e1, en el estado en el que se encontraba, por el saldo insoluto de la obligaci\u00f3n (\u2026)\u201d1 (subrayas fuera de texto).  <\/span><\/p>\n

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3. En la litis objeto de este decurso, el Tribunal confirm\u00f3 la providencia de primera instancia nugatoria de la nulidad alegada por Dary Consuelo Mart\u00ednez Verano, por cuanto, para ese colegiado el a quo abord\u00f3 ese asunto  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) desde una perspectiva constitucional reiterada que propende por la implementaci\u00f3n de la reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n (\u2026) [y] con total acierto, destac\u00f3 que esa regla no ten\u00eda un car\u00e1cter absoluto, pues por v\u00eda de similares directrices emanadas en sede de acciones constitucionales, se ha llegado al resultado de \u2018que no hay lugar a dar por terminada la ejecuci\u00f3n, pues aunque en el expediente no hay[a] evidencia de fe que el banco demandante o sus cesionarios reestructuraron dicha obligaci\u00f3n, \u00e9sta no es procedente por existir un embargo de remanentes sobre los bienes cautelados, circunstancia que a la luz de la sentencia SU-787 de 2012 proferida por la Corte Constitucional, constituye una excepci\u00f3n para su procedencia (incapacidad de pago)\u20192, posici\u00f3n que ha secundado la Corte Suprema de Justicia al exponer que \u2018la decisi\u00f3n de culminar el coercitivo por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito solo puede evitarse en caso de existir embargo de remanentes en contra de la deudora, por cuanto, al acaecer tal circunstancia, implica que cualquier intento de reestructuraci\u00f3n ser\u00eda f\u00fatil, pues en ese evento s\u00ed resulta evidente la poca solvencia de la obligada\u20193 (\u2026)\u201d.   <\/span><\/p>\n

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Atendiendo a lo dicho en precedencia, el ad quem consider\u00f3 inviable terminar el coercitivo adelantado por el Banco Davivienda S.A. a la aqu\u00ed promotora Mart\u00ednez Verano, porque \u201c(\u2026) obra[ba] en el plenario prueba de la solicitud de un embargo de remanentes por parte del Juzgado Quinto Civil Municipal de Bogot\u00e1, hecho que pone de relieve la existencia de un cobro compulsivo adicional que, por lo tanto, impide la culminaci\u00f3n de este asunto\u201d.        <\/span><\/p>\n

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4. Resulta razonable la postura asumida por los funcionarios querellados frente al t\u00f3pico sometido a su conocimiento, lo cual frustra el \u00e9xito de este resguardo, por cuanto, con fundamento en los medios de juicio recopilados y la jurisprudencia pertinente, dictaron sus decisiones desestimando la terminaci\u00f3n del coercitivo porque aun cuando la obligaci\u00f3n no hubiese sido reestructurada, tal evento no conllevaba a la finalizaci\u00f3n del pleito por verificarse en \u00e9l un embargo de remanentes, aspecto \u00faltimo no desmentido por esta v\u00eda constitucional por la impulsora de la misma.  <\/span><\/p>\n

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Por no lucir desacertadas las tesis esgrimidas por los accionados, las cuales, dicho sea de paso, se acompasan con lo expresado por esta Sala en casos similares4, se impone el fracaso de la protecci\u00f3n, pues ella se torna viable solo en eventos de evidente desafuero judicial, sin que el examinado sea uno de ellos.           <\/span><\/p>\n

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5. En corolario, la inconformidad de la se\u00f1ora Mart\u00ednez Verano con los pronunciamientos auscultados no le abre paso a esta jurisdicci\u00f3n, porque la sola divergencia conceptual no es venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Atinente a ello, esta Sala ha afirmado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo  brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u201d5.  <\/span><\/p>\n

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Esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha indicado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) los Jueces en su tarea de administrar justicia gozan de (\u2026) autonom\u00eda en la ex\u00e9gesis de la ley y en la valoraci\u00f3n de la prueba, motivo por el cual no es suficiente que la tutelante oponga un planteamiento as\u00ed sea coherente sobre lo que debi\u00f3 ser ya la explicaci\u00f3n de la norma o del an\u00e1lisis de la prueba, para desde\u00f1ar una providencia judicial que no comparte y encasillarla como v\u00eda de hecho judicial (\u2026) \u2018el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia\u2019 (\u2026)\u201d6  <\/span><\/p>\n

(subl\u00ednea fuera de texto).  <\/span><\/p>\n

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6. Por los argumentos anteriores, el amparo deprecado ser\u00e1 desestimado.  <\/span><\/p>\n

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3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Dary Consuelo Mart\u00ednez Verano frente al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, espec\u00edficamente contra el magistrado Luis Roberto Su\u00e1rez Gonz\u00e1lez, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario adelantado por el Banco Davivienda S.A. a la aqu\u00ed gestora.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados.  <\/span><\/p>\n

TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Env\u00edese el proceso adjunto a su lugar de origen.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Corte Constitucional, sentencia SU- 787 de 2012.    <\/span><\/p>\n

2 \u201cCorte Suprema de Justicia. Sala de Casaci\u00f3n Civil.STC13347-2015\u201d.     <\/span><\/p>\n

3 \u201cCorte Suprema de Justicia. Sala de Casaci\u00f3n Civil.STC5141-2016\u201d.    <\/span><\/p>\n

4 CSJ.STC de 27 de agosto de 2015, exp. 2015-00416-01.    <\/span><\/p>\n

5 CSJ. STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012.    <\/span><\/p>\n

6 CSJ. STC 1\u00b0 de septiembre de 2010, exp. 01377-00, reiterada el 16 de diciembre de 2011, exp. 02663-00.      <\/span><\/p>\n

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            LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   Magistrado ponente      STC964-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00177-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Dec\u00eddese la tutela promovida por Dary Consuelo Mart\u00ednez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98983","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98983","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98983"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98983\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98983"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98983"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98983"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}