{"id":98984,"date":"2026-06-25T17:34:07","date_gmt":"2026-06-25T17:34:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc966-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:34:07","modified_gmt":"2026-06-25T17:34:07","slug":"stc966-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc966-2017\/","title":{"rendered":"STC966-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

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         LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC966-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2016-00851-01  <\/span><\/p>\n

      (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 22 de noviembre de 2016, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Vasco Nicol\u00e1s Rizo Campo en contra del Juzgado Catorce Civil del Circuito, extensiva a los Jueces Cuarto Civil del Circuito y Diecinueve Civil Municipal, todos de esa capital, con ocasi\u00f3n del compulsivo hipotecario iniciado por el Banco AV Villas S.A. respecto del aqu\u00ed gestor.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1. El promotor suplica la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente vulnerada por la autoridad accionada.  <\/span><\/p>\n

2. Vasco Nicol\u00e1s Rizo Campo sostiene, como base de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. 1 a 5):  <\/span><\/p>\n

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2.2. Indica que luego de entrar en rigor la Ley 546 de 1999, el \u00faltimo de los citados entes financieros, aprovech\u00e1ndose de su \u201cignorancia\u201d, lo hizo firmar dos pagar\u00e9s m\u00e1s en UVR.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Atendiendo al impago de varias de las mensualidades acordadas se inici\u00f3 el coercitivo correspondiente.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Mediante providencia de 18 de enero de 2013, el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Cali dict\u00f3 sentencia declarando probada la excepci\u00f3n propuesta por el ahora gestor denominada \u201ccarencia total de poder y carencia de capacidad para otorgar poder\u201d, determinaci\u00f3n apelada por el extremo actor.  <\/span><\/p>\n

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2.5. El Juzgado Catorce Civil del Circuito zanj\u00f3 la alzada el 4 de agosto de 2015, revocando el pronunciamiento recurrido para, en su lugar, disponer la continuaci\u00f3n del compulsivo.  <\/span><\/p>\n

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2.6. El 28 del mismo mes y a\u00f1o, el \u00faltimo de los estrados referidos neg\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n de la sentencia impetrada por el hoy quejoso.  <\/span><\/p>\n

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2.7. Explica que es necesario verificar la realizaci\u00f3n de la reestructuraci\u00f3n de la acreencia, en los t\u00e9rminos estipulados por la Ley de Vivienda y la jurisprudencia elaborada sobre la materia. Asimismo, ventila que se presentaron numerosas e \u201cirregulares\u201d cesiones de los derechos \u201clitigiosos\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2.8. Rizo Campo relata que es una persona de \u201ccasi 70 a\u00f1os\u201d de edad, dependiente de \u201cla pensi\u00f3n m\u00ednima\u201d devengada por su c\u00f3nyuge, y padece \u201cobesidad m\u00f3rbida y diabetes\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3. Implora ordenar i) al Banco AV Villas S.A. informarle \u201c(\u2026) en detalle su situaci\u00f3n crediticia [y allegarle] (\u2026) el documento original firmado por el revisor fiscal vigente en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal del cedente, que certifique el valor de la cesi\u00f3n de derechos litigiosos cedidos al cesionario, la sociedad Reestructuradora de Cr\u00e9ditos de Colombia Ltda. en liquidaci\u00f3n (\u2026)\u201d (sic).  <\/span><\/p>\n

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Y, ii) \u201c(\u2026) dejar sin efectos las sentencias proferidas por el accionado  (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta del accionado y convocados  <\/span><\/p>\n

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a. El Juzgado Catorce Civil del Circuito manifest\u00f3 \u201catenerse\u201d a lo resuelto en esta acci\u00f3n constitucional (fls. 125 y 126).  <\/span><\/p>\n

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b. El Juez Cuarto Civil del Circuito se limit\u00f3 a remitir en calidad de pr\u00e9stamo el expediente atacado (fl. 117).  <\/span><\/p>\n

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c. El despacho Diecinueve Civil Municipal explic\u00f3 que el anotado decurso \u201c(\u2026) por redistribuci\u00f3n de procesos fue radicado en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, donde actualmente se encuentra (\u2026)\u201d surtiendo la alzada impetrada frente a una providencia de primer grado (fl. 113).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 la s\u00faplica tras inferir:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [P]ara la juzgadora accionada en el caso bajo estudio no resultan exigibles los beneficios de la Ley 546 de 1999 (reliquidaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n), teniendo en cuenta que el pagar\u00e9 objeto de cobro no se encuentra expresado en UPAC, y que justamente fue suscrito a manera de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n inicial, por lo que en todo caso, este requisito deb\u00eda tenerse por cumplido\u201d.  <\/span><\/p>\n

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1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La propuso el promotor reiterando lo dicho en el escrito inicial (fls. 263 a 268).  <\/span><\/p>\n

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1. CONSIDERACIONES    <\/span><\/p>\n

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1. Vasco Nicol\u00e1s Rizo Campo se duele porque dentro del comentado subex\u00e1mine se dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, pasando por alto que la deuda reclamada no se hab\u00eda reestructurado en los t\u00e9rminos de la Ley de Vivienda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La Corte ha se\u00f1alado de manera categ\u00f3rica que los requisitos esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica son su inmediatez y la subsidiariedad.   <\/span><\/p>\n

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El primero evita que la tutela sea veh\u00edculo de inseguridad jur\u00eddica y fuente de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas supralegales de terceros, e impide igualmente desnaturalizar su tr\u00e1mite, en tanto, la protecci\u00f3n que persigue su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una transgresi\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

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Frente al tema, la jurisprudencia de esta Sala ha se\u00f1alado:  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cPrecisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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Y el segundo, obliga el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n de los interesados, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios edificantes de esta herramienta iusfundamental.  <\/span><\/p>\n

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Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido la improcedencia de esta clase de ruego por la desatenci\u00f3n del citado requisito:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [D]e modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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3. Al margen de lo expuesto, cuando se trata de procesos ejecutivos por cr\u00e9ditos de vivienda, esta Corte, siguiendo las subreglas constitucionales, ha sostenido como presupuestos espec\u00edficos para acceder al resguardo: i) que la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente, esto es, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble hipotecado, siempre que el predio no se asigne al acreedor o a su cesionario; (ii) haber actuado el actor con una m\u00ednima diligencia dentro del compulsivo censurado, ejerciendo los mecanismos de defensa procedentes, esto es, haber agotado los medios procesales; y (iii) la afectaci\u00f3n demostrada, directa o indirecta, del derecho a la vivienda digna, establecido en el art\u00edculo 51 Superior y gobernado por la Ley 546 de 19993.   <\/span><\/p>\n

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4. Yendo al caso, corresponde destacar que el accionante no cumple con la condici\u00f3n (ii) referida en precedencia, relativa a actuar con la m\u00ednima diligencia, pues al interior de ese asunto no ha pedido la terminaci\u00f3n del compulsivo, arguyendo la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario con sustento en la numerosa y reciente jurisprudencia emitida por esta Sala sobre la materia.  <\/span><\/p>\n

Lo antelado, a pesar de lo informado a esta Corporaci\u00f3n por el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Cali (fl. 3 cdno. Corte), acerca de que Rizo Campo elev\u00f3 un pedimento con tal finalidad, denegado el 5 de febrero de 2009, pues para esa data no exist\u00edan ni se hab\u00edan adoptado las subreglas jurisprudenciales, ahora vigentes en esta Colegiatura, que han edificado una doctrina probable con numerosos fallos de tutela expedidos recientemente protegiendo el derecho fundamental a la vivienda4.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tanto, deber\u00e1 acudir el promotor ante la autoridad judicial cognoscente para que eval\u00fae su caso a la luz de la nueva doctrina probable emitida en relaci\u00f3n con la citada materia y se determine si efectivamente la acreencia fue reestructurada y si hay lugar o no a acceder a la terminaci\u00f3n del compulsivo ahora reclamada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Es menester aclarar que si bien el Tribunal constitucional a quo analiz\u00f3 la providencia proferida por el Juez Catorce Civil del Circuito el 28 de agosto de 2015 (fls. 75 a 92 cdno. 1), en esa decisi\u00f3n el Juzgado neg\u00f3 la adici\u00f3n del fallo de segundo grado impetrada por el hoy quejoso, pero all\u00ed nada se dijo frente a la reestructuraci\u00f3n de la deuda, pues solamente defini\u00f3 lo ata\u00f1edero a la inexigibilidad de la reliquidaci\u00f3n de la misma, como se puede constatar de la revisi\u00f3n de ese auto.  <\/span><\/p>\n

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6. Por lo expresado, la demanda de amparo desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia prevista en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues el petente pretende un pronunciamiento de esta especial jurisdicci\u00f3n, sobre aspectos que deben ser puestos en conocimiento y solucionados por el juzgador natural; los cuales no hallan asidero en esta v\u00eda residual y extraordinaria.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, esta Sala ha manifestado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no  es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d5.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Finalmente, en lo tocante a las pretensiones relacionadas con ordenarle al Banco AV Villas la expedici\u00f3n de documentaci\u00f3n a favor del hoy gestor, \u00e9ste debe acudir directamente ante ese ente financiero para elevar tal pedimento, haciendo uso del derecho de petici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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8. Por los anteriores argumentos, se impone la confirmaci\u00f3n del fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad.  2010-000380-01.    <\/span><\/p>\n

3 CSJ STC, 10 de julio de 2014, Rad. 2014-00174-01; 17 de julio de 2014, Rad. 00919-01; 25 de agosto de 2014, Rad. 00139-01; 27 de marzo de 2015, Rad. 00060-01; y 7 de abril de 2015, Rad. 00601-00.    <\/span><\/p>\n

4 V\u00e9ase las sentencias dictadas en los radicados 2016-02369-01, 2016-01836-00, 2016-00015-01 y 2015-00599-01, entre otras muchas otras.    <\/span><\/p>\n

5 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras.      <\/span><\/p>\n

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