{"id":98989,"date":"2026-06-25T17:45:45","date_gmt":"2026-06-25T17:45:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc971-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:45:45","modified_gmt":"2026-06-25T17:45:45","slug":"stc971-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc971-2017\/","title":{"rendered":"STC971-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC971-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02109-01  <\/span><\/p>\n

      (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 5 de diciembre de 2016, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Sociedad Constructora Bogot\u00e1 S.A. en Liquidaci\u00f3n respecto de las Fiscal\u00edas Ochenta y Ocho y Ciento Sesenta y Siete Seccionales de la Unidad de Delitos contra la Fe P\u00fablica, extensiva al Juzgado Treinta y Nueve Penal del Circuito y a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial, todos de esta capital, por el incidente de desacato adelantado en un resguardo similar a \u00e9ste, impulsado por la aqu\u00ed gestora en relaci\u00f3n con las Fiscal\u00edas accionadas.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1. La Sociedad Constructora Bogot\u00e1 S.A. suplica la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente vulnerada por los convocados.  <\/span><\/p>\n

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2. Sostiene, como base de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. 2 a 7):  <\/span><\/p>\n

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2.1. El 15 de noviembre de 2015, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta localidad otorg\u00f3 la tutela deprecada por la hoy actora respecto de la Fiscal\u00eda Ochenta y Ocho Seccional de esta ciudad, ordenando a esa dependencia  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) solicit[ar] al Juez de conocimiento la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n adelantada en contra de Fabio Sanz, garantizando la participaci\u00f3n de todos los interesados, y adem\u00e1s solicit[ar] cancelar la escritura p\u00fablica N\u00ba 2364 de 19 de enero de 2008 y la anotaci\u00f3n N\u00ba 4 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba 50N-20410613, teniendo en cuenta que en los actos de investigaci\u00f3n se pudo establecer que se trat\u00f3 de un negocio jur\u00eddico fraudulento (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2.2. En acatamiento del citado fallo, el aludido ente acusador requiri\u00f3 la programaci\u00f3n de audiencia de \u201cpreclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n y cancelaci\u00f3n o suspensi\u00f3n de los registros obtenidos fraudulent[amente]\u201d, sustentado en la \u201c(\u2026) causal 1\u00aa del art\u00edculo 332 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal (imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acci\u00f3n penal) (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Ese asunto fue asignado al Juez Treinta y Nueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, quien deneg\u00f3 la preclusi\u00f3n suplicada, arguyendo, entre otras razones, \u201cla deficiente sustentaci\u00f3n\u201d de la misma.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. El 1 de septiembre de 2016, la Sala Penal confirm\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n, tras zanjar las apelaciones promovidas por \u201cla Fiscal\u00eda y la representante de la v\u00edctima\u201d, esto es, la empresa aqu\u00ed quejosa.  <\/span><\/p>\n

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2.4. En virtud de lo antelado, la ahora querellante formul\u00f3 ante el memorado Tribunal un incidente de desacato, declarado \u201cimprocedente\u201d el 20 de septiembre de 2016, decisi\u00f3n convalidada el 3 de octubre del mismo a\u00f1o, al resolver la reposici\u00f3n impetrada por la impulsora.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Se\u00f1ala la Constructora accionante  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [que] por causa atribuible a la Fiscal\u00eda Ochenta y Ocho Seccional de Bogot\u00e1 no se logr\u00f3 precluir la investigaci\u00f3n, (\u2026) torn\u00e1ndose el fallo constitucional nugatorio, pues como consecuencia de lo anterior, no se logr\u00f3 la cancelaci\u00f3n de las escrituras p\u00fablicas falsas y las respectivas anotaciones [en el] folio de matr\u00edcula inmobiliaria, dejando la situaci\u00f3n jur\u00eddica y catastral del inmueble en el mismo estado en que se encontraba antes de presentarse el amparo (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3. Implora ordenar a la Fiscal\u00eda presentar nueva petici\u00f3n de preclusi\u00f3n y de \u201ccancelaci\u00f3n de los registros fraudulentos\u201d con la argumentaci\u00f3n suficiente.  <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta de los accionados y vinculados  <\/span><\/p>\n

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a. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 rindi\u00f3 dos informes, a saber:  <\/span><\/p>\n

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– El magistrado Ramiro Ria\u00f1o Ria\u00f1o realz\u00f3 la legalidad de lo decidido en el decurso criminal, al confirmar la negativa de la referida preclusi\u00f3n, adem\u00e1s, indic\u00f3 que \u201c(\u2026) inst\u00f3 a [la Fiscal\u00eda] a que presente cuanto antes una nueva solicitud de preclusi\u00f3n, con correcci\u00f3n de las irregularidades advertidas, con el fin de lograr la cancelaci\u00f3n de los registros obtenidos fraudulentamente (\u2026)\u201d (fls. 154 a 172 vuelto).  <\/span><\/p>\n

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– El magistrado Fernando Adolfo Pareja Reinemer aport\u00f3 copia de las providencias emitidas en segunda instancia, dentro de la tutela primigenia y el desacato posteriormente tramitado (fls. 175 a 194).  <\/span><\/p>\n

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b. El Juzgado Treinta y Nueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento efectu\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en la mentada \u201csolicitud de preclusi\u00f3n\u201d (fl. 174).  <\/span><\/p>\n

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c. La Fiscal\u00eda Ochenta y Ocho Seccional manifest\u00f3 que \u201c(\u2026) han sido ingentes los esfuerzos (\u2026) al solicitar el restablecimiento del derecho ante los diversos jueces, quienes de manera reiterada han venido negando el derecho que le asiste a la v\u00edctima (\u2026)\u201d (fls. 201 y 202).  <\/span><\/p>\n

d. El Fiscal Ciento Sesenta y Siete Seccional inform\u00f3 haber avocado conocimiento del expediente censurado el 1 de noviembre de 2016 y agreg\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [S]e vislumbra el cumplimiento del fallo [de tutela], (\u2026) teniendo en cuenta que mediante sentencia adiada 11\/05\/16 el Juzgado Treinta y Nueve Penal del Circuito de Conocimiento resolvi\u00f3 sobre la solicitud de preclusi\u00f3n del restablecimiento del derecho de la empresa constructora accionante, decisi\u00f3n que fue apelada por la Fiscal\u00eda Ochenta y Ocho Seccional y a su vez confirmada por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1; por ende, es preciso indicar que aunque la anterior decisi\u00f3n haya salido contraria a las pretensiones del accionante, no quiere decir ello que la Fiscal\u00eda no cumpli\u00f3 con lo ordenado en el fallo de tutela, porque son causas totalmente ajenas al incumplimiento que predica el se\u00f1or defensor en su escrito de incidente de desacato, sin que la simple discrepancia de criterios sea suficiente para amparar las prerrogativas invocadas (\u2026)\u201d (fls. 203 a 278).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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Desestim\u00f3 la s\u00faplica tras inferir:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]l presente tr\u00e1mite resulta improcedente, ya que en el evento de que la accionante considere que la mencionada providencia de tutela no ha sido cumplida por la autoridad encargada de ello, la v\u00eda no es otra que el incidente de desacato, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, dispuso prevenir  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) al magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 Fernando Adolfo Pareja Reinemer, para que en caso de que la Sociedad Constructora de Bogot\u00e1 S.A. solicite el inicio del incidente de desacato en contra de la Fiscal\u00eda Ochenta y Ocho de la Unidad de Delitos contra la Fe P\u00fablica (hoy Fiscal\u00eda Ciento Sesenta y Siete Seccional), por el presunto incumplimiento del fallo de tutela dictado el 12 de noviembre de 2015 por esa Colegiatura, proceda a verificar cuantas veces sea necesario, el cumplimiento efectivo y total de dicha orden conforme con la ratio decidendi de ese prove\u00eddo (\u2026)\u201d (fls. 279 a 302).  <\/span><\/p>\n

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1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el magistrado Fernando Adolfo Pareja Reinemer explicando:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) La orden de tutela inclu\u00eda la obligaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda de pedir la preclusi\u00f3n, la cancelaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica falsa y (\u2026) del registro espurio de esa escritura p\u00fablica. La petici\u00f3n de la Fiscal\u00eda accionada abarc\u00f3 esas tres pretensiones, y m\u00e1s all\u00e1 de la forma como lo hizo y de la soluci\u00f3n que el juez y el Tribunal le dieron a sus pretensiones, la Fiscal\u00eda cumpli\u00f3 la orden de tutela completamente\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cPor tanto, solicito que se revoque el numeral 2 de la parte resolutiva de la sentencia de tutela (\u2026) proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, pues como se dijo en el auto proferido por mi despacho como magistrado del Tribunal de Bogot\u00e1, al abstenerme de abrir el incidente de desacato, se cumpli\u00f3 total y no parcialmente la orden de tutela por la Fiscal\u00eda correspondiente, de modo que la prevenci\u00f3n que se me hace no es justa ni adecuada (\u2026)\u201d (fls. 315 a 358).  <\/span><\/p>\n

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1. CONSIDERACIONES    <\/span><\/p>\n

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1. La Sociedad Constructora Bogot\u00e1 S.A. en Liquidaci\u00f3n, critica a trav\u00e9s de este ruego, en concreto, que en la salvaguarda primigenia ya rese\u00f1ada, el Tribunal cognoscente haya desestimado el desacato propuesto en contra de las Fiscal\u00edas Ochenta y Ocho y Ciento Sesenta y Siete Seccionales de la Unidad de Delitos contra la Fe P\u00fablica de esta capital. En consecuencia, pretende se ordene a los mencionados entes acusadores dar cumplimiento a lo decidido en el aludido ruego.  <\/span><\/p>\n

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2. Esta Corte ha destacado la estrecha vinculaci\u00f3n existente entre la fase particular del incidente y la prevista para establecer si se accede o no a la protecci\u00f3n demandada, ya que este mecanismo extraordinario y la actuaci\u00f3n incidental est\u00e1n s\u00f3lidamente unidos y son etapas de un procedimiento dirigido a la misma finalidad.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En reiteradas ocasiones la Sala, al estudiar el tema, en punto a las diligencias surtidas a prop\u00f3sito de dicho incidente, ha considerado improcedente, por regla general, una nueva revisi\u00f3n de igual naturaleza. Lo anterior, por cuanto, en torno al desacato, s\u00f3lo se previ\u00f3 la consulta respecto del auto mediante el cual se imponen las sanciones del caso.  <\/span><\/p>\n

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En esa direcci\u00f3n, es pertinente recordar:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) que el incidente de desacato, per se, culmina con una decisi\u00f3n judicial, la cual, prima facie, podr\u00eda estimarse que es susceptible de ser enjuiciada mediante otra acci\u00f3n de tutela. Empero, examinado el tema en conjunto, como debe ser, la resoluci\u00f3n judicial en comento, no puede apreciarse en forma insular o aislada, sino como parte de una actividad seriada y, por ende, compleja en el entorno constitucional, lo que exige una valoraci\u00f3n panor\u00e1mica, como tal omnicomprensiva de todo el tr\u00e1mite tutelar. De ah\u00ed la \u00edntima relaci\u00f3n existente entre la tutela y su desacato, al punto que el funcionario competente para determinar si hubo o no inejecuci\u00f3n de la orden dada, sea el mismo que conoci\u00f3 del amparo.  <\/span><\/p>\n

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\u201cPor consiguiente, superadas esas etapas consustanciales a la acci\u00f3n de tutela, bien porque no se promovieron en tiempo los medios aludidos, ya por cuanto se interpusieron y fueron desatados por los funcionarios competentes, queda definitivamente cerrado el tema en torno a los puntos que all\u00ed comportaron debate (thema decissum), de suerte que no podr\u00edan volver aquellos sobre esa precisa controversia, menos, se itera, otros Jueces a trav\u00e9s de una nueva queja constitucional, puesto que el instrumento empleado se traducir\u00eda en un inconveniente espiral, en clara contrav\u00eda de claros postulados que edifican y salvaguardan la seguridad jur\u00eddica, pot\u00edsimo y acerado principio digno de frontal respeto y acatamiento. Obs\u00e9rvase que si hoy es pac\u00edfico que contra lo sentenciado en tutela, no es dable acci\u00f3n -ex novo- de naturaleza semejante, menos proceder\u00eda esta acci\u00f3n extraordinaria en punto a las providencias que se pronuncien en la etapa derivada del incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de desacato) (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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El alto Tribunal Constitucional tambi\u00e9n ha precisado la viabilidad de este mecanismo de forma particular y respecto de actuaciones como la presente, \u201c(\u2026) cuando el juez de desacato se extralimita en sus funciones o cuando se vulnera el derecho a la defensa de las partes o se impone una sanci\u00f3n arbitraria (\u2026)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

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4. Al margen de lo narrado y revisadas las pruebas allegadas a esta tramitaci\u00f3n, se concluye la viabilidad de la salvaguarda solicitada, porque con la determinaci\u00f3n de 20 de septiembre de 2016, emitida por el magistrado Fernando Adolfo Pareja Reinemer, se incurri\u00f3 en irregularidad que amerita la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, se observa que en esa providencia el citado funcionario se abstuvo de adelantar el incidente de desacato suscitado por la actora, desconociendo con ello el tr\u00e1mite legalmente establecido en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, concordante con el canon 129 del C\u00f3digo General del Proceso, pues no le era dable emitir una decisi\u00f3n de plano sobre el acatamiento del mandato tutelar, sin antes surtir el decurso previsto en las reglas se\u00f1aladas.  <\/span><\/p>\n

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Esta Corte, en un asunto de contornos an\u00e1logos, recientemente sostuvo:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) En el caso bajo examen, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn incurri\u00f3 en la irregularidad anotada, ya que en el prove\u00eddo atacado (septiembre 26 de 2014) se abstuvo de iniciar el \u00abincidente de desacato\u00bb promovido por el accionante, bajo el supuesto de que la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n acat\u00f3 el mandato impuesto, cuando esa conclusi\u00f3n deb\u00eda ser precedida del tr\u00e1mite legal que atribuye el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, en armon\u00eda con el 137 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cEn un caso similar la Corte expuso   <\/span><\/p>\n

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\u00abAs\u00ed las cosas, es evidente que el funcionario judicial accionado incurri\u00f3 en defecto procedimental y por ende en la vulneraci\u00f3n del debido proceso que se le imputa, porque ninguna norma lo autoriza para decidir de plano como lo hizo, como que el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, es di\u00e1fano al se\u00f1alar que el presunto incumplimiento de una orden proferida con base en dicho Decreto debe ser esclarecido mediante tr\u00e1mite incidental, sin que de ninguna manera pueda ser de recibo el argumento presentado como justificativo de su conducta, conforme al cual \u00abse juzg\u00f3 este procedimiento a fin de evitar tr\u00e1mites que congestionar\u00edan innecesariamente la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, porque las normas de procedimiento son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley\u00ab (CSJ, SCT 7 oct. 2013, rad. 02248-00, citada en STC14143-2014, 16 oct. Rad. 00175-01) (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cPor consiguiente, en el presente caso se justifica la injerencia excepcional del juez constitucional, dadas las espec\u00edficas particularidades que ofrece, sin que ello implique, por supuesto, usurpar las funciones asignadas por la Carta Pol\u00edtica y por la ley al competente para resolver el asunto (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Por lo tanto, se revocar\u00e1 lo decidido por el a quo y se otorgar\u00e1 el amparo, para lo cual se ordenar\u00e1 a la Corporaci\u00f3n accionada dejar sin efecto el auto por el que se abstuvo de iniciar el incidente y, en su lugar, lo tramite, independientemente de su resultado (\u2026)\u201d4.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aunado a lo expresado, se estima necesario relievar que conforme al referido art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, compete al \u201cmismo juez\u201d que conoci\u00f3 del amparo, zanjar el incidente de desacato incoado ante el incumplimiento de la orden de tutela.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La determinaci\u00f3n con la cual se ponga fin a la actuaci\u00f3n incidental, debe ser adoptada por el n\u00famero plural de magistrados que de acuerdo al linaje constitucional de la cuesti\u00f3n planteada, integraron la Sala de decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 el resguardo primigenio y no \u00fanicamente por el magistrado ponente de aqu\u00e9lla5, como aconteci\u00f3 en el asunto analizado.  <\/span><\/p>\n

Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha indicado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) El tr\u00e1mite de la queja constitucional, as\u00ed como el propio del incidente de desacato, se encuentra disciplinado, por regla general, en el Decreto 2591 de 1991, que detenta, seg\u00fan la Corte Constitucional \u2013sentencia C-543 de 1992- y el Consejo de Estado \u2013 sentencia de 10 de junio de 1993, Secci\u00f3n Primera, exp. 3334-, fuerza de ley, pues acorde con el \u00faltimo pronunciamiento mencionado, \u2018por haber sido expedido en desarrollo de las facultades a las que se refiere el art\u00edculo transitorio 5\u00b0 literal b.) de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, tiene fuerza de ley en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo transitorio 10.  Y si bien la materia que regula puede ser objeto de una ley estatutaria, ello lo ser\u00e1 para el futuro por cuanto para el caso concreto exist\u00eda la referida autorizaci\u00f3n especial\u2019. (\u2026) Conforme al art\u00edculo 52 del Decreto referido, la atribuci\u00f3n para adoptar la resoluci\u00f3n en torno a si se sanciona o no a la persona destinataria de la orden constitucional, radica en \u2018el mismo juez\u2019, expresi\u00f3n que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, consagra \u2018como principio general, [la] competencia de los jueces de primera instancia [para] velar por el cumplimiento de los fallos de tutela, aplicando el procedimiento y las medidas descritas en los art\u00edculos 23, 27, 52 del Decreto 2591 de 1991, a\u00fan en los casos en que la decisi\u00f3n sea tomada por el juez de segunda instancia o por la Corte Constitucional en sede de revisi\u00f3n\u2019 (auto 0063\/12 de 27 de marzo de 2012). (\u2026) As\u00ed las cosas, si una sala plural de decisi\u00f3n de un cuerpo colegiado, verbi gratia, la de un Tribunal Superior de Distrito Judicial, concedi\u00f3 el amparo a los derechos fundamentales del accionante, la facultad para sancionar el incumplimiento al mismo la previene la propia norma estatutaria que regula la acci\u00f3n de tutela, al expresar que, \u2018la sanci\u00f3n ser\u00e1 impuesta por el mismo juez\u2019, esto es, para la hip\u00f3tesis descrita, \u2018la sala plural de decisi\u00f3n\u2019 y no uno solo de sus integrantes. (\u2026) La anterior conclusi\u00f3n no se altera, a\u00fan en vigencia del art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 1395 de 2010, que modific\u00f3 el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil relativo a \u2018las atribuciones de las salas de decisi\u00f3n y del magistrado ponente\u2019, toda vez que ante la existencia de una norma especial que disciplina la competencia para decidir el desacato, no se hace necesario acudir a los principios del ordenamiento adjetivo en lo civil, aplicables seg\u00fan el Decreto 306 de 1992, en la medida que \u2018no sean contrarios a dicho decreto [Decreto 2591 de 1991]\u2019. (\u2026) Abstracci\u00f3n de lo expuesto, si los procedimientos y recursos para la protecci\u00f3n de derechos y deberes fundamentales, seg\u00fan el literal a del art\u00edculo 152 de la Carta Pol\u00edtica, deben regularse por una Ley Estatutaria, no podr\u00eda prohijarse la tesis de que la Ley 1395 de 2010 modific\u00f3 el Decreto 2591 de 1991, en lo atinente a la competencia para decidir las \u2018sanciones por desacato\u2019, pues, aqu\u00e9lla es de naturaleza ordinaria\u2019 (Auto de 21 de junio de 2012, exp. 2012-00200-01, reiterado el 26 de octubre siguiente, exp. 01989-00) (\u2026)\u201d6.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En el mismo sentido, esta Sala precis\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

5. Si se dejara de lado la irregularidad registrada en el tr\u00e1mite incidental, el amparo de todos modos saldr\u00eda avante, por cuanto, el aqu\u00ed tutelado err\u00f3 al decidir de la forma criticada, pues aun cuando la incidentante denunci\u00f3 a los fiscales cognoscentes por no plegarse a los precisos lineamientos estipulados en la sentencia resolutoria del amparo primigenio, el magistrado querellado desestim\u00f3 su pedimento tras avizorar \u201cfallo cumplido\u201d, sin detenerse a analizar a profundidad las actuaciones de esas Fiscal\u00edas y descartar o corroborar las aseveraciones realizadas por la sociedad gestora.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, en el prove\u00eddo de 20 de septiembre de 2016, razon\u00f3 el magistrado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) En cumplimiento del referido fallo la Fiscal Ciento Sesenta y Siete Seccional, a quien por reestructuraci\u00f3n de la unidad y reparto, le correspondi\u00f3 el proceso, dijo que el 11 de mayo de 2016 y previo a la solicitud de audiencia de preclusi\u00f3n que hizo la Fiscal\u00eda Ochenta y Ocho Seccional, el Juzgado Treinta y Nueve Penal del Circuito de Bogot\u00e1 resolvi\u00f3 no declarar la preclusi\u00f3n solicitada y orden\u00f3 continuar la acci\u00f3n penal y su tr\u00e1mite procesal\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a Fiscal Ochenta y Ocho Seccional apel\u00f3 y sustent\u00f3 su desacuerdo con la decisi\u00f3n de primera instancia, que fue confirmada por la segunda instancia, con ponencia del magistrado Ramiro Ria\u00f1o el 24 de agosto de 2016, y en la que orden\u00f3 la remisi\u00f3n de la actuaci\u00f3n a la Fiscal\u00eda de origen para que continuara la actividad administrativa (\u2026)\u201d (fls. 113 a 114 vuelto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Posteriormente, al desatar la reposici\u00f3n elevada por la hoy actora, ratific\u00f3 su postura aduciendo:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) La orden emitida se ejecut\u00f3 de manera completa. Se solicit\u00f3 la audiencia, se sustent\u00f3, se resolvi\u00f3, apel\u00f3 y revis\u00f3 la segunda instancia. Esto es lo que se orden\u00f3 en el fallo de tutela. Situaci\u00f3n distinta es que se les haya negado, pues la autoridad competente as\u00ed lo determin\u00f3 (\u2026)\u201d (fls. 115 a 119).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. La motivaci\u00f3n de la autoridad fue insuficiente, pues, como se dijo, pretiri\u00f3 exponer las razones por las cuales consideraba cumplida la orden dada en ese asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior, por cuanto, el funcionario sustanciador se limit\u00f3 a estimar satisfecho el mandato emitido en ese decurso, tras constatar solamente la interposici\u00f3n de la solicitud de preclusi\u00f3n por parte de la Fiscal\u00eda cognoscente, sin reparar si con tal actividad se superaba el quebranto de las prerrogativas iusfundamentales all\u00ed detectado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, es menester aclarar que en el primero de los ruegos incoados, el Tribunal ahora convocado orden\u00f3 a la Fiscal\u00eda Ochenta y Ocho Seccional de esta capital  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) solicit[ar] al Juez de conocimiento la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n adelantada en contra de Fabio Sanz, garantizando la participaci\u00f3n de todos los interesados, y adem\u00e1s solicit[ar] cancelar la escritura p\u00fablica N\u00ba 2364 de 19 de enero de 2008 y la anotaci\u00f3n N\u00ba 4 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba 50N-20410613, teniendo en cuenta que en los actos de investigaci\u00f3n se pudo establecer que se trat\u00f3 de un negocio jur\u00eddico fraudulento (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo antelado tras razonar que, ante la decisi\u00f3n de la Fiscal\u00eda de archivar la aludida causa penal, era necesario definir la situaci\u00f3n jur\u00eddica del inmueble sobre el cual hab\u00eda reca\u00eddo la conducta criminal all\u00ed investigada, de propiedad de la Sociedad Constructora Bogot\u00e1, pues frente al mismo se decret\u00f3 preliminarmente la \u201csuspensi\u00f3n del poder dispositivo\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En palabras del Colegiado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [T]eniendo en cuenta que en cabeza de la Fiscal\u00eda se encuentra la persecuci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, y que en este caso la situaci\u00f3n jur\u00eddica del bien se encuentra indefinida ante su archivo por falta de identificaci\u00f3n e individualizaci\u00f3n del responsable, a pesar de que existe prueba que demuestra que la huella y firmas de quien se identific\u00f3 en la escritura p\u00fablica 2364 del 19 de agosto de 2008 de la Notar\u00eda Treinta y Tres de Bogot\u00e1 como Fabio Sanz no corresponden a \u00e9ste, y a la fecha han pasado 7 a\u00f1os desde que se ejecut\u00f3 la conducta delictiva, se concluye la violaci\u00f3n del derecho del debido proceso por parte de la Fiscal\u00eda, que amerita la intervenci\u00f3n del juez de tutela para garantizar que se defina por parte de la Fiscal\u00eda el curso de la investigaci\u00f3n, pues de por medio se encuentra un bien en relaci\u00f3n con el cual se determin\u00f3 que su salida del patrimonio de la Sociedad Constructora Bogot\u00e1, se efectu\u00f3 a trav\u00e9s de un negocio jur\u00eddico fraudulento\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cAunque el accionante cuente con otros mecanismos de defensa judicial, en este caso, se demostr\u00f3 que la Fiscal\u00eda, aun cuando  conoc\u00eda de la ilicitud de la compraventa del bien denominado zona de reserva, estaba llamada a efectuar una actuaci\u00f3n id\u00f3nea para restablecer los derechos de la sociedad afectada   (\u2026)\u201d (fls. 52 a 61).  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

7. El criterio del servidor aqu\u00ed querellado es el de abstenerse de tramitar el incidente de desacato propuesto por la ahora querellante, por encontrar cumplida la precitada sentencia en los t\u00e9rminos explicitados con antelaci\u00f3n, postura ratificada en el escrito impugnatorio del fallo constitucional a quo aqu\u00ed dictado, por tanto, no basta con la exhortaci\u00f3n realizada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en primera instancia, en el entendido de  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) que en caso de que la Sociedad Constructora de Bogot\u00e1 S.A. solicite el inicio del incidente de desacato (\u2026) por el presunto incumplimiento del fallo de tutela, (\u2026) proceda a verificar cuantas veces sea necesario, el cumplimiento efectivo y total de dicha orden conforme con la ratio decidendi de ese prove\u00eddo (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior, pues es necesario ordenarle al referido funcionario que verifique si las actuaciones desplegadas por la Fiscal\u00eda acataban cabalmente los mandatos del aludido auxilio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. De acuerdo con lo discurrido, el amparo deprecado ser\u00e1 concedido frente al Magistrado Fernando Adolfo Pareja Reinemer de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. En consecuencia, se le ordenar\u00e1 al aludido servidor, dejar sin efecto el auto de 20 de septiembre de 2016, as\u00ed como las actuaciones que de \u00e9l pendan, y proceder a resolver nuevamente la petici\u00f3n de la tutelante, teniendo en cuenta los aspectos expuestos en esta providencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia y CONCEDER la tutela solicitada por la Sociedad Constructora Bogot\u00e1 S.A. en Liquidaci\u00f3n, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del incidente de desacato adelantado en un resguardo similar a \u00e9ste, impulsado por la aqu\u00ed gestora en relaci\u00f3n con las Fiscal\u00edas Ochenta y Ocho y Ciento Sesenta y Siete Seccionales de la Unidad de Delitos Contra la Fe P\u00fablica, ambas de esta capital.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, se le ordena a la citada autoridad que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, deje sin efecto el auto de 20 de septiembre de 2016, as\u00ed como las actuaciones que de \u00e9l pendan, y proceda a resolver nuevamente la petici\u00f3n de la tutelante, teniendo en cuenta los aspectos expuestos en esta providencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

        NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

1 CSJ. Civil. Sentencia de 21 de febrero de 2003, exp. 00382.    <\/span><\/p>\n

2 Corte Constitucional. Sentencia T-652 de 30 de agosto de 2010.    <\/span><\/p>\n

3 \u00cddem.    <\/span><\/p>\n

4 CSJ. STC de 26 de marzo de 2015, exp. 11001-02-04-000-2015-00221-01    <\/span><\/p>\n

5 CSJ. STC de 19 de septiembre de 2012, exp. 1100102030002012-01989-00    <\/span><\/p>\n

6 CSJ. STC de 13 de junio de 2013, exp. 11001-02-03-000-2013-01232-00; reiterada el 15 de agosto de 2013, exp. 11001-02-03-000-2013-01769-00 y el 18 de septiembre de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-01978-00, entre otras.    <\/span><\/p>\n

7 CSJ. STC de 18 de septiembre de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-01978-00.      <\/span><\/p>\n

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            LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   Magistrado ponente      STC971-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02109-01         (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98989","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98989","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98989"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98989\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98989"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98989"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98989"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}