{"id":98991,"date":"2026-06-25T17:45:55","date_gmt":"2026-06-25T17:45:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc974-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:45:55","modified_gmt":"2026-06-25T17:45:55","slug":"stc974-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc974-2017\/","title":{"rendered":"STC974-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC974-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00112-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil diecisiete (2017).   <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Sergio Eduardo Lujan Saad, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla integrada por los Magistrados Diego Omar P\u00e9rez Salas, Guiomar Porras Del Vecchio y Sonia Esther Rodr\u00edguez Noriega, as\u00ed como frente al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Oralidad de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual No 2014-00201.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

1. El interesado quien act\u00faa a trav\u00e9s de apoderado judicial, pide la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, incurriendo en v\u00eda de hecho por defectos sustantivo y f\u00e1ctico en las sentencias proferidas en el proceso referido en precedencia que promovi\u00f3 en contra de Country Motors S.A.  <\/span><\/p>\n

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Solicita que se dejen sin efecto los fallos de 22 de febrero y 17 de agosto, ambos de 2016, para que \u00abse pronuncien de conformidad con la aplicaci\u00f3n del debido proceso\u00bb (f. 82).  <\/span><\/p>\n

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2.  En sustento de la inconformidad se aduce en extenso escrito, que en el a\u00f1o 2008 Lujan Saad compr\u00f3 dos veh\u00edculos nuevos en el concesionario Country Motors S.A., ubicado en la ciudad de Barranquilla, y en el desarrollo del servicio post-venta de garant\u00eda, siempre fue atendido por la Coordinadora de Operaciones Departamento Servicio, Lesbia Cristina L\u00f3pez Borja, quien al conocer sus actividades comerciales y la liquidez le propuso \u00absuministrar a modo de pr\u00e9stamo, sumas econ\u00f3micas que la empresa acostumbraba a necesitar para el pago de las n\u00f3minas de los empleados de la secci\u00f3n de talleres\u00bb, a lo que accedi\u00f3 a finales del a\u00f1o 2009, y posteriormente, dado que las necesidades de dinero empezaron a incrementarse con el tiempo, acordaron la formalizaci\u00f3n de la relaci\u00f3n comercial ya existente mediante la suscripci\u00f3n de un contrato que estableciera de manera expl\u00edcita las condiciones comerciales y legales, \u00abtoda vez que para entonces s\u00f3lo se suscrib\u00edan pagar\u00e9s con carta de instrucciones. En tal sentido, el d\u00eda veintinueve (29) de Octubre de dos mil diez (2010) se suscribi\u00f3 el mencionado documento mediante minuta sugerida por las directivas del concesionario seg\u00fan lo manifestado por ambos empleados\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agrega que como producto del contrato mencionado, realiz\u00f3 3 desembolsos para un total de $300’000.000, y se acord\u00f3 un reconocimiento de intereses de 1.2 % mes vencido, transcurriendo la relaci\u00f3n comercial en condiciones normales del a\u00f1o 2010 hasta el mes de octubre de 2012 cuando se empez\u00f3 a presentar mora en los pagos, \u00aba los cuales la funcionar\u00eda LESBIA LOPEZ alegaba que las mismas obedec\u00edan a cambios administrativos impuestos por la matriz GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A.\u00bb, y como quiera que cesaron \u00ablos pagos de los intereses\u00bb, en 2013 solicit\u00f3 a la se\u00f1ora L\u00f3pez Borja la devoluci\u00f3n del dinero y ante la falta de voluntad de la nombrada, se dirigi\u00f3 \u00aben ejercicio del derecho de petici\u00f3n\u00bb en 3 oportunidades al representante legal de Country Motors S.A., y al ser atendido por \u00e9sta el 8 de julio de 2013, tuvo conocimiento que desconoc\u00eda la existencia de la obligaci\u00f3n contractual y que adem\u00e1s, L\u00f3pez Borja hab\u00eda renunciado al trabajo.  <\/span><\/p>\n

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Explica que por lo anterior y despu\u00e9s de agotar la v\u00eda de la conciliaci\u00f3n, interpuso demanda ordinaria de mayor cuant\u00eda por responsabilidad civil extracontractual contra Country Motors S.A., de la que correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Oralidad de Barranquilla, en la que se pidi\u00f3 condenar a la demandada por los perjuicios causados, quien en la contestaci\u00f3n de la demanda, solicit\u00f3 la citaci\u00f3n de una serie de testigos quienes manifestaron desconocer \u00ablas actividades de pr\u00e9stamo de dineros adelantadas por la entonces funcionarla de la misma empresa, se\u00f1ora LESBIA CRISTINA L\u00d3PEZ BORJA entre los a\u00f1os dos mil diez (2010), dos mil once (2011), dos mil doce (2012) y dos mil trece (2013)\u00bb, no obstante que \u00e9stos, \u00abde alguna u otra forma participaron y se beneficiaron de la relaci\u00f3n comercial sostenida\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Afirma que adelantado el tr\u00e1mite en sentencia de 22 de febrero de 2016 el Juzgado de conocimiento neg\u00f3 las pretensiones, decisi\u00f3n que apelada por el demandante confirm\u00f3 el Tribunal el 17 de agosto de 2016, incurriendo los accionados \u00aben una ostensible V\u00cdA DE HECHO por DEFECTO SUSTANTIVO al vulnerar el PRINCIPIO de \u00abIURA NOVIT CURIA\u00bb, resguardado en el art\u00edculo 29 Constitucional, con desarrollo legislativo en el art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil que, era el correctamente aplicable para el caso sub judice y, en su lugar, despachar negativamente la pretensi\u00f3n, invocando equivocadamente la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 2347 del C\u00f3digo Civil; e, incurriendo seguidamente en otra V\u00cdA DE HECHO por DEFECTO F\u00c1CTICO al considerar basados en un falso juicio de existencia al tratar de exigir la demostraci\u00f3n del deber in vigilando, cuando ese deber no es un elemento de la responsabilidad civil extracontractual por el hecho propio del art. 2341 y, con ello establecer unos elementos que no hab\u00eda que probar ni demostrar, pues, se reputan que los hechos culposos o dolosos de sus agentes son los hechos propios de la persona jur\u00eddica\u00bb  (ff. 52 a 83, may\u00fascula fija y negrilla en texto).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS   <\/span><\/p>\n

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2. La Jueza Octava Civil del Circuito de oralidad de Barranquilla manifest\u00f3 que la decisi\u00f3n adoptada en esa instancia fue en consonancia con los hechos de la demanda, las pretensiones, su contestaci\u00f3n y las excepciones, compaginados con los preceptos legales y jurisprudenciales que rigen la materia puesta a su conocimiento y fue producto igualmente de la valoraci\u00f3n del material probatorio guiado por la sana cr\u00edtica (ff. 107 y 108).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme a lo previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo extraordinario establecido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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De la misma forma, se ha se\u00f1alado que esta acci\u00f3n, en l\u00ednea de principio, no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, apoyado \u00fanicamente en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder ileg\u00edtimo, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las prerrogativas fundamentales conculcadas, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2. En el presente asunto, si bien el accionante cuestiona las sentencias de 22 de febrero de 2016 proferida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Oralidad de Barranquilla que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda en el juicio verbal de responsabilidad civil extracontractual promovido por Sergio Eduardo Lujan Saad en contra de Country Motors S.A., y la de 17 de agosto de 2016 a trav\u00e9s de la cual, el Tribunal Superior de esa ciudad confirm\u00f3 la de primera instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a la proferida por la citada Corporaci\u00f3n, por cuanto fue la que en \u00faltimas defini\u00f3 el debate en el punto controvertido por el actor.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto ha afirmado la Sala que: \u00abaunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC3270-2015, 19 mar. rad. 00542-00, STC4236-2015, y STC15797-2016, 2 nov. rad. 00358-01).  <\/span><\/p>\n

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3.  De cara a los argumentos planteados por el inconforme, en relaci\u00f3n con la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, examinada la reproducci\u00f3n audiovisual que la contiene (ff. 10 y 99 a 102), se concluye que el amparo constitucional invocado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, puesto que tuvo como fundamento argumentos que en manera alguna pueden considerarse alejados del ordenamiento normativo vigente, al concluir que el demandante no demostr\u00f3 que el da\u00f1o que dijo haber sufrido por la sociedad demandada se hubiere verificado en ejercicio o con ocasi\u00f3n de las labores propias de quien fung\u00eda como jefe de taller o atenci\u00f3n al cliente de la sociedad.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, la citada Sala en la audiencia celebrada el 17 de agosto de 2016, de entrada puntualiz\u00f3, \u00abno obstante entenderse la responsabilidad de la persona jur\u00eddica, cuando es empleador, por el hecho de su dependiente, como una responsabilidad directa, es lo cierto que, la jurisprudencia reclama para predicar la responsabilidad civil, que la acci\u00f3n del dependiente se encuentre \u00abdentro del campo de acci\u00f3n propio del ente moralmente personificado\u00bb, es decir, que el dependiente o trabajador cauce un da\u00f1o actuando en ejercicio de sus funciones o con ocasi\u00f3n de ellas, en el marco de la responsabilidad directa, y por lo mismo, no hay responsabilidad de la persona jur\u00eddica cuando el operario causa el da\u00f1o por fuera del cumplimiento de sus funciones.  <\/span><\/p>\n

Por lo anterior, resulta irrelevante en el presente caso establecer si la demandada, ejerci\u00f3 o no actividades de vigilancia para con la empleada Lesbia L\u00f3pez Borja, e inspeccion\u00f3 o se percat\u00f3 del buen uso dado a los correos electr\u00f3nicos o l\u00edneas telef\u00f3nicas que le fueron asignadas; pues, interesa para el presente proceso es establecer si es posible  atribuir a la persona jur\u00eddica demandada, la responsabilidad directa por los hechos que el demandante afirma haber cometido la demandada a trav\u00e9s de la mencionada trabajadora.  <\/span><\/p>\n

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En el sub judice es evidente que conforme al objeto social de Country Motors S.A.,- referido en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal- la compa\u00f1\u00eda no se ocupa de celebrar contratos como el suscrito entre la se\u00f1ora Lesbia L\u00f3pez Borja y el se\u00f1or demandante, que en resumen se orienta a la colocaci\u00f3n de cr\u00e9ditos dinerarios en favor de los empleados de la empresa Country Motors S.A., en sus diferentes sedes (folios 29 a 31, cuaderno principal); de tal suerte que, por este aspecto no es de recibo imputar responsabilidad directa a la demandada, puesto que el contrato ajustado por la dependiente con el actor escapa al objeto social de la compa\u00f1\u00eda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Seguidamente argument\u00f3, \u00abDel texto del contrato denominado prestaci\u00f3n de servicio N\u00b0 01 suscrito entre el demandante, Sergio Eduardo Lujan Saad y la se\u00f1ora Lesbia Cristina L\u00f3pez Borja, se infiere, entre otras cosas que: (i) la contratista fung\u00eda en el contrato como una especie de intermediaria entre el contratante Lujan Saad y los empleados de Country Motors S.A., para la colocaci\u00f3n de pr\u00e9stamos de dinero del contratante a favor de los operarios de la citada empresa, pues, la contratista como jefe de taller de Country Motor S.A., \u00ab… recibe la suma inicial de ochenta millones de pesos ($80.000.000) de el contratante para destinarlos de forma exclusiva para la colocaci\u00f3n de cr\u00e9ditos a los empleados de la empresa Country Motors S.A., en sus diferentes sedes. La contratista se obliga para con el contratante a ejecutar las labores de estudio, entrega, recaudo y dem\u00e1s actividades propias destinadas a la labor de colocaci\u00f3n de cr\u00e9ditos de dinero al inter\u00e9s (SIC)…\u00bb, (ii) que la se\u00f1ora Lesbia Cristina L\u00f3pez Borja no obra ni act\u00faa a efectos contractuales como representante legal de la sociedad Country Motors S.A., sino que dice obrar como Jefe de Taller de la citada empresa; circunstancia que por s\u00ed sola no configura ni genera facultades para la representaci\u00f3n de la sociedad an\u00f3nima mencionada; datos f\u00e1cticos que indudablemente conducen a concluir por sentido com\u00fan que el se\u00f1or Lujan Saad ha debido verificar con mediana inteligencia y cuidado si la actividad a la que se compromet\u00eda la contratista era consentida, o conocida o autorizada por la sociedad Country Motors S.A., pues, de no obrarse por el contratante con esa diligencia media, como en efecto no se hizo, mal se hace en predicar e imputar Responsabilidad Civil de la sociedad demandada, comoquiera que, no existe en el plenario ninguna noticia probatoria que permita establecer ni aun indiciariamente la configuraci\u00f3n de un mandato aparente (Art. 842 C.Co.), pues, no est\u00e1 probado que Country Motors S.A., por culpa o negligencia haya dado motivos para creer que la se\u00f1ora Lesbia Cristina L\u00f3pez Borja estaba facultada o autorizada para celebrar el negocio jur\u00eddico ajustado con el demandante\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Y finalmente concret\u00f3, \u00abEs m\u00e1s: el actor reconoce paladinamente en su documento de Derecho de Petici\u00f3n, radicado en Country Motors S.A. el 29 de agosto de 2013 ( Folio 60 del cuaderno principal), que fue v\u00edctima del delito de estafa agravada, cuya autor\u00eda radica en cabeza de la se\u00f1ora L\u00f3pez Borja, de tal suerte que, en tales circunstancias mal puede pregonar o endilgar Responsabilidad Civil a la sociedad demandada, que no tuvo participaci\u00f3n en la acci\u00f3n delictiva cometida por la dependiente de la parte pasiva, con el agregado de no estar acreditado comportamiento culposo de Country Motors S.A. que hiciera pensar fundadamente que la se\u00f1ora L\u00f3pez Borja, jefe de taller, estuviera facultada por la demandada para celebrar el contrato acordado entre L\u00f3pez Borja y el demandante  <\/span><\/p>\n

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En el mismo sentido, las pruebas testimoniales, y el Interrogatorio de parte absuelto por la representante legal de la demandada, dan cuenta que las labores ejercidas por la se\u00f1ora Lesbia L\u00f3pez Borja, eran las de jefe de atenci\u00f3n al cliente, con lo que se reafirma, que no es factible establecer una responsabilidad directa de la demandada, por cuanto ciertamente, la mencionada dependiente no se encontraba ejerciendo las actividades que le fueron conferidas por la parte pasiva de esta litis, que claramente, no fueron las de intermediar para obtener pr\u00e9stamos de dinero a los trabajadores de Country Motors, pues, se repite, la demandada no se dedica, al ejercicio de tales actividades; pero adem\u00e1s, seg\u00fan lo dicho por la representante legal de Country Motors en el interrogatorio al que fue sometida y se dice en el Certificado de Existencia y Representaci\u00f3n Legal de la demandada, en el evento de requerir dinero para destinarlo a un fin de la sociedad, \u00e9sta acude a entidades financieras a trav\u00e9s del personal que se ha autorizado y constituido para ello y no a personas naturales, medios probatorios que de ninguna forma fueron puestos en tela de juicio por la parte demandante\u00bb (ff. 46 y 99 a 102).  <\/span><\/p>\n

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4.  Bajo el contexto que viene de verse, m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no la determinaci\u00f3n a la que lleg\u00f3 el Tribunal, como aquella se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad, al considerar que para predicar la responsabilidad directa, el dependiente o trabajador debe estar \u00e9ste actuando en ejercicio o cumplimiento de sus funciones, resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda excepcional para imponer al juzgador una determinada interpretaci\u00f3n o enfoque de la normativa que coincida plenamente con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el tema se ha puntualizado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en ese an\u00e1lisis tanto f\u00e1ctico como jur\u00eddico, para entrar a reexaminar sin reatos la prueba en que se bas\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada o sopesar los razonamientos esgrimidos, pues mal podr\u00eda interponerse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica). En estas condiciones, resulta palmario que el peticionario pretende, a trav\u00e9s de este mecanismo, revivir el debate propuesto en el referido asunto, desconociendo el car\u00e1cter residual y subsidiario de esta acci\u00f3n, as\u00ed como que la misma no est\u00e1 llamada a servir de soporte para retomar o promover discusiones definidas por el juez natural, conforme a unas reglas de tr\u00e1mite preestablecidas y de acuerdo con la asignaci\u00f3n legal de competencias (\u2026)\u00bb (CSJ STC9556-2014, 22 jul. 2014, rad. 01097-01, reiterada STC2067-2014 y STC12535-2016, 7 sep. rad. 02449-00).  <\/span><\/p>\n

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Luego, si bien eventualmente puede disentirse de la providencia censurada, ello no se erige en raz\u00f3n suficiente para conceder el amparo, pues como de vieja data lo tiene dicho la Sala \u00abno constituye v\u00eda de hecho las meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ 21 jul. 1995, rad. 2397 reiterado STC2067-2015, y STC13759-2016, 28 sept. rad. 02604-00).  <\/span><\/p>\n

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5. Por las razones anotadas, el amparo pedido ser\u00e1 negado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC974-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00112-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil diecisiete (2017).       Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98991","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98991","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98991"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98991\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98991"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98991"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98991"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}