{"id":98992,"date":"2026-06-25T17:45:57","date_gmt":"2026-06-25T17:45:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc975-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:45:57","modified_gmt":"2026-06-25T17:45:57","slug":"stc975-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc975-2017\/","title":{"rendered":"STC975-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC975-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00116-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil diecisiete (2017).   <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Rafael Antonio Rodr\u00edguez Mej\u00eda, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena,  concretamente frente al Magistrado Ram\u00f3n Alfredo Correa Ospina, as\u00ed como contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Simit\u00ed (Bol\u00edvar), tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo singular No 2012-0053.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.  El solicitante, quien act\u00faa a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas con ocasi\u00f3n de los autos proferidos el 25 de octubre de 2013 y el 14 de octubre de 2014, en el juicio relacionado en precedencia que adelant\u00f3 contra Municipio de san Pablo, Sur de Bol\u00edvar.  <\/span><\/p>\n

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Pide, en consecuencia, dejar sin efecto los prove\u00eddos referidos y \u00abEn su lugar, se ordene al referido tribunal proferir nuevamente el auto subsanando los errores en los que incurri\u00f3\u00bb (f. 8).  <\/span><\/p>\n

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2.   En apoyo de lo anterior, se aduce en s\u00edntesis, que aportando 13 facturas de cobro por valor total de $146\u2019859.450, emitidas con ocasi\u00f3n del suministro de art\u00edculos para oficina a las diferentes dependencias del Municipio de San Pablo, Sur de Bol\u00edvar, que fueron recibidas y aceptadas por el ente territorial, promovi\u00f3 demanda ejecutiva de la que conoci\u00f3 el Juzgado Promiscuo del Circuito de Simit\u00ed, quien profiri\u00f3 mandamiento de pago el 29 de agosto de 2011, y adelantado el tr\u00e1mite el 11 de junio de 2013 profiri\u00f3 auto en el que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que el 15 de julio de 2013, el demandado a trav\u00e9s de apoderado formul\u00f3 incidente de nulidad \u00abpor considerar que las facturas presentadas como t\u00edtulo ejecutivo base de la acci\u00f3n no prestaban m\u00e9rito ejecutivo\u00bb, que resolvi\u00f3 el Juzgado de conocimiento el 25 de octubre de 2013 dejando sin efecto el mandamiento de pago y la actuaci\u00f3n subsiguiente, procediendo a rechazar la demanda, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria in\u00fatilmente, porque el a quo la mantuvo el 7 de febrero de 2014 y el Tribunal el 14 de octubre de 2014, la confirm\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que las autoridades accionadas incurrieron en v\u00eda de hecho por defectos sustantivo y procedimental porque, \u00abse detuvieron solamente a observar la tinta de la impresi\u00f3n de las facturas aportadas como soporte de las cuentas de cobro; t\u00edtulo ejecutivo complejo base de ejecuci\u00f3n, que para ellos son copias simples, y para el suscrito y mi representado son los ejemplares originales que prestan m\u00e9rito ejecutivo, las cuales fueron debidamente cotejadas por los funcionarios encargados de recibir la mercanc\u00eda ofrecida por mi representado\u00bb.   <\/span><\/p>\n

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Asevera que interpuso recurso extraordinario de revisi\u00f3n que fue rechazado el 4 de noviembre de 2016, raz\u00f3n por la que \u00abSe observa el principio de inmediatez en tanto que desde la fecha en que se notific\u00f3 la \u00faltima decisi\u00f3n de los mecanismos ordinarios que ten\u00eda mi representado a su alcance, esto es, desde la notificaci\u00f3n del auto que rechaza el recurso de revisi\u00f3n hasta la interposici\u00f3n de la presente acci\u00f3n constitucional, no ha transcurrido un a\u00f1o\u00bb (ff. 1 a 19, negrilla en texto).  <\/span><\/p>\n

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3.  La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga en auto de 12 de enero de 2016 dispuso la remisi\u00f3n de las diligencias a esta Corporaci\u00f3n al estimar que \u00abel competente para definir esta acci\u00f3n, es la SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, como superior funcional del accionado TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA-SALA CIVIL-FAMILIA\u00bb (f. 68., may\u00fascula fija en texto).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Magistrado Ponente de la providencia cuestionada, solicit\u00f3 negar el amparo por improcedente, indicando que la decisi\u00f3n adoptada por esa Corporaci\u00f3n se ajust\u00f3 a derecho, \u00abadem\u00e1s incumbe destacar la ausencia del requisito de inmediatez en la acci\u00f3n constitucional, el cual se ve desconocido si se tiene en cuenta el per\u00edodo de tiempo trascurrido entre la expedici\u00f3n de la decisi\u00f3n de segunda instancia que se acusa como violatoria de los derechos fundamentales y la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional\u00bb (ff. 83 y 84).  <\/span><\/p>\n

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2. El Juez Promiscuo del Circuito de Simit\u00ed, se opuso al amparo y para ello refiri\u00f3 las actuaciones adelantadas en el proceso ejecutivo as\u00ed como los fundamentos de la determinaci\u00f3n adoptada el 25 de octubre de 2013 (ff. 86 y 87).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. En primer lugar, destaca la Corte que si bien el actor menciona que \u00abMi representado mediante apoderado interpuso recurso extraordinario de revisi\u00f3n ante la Corte Suprema de Justicia el cual fue rechazado mediante auto de fecha 04 de noviembre de 2016\u00bb (f. 8), en su escrito de tutela no ataca la determinaci\u00f3n referida.  <\/span><\/p>\n

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2.  La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC683-2016).  <\/span><\/p>\n

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3.  En el presente asunto, no se cumple el requisito de inmediatez, ya que la decisi\u00f3n de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena que confirm\u00f3 el auto de 25 de octubre de 2013 proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Simit\u00ed (Bol\u00edvar), se produjo el 14 de octubre de 2014 (ff. 60 a 63), y s\u00f3lo hasta el 19 de diciembre de 2016 se ejerci\u00f3 esta acci\u00f3n (f. 67); esto es, transcurrido m\u00e1s del semestre establecido como razonable jurisprudencialmente.  <\/span><\/p>\n

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Luego no puede el peticionario recurrir a este medio de protecci\u00f3n extraordinario para invocar la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, puesto que, la notable tardanza en acudir a esta acci\u00f3n es muestra de una conformidad que, en principio, descarta el quebrantamiento inminente de las prerrogativas reclamadas, sin que sea de recibo, el argumento referente a que \u00abSe observa el principio de inmediatez en tanto que desde la fecha en que se notific\u00f3 la \u00faltima decisi\u00f3n de los mecanismos ordinarios que ten\u00eda mi representado a su alcance, esto es, desde la notificaci\u00f3n del auto que rechaza el recurso de revisi\u00f3n hasta la interposici\u00f3n de la presente acci\u00f3n constitucional, no ha transcurrido un a\u00f1o\u00bb (ff. 18 y 19), en tanto que ese medio extraordinario, por cierto intentado de manera frustrada, no  puede servir de excusa para revivir t\u00e9rminos para recurrir a la tutela.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s que el art\u00edculo 354 del C\u00f3digo General del Proceso, establece que el recurso extraordinario de revisi\u00f3n procede \u00abcontra las sentencias ejecutoriadas\u00bb, que no contra autos, como se intent\u00f3, raz\u00f3n por la cual resultaba impertinente su formulaci\u00f3n, y en ese entendido, lo ahora reprochado bien pudo ser rebatido a trav\u00e9s de este amparo de manera oportuna.  <\/span><\/p>\n

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Entonces la aludida tardanza, por s\u00ed, desvirt\u00faa la finalidad del amparo promovido, pues la tutela es un mecanismo creado para la \u00abprotecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales (\u2026) vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica\u00bb (art\u00edculo 86, Constituci\u00f3n Pol\u00edtica).  <\/span><\/p>\n

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Sobre el tema, ha dicho la Sala \u00absi bien la jurisprudencia no ha indicado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, \u201cs\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u201d, adopt\u00e1ndose aqu\u00e9l en \u201cseis meses\u201d, a menos que exista causa justificativa para su elongaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 27 nov. 2013, exp. 02680-00, reiterada, entre otras, en STC13801-2015 y, STC17132-2016, 25 nov. rad. 00600-01).  <\/span><\/p>\n

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Desde esa perspectiva, si el accionante se demor\u00f3 para presentar la demanda constitucional, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de una conducta irregular atribuible al despacho querellado y con repercusi\u00f3n directa en la garant\u00eda fundamental invocada como soporte de tal amparo.  <\/span><\/p>\n

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3.        De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el resguardo pedido ser\u00e1 desestimado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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