{"id":98993,"date":"2026-06-25T17:46:03","date_gmt":"2026-06-25T17:46:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc976-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:46:03","modified_gmt":"2026-06-25T17:46:03","slug":"stc976-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc976-2017\/","title":{"rendered":"STC976-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC976-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2016-03677-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil diecisiete (2017).   <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c9rica Liliana Vel\u00e1squez Escalante a trav\u00e9s de apoderado general, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, concretamente frente al Magistrado Jaime Alberto Saraza Naranjo, tr\u00e1mite al que fueron citados el Juzgado Tercero Civil del Civil del Circuito de esa ciudad, y las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo hipotecario No. 2012-00114.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

1.  La solicitante, quien act\u00faa a trav\u00e9s de apoderado judicial, pide la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la propiedad, presuntamente vulnerados por la Corporaci\u00f3n accionada con el proferimiento del auto de 1\u00ba de diciembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Pide, que se deje sin efectos la providencia mencionada  y, \u00abCONFIRMAR Y DECLARAR QUE TIENE PLENOS EFECTOS LEGALES el auto de fecha 6 de octubre de 2015, proferido por Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, dentro del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario, radicado bajo el n\u00famero 2012-114 adelantado en ese despacho judicial\u00bb  (f. 62, may\u00fascula fija y negrilla en texto).  <\/span><\/p>\n

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2.  En sustento de su inconformidad aduce, en s\u00edntesis, que en el proceso ejecutivo hipotecario promovido por Hernando Garc\u00eda Sep\u00falveda contra \u00c9rica Liliana Vel\u00e1squez Escalante, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira mediante el auto de 6 de octubre de 2015, acogi\u00f3 el aval\u00fao comercial del inmueble objeto del proceso, presentado por el perito designado por el despacho Rainer Ramiro Ortiz Zapata, quien determin\u00f3 que el valor del inmueble objeto del proceso, corresponde a $3.098\u2019177.900 y no a la suma de $1.515\u2019770.000, como se determin\u00f3 en el dictamen allegado por la parte ejecutante en el que se incurri\u00f3 en error grave al no ser tenida en cuenta la infraestructura existente en el bien.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que frente a esa decisi\u00f3n el ejecutante interpuso recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria; el Juzgado lo mantuvo y concedi\u00f3 el de apelaci\u00f3n que resolvi\u00f3 el Tribunal el 1\u00ba de diciembre de 2016, modificando el auto recurrido en el sentido de acoger como definitivo el primer dictamen pericial quedando el aval\u00fao del inmueble fijado $1.515\u2019770.000.  <\/span><\/p>\n

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Explica que considera que tal determinaci\u00f3n \u00abest\u00e1 alejada de la realidad procesal que se vivencia en el expediente; fue violatoria de los derechos fundamentales de la accionante y est\u00e1 incursa en causales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales\u00bb, porque en el aval\u00fao aprobado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(i)  Se parti\u00f3 del hecho falso, de que la licencia para la urbanizaci\u00f3n y construcci\u00f3n en el predio se encontraba vencida, \u00abEste hecho desde luego influye enormemente en el valor del aval\u00fao, pero sobre este hecho no se percat\u00f3 ni indag\u00f3 la autoridad judicial accionada, por lo cual se present\u00f3 un evidente defecto f\u00e1ctico\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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(ii) Se consign\u00f3 que el inmueble se encontraba ubicado en la zona rural del Municipio de Pereira, lo que no es cierto, puesto que, \u00abde acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial – POT – vigente para esta ciudad, el predio de propiedad de la actora, se encuentra en la zona suburbana de esta ciudad\u00bb, circunstancia que tampoco tuvo en cuenta el Tribunal, no obstante que tales aspectos le fueron expuestos en el escrito allegado el 3 de marzo de 2016 por el apoderado de la ejecutada.  <\/span><\/p>\n

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(iii) No se tuvo en cuenta que el predio objeto del dictamen se encuentra completamente urbanizado, con todos los servicios p\u00fablicos de acueducto, energ\u00eda el\u00e9ctrica y dep\u00f3sito de residuos s\u00f3lidos.  <\/span><\/p>\n

(iv) Tampoco que, \u00abalrededor de dicho condominio se encuentran construidas y\/o en construcci\u00f3n las urbanizaciones – condominio Santa Luc\u00eda, La Elvira, Altamira, San Marcos, Jamaica y los colegios angloamericano y Liceo Franc\u00e9s, todos ellos pertenecientes a los niveles 5 y 6 de la estratificaci\u00f3n vigente en la ciudad de Pereira\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agrega finalmente que, \u00abla acci\u00f3n o extralimitaci\u00f3n que motiva la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n de tutela consiste en que la autoridad judicial accionada, sin fundamento constitucional, legal o de hecho v\u00e1lido, procedi\u00f3 a acoger un aval\u00fao comercial incompleto, desfasado, equivocado y alejado por completo de la realidad y de las caracter\u00edsticas del bien inmueble objeto del aval\u00fao. Acogi\u00f3 un aval\u00fao que desconoci\u00f3 por completo todos los aspectos ciertos planteados en el presente escrito, incurriendo con ello en las causales especiales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela en contra de providencias judiciales por defecto f\u00e1ctico, defecto material o sustantivo y decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n\u00bb (ff. 33 a 63, 69 a 71, 75 a 76, y 84 a 86, may\u00fascula fija y negrilla en texto).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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El Magistrado Ponente de la decisi\u00f3n cuestionada, manifest\u00f3 que el expediente del proceso ejecutivo que da cuenta la demandada lo devolvi\u00f3 al Juzgado de origen, y en el mismo se encuentran las diligencias surtidas en esa instancia a cuyos argumentos se remite por contener el an\u00e1lisis y la gesti\u00f3n que correspondi\u00f3 a esa Sala en el asunto (f. 107).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n a lo anterior se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Como se indic\u00f3 en los antecedentes que vienen de narrarse, el apoderado de la peticionaria persigue por este medio, que tras de dejar sin efecto el auto de 1\u00ba de diciembre de 2016 proferido por el Tribunal accionado, se declare que tiene plena validez el de 6 de octubre de 2015 emanado del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, bajo el argumento de que la Sala Unitaria en la decisi\u00f3n atacada \u00absin fundamento constitucional, legal o de hecho v\u00e1lido, procedi\u00f3 a acoger un aval\u00fao comercial incompleto, desfasado, equivocado y alejado por completo de la realidad y de las caracter\u00edsticas del bien inmueble objeto del aval\u00fao\u00bb (f. 40).  <\/span><\/p>\n

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3.        De las copias que fueron arrimadas al tr\u00e1mite, por la accionante, observa la Corte en relaci\u00f3n con lo anterior, que:  <\/span><\/p>\n

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3.1  En el proceso ejecutivo hipotecario promovido por Hernando Garc\u00eda Sep\u00falveda contra \u00c9rica Liliana Vel\u00e1squez Escalante, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, profiri\u00f3 sentencia el 17 de marzo de 2014 en la que declar\u00f3 no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada y dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3.2  El resumen de antecedentes realizado en el auto atacado, en cuanto a lo que es materia de queja constitucional establece el siguiente recuento:  <\/span><\/p>\n

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\u00abla parte ejecutante, por medio de su apoderada judicial, acerc\u00f3 el aval\u00fao del inmueble embargado y secuestrado, acompa\u00f1ado de un dictamen que le dio un valor comercial de $1.374’500.000,oo (folios 216 a 252 del cuaderno 1 de copias); del mismo se dio traslado al demando para que lo pudiera objetar por error grave (f. 253, ib\u00eddem); as\u00ed lo hizo por medio de su apoderado judicial, quien alleg\u00f3 un nuevo aval\u00fao, esta vez por valor de $5.842’000.000,oo (fls. 254 a 292 del cuaderno 1A de copias); el juzgado, por su parte, al decretar las pruebas, con base en el art\u00edculo 238-6 del C. de P. Civil, vigente a la saz\u00f3n, dispuso la designaci\u00f3n de un auxiliar de la justicia que, posesionado, rindi\u00f3 su concepto y dijo que el inmueble tiene un valor comercial de $1.515’770.000,oo (folios 310 a 326 ib\u00eddem). Se corri\u00f3 traslado de este \u00faltimo dictamen (fl. 327 ib.), plazo en el cual la parte demandada present\u00f3 una solicitud de aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n; evacuado el requerimiento (folios 339 a 342 ej.) y surtido un nuevo traslado, se procedi\u00f3 a realizar nuevo aval\u00fao del inmueble (fl. 380, 395 a 479 ib\u00eddem), que arroj\u00f3 un valor comercial de $3.098’177.900,oo. Sobre este \u00faltimo se present\u00f3 por el ejecutante solicitud de complementaci\u00f3n y aclaraci\u00f3n, que fue debidamente acatada por el auxiliar de la justicia (fls. 484 a 488 y 490 a 502, ib.)\u00bb (f. 2).  <\/span><\/p>\n

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3.3  En relaci\u00f3n con el auto proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira el 6 de octubre de 2015,  all\u00ed se dijo,  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) Ahora, pasando a la objeci\u00f3n del aval\u00fao del inmueble, expuso el despacho que de las cuatro experticias allegadas, la que m\u00e1s tiene fundamentos claros y precisos del objeto de dictamen es la presentada por el se\u00f1or Reiner Ramiro Ortiz Zapata, pues all\u00ed \u00ab… se infiere sin lugar a dudas que en el dictamen allegado por la parte ejecutante se incurri\u00f3 en error grave al no ser tenida en cuenta la infraestructura existente en el bien y que como acertadamente lo expone el apoderado judicial de la ejecutada \u00abno se trata de una finca\u00bb. Deja claro este tr\u00e1mite que el inmueble es objeto de un proyecto urban\u00edstico que le da al mismo un valor real desconocido en el experticio inicial (sic)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Inconforme con ello, la parte ejecutante present\u00f3 reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n (\u2026) Y respecto del aval\u00fao, explica en su inconformidad que se acoge un dictamen sobre el que existen graves errores \u00ab… los cuales no tuvo el demandante ni las partes en general, la oportunidad de exponer, por cuanto jam\u00e1s se corri\u00f3 traslado del mismo una vez se dio la complementaci\u00f3n y aclaraci\u00f3n que rindi\u00f3 el perito.\u00bb. Agrega que, con base en el art\u00edculo 241 del C. P. C, el peritaje que se debe acoger es el de la auxiliar de la justicia Lina Lotero\u00bb (f. 3).  <\/span><\/p>\n

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3.4        La anterior decisi\u00f3n que fue recurrida en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, la mantuvo el Juzgado y concedi\u00f3 el subsidiario, y el Tribunal al resolverlo en Sala Unitaria Civil Familia mediante providencia de 1\u00ba de diciembre de 2016, dispuso en entre otras determinaciones, \u00ab3. MODIFICAR el ordinal \u00abCuarto\u00bb del auto recurrido en el sentido de que se acoge como definitivo el dictamen pericial presentado por la perito Lina Mar\u00eda Lotero Scarpetta, quedando el aval\u00fao del inmueble objeto del presente litigio fijado en la suma de mil quinientos quince millones setecientos setenta mil pesos ($1.515.770,000,oo), de acuerdo con lo anotado y aclarado en las consideraciones de la presente providencia\u00bb (ff. 2 a 15, negrilla en texto).  <\/span><\/p>\n

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Consider\u00f3 para lo precedente, y en punto a la inconformidad referente al aval\u00fao del bien, que el \u00abresultado desconoci\u00f3 el inciso 5o del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Nacional, pues se incurri\u00f3 en un tr\u00e1mite equivocado lo que llev\u00f3 a que se acogiera un dictamen que no ha debido aportarse.   As\u00ed se afirma, porque cuando se trata de la contradicci\u00f3n del aval\u00fao del bien inmueble objeto de hipoteca, la norma que rige el asunto es el art\u00edculo 238 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, vigente a la saz\u00f3n, que en su texto enuncia s\u00f3lo tres peritajes como m\u00e1ximo con el fin de definir, en este caso, el aval\u00fao del bien inmueble objeto de garant\u00eda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Veamos: i) el primero, que es el presentado por el ejecutante o ejecutado o nombrado por el juez (art. 516 del C. de P. Civil), ii) el segundo que es el allegado como prueba a la objeci\u00f3n del inicial; y iii) el tercero, que lo puede decretar el funcionario de oficio. Mas, la norma por ning\u00fan lado autoriza un cuarto dictamen, como ocurri\u00f3 en el caso en estudio\u00bb  (\u2026).   Y continu\u00f3 afirmando:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEn el presente asunto se pasaron por alto estas reglas, pues se presentaron cuatro dict\u00e1menes. Uno, que obra a folio 216; el segundo que fue allegado como prueba de la objeci\u00f3n al dictamen visible a folio 254; otro m\u00e1s tercero que de oficio lo decret\u00f3 el juez, y se encuentra a folio 310; y el cuarto, otra vez decretado de oficio (folio 395), y que surgi\u00f3 de un error al momento de dar traslado del tercer dictamen, pues all\u00ed se abri\u00f3 la posibilidad de objetar nuevamente, dado que en ning\u00fan momento se indic\u00f3 que era exclusivamente para complementarlo o aclararlo, lo que va en contrav\u00eda de lo se\u00f1alado en el numeral 6o del citado art\u00edculo 238, que expresamente se\u00f1ala que el dictamen decretado de oficio por el juez \u00ab… ser\u00e1 inobjetable,  <\/span><\/p>\n

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Y para ahondar en el error, el juzgado en su an\u00e1lisis final, acogi\u00f3 el cuarto dictamen, que, como se explic\u00f3, ya no era procedente, la ley no lo autoriza, por lo que, sin lugar a dudas, se trata de una prueba ilegal, en tanto desconoci\u00f3 las reglas procesales para su producci\u00f3n, que no puede ser tenida en cuenta dentro del proceso por el juez y, por lo mismo, no tiene ning\u00fan valor probatorio, en tanto su decreto y pr\u00e1ctica no estaban autorizados por ninguna norma, por lo que es nula de pleno derecho\u00bb  (\u2026)  <\/span><\/p>\n

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\u00abY no se puede decir que por el hecho de que las partes en su momento no alegaron dicha irregularidad, esta se convalide por s\u00ed sola, pues se trata de una situaci\u00f3n relevante en el proceso que afecta constitucionalmente esa prueba y la deja sin ning\u00fan valor, caso en el cual el juez debe aplicar el principio de exclusi\u00f3n\u00bb que es la potestad que tiene para \u00abdeterminar cuando existe una violaci\u00f3n del debido proceso que tenga como consecuencia la exclusi\u00f3n de una prueba\u00bb, tal como pasa en el presente asunto.  <\/span><\/p>\n

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Si no se puede tener en cuenta el dictamen realizado por el auxiliar de la justicia Rainer Ramiro Ortiz Zapata, err\u00f3 el juzgado al acogerlo como definitivo en la resoluci\u00f3n del problema jur\u00eddico llevado a su jurisdicci\u00f3n. Por tanto, en este caso el juzgado debi\u00f3 optar por cualquiera de los tres primeros: i) el aportado por el demandante; ii) el presentado por el demandado y iii) el de oficio decretado por el juez, uno de esos legalmente aportados al plenario, despu\u00e9s de analizados, es el que se debe utilizar para definir el presente asunto\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con apoyo en lo antecedente, procedi\u00f3 a revisar los trabajos realizados y de este an\u00e1lisis concluy\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel de la perito Lina Mar\u00eda Lotero Scarpetta, decretado de oficio, es el m\u00e1s acertado al caso de marras, pues los dos restantes dejan de lado aspectos puntuales del lote que hacen que el primero le d\u00e9 un valor por debajo del que verdaderamente corresponde, y el segundo lo sobrevalore.  <\/span><\/p>\n

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Ciertamente, el que rindi\u00f3 Jairo Arango Gaviria, aunque coincide en algo con el valor del lote de terreno que le da la auxiliar de la justicia Lotero Scarpetta, uno de $12.000 y la otra de $11.200 metro cuadrado, deja de lado explicar aspectos tan importantes como el \u00e1rea y el valor de los inmuebles construidos. En efecto, no se analiza c\u00f3mo, ni de d\u00f3nde salen los resultados arrojados respecto a cada una de los edificios, simplemente se encarga de describir sus caracter\u00edsticas, dejando por fuera de esa descripci\u00f3n la piscina, sin que indique un porqu\u00e9 del valor dado a las construcciones, ni mucho menos el \u00e1rea de los mismos; arroja, simple y llanamente, un valor sin ning\u00fan sustento que en realidad se\u00f1ale la procedencia de esos referentes.  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, al se\u00f1or Diego Ramos Garc\u00eda le falt\u00f3 especificar el porqu\u00e9 del valor que le da al metro cuadrado, no hace una comparaci\u00f3n de valores con otros predios del sector que le sirvan de referencia para concluir el valor del metro cuadrado que le da. Lo que hace es una descripci\u00f3n de lo que contiene el lote y anexa una serie de fotos y planos, sin que se conozca, valga insistir, c\u00f3mo surge la cifra o valor que le da al \u00e1rea del lote.  En esta clase de pruebas, valga anotar que el perito debe tener el fundamento para explicar sus resultados y no dejarlos a la deriva, como lo hizo el se\u00f1or Arango Gavina respecto a las edificaciones, al se\u00f1alar simplemente un valor sin ning\u00fan sustento de ello, o sobre el lote como lo hace el auxiliar de la justicia Ramos Garc\u00eda, pues sobre esos aspectos (lote y edificaciones) es que debe girar la controversia de la experticia; simple y llanamente, son el objeto del dictamen\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Seguidamente puntualiz\u00f3 que en el dictamen de la perito Lina Mar\u00eda Lotero Scarpetta \u00abse tuvieron en cuenta todos los aspectos del \u00e1rea, ubicaci\u00f3n, acceso y los certificados de disponibilidad de servicios p\u00fablicos de energ\u00eda, acueducto, de Atesa de Occidente y los requisitos exigidos por la CARDER, as\u00ed como lo concerniente a las construcciones que tiene el bien desde el punto de vista de su extensi\u00f3n, vetustez, acabados y el estado de las mismas, la justificaci\u00f3n de los valores dados a la experticia y la valoraci\u00f3n del terreno y edificaciones, por lo que sus conclusiones son mucho m\u00e1s acertadas en cuanto al precio real del bien, tanto en superficie como en las construcciones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, en su aclaraci\u00f3n en esta instancia explica de manera detallada por qu\u00e9 no es necesario en su aval\u00fao tener en cuenta la licencia de construcci\u00f3n, dado que \u00ab… al proyectar un tipo de construcci\u00f3n de esta magnitud, la valoraci\u00f3n que se le da en un presupuesto a la licencia de construcci\u00f3n es un 0,02 por ciento de valor total y ella solo est\u00e1 destinada para que el ente administrativo permita como propietario o constructor haga ese proyecto como tal, es un gasto que se recupera cuando se comercialice la totalidad de la obra; como tal no es un bien que se pueda vender, y cuando uno hace el aval\u00fao este debe ir reflejado en un lote; la licencia no es un bien que se pueda embargar, solo se da para dicho proyecto a una persona o constructora pero no se puede negociar.\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, la experticia rendida por la se\u00f1ora Lotero Scarpetta, no solo tiene s\u00f3lidos fundamentos t\u00e9cnicos, sino documentales y metodol\u00f3gicos, que hacen que su valor definitivo sea el m\u00e1s acertado para el presente asunto, por lo que la objeci\u00f3n presentada al dictamen allegado por la parte demandante prospera\u00bb (ff. 2 a 15).  <\/span><\/p>\n

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             4.        Con fundamento en el recuento efectuado l\u00edneas atr\u00e1s, y en el entendido de que lo que se denuncia es el quebranto del debido proceso, no encuentra la Corte que la Sala contra la cual se ha dirigido la solicitud de amparo constitucional haya incurrido en la v\u00eda de hecho que se le endilga, teniendo en cuenta que en ejercicio de la facultad aut\u00f3noma e independiente de que est\u00e1 dotada, profiri\u00f3 la providencia acusada, con un criterio que, como tal, debe ser respetado, ya que no luce a primera vista, arbitrario o antojadizo, aunque la conclusi\u00f3n eventualmente pudiera ser diferente si se analizara desde otra \u00f3ptica interpretativa plausible o con elementos de persuasi\u00f3n distintos a los que les sirvieron de apoyo para la formaci\u00f3n de su convencimiento sobre el punto materia del cuestionamiento, es decir, aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis expuesta por los juzgadores de instancia, esa disonancia no es motivo para calificar como absurdo el referido fallo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 ab. rad. 00696-00).  <\/span><\/p>\n

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5.        Adem\u00e1s, si la pretensi\u00f3n ataca la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas – dict\u00e1menes periciales – pretendiendo que mediante esta v\u00eda extraordinaria se dirima la controversia que plantea el apoderado del petente frente a la Corporaci\u00f3n accionada respecto de este asunto, encuentra la Sala improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda excepcional para imponer al juzgador una determinada valoraci\u00f3n de las pruebas, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, porque, es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed lo ha sostenido la jurisprudencia, determinando que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abS\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ. STC. 24. jun. 2004, rad. 00142-01, reiterada en STC 25. ene. 2012, rad. 00001, STC15879-2016, y STC17828-2016, 7 dic. rad. 03314-00 entre muchas otras).  <\/span><\/p>\n

6.  En conclusi\u00f3n, el resguardo examinado no est\u00e1 llamado a abrirse paso y ser\u00e1 desestimado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC976-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2016-03677-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil diecisiete (2017).       Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-98993","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98993","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98993"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98993\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98993"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98993"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98993"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}