{"id":99000,"date":"2026-06-25T17:46:38","date_gmt":"2026-06-25T17:46:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc985-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:46:38","modified_gmt":"2026-06-25T17:46:38","slug":"stc985-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc985-2017\/","title":{"rendered":"STC985-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC985-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00158-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil diecisiete (2017).   <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jairo Roberto Cruz Cascavita, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, concretamente frente a la Magistrada Adriana Saavedra Lozada, tr\u00e1mite al que fueron citados el Juzgado Once Civil del Circuito de esta ciudad y a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo mixto No 2006-00472.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El solicitante quien act\u00faa a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la Corporaci\u00f3n accionada en la providencia de 16 de diciembre de 2016.   <\/span><\/p>\n

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Solicita, en consecuencia, que se deje sin efectos la referida decisi\u00f3n y se ordene el Tribunal que \u00abdicte una providencia sustitutiva de la declarada sin valor ni efecto, acorde con los postulados que se servir\u00e1n se\u00f1alar al respecto, superando los aspectos violatorios de la Carta Pol\u00edtica\u00bb (sic) (f. 83).  <\/span><\/p>\n

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2.  En sustento de la inconformidad se aduce, que el Banco de Bogot\u00e1 promovi\u00f3 en su contra proceso ejecutivo mixto y adelantado el tr\u00e1mite el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en sentencia de 10 de octubre de 2012 declar\u00f3 el \u00e9xito de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria, levant\u00f3 las medidas practicadas e impuso a cargo de la parte ejecutante condena en perjuicios para que fueran liquidados acorde con el art\u00edculo 307 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que en la acci\u00f3n ejecutiva la demandante solicit\u00f3 cautelas sobre el veh\u00edculo de servicio p\u00fablico de placas SUL-686, afiliado a la empresa R\u00e1pido Tolima, de propiedad del demandado, por lo que fue capturado y pr\u00e1cticamente abandonado por quien pidi\u00f3 la medida.  <\/span><\/p>\n

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Afirma que seguidamente su apoderado inici\u00f3 ante el Juzgado de conocimiento el respectivo incidente de regulaci\u00f3n de los perjuicios materiales a que fuera condenada la demandante, el que fue decidi\u00f3 a su favor en auto de 16 de marzo de 2016, liquid\u00e1ndose en la suma de $179’012.993,69, decisi\u00f3n que apelada por ambas partes modific\u00f3 el Tribunal el 16 de diciembre de 2016, y declar\u00f3 que el monto en el que se deb\u00eda indemnizar correspond\u00eda a la suma de $23\u2019595,342, decisi\u00f3n que adopt\u00f3, \u00abcon el supuesto inexistente de que el demandado \u00abHABIA CONFESADO\u00bb, que la utilidad neta mensual derivada de la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del automotor era la suma de $300.000 M\/cte.\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Explica que el Tribunal incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho \u00abAL DARLE A LOS MEDIOS PROBATORIOS RECOGIDOS AL EXPEDIENTE, UN ALCANCE DIFERENTE AL REALMENTE TENIDO, EN ESPECIAL, AL ADECUAR LA DECLARACI\u00d3N DE PARTE RENDIDA POR EL HOY ACCIONANTE, COMO CONFESI\u00d3N DE QUE LA EXPLOTACI\u00d3N DEL VEH\u00cdCULO DE SU PROPIEDAD, CAPTURADO A INSTANCIA DEL BANCO DEMANDANTE, SOLAMENTE LE PRODUC\u00cdA UNA RENTA O UTILIDAD NETA MENSUAL DE $300.000 M\/CTE., PUES, ESTA SUMA ERA LA SOBRANTE DESPUES DE ASUMIR LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEH\u00cdCULO DE SERVICIO P\u00daBLICO, LOS PAGOS A LA EMPRESA AFILIADORA Y EL PAGO DE UNA DEUDA PERSONAL EN CUANT\u00cdA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($2.200.000) M\/CTE.. LA CUAL SE CANCELABA CON EL PRODUCIDO QUE GENERABA LA DEBIDA EXPLOTACI\u00d3N DEL AUTOMOTOR Y NO ERA UN GASTO NECESARIO PARA LA OPERACI\u00d3N DEL MISMO. SINO QUE ERA UNA SUMA DE DINERO QUE INGRESABA A SU PATRIMONIO Y DISPON\u00cdA LIBREMENTE DE ELLA. EN ESTE CASO. EN EL PAGO DE UNA DEUDA QUE TEN\u00cdA CON UNA ENTIDAD BANCARIA\u00bb (f. 87).  <\/span><\/p>\n

Asevera que si se hubiera valorado en debida forma lo que realmente dijo Cruz Cascavita, se hubiera llegado a la conclusi\u00f3n de que lo que \u00abefectivamente se dijo\u00bb, fue que la utilidad neta mensual del veh\u00edculo era la suma de $2\u2019500.000, de los cuales \u00abdestinaba $2.200.000 M\/cte., para pagar una obligaci\u00f3n personal contra\u00edda con Megabanco y le sobraban $300.000.- En ning\u00fan momento el se\u00f1or CRUZ inform\u00f3 que la suma de $300.000 M\/cte, era la verdadera utilidad  de la explotaci\u00f3n de ese veh\u00edculo de servicio p\u00fablico\u00bb.  <\/span><\/p>\n

Expone que ese error del Tribunal, \u00abconllev\u00f3 a la indebida modificaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n de perjuicios asumida por el Juzgado de conocimiento, vulnerando el leg\u00edtimo derecho del beneficiario de los referidos perjuicios a ser resarcido en debida forma, por la conducta inapropiada de quien propici\u00f3 las medidas cautelares sobre un bien destinado a la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de transporte de pasajeros, indemnizaci\u00f3n que en el peor de los casos debe ser la debidamente fundamentada por la a-quo\u00bb (ff. 83 a 95, negrilla, may\u00fascula fija y subrayado en texto).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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  2. La Jueza Once Civil del Circuito de esta ciudad, present\u00f3 una relaci\u00f3n de lo actuado en esa instancia  y manifest\u00f3 desconocer la decisi\u00f3n de segundo grado (ff. 112 y 113).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC683-2016).  <\/span><\/p>\n

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2.  En el asunto en estudio no se encuentra procedente conceder el auxilio, porque examinada la providencia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 de 16 de diciembre de 2016 objeto de cuestionamiento, que modific\u00f3  el numeral 2\u00ba de la condena contenida en la providencia proferida el 16 de marzo de 2016 por el Juzgado Once Civil del Circuito de esta ciudad, mediante el cual se resolvi\u00f3 el incidente de regulaci\u00f3n de perjuicios propuesto por Jairo Roberto Cruz Cascavita contra el Banco de Cr\u00e9dito y Desarrollo Social Megabanco S.A. (ff. 107 a 110), se apoya en reflexiones de orden f\u00e1ctico y probatorio que en manera alguna pueden considerarse caprichosas o arbitrarias, lo que elimina la posibilidad de censurarlas en el escenario de los derechos fundamentales, dado que, en suma, no se trata de actos ileg\u00edtimos que claramente se opongan al ordenamiento jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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Para lo anterior, cumple destacar que en el auto atacado, la Magistrada luego de narrar los antecedentes, rese\u00f1ar el tr\u00e1mite del incidente de regulaci\u00f3n de perjuicios provenientes de la pr\u00e1ctica de medidas cautelares, y referir a los perjuicios materiales y al lucro cesante conforme a los art\u00edculos 1613 y 1614 del C\u00f3digo Civil, consider\u00f3 en relaci\u00f3n con la materia que constituye la queja constitucional lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00abb.) En lo que ata\u00f1e al lucro cesante, se\u00f1ala Megabanco S.A. que deb\u00eda liquidarse sobre la base de trescientos mil pesos ($300.000), monto que seg\u00fan el propietario del veh\u00edculo Jairo Roberto Cruz Cascavita, correspond\u00eda a la utilidad neta que arrojaba su operaci\u00f3n en el transporte p\u00fablico.  <\/span><\/p>\n

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Ahora bien, sobre este aspecto hay que decir que la juez, para liquidar ese perjuicio, acogi\u00f3 el testimonio de Jairo Cruz Franco, quien se\u00f1al\u00f3 que para la fecha en que fue inmovilizado el automotor, por concepto de arriendo del mismo, cancelaba a su propietario, Jairo Roberto Cruz Cascavita, ciento setenta y cinco mil pesos diarios ($175.000,oo), y adem\u00e1s, que trabajaba \u00abm\u00e1s o menos 24 o 25 d\u00edas\u00bb durante cada mes. Sin embargo, es cierto que el propietario, aqu\u00ed incidentante, asever\u00f3 en interrogatorio de parte que \u00ab300.000,00 era la utilidad neta mensual’ que le quedaba de la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del automotor, por lo que tal manifestaci\u00f3n debe ser considerada como una confesi\u00f3n en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 194 y 195 del C. de P.C.  <\/span><\/p>\n

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Por lo tanto, se proceder\u00e1 a la liquidaci\u00f3n de perjuicios indexada con base en ese monto, partiendo de que no hay discusi\u00f3n acerca del lapso que debe comprender, esto es, a partir del momento de la inmovilizaci\u00f3n del veh\u00edculo, que se realiz\u00f3 en noviembre veintisiete (27) de dos mil siete (2007), hasta su entrega al ejecutado, en marzo veinte (20) de dos mil trece (2013).  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, aplic\u00e1ndose la f\u00f3rmula seg\u00fan la cual el valor hist\u00f3rico multiplicado por el IPC actual -el m\u00e1s reciente corresponde a 132,85 para noviembre de 2016- y todo esto dividido por el IPC hist\u00f3rico -seg\u00fan la respectiva mensualidad-, arroja el valor de la misma suma de dinero para la presente \u00e9poca, as\u00ed: (\u2026)  <\/span><\/p>\n

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De ese modo, la suma de cada una de las anualidades da un total de veintitr\u00e9s millones quinientos noventa y cinco mil trescientos cuarenta y dos pesos con ochenta y seis centavos ($23.595.342,86).  <\/span><\/p>\n

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Con sujeci\u00f3n al inciso final del art\u00edculo 284 del C. G. del P., el valor que por correcci\u00f3n monetaria corresponda cancelar a la incidentada, a favor del incidentado, a partir de diciembre primero (1) de dos mil diecis\u00e9is (2016) y hasta cuando se verifique el pago de la obligaci\u00f3n, deber\u00e1 determinarse en la forma que aqu\u00ed se fija\u00bb (ff. 107 a 110).  <\/span><\/p>\n

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Frente a la anterior decisi\u00f3n las partes presentaron solicitud de adici\u00f3n y aclaraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3.  Bajo el contexto que viene de verse, a juicio de la Corte la providencia reprochada soporta un criterio razonable, por lo que independientemente que la proh\u00edje, no puede tildarse de abiertamente caprichosa para que sean objeto de ataque en sede constitucional, pues, se fundament\u00f3 en una hermen\u00e9utica respetable, que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 ab. rad. 00696-00).  <\/span><\/p>\n

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4. Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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