{"id":99008,"date":"2026-06-25T17:47:20","date_gmt":"2026-06-25T17:47:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1004-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:47:20","modified_gmt":"2026-06-25T17:47:20","slug":"stc1004-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1004-2017\/","title":{"rendered":"STC1004-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1004-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2016-02624-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 30 de noviembre de 2016 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Mar\u00eda In\u00e9s L\u00f3pez L\u00f3pez contra los Juzgados Octavo Civil del Circuito y Cincuenta y Cinco Civil Municipal de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de reclamo constitucional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La promotora pide la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y dignidad humana, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales acusadas.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita se \u00abdeje sin valor ni efecto lo decidido mediante sentencias de primera y segunda instancia\u2026\u00bb y se ordene \u00abal a-quo emitir una sentencia ajustada a derecho y teniendo en cuenta las pruebas, indicios y hechos reales sobre la ocupaci\u00f3n del predio materia del litigio, as\u00ed como la tramitaci\u00f3n simult\u00e1nea del proceso de pertenencia que cursa en el Juzgado 51CC\u2026\u00bb. Subsidiariamente, pidi\u00f3 que se le concediera el amparo transitorio, hasta que se dictara sentencia de m\u00e9rito en el juicio de pertenencia se\u00f1alado (folio 64, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Jos\u00e9 Antonio, Luz Marina y Carlos Eduardo Castillo D\u00edaz promovieron un proceso reivindicatorio en contra de Mar\u00eda In\u00e9s L\u00f3pez L\u00f3pez, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Cincuenta y Cinco Civil Municipal de Bogot\u00e1, despacho que admiti\u00f3 la demanda el 9 de abril de 2014.  <\/span><\/p>\n

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2.2. La demandada contest\u00f3 el libelo y propuso las excepciones de \u00abprescripci\u00f3n extintiva del derecho real de dominio de los demandantes\u00bb y \u00abprevalencia de la posesi\u00f3n frente al t\u00edtulo que se contrapone\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Tras surtirse el tr\u00e1mite correspondiente, el estrado municipal dict\u00f3 sentencia el 28 de septiembre de 2015, en la que declar\u00f3 no probadas las excepciones propuestas; le orden\u00f3 a la demandada que restituyera a los demandantes el inmueble perseguido en ese juicio; y no conden\u00f3 al pago de frutos civiles. Esta decisi\u00f3n fue recurrida en apelaci\u00f3n por el extremo pasivo.  <\/span><\/p>\n

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2.4. El Juzgado Octavo Civil del Circuito de esta ciudad en fallo de 19 de julio de 2016 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, adicion\u00e1ndola en el sentido de ordenar oficiarle al despacho que conoce del juicio de pertenencia, inform\u00e1ndole de esa determinaci\u00f3n y remiti\u00e9ndole copia de la misma.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Indic\u00f3 la accionante que sostuvo una relaci\u00f3n sentimental con Jos\u00e9 del Carmen Castillo Su\u00e1rez, con quien conviv\u00eda en el predio ubicado en la calle 1 D # 26A- 06 apartamento 401, de propiedad de \u00e9ste \u00faltimo, desde el a\u00f1o 2001, quien le otorg\u00f3 un fideicomiso civil mediante escritura 2772 de 20 de diciembre de 2002 de la Notaria 46 de Bogot\u00e1, y en la que se estableci\u00f3 como condici\u00f3n de transferencia el fallecimiento del titular del predio, raz\u00f3n por la que al morir este \u00faltimo en el mes de julio del 2006, qued\u00f3 como \u00fanica due\u00f1a del bien.  <\/span><\/p>\n

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2.6. Refiri\u00f3 que a finales del 2006 empez\u00f3 a ser requerida por los hijos de Jos\u00e9 del Carmen Castillo Su\u00e1rez con el fin de que les entregara el predio, y tras comunicarles lo del fideicomiso, la denunciaron por considerar que la firma de la escritura no era la de su padre, por lo que \u00abuna vez la justicia penal logr\u00f3 establecer la ilegalidad del acto escrituriano (sic) por la presunta falta de uniprocedencia\u2026, dicha inscripci\u00f3n fue anulada\u00bb y los herederos efectuaron la sucesi\u00f3n notarial, quedando Jos\u00e9 Antonio, Luz Marina y Carlos Eduardo Castillo D\u00edaz como titulares del derecho de dominio (folio 65, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.7. Adujo que promovi\u00f3 un juicio de pertenencia ante el Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el que fue admitido el 28 de octubre de 2013, mientras que los herederos de Castillo Su\u00e1rez instauraron un proceso reivindicatorio en su contra, \u00faltimo en el que formul\u00f3 excepciones pero no demanda de reconvenci\u00f3n, porque, asegur\u00f3, ese tr\u00e1mite al ser ordinario no se pod\u00eda acumular con el de pertenencia que era abreviado.  <\/span><\/p>\n

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2.8. Sostuvo que pese a que el juzgador municipal acusado ofici\u00f3 al mencionado Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito con el fin de conocer el estado del juicio de pertenencia, \u00abhizo caso omiso a la norma sustancial sobre prejudicialidad y por ello, procedi\u00f3 a dictar sentencia de m\u00e9rito\u00bb, en la que indic\u00f3 que ella no prob\u00f3 que el inmueble fuese de inter\u00e9s social, por lo que no era dable declarar la prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria, ya que solo ten\u00eda ocho de los diez a\u00f1os requeridos (folio 66, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.9. Asever\u00f3 que las sentencias emitidas incurrieron en defecto f\u00e1ctico y procedimental, pues no tuvieron en cuenta que las pruebas obrantes en el juicio \u00abno eran suficientes para arribar a la conclusi\u00f3n de que la parte demandada en reivindicatorio no ten\u00eda forma de probar que el predio es uno\u2026 de inter\u00e9s social\u00bb; el juzgador de conocimiento debi\u00f3 declarar la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad; y los despachos acusados no ten\u00edan dentro de sus funciones establecer si hab\u00eda transcurrido el tiempo para la usucapi\u00f3n, a menos que practicaran una probanza con miras a conocer el valor del predio (folio 70, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.10. Agreg\u00f3 que dentro del juicio de pertenencia que sigue en curso, los demandados presentaron demanda de reconvenci\u00f3n, \u00abcomo si lo decidido por los Juzgados 55 CM y 08 CC no hubiese existido y no les hubiese sido favorable\u00bb (folio 67, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que no ha vulnerado garant\u00eda fundamental alguna; que las actuaciones se adelantaron conforme al C\u00f3digo de Procedimiento Civil y a las normas aplicables al caso, sin que se evidencie la ocurrencia de una v\u00eda de hecho; y al desatar la segunda instancia, valor\u00f3 la totalidad de los elementos de prueba allegados al proceso conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

2. El Juzgado Cincuenta y Cinco Civil Municipal de esta ciudad realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y se\u00f1al\u00f3 que en el proceso cuestionado se cumplieron a cabalidad las formalidades establecidas legalmente, quedando debidamente notificadas y ejecutoriadas todas las actuaciones, sin que se infiera que con las providencias emitidas se desconocieran garant\u00edas esenciales; que dict\u00f3 sentencia el 28 de septiembre de 2015 declarando no probadas las excepciones y orden\u00e1ndole a la ejecutada la restituci\u00f3n del inmueble objeto del litigio, sin condena en frutos; decisi\u00f3n que tras ser apelada, fue confirmada por el ad \u2013 quem; que no avizora hechos nuevos que permitan adoptar una determinaci\u00f3n distinta a la proferida y, por ende, se aten\u00eda a la misma.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que las sentencias emitidas eran razonables, pues se edificaron en las probanzas legalmente allegadas, as\u00ed como en el estudio de las excepciones propuestas; que la carga probatoria de los supuestos f\u00e1cticos en los que la demandada fund\u00f3 su defensa reca\u00eda en la gestora, sin que existiera obst\u00e1culo que le impidiese demostrar el valor del predio que dijo que era de inter\u00e9s social; que resulta contradictorio que ahora alegue que no ten\u00eda forma de acreditar la calidad de ese tipo de inmueble, pues al sustentar la apelaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que las certificaciones y copias arrimadas eran medios de convicci\u00f3n suficientes para colegir que el predio era una soluci\u00f3n de vivienda de inter\u00e9s social.  <\/span><\/p>\n

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A\u00f1adi\u00f3 que es inaceptable que ante el fracaso de sus aspiraciones procesales por su propia incuria, le enrostre a los despachos errores en sus decisiones por no valorar pruebas que no aport\u00f3; que se garantiz\u00f3 la igualdad de partes; que si la gestora no solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n procesal por prejudicialidad, no es procedente ahora su ruego; que esta no es la v\u00eda para cuestionar la interpretaci\u00f3n de la ley ni la valoraci\u00f3n probatoria, toda vez que el \u00abexamen que hace el juez de tutela es de naturaleza constitucional y en ning\u00fan evento puede convertirse en juez de plena jurisdicci\u00f3n\u00bb (folio 97, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

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2. Con base en tales premisas, descendiendo al caso en estudio, concluye la Corte que el amparo carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que no luce arbitraria la providencia que defini\u00f3 el asunto puesto en conocimiento del estrado del circuito convocado.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de esta ciudad en sentencia de 19 de julio de 2016, se\u00f1al\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026habr\u00e1 de confirmar la decisi\u00f3n del juez de primera instancia, pero que se aparta de \u00e9l en un razonamiento, aqu\u00ed se ha afirmado tanto por la parte demandada como por la parte demandante que no hay lugar a la prosperidad de la prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria en cuanto a la vivienda de inter\u00e9s social porque no se ha cumplido el t\u00e9rmino extraordinario de los 5 a\u00f1os y que se debe cumplir en el de los 10 a\u00f1os, primero porque no acredit\u00f3 la calidad de vivienda de inter\u00e9s social y segundo porque trat\u00e1ndose de una prescripci\u00f3n o posesi\u00f3n sin justo t\u00edtulo el t\u00e9rmino que debe operar es de 10 a\u00f1os para prescripci\u00f3n extraordinaria sin justo t\u00edtulo.  <\/span><\/p>\n

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En las cuentas que hace el se\u00f1or juez de primera instancia refiere que no alcanzan a ser 8 a\u00f1os desde la muerte del causante, fecha que pone como inicio de la posesi\u00f3n alegada por la demandada y es ah\u00ed donde se aparta este despacho\u2026, si tenemos en cuenta que la se\u00f1ora aqu\u00ed demandada\u2026 Mar\u00eda In\u00e9s L\u00f3pez L\u00f3pez al fallecimiento del causante\u2026 Jos\u00e9 del Carmen Castillo argumentaba ser titular del derecho de dominio en virtud del fideicomiso que en su favor estableciera el citado se\u00f1or\u2026, pues es absurdo se\u00f1alar que a la muerte del se\u00f1or ella estaba ejerciendo una posesi\u00f3n que la habilitara para la prescripci\u00f3n adquisitiva, ella estaba actuando en su derecho de dominio porque efectivamente en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria se daba cuenta que era la titular del derecho de dominio, se inscribi\u00f3 cabalmente la escritura en que se constituy\u00f3 dicho fideicomiso y a la muerte del se\u00f1or lo que argument\u00f3 a sus hijos como ella reconoce en su\u2026 declaraci\u00f3n de parte y que afirman igualmente los demandantes, se\u00f1al\u00f3 que ella ten\u00eda un t\u00edtulo que la hac\u00eda \u00fanica propietaria y titular del derecho de dominio, frente a esa circunstancias no podemos alegar posesi\u00f3n o decir que acredit\u00f3 posesi\u00f3n por el mero hecho de vivir en el inmueble objeto de la reivindicaci\u00f3n, pues no se puede confundir el disfrute o posesi\u00f3n, el uso, que hace el titular del derecho de dominio con el uso que careciendo de t\u00edtulo hace un poseedor que est\u00e1 en condiciones de adquirir dicho derecho por la v\u00eda de la prescripci\u00f3n adquisitiva.  <\/span><\/p>\n

Entonces, esa fecha de muerte de ese causante no es la fecha que se puede hablar de ejercicio de la posesi\u00f3n por parte de la demandada Mar\u00eda In\u00e9s L\u00f3pez L\u00f3pez.  <\/span><\/p>\n

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Sobre las pruebas documentales aportadas al juicio, precis\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u2026que frente a la decisi\u00f3n de la Fiscal\u00eda de declarar la nulidad de la\u2026 escritura que consta el fideicomiso, la parte demandada\u2026 ejercit\u00f3 algunos recursos frente a dicho ente investigador y que dichos escritos que se allegaron al expediente tienen fecha 2 de junio de 2009, 26 de junio de 2009, cuando la providencia emitida por la Fiscal\u00eda Seccional 101 de Bogot\u00e1, y que se consiga en la anotaci\u00f3n No. 9 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria respectivo, da cuenta de que conforme a esa providencia se cancel\u00f3 la escritura 2772, fideicomiso civil el 18 de octubre de 2011.  <\/span><\/p>\n

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Luego, si ellos ten\u00edan conocimiento de la decisi\u00f3n de la Fiscal\u00eda, estaban insistiendo en la modificaci\u00f3n de esa decisi\u00f3n a trav\u00e9s de los recursos pertinentes, no se puede decir que hasta esa fecha estuviera ejerciendo una posesi\u00f3n independiente del t\u00edtulo que finalmente fue declarado nulo y registrado dicha anulaci\u00f3n en el respectivo folio de matr\u00edcula inmobiliaria.  <\/span><\/p>\n

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Por tal raz\u00f3n, los actos de tenencia que se pudieran evidenciar, de habitaci\u00f3n y disfrute del inmueble, no pueden considerarse claramente actos posesorios, y en este caso tendr\u00edamos que al momento de que se present\u00f3 la demanda de pertenencia, esto es, en el a\u00f1o\u20262013 seg\u00fan se indica en el oficio\u2026 proveniente del Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito deber\u00edamos se\u00f1alar que solo a partir del desconocimiento de esa providencia y de dejar de actuar como titular del derecho de dominio, podr\u00eda modificarse el \u00e1nimo o estado de la demandada, para ah\u00ed si empezar a ejercer una posesi\u00f3n con virtud de adquisici\u00f3n del derecho de dominio.  <\/span><\/p>\n

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Entonces una vez se inscribi\u00f3 dicha cancelaci\u00f3n\u2026 el 11 de octubre de 2011 podr\u00eda se\u00f1alarse que tal demandada estar\u00eda ejerciendo actos de posesi\u00f3n y desconociendo el car\u00e1cter de due\u00f1o de los aqu\u00ed demandantes, de eso tambi\u00e9n da cuenta la documental aportada al proceso, en la que la misma demandada reconoce que se le hizo llegar una comunicaci\u00f3n por parte de los aqu\u00ed demandantes solicitando la entrega del inmueble y la respuesta dada a dicha solicitud\u2026, que est\u00e1 fechado julio 17 de 2010, en la que los aqu\u00ed demandantes\u2026 solicitan a la se\u00f1ora Mar\u00eda In\u00e9s L\u00f3pez\u2026 la entrega inmediata del inmueble que esta ven\u00eda ocupando y de acuerdo a lo dispuesto en el proceso adelantado por la Fiscal\u00eda\u2026, tal documento no fue desconocido en ning\u00fan caso y obsta efectivamente prueba\u2026 de que se remiti\u00f3 y se recibi\u00f3, y que frente a esa solicitud la se\u00f1ora Mar\u00eda In\u00e9s L\u00f3pez claramente contesta que no son ellos quienes est\u00e1n investidos de autoridad para dar la orden de que ella se retire\u2026  <\/span><\/p>\n

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Esta respuesta no tiene una fecha cierta pero la solicitud si nos est\u00e1 hablando que es de julio 17 de 2010, por estas razones el car\u00e1cter de poseedora no es claro, es m\u00e1s, ella alcanza a decir\u2026 por esa decisi\u00f3n ustedes no son los titulares del derecho de dominio o de propiedad de ese inmueble, pero no desconoce que el titular del derecho de dominio, hasta entonces, y por raz\u00f3n de la decisi\u00f3n de la Fiscal\u00eda, continuaba siendo formalmente don Jos\u00e9 del Carmen Castillo y legalmente dichos derechos hab\u00edan sido objeto de delaci\u00f3n en favor de sus herederos.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, si vamos a considerar que hasta\u2026 el tr\u00e1mite de ese proceso, no pod\u00eda argumentarse que se estaba ejercitando una posesi\u00f3n clara e indiscutida, sino lo que se estaba sosteniendo era el ser titular de un derecho de dominio en virtud de un acto que a la postre se qued\u00f3 sin efectos con la declaratoria de nulidad, pues en ning\u00fan caso, tratase de prescripci\u00f3n\u2026 extraordinaria de vivienda de inter\u00e9s social o de prescripci\u00f3n extraordinaria de cualquier otro tipo de inmueble, tr\u00e1tese de la prescripci\u00f3n de los 5 o de los 10 a\u00f1os, el t\u00e9rmino en ning\u00fan caso se ha cumplido porque solo a partir del desconocimiento del car\u00e1cter de titular del derecho de dominio podr\u00eda mudarse el \u00e1nimo a poseedora con fines de prescripci\u00f3n adquisitiva\u2026  <\/span><\/p>\n

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Concluyendo que:  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed solo queda al despacho se\u00f1alar, que efectivamente, y en esto le asiste raz\u00f3n al se\u00f1or juez de primera instancia, a este proceso no se alleg\u00f3 prueba del car\u00e1cter de vivienda de inter\u00e9s social, que a la postre, de acuerdo al razonamiento que ha hecho esta segunda instancia, pues no resultar\u00eda relevante pues ni siquiera para la vivienda de inter\u00e9s social se cumplir\u00eda el t\u00e9rmino prescriptivo que alega la demandada, pero si es cierto\u2026 que no obra ninguna prueba en el expediente v\u00e1lida como para considerar vivienda de inter\u00e9s social el inmueble objeto de la reivindicaci\u00f3n. T\u00e9ngase en cuenta que aqu\u00ed no obra ninguna prueba legalmente incorporada a este expediente y que se haya recaudado v\u00e1lidamente ante el Juzgado 33 Civil del Circuito que adelanta la pertenencia, aqu\u00ed lo que obra es una comunicaci\u00f3n\u2026 en la que ni siquiera se puede hablar de que se haya recaudado v\u00e1lidamente una prueba\u2026 adem\u00e1s esa prueba trasladada fue negada y ese auto qued\u00f3 en firme\u2026 Luego resulta absolutamente ajeno a la verdad, la afirmaci\u00f3n que hace el apelante de que obran pruebas trasladadas del Juzgado 33 Civil del Circuito respecto del car\u00e1cter de vivienda de inter\u00e9s social, y de otra parte, el simple hecho de que all\u00ed se le haya considerado que reun\u00eda requisitos para adelantar la prescripci\u00f3n\u2026 y que se le haya dado el tr\u00e1mite de vivienda de inter\u00e9s social, que tampoco se se\u00f1ala en esta comunicaci\u00f3n, no es prueba de que dicho inmueble sea de inter\u00e9s social, caso distinto ser\u00eda si existiese una sentencia\u2026  <\/span><\/p>\n

Ahora, respecto del t\u00edtulo si se est\u00e1 hablando de que el car\u00e1cter de propietarios de los demandantes solo se vino a adquirir con el registro del proceso de sucesi\u00f3n, y que por esa raz\u00f3n, la posesi\u00f3n por ella ejercida tiene mayor m\u00e9rito\u2026 no es cierta porque al suceder en sus derechos al causante\u2026 y habiendo adelantado los herederos oportunamente todas las acciones\u2026 para recuperar los bienes de la masa herencial\u2026 no cabe duda que all\u00ed no hubo una interrupci\u00f3n de ese car\u00e1cter de titular\u2026 de derecho de dominio de su causante\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En conclusi\u00f3n, los argumentos de la apelaci\u00f3n deben desecharse\u2026 y reiterar la decisi\u00f3n adoptada por el juez de primera instancia\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. As\u00ed las cosas, esta Sala concluye que la determinaci\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no encuentra recibo en esta sede excepcional, ya que, en rigor, lo que se plantea es una diferencia de criterio frente a la determinaci\u00f3n que declar\u00f3 no probadas las excepciones por ella formuladas y que le orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451).  <\/span><\/p>\n

4. Las anteriores razones se consideran suficientes para confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC1004-2017   Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2016-02624-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99008","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99008","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99008"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99008\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99008"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99008"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99008"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}