{"id":99010,"date":"2026-06-25T17:47:30","date_gmt":"2026-06-25T17:47:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1006-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:47:30","modified_gmt":"2026-06-25T17:47:30","slug":"stc1006-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1006-2017\/","title":{"rendered":"STC1006-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1006-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2016-02051-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de noviembre de 2016 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Jos\u00e9 Gabriel Moreno Jim\u00e9nez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Penal del Circuito de La Mesa y la Fiscal\u00eda Quinta Delegada de la Unidad Nacional Anticorrupci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada.  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicita se \u00abdeclare la nulidad de la providencia [de 17 de agosto de 2016] proferid[a] por la Sala Penal del Tribunal Superior\u2026\u00bb (folio 20, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Fue adelantado un juicio penal en contra de Jos\u00e9 Gabriel Moreno Jim\u00e9nez y William Alberto Garrote Garc\u00eda por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Penal del Circuito de La Mesa.  <\/span><\/p>\n

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2.2. En la audiencia preparatoria, la defensa de William Alberto Garrote Garc\u00eda solicit\u00f3 se decretara la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, lo cual fue despachado desfavorablemente, decisi\u00f3n que fue objeto de alzada.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Mediante prove\u00eddo de 17 de mayo de 2016, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado y decret\u00f3 la prescripci\u00f3n penal, determinaci\u00f3n frente a la que la Fiscal\u00eda interpuso reposici\u00f3n, por lo que en providencia del 17 de agosto de 2016 se repuso parcialmente la misma, en el sentido de aclarar que la acci\u00f3n seguida contra Jos\u00e9 Gabriel Moreno no se encontraba prescrita, por lo que orden\u00f3 la devoluci\u00f3n del expediente al despacho de origen.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Indic\u00f3 el accionante que con la aludida providencia se conculc\u00f3 el debido proceso y se desconoci\u00f3 el contenido del art\u00edculo 189 de la Ley 600 de 2000, en tanto que era inviable el recurso de reposici\u00f3n, pues solo procede contra las que declaran la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n en segunda instancia cuando ello no fuere objeto de recurso y, en el caso concreto, s\u00ed lo hab\u00eda sido.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Se\u00f1al\u00f3 que la Sala acusada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho puesto que con id\u00e9nticos elementos de juicio adopt\u00f3 decisiones contrarias respecto de la prescripci\u00f3n; adem\u00e1s, frente al prove\u00eddo cuestionado no proced\u00eda ning\u00fan medio de impugnaci\u00f3n por lo que se deneg\u00f3 su defensa; el Tribunal no esper\u00f3 la ejecutoria del auto para proceder a efectuar la devoluci\u00f3n del expediente al despacho de origen; y fue tramitada de manera irregular la aludida reposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Penal del Circuito de La Mesa adujo que conoce el juicio penal adelantado en contra de Jos\u00e9 Gabriel Moreno Jim\u00e9nez y William Alberto Garrote Garc\u00eda por el delito de celebraci\u00f3n de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales; que el 30 de julio de 2015 se llev\u00f3 a cabo la audiencia preparatoria, en la que se resolvieron las peticiones de las partes, entre ellas, una nulidad, prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal y el decreto de una prueba documental, las que fueron denegadas; que las dos \u00faltimas fueron apeladas por la defensa de Garrote Garc\u00eda, por lo que concedi\u00f3 la alzada; que el 17 de mayo de 2016 el Tribunal Superior declar\u00f3 que la acci\u00f3n penal se encontraba prescrita, decisi\u00f3n que recurrida en reposici\u00f3n por la Fiscal\u00eda, fue repuesta parcialmente, en el sentido que el proceso continuaba frente al ahora accionante; que fij\u00f3 fecha para llevar a cabo la audiencia p\u00fablica, la que se ha reprogramado en seis oportunidades por las solicitudes de aplazamiento de los defensores; que se han adelantado dos sesiones, encontr\u00e1ndose pendiente la culminaci\u00f3n de la misma, pero el defensor de Moreno Jim\u00e9nez pidi\u00f3 se fijara nueva fecha; que el gestor solicit\u00f3 que se declarara la nulidad del auto que revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n que hab\u00eda declarado la prescripci\u00f3n, pero el Tribunal accionado decidi\u00f3 no emitir pronunciamiento por no tener competencia; y no ha quebrantado derecho fundamental alguno.  <\/span><\/p>\n

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2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca refiri\u00f3 que el 17 de mayo de 2016 resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n formulada por el defensor del procesado frente a la decisi\u00f3n en que se deneg\u00f3 la solicitud de prescripci\u00f3n penal; que revoc\u00f3 dicha determinaci\u00f3n y declar\u00f3 que la acci\u00f3n penal estaba prescrita, pero tras ser recurrido ese prove\u00eddo por la Fiscal\u00eda, repuso parcialmente el mismo, pues al momento de efectuar el conteo omiti\u00f3 tener en cuenta que para la fecha de la comisi\u00f3n de los hechos el gestor ostentaba la calidad de servidor p\u00fablico; que el petente formul\u00f3 una nulidad pero le indic\u00f3 que no ten\u00eda competencia; que las decisiones adoptadas se fundaron en las normas sustanciales y procedimentales aplicables al caso, as\u00ed como en el an\u00e1lisis de los soportes f\u00e1cticos y jur\u00eddicos; y que no incurri\u00f3 en causal de procedencia del resguardo.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que el proceso penal se encuentra en curso, en donde las autoridades se han pronunciado sobre los asuntos de su exclusiva competencia con plena garant\u00eda del debido proceso; que la solicitud de prescripci\u00f3n la realiz\u00f3 la defensa del procesado William Alberto Garrote, la que fue denegada y recurrida en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n por el mismo sujeto procesal; que el accionante no invoc\u00f3 la prescripci\u00f3n ni interpuso recurso alguno contra la negativa de declarar la prescripci\u00f3n; que el Tribunal extendi\u00f3 los efectos de dicha prescripci\u00f3n al promotor; que no es cierto que el \u00abad quem se pronunci\u00f3 acerca del recurso de apelaci\u00f3n…\u00bb, pues precis\u00f3 que se devolver\u00edan las diligencias al despacho de origen para que se continuara con el tr\u00e1mite, sin que afecte otra situaci\u00f3n procesal ya que la alzada que activ\u00f3 la competencia del Tribunal la elev\u00f3 el defensor de William Garrote; que al no ser recurrente el promotor no le era aplicable el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 189 de la Ley 600 de 2000, por lo que \u00abel recurso de reposici\u00f3n interpuesto por la Fiscal\u00eda y decidido por el Tribunal se ajust\u00f3 a derecho\u00bb; y no observaba ninguna irregularidad (folio 179, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que el proceso penal se encuentra en curso, por lo que el gestor puede exponer sus inconformidades en dicho tr\u00e1mite, sin que sea dable acudir a este mecanismo excepcional y subsidiario.  <\/span><\/p>\n

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Ciertamente, en la actuaci\u00f3n cuestionada el peticionario tiene la posibilidad de controvertir cualquier hecho o circunstancia que considere que transgrede sus prerrogativas esenciales, raz\u00f3n por la que no es dable que el juez constitucional se anticipe a las decisiones que all\u00ed sean adoptadas, pues se encuentra en curso el juicio oral y a\u00fan no ha sido proferida la sentencia de primera instancia, la que de ser desfavorable a sus intereses puede ser apelada.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la Sala ha indicado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026En el asunto materia de an\u00e1lisis encuentra la Corte que el fallo de primera instancia debe ser confirmado, por cuanto es evidente la ausencia del requisito de subsidiariedad que caracteriza esta acci\u00f3n de naturaleza excepcional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, de conformidad con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica descrita en la demanda constitucional, como de la actuaci\u00f3n procesal que reposa en el expediente de tutela, se desprende que la accionante cuenta con m\u00faltiples medios de defensa judicial para el restablecimiento de las garant\u00edas que ahora controvierte en sede de tutela, siendo que el proceso que se sigue ante el Juez natural de la controversia es el escenario judicial adecuado para tal prop\u00f3sito.  <\/span><\/p>\n

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Obs\u00e9rvese que as\u00ed el promotor del amparo no comparta los argumentos del juez constitucional de primer grado, lo cierto es que para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n planteada, es necesario el agotamiento de \u2018todos\u2019 los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del proceso penal, lo que para el caso no se ha cumplido\u2026, de ah\u00ed que la intervenci\u00f3n en esta sede se torne prematura.  <\/span><\/p>\n

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Y es que de la acci\u00f3n de tutela no puede hacerse uso para soslayar o sustituir los procedimientos ordinarios que deben adelantarse ante los funcionarios competentes; adem\u00e1s, la Sala retomando apartes de la sentencia C-543 del 1\u00ba de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional, acept\u00f3 que: \u2018La acci\u00f3n de tutela a) no reemplaza los procesos ordinarios o especiales, ni es sustituto de los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni es instancia adicional a las existentes; b) ha sido concebida \u00fanicamente para dar soluci\u00f3n eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresi\u00f3n o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jur\u00eddico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces; c) nunca prevalece sobre la acci\u00f3n ordinaria, salvo que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; d) no es viable si se la pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada material; y e) no es el \u00fanico mecanismo orientado a la protecci\u00f3n de la persona humana y sus derechos esenciales. Todos los procesos y la integridad del aparato judicial tienen ese mismo fin\u2019 (CSJ STC, 15 dic. 2011, rad. 01889-01; reiterada en la STC, 4 sep. 2013, rad. 01391-01).  <\/span><\/p>\n

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4. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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