{"id":99011,"date":"2026-06-25T17:47:36","date_gmt":"2026-06-25T17:47:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1007-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:47:36","modified_gmt":"2026-06-25T17:47:36","slug":"stc1007-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1007-2017\/","title":{"rendered":"STC1007-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1007-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2016-02648-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 de diciembre de 2016 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Mar\u00eda Barraza Hern\u00e1ndez, en representaci\u00f3n de su menor hija, contra la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La promotora reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de su menor hija a la vida, salud y seguridad social, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita se ordene a la accionada \u00absuministrar los gastos de traslado y hospedaje para la menor\u2026 y un acompa\u00f1ante, es decir a la\u2026 madre, toda vez que los ex\u00e1menes, controles y valorizaciones fueron autorizadas en la Direcci\u00f3n de Sanidad Militar\u00bb y \u00absuministrar pa\u00f1ales desechables y pa\u00f1os h\u00famedos para la menor\u2026 en virtud de su problema de incontinencia de esf\u00ednter anal y vesical\u00bb (folio 28, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Indic\u00f3 que su hija, quien se encuentra actualmente afiliada a Sanidad Militar pues su padre es soldado profesional, desde su nacimiento fue diagnosticada de \u00ab[mielomeningocele] corregido e hidrocefalia con locaci\u00f3n de v\u00e1lvula ventr\u00edculo peritoneal\u00bb, por lo que requiere de un tratamiento m\u00e9dico especializado y continuo (folio 27, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Adujo que en la ciudad de Oca\u00f1a ha recibido la atenci\u00f3n m\u00e9dica por parte de un galeno adscrito al dispensario del Batall\u00f3n de Infanter\u00eda No. 15 Francisco de Paula Santander, el que le prescribi\u00f3 valoraci\u00f3n por urolog\u00eda pedi\u00e1trica, neuropediatr\u00eda, ortopedia, fisiatr\u00eda y endocrinolog\u00eda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Se\u00f1al\u00f3 que los citados ex\u00e1menes fueron autorizados \u00aba finales de noviembre\u00bb en el Hospital Militar de Bogot\u00e1, puesto que el Dispensario de Oca\u00f1a no tiene los medios tecnol\u00f3gicos ni los especialistas requeridos por la ni\u00f1a (folio 27, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Refiri\u00f3 que no cuenta con los recursos econ\u00f3micos para trasladarse junto con la menor a Bogot\u00e1, pues con su compa\u00f1ero cubren la manutenci\u00f3n de sus hijas, siendo la \u00fanica fuente de ingresos el salario que \u00e9l devenga que no supera el mill\u00f3n de pesos, del que deben pagar arrendamiento, manutenci\u00f3n, vestido y dem\u00e1s gastos del hogar.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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La Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional sostuvo que no puede cubrir los gastos solicitados por la accionante, ya que los mismos no se encuentran incluidos dentro del Plan Obligatorio de Servicios de Salud de esa Fuerza y por tanto no tienen un rubro destinado para ellos; que en caso de asumirlos ocasionar\u00eda una transgresi\u00f3n de los derechos de los dem\u00e1s usuarios, pues se usar\u00edan recursos destinados para el tratamiento de patolog\u00edas incluidas en el POS; que la jurisprudencia ha previsto unos requisitos para autorizar el cubrimiento de ese tipo de gastos, entre ellos la carencia de medios de la accionante y sus familiares, sin embargo, en el asunto concreto, la promotora no aport\u00f3 prueba sumaria que lo demostrara y revisado el Centro Nacional de Afiliaci\u00f3n se advierte que la menor es beneficiaria de un soldado profesional, \u00abquien recibe una mensualidad fija considerable, adem\u00e1s de los subsidios y beneficios que le otorga el Ej\u00e9rcito para quienes son padres\u2026 y c\u00f3nyuges, lo que permite desvirtuar la imposibilidad econ\u00f3mica de asumir los gastos de transporte\u00bb (folio 37, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que si la peticionaria no puede acceder a los servicios solicitados, son los parientes cercanos los que deben acudir en su ayuda conforme con el deber de solidaridad, sin que se observe en el asunto prueba que demuestre que sus familiares no lo pueden hacer; que no ha vulnerado ninguna garant\u00eda esencial, sino que por el contrario ha garantizado el acceso a los servicios de salud; que la gestora no cuenta con una orden m\u00e9dica que respalde los insumos que solicita, toda vez que son elementos de aseo pertenecientes a la canasta familiar, los que adem\u00e1s se encuentran excluidos del POS.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que si bien la Direcci\u00f3n de Sanidad autoriz\u00f3 los servicios y valoraciones de la menor, lo cierto es que no existe claridad sobre la fecha en que tales procedimientos tendr\u00e1n lugar, \u00abcircunstancia que resta precisi\u00f3n a la orden que eventualmente pudiera impartirse en este tr\u00e1mite, pues la misma tendr\u00eda que proferirse para una data incierta\u00bb; que era improcedente ordenar pa\u00f1ales desechables y pa\u00f1itos h\u00famedos, pues la gestora no arrim\u00f3 prescripci\u00f3n del m\u00e9dico tratante en el que se indique el tipo de insumos, marca, talla y periodicidad con que deben proporcionarse, lo cual es necesario para el juez de tutela que debe ce\u00f1irse a lo que dictaminen los galenos; que la jurisprudencia tiene sentado que para ordenar un insumo o procedimiento excluidos del POS debe contar con la prescripci\u00f3n del m\u00e9dico, y si bien hay casos excepcionales en los que se puede disponer la proporci\u00f3n de esos elementos, en la tutela \u00abno se precisaron las condiciones t\u00e9cnicas de los insumos en menci\u00f3n\u00bb (folio 43, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que los hechos de la tutela \u00abrevisten la naturalidad de la gravedad del juramento\u00bb, en los que indic\u00f3 que su situaci\u00f3n econ\u00f3mica no era suficiente para atender los costos de las prestaciones reclamadas; que su compa\u00f1ero se desempe\u00f1a en un lugar diferente al domicilio de ellos, por lo que debe asumir sus gastos personales y los de su familia; que el salario b\u00e1sico de su pareja, luego de los descuentos de ley, no es superior a los $500.000; que est\u00e1 demostrado que el tratamiento de la ni\u00f1a debe ser adelantado en Bogot\u00e1, en donde \u00abevidentemente no se practicara y evacuara en un solo d\u00eda y se denota que los desplazamientos desde\u2026 Oca\u00f1a a Bogot\u00e1 podr\u00edan ser m\u00e1s de 10, por lo que\u2026 los ingresos que un soldado profesional tiene\u2026 no son suficientes\u00bb, teniendo en cuenta que el desplazamiento cuesta $135.000 por v\u00eda terrestre; que el ente accionado es el que se ha negado a establecer las fechas ciertas en las que se deben evacuar los ex\u00e1menes y citas en Bogot\u00e1, lo que impide que se inicie el tratamiento que requiere su hija.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que si bien no alleg\u00f3 prescripci\u00f3n m\u00e9dica para los pa\u00f1ales, la enfermedad renal que padece la ni\u00f1a s\u00ed los hace necesarios, pues su incontinencia es permanente e implica el uso de los mismos, \u00ablos que a su edad, se hacen costosos y cuantiosos en la medida en que la orina es frecuente\u00bb, por lo que \u00abla prueba del diagn\u00f3stico de la enfermedad, es m\u00e1s que suficiente\u00bb, ya que \u00abpretender que un galeno indique la talla, la marca y dem\u00e1s\u2026 resulta extralimitado\u00bb; y la entidad acusada no desvirtu\u00f3 la necesidad del insumo atendiendo las condiciones de la menor de edad (folio 47, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El derecho a la salud ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional como una garant\u00eda fundamental aut\u00f3noma que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026tiene una doble connotaci\u00f3n \u2013derecho constitucional fundamental y servicio p\u00fablico-. En tal sentido, todas las personas deben poder acceder al servicio de salud y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestaci\u00f3n de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad (CC T-1036\/07).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed como tambi\u00e9n ha considerado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026en materia de amparo del derecho fundamental a la salud por v\u00eda de tutela, \u2018una vez adoptadas las medidas de orden legislativo y reglamentario orientadas a determinar cu\u00e1les son las prestaciones obligatorias en salud y a trazar las v\u00edas de acceso a la seguridad social, si se cumplen los requisitos previstos en estos escenarios, todas las personas sin excepci\u00f3n pueden acudir a la acci\u00f3n de tutela para lograr la efectiva protecci\u00f3n de su derecho constitucional fundamental a la salud cuando quiera que este derecho se encuentre amenazado de vulneraci\u00f3n o haya sido conculcado\u2019 (CC T-919\/08).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior resulta de mayor cuidado e importancia cuando se trata de menores de edad, pues tal como lo ha precisado la Sala:  <\/span><\/p>\n

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\u2026cuando de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de un menor de edad discapacitado se trata, pues as\u00ed lo ha sentado de tiempo atr\u00e1s la Corte Constitucional, que en casos como el aqu\u00ed planteado, ha referido lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2018La acci\u00f3n de tutela para proteger los derechos de los ni\u00f1os se considera procedente, en tanto que forman parte de aquel grupo de personas a las que por mandato constitucional el Estado debe una especial protecci\u00f3n, estando en la obligaci\u00f3n de adelantar una pol\u00edtica de especial atenci\u00f3n hacia ellos. La procedencia de la tutela es mucho m\u00e1s evidente si se advierte que est\u00e1 en juego tambi\u00e9n el mandato constitucional de proteger a aquellas personas que se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta (art. 13 C. P.), por raz\u00f3n de su edad, su condici\u00f3n econ\u00f3mica, f\u00edsica o mental, y por tanto se hacen sujetos de especial protecci\u00f3n. La persona en situaci\u00f3n de discapacidad se encuentra en una condici\u00f3n de excesiva vulnerabilidad frente a prejuicios sociales que no puede, por s\u00ed mismo y por su propia voluntad, eludir, m\u00e1xime si se trata de menores de edad, raz\u00f3n por la que merecen un trato especial, con el fin de permitirles estar en igualdad de condiciones con quienes no lo son.\u2019 (CSJ STC3001-2016, 10 mar. 2016, rad. 2016-00135-01).  <\/span><\/p>\n

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3. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se advierte que la menor accionante es beneficiaria del Subsistema de Salud del Ej\u00e9rcito Nacional, cuenta con cuatro a\u00f1os de edad, y seg\u00fan la historia cl\u00ednica tiene antecedentes de derivaci\u00f3n ventriculoperitoneal y \u00abcorrecci\u00f3n mielomeningocele lumbar, con secuelas de disfunci\u00f3n de esf\u00ednteres tanto anal y vesical\u2026\u00bb (folio 11, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asimismo, se colige que el m\u00e9dico adscrito a la entidad convocada, le prescribi\u00f3 distintos ex\u00e1menes y procedimientos, los que fueron autorizados en noviembre de 2016 por la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional. Sin embargo, la promotora indic\u00f3 que no contaba con los recursos econ\u00f3micos para trasladarse al Hospital Militar Central, lugar en el que se le realizar\u00edan los mismos, ni tampoco para sufragar los pa\u00f1ales y pa\u00f1itos que requiere su descendiente con ocasi\u00f3n de su patolog\u00eda.   <\/span><\/p>\n

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4. Bajo el anterior el contexto, se concluye la procedencia de la salvaguarda constitucional de acuerdo con las connotaciones del asunto y concretamente con las condiciones de salud de la ni\u00f1a.  <\/span><\/p>\n

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En primer lugar, se advierte que las citas y procedimientos fueron ordenados y autorizados por la Direcci\u00f3n de Sanidad acusada conforme a las patolog\u00edas de la menor, empero, para la pr\u00e1ctica de los mismos se requiere que la infante y su madre, quienes viven en Oca\u00f1a, se trasladen al Hospital Militar ubicado en Bogot\u00e1, destacando que la progenitora de la menor de edad expone que no cuentan con los medios econ\u00f3micos para el efecto, pues subsisten solo con el salario de su esposo, tienen a su cargo tres ni\u00f1as m\u00e1s y no todas las citas y ex\u00e1menes se efectuar\u00edan en el mismo d\u00eda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Luego, se hace procedente la concesi\u00f3n del mencionado transporte y del hospedaje solicitado, pues adem\u00e1s de ser clara la necesidad de la pr\u00e1ctica de los procedimientos m\u00e9dicos, la autoridad convocada no demostr\u00f3 que la accionante o su familia pudieran asumir los gastos que demanda el traslado para recibir tales prestaciones.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, esta Sala ha precisado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 aunado a la incuestionable necesidad de recibir las terapias f\u00edsicas y tratamientos m\u00e9dicos, se insiste, no se demostr\u00f3 la capacidad econ\u00f3mica de la actora o de sus familiares para asumir dichos gastos. En relaci\u00f3n a este t\u00f3pico, para el caso es aplicable la jurisprudencia constitucional reiterada por esta Corporaci\u00f3n, en los siguientes t\u00e9rminos:  <\/span><\/p>\n

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\u2018el transporte\u2026 del paciente no son servicios m\u00e9dicos, en ciertos eventos el acceso al servicio de salud depende de que al paciente le sean financiados los gastos de desplazamiento\u2026 en el lugar donde se le pueda prestar atenci\u00f3n m\u00e9dica\u2026 As\u00ed pues, toda persona tiene derecho a que se remuevan las barreras y obst\u00e1culos que impidan a una persona acceder a los servicios de salud que requiere con necesidad, cuando \u00e9stas implican el desplazamiento a un lugar distinto al de residencia, debido a que en su territorio no existen instituciones en capacidad de prestarlo, y la persona no puede asumir los costos de dicho traslado (Corte Constitucional, Sentencia T-760 de 2008; tesis reiterada en la Providencia T-842 de 2011).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, tambi\u00e9n ha puntualizado sobre los presupuestos que el juez constitucional debe observar para la concesi\u00f3n del amparo con relaci\u00f3n al subsidio de transporte y hospedaje del paciente, a saber:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(i) que el procedimiento o tratamiento se considere indispensable para garantizar los derechos a la salud y a la integridad, en conexidad con la vida de la persona; (ii) ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos econ\u00f3micos suficientes para pagar el valor del traslado; y (iii) de no efectuarse la remisi\u00f3n se pone en riesgo la vida, la integridad f\u00edsica o el estado de salud del usuario. (Corte Constitucional, Sentencias T-246 de 2010 y T-481 de 2011, citadas en el Fallo T-842 de 2011) (CSJ STC3001-2016, 10 mar. 2016, rad. 2016-00135-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Ahora bien, en lo tocante con el suministro de pa\u00f1ales y pa\u00f1itos h\u00famedos, se encuentra acreditado en la historia cl\u00ednica que la ni\u00f1a fue diagn\u00f3sticada con \u00abincontinencia de esf\u00ednteres\u00bb y, si bien, no se alleg\u00f3 orden m\u00e9dica, s\u00ed se advierte la necesidad de los mismos conforme a las especiales condiciones de la menor (folio 11, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Luego, no son de recibo los argumentos de que solo son elementos de aseo, por lo que tambi\u00e9n se acceder\u00e1 a dichos insumos, orden\u00e1ndole al pediatra tratante que determine lo atinente a su suministro, esto es, a la cantidad, periodicidad y marca, m\u00e1s cuando, se repite, no fue desvirtuada la incapacidad econ\u00f3mica de la accionante y su familia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, es de advertirse que esta Corte precis\u00f3 en un asunto que guarda simetr\u00eda con el actual, que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026 no es de recibo la alegaci\u00f3n consistente en que los servicios m\u00e9dico asistenciales que se encuentran contenidos en el \u00abPlan de Seguridad de Sanidad Militar y Policial\u00bb se prestan a todos los afiliados y beneficiarios del \u00abSistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Polic\u00eda Nacional\u00bb, por cuanto la jurisprudencia constitucional tiene dicho que el derecho a la salud no se limita al cubrimiento de los medicamentos y tratamientos contenidos en las cartas m\u00ednimas o \u00abPlanes Obligatorios de Salud\u00bb, sino que en algunos casos, el disfrute pleno de condiciones dignas de bienestar implica la aplicaci\u00f3n de otras medidas que no se han previsto para el tratamiento de algunas patolog\u00edas, raz\u00f3n por la que ha indicado la procedencia de tratamientos o medicamentos no contenidos en el POS bajo el lleno de algunos requisitos y que  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026En desarrollo de esta regla, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha determinado que hay lugar a autorizar un servicio m\u00e9dico no incluido el POS cuando \u2018(i) la falta del servicio m\u00e9dico vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere; (ii) el servicio no puede ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el plan obligatorio; (iii) el interesado no puede directamente costearlo, ni las sumas que la entidad encargada de garantizar la prestaci\u00f3n del servicio se encuentra autorizada legalmente a cobrar, y no puede acceder al servicio por otro plan distinto que lo beneficie; y (iv) el servicio m\u00e9dico ha sido ordenado por un m\u00e9dico adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestaci\u00f3n del servicio a quien est\u00e1 solicit\u00e1ndolo\u2026 (CC T-949\/13).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aunque la entidad acusada catalogue a los pa\u00f1ales desechables como elemento de aseo, uso y cuidado personal, y no le asigne la categor\u00eda de medicamento que ayude a restablecer la salud del paciente, lo cierto es que sobre ese preciso insumo la Corte en fallo CSJ STC, 17 may. 2102, rad. 00124-01, reiterado en CSJ STC, 19 abr. 2013, rad. 00365-01 y CSJ STC, 3 jul. 2013, rad. 00839-01, dijo que  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2018[a]unque no obra en el expediente una prescripci\u00f3n de pa\u00f1ales desechables emanada del especialista tratante, de las copias allegadas puede establecerse que la interesada los requiere, dado que no controla esf\u00ednteres ni pude valerse por s\u00ed misma; empero, aquellos le fueron negados por la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito, ente responsable de prestarle los servicios de salud de manera integral.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2018Entonces, como es claro que de no entregarle tales elementos a la peticionaria se ver\u00edan comprometidos sus derechos a la salud y vida digna, se amerita la participaci\u00f3n del fallador del amparo, sin que sea de recibo el argumento seg\u00fan el cual los objetos implorados no est\u00e1n consagrados en el \u2018Acuerdo No 042 de 2006\u2019, porque ellos son b\u00e1sicos para garantizar las condiciones m\u00ednimas de higiene de la paciente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2018Sobre el punto, en un caso similar, la Sala asegur\u00f3 que \u2018no es admisible el sustento de la Direcci\u00f3n de Sanidad de las Fuerzas Militares para negarse a entregar los elementos ordenados por el m\u00e9dico tratante por no ser un medicamento o aditamento que beneficie y rehabilite la salud del paciente, por cuanto estos ayudan a alivianar el estado cr\u00edtico en la salud del enfermo, y tienen como prop\u00f3sito hacerle menos gravosa su situaci\u00f3n y procurarle una mejor calidad de vida, ya que no puede valerse por sus propios medios\u2026 Ahora bien, si los pa\u00f1ales solicitados no est\u00e1n previstos dentro de las prestaciones que la entidad debe suministrar a los beneficiarios del servicio que presta\u2026 tal circunstancia no constituye obst\u00e1culo para proporcionarlos al usuario, habida cuenta que se cumplen los requisitos establecidos por la jurisprudencia para acceder a la entrega o autorizaci\u00f3n de los procedimientos, intervenciones medicinas y elementos suprimidos de los planes obligatorios de salud, exigencias que concurren en el presente caso, porque estos fueron ordenados por el m\u00e9dico tratante, y la negativa del ente accionado, agrava la situaci\u00f3n\u2026  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Concluyendo en el caso concreto que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Habi\u00e9ndose demostrado que el menor con ocasi\u00f3n del s\u00edndrome de down no controla esf\u00ednteres, afirmaci\u00f3n realizada en el escrito de tutela, y que a prop\u00f3sito no fue desvirtuada por las autoridades accionadas, es necesario ordenar el suministro de los pa\u00f1ales desechables, pues tiene como fin primordial proteger con celeridad su derecho a la vida digna.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esta medida es por otra parte adecuada para alcanzar ese fin, pues efectivamente la protecci\u00f3n judicial de pa\u00f1ales no incluidas en el POS, presta una contribuci\u00f3n positiva para que el peticionario reciba con mayor prontitud un bien que le permitir\u00e1 llevar una vida menos inc\u00f3moda y m\u00e1s parecida a la de quienes no presentan su disminuci\u00f3n f\u00edsica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, se dispondr\u00e1 que el menor accionante sea remitido a su pediatra, para que \u00e9ste determine la cantidad y la periodicidad de pa\u00f1ales que se le debe suministrar, y la marca de los mismos, pues es la persona id\u00f3nea para que se pronuncie sobre tales aspectos (CSJ STC3001-2016, 10 mar. 2016, rad. 2016-00135-01).  <\/span><\/p>\n

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6. Se impone, entonces, revocar el fallo constitucional de primera instancia y, en su lugar, conceder el amparo impetrado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y, en consecuencia, en su lugar:  <\/span><\/p>\n

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Primero: Concede el amparo invocado.  <\/span><\/p>\n

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Segundo: Ordena a la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, disponga de los medios necesarios para garantizar el transporte y hospedaje de la menor accionante y su acompa\u00f1ante, cada vez que, de conformidad con lo que dispongan sus m\u00e9dicos tratantes, resulten necesarios dichos desplazamientos para recibir la atenci\u00f3n correspondiente con ocasi\u00f3n de la patolog\u00eda, con el fin de que se le puedan efectuar los ex\u00e1menes, controles y valoraciones que fueron autorizados por dicha Direcci\u00f3n, atendiendo las razones consignadas en esta decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tercero: Asimismo, Ordena a la entidad acusada que, a trav\u00e9s del pediatra tratante de la menor, determine la cantidad de pa\u00f1ales desechables y pa\u00f1itos h\u00famedos que requiere la paciente, su periodicidad y la marca de los mismos.   <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

La autoridad accionada deber\u00e1 enterar a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden anterior, a m\u00e1s tardar dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Cuarto: Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, rem\u00edtaseles copia de esta providencia y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC1007-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2016-02648-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99011","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99011","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99011"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99011\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99011"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99011"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99011"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}