{"id":99012,"date":"2026-06-25T17:47:38","date_gmt":"2026-06-25T17:47:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1008-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:47:38","modified_gmt":"2026-06-25T17:47:38","slug":"stc1008-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1008-2017\/","title":{"rendered":"STC1008-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1008-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2016-01074-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 30 de noviembre de 2016 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Andr\u00e9s Felipe Morales contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados la Alcald\u00eda del mismo lugar, el Procurador y el Defensor del Pueblo, ambos de la Regional de Risaralda.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita se le ordene al accionado \u00abde manera inmediata dar tr\u00e1mite a [su] acci\u00f3n popular, concedi[\u00e9]ndo[le] el amparo de pobreza\u2026\u00bb; se \u00abtramit[e] [su] a popular, dando aplica[c]i\u00f3n art 5 Ley 472 de 1998 a fin de no violentar art 84 Ley 472 de 1998\u00bb; se escanee copia de la tutela y del fallo, y se los remita a su correo electr\u00f3nico (folio 1, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Indic\u00f3 el accionante que interpuso una acci\u00f3n popular contra Audifarma, bajo el radicado 2016-00113, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Se\u00f1al\u00f3 que su acci\u00f3n fue rechazada con fundamento en que la presunta vulneraci\u00f3n del derecho colectivo ocurr\u00eda en otro lugar, empero, no se tuvo en cuenta que el domicilio principal de Audifarma se encuentra en Pereira ni tampoco se observ\u00f3 lo dispuesto en el art\u00edculo 16 de la Ley 472 de 1998, \u00abolvidando que no puede convertirse en la suced\u00e1nea de [su] elecci\u00f3n\u00bb (folio 1, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.3. Adujo que por lo anterior recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y subsidio apelaci\u00f3n dicha determinaci\u00f3n, pero el estrado acusado mantuvo su decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

2.4. Agreg\u00f3 que el despacho convocado rechaz\u00f3 la \u00abacci\u00f3n amparad[o] en postura subjetiva y personal, y lo m\u00e1s grave, desconociendo el pre[c]edente judicial ordenado por la Corte Suprema de Justicia y dilatando [su] acci\u00f3n a sa[b]iendas\u00bb (folio 1, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda refiri\u00f3 que no promovi\u00f3 la acci\u00f3n popular objeto de reclamo constitucional; que su intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a observar la defensa de los derechos e intereses colectivos, \u00absituaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n por intermedio de la Procuradur\u00eda Regional y Provincial en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba\u00bb, el que debe ser convocado por el Juzgado, con el fin de llegar a un acuerdo de voluntades, y contar con la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico; y como no le ha sido comunicado dicho pacto, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite excepcional (folio 6 vuelto, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira inform\u00f3 que el 23 de abril de 2016 remiti\u00f3 por competencia la acci\u00f3n popular 2016-00113-00 a los despachos civiles del circuito de Bogot\u00e1; que acatando el conflicto de competencia dirimido por la Corte Suprema de Justicia con posterioridad a la fecha de env\u00edo de esa demanda, ha admitido las mismas cuando se formulan frente a Audifarma. Alleg\u00f3 copia de las actuaciones cuestionadas.  <\/span><\/p>\n

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3. El Municipio de Pereira sostuvo que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que no es la autoridad que vulner\u00f3 o amenaza transgredir los derechos fundamentales del promotor, pues la misma se le atribuye al despacho accionado, el que goza del principio de autonom\u00eda judicial \u00aben el sentido de interpretar y aplicar la ley, de acuerdo a los limites existentes en nuestro ordenamiento\u00bb. Solicit\u00f3 que se condenara en costas y agencias en derecho al gestor por un probable actuar temerario y su \u00abobstinado e inconcebible abuso de los mecanismos constitucionales\u00bb (folios 19 y 20, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que no cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez, puesto que tras ser rechazada la demanda por falta de competencia, el 23 de abril de 2016 el expediente fue remitido a los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1, pero, solo hasta el 18 de noviembre siguiente el accionante solicit\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional, es decir, \u00absiete meses desde la fecha en que se dict\u00f3 la providencia en la que encuentra\u2026 lesionados sus derechos\u2026 sin que haya actuado con la urgencia y prontitud con que ahora demanda el amparo\u00bb, ni se evidencie una justa causa para la tardanza (folio 27, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n sin manifestar los motivos de su inconformidad (folio 29, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2. Descendiendo al sub examine advierte la Corte que la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada a fracasar, comoquiera que el promotor   no subsan\u00f3 la demanda de acuerdo a lo dispuesto en el auto proferido el 2 de mayo de 2016 por el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, al que se le asign\u00f3 finalmente el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular interpuesta por el gestor, as\u00ed como tampoco recurri\u00f3 la providencia de 9 de junio siguiente, dictada tambi\u00e9n por ese estrado judicial, que rechaz\u00f3 el libelo por ausencia de subsanaci\u00f3n, medios procesales pertinentes para exponer los motivos de inconformidad que por este tr\u00e1mite exhibe, con lo que abandon\u00f3 la oportunidad que tuvo para que el tema relativo al juez competente para asumir el conocimiento de su demanda agotara el tr\u00e1mite de rigor.  <\/span><\/p>\n

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De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria.  <\/span><\/p>\n

Entonces, si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb:  <\/span><\/p>\n

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\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01).  <\/span><\/p>\n

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3. En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por secretar\u00eda env\u00edese al correo electr\u00f3nico del solicitante la copia escaneada de esta determinaci\u00f3n y, a su cargo, entr\u00e9guensele las dem\u00e1s copias reclamadas.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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