{"id":99013,"date":"2026-06-25T17:47:51","date_gmt":"2026-06-25T17:47:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1009-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:47:51","modified_gmt":"2026-06-25T17:47:51","slug":"stc1009-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1009-2017\/","title":{"rendered":"STC1009-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-01645-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo de 17 de noviembre de 2016, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Helber Fabio Cruz Rivera, como agente oficioso de Mar\u00eda Doralice Rivera de Cruz, contra las Fiscal\u00edas Doce Seccional de Ibagu\u00e9 y Primera Delegada ante el Tribunal Superior de esa ciudad.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El accionante, en calidad de agente oficioso de Mar\u00eda Doralice Rivera de Cruz, reclama la protecci\u00f3n superior del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicita se revoque \u00abla resoluci\u00f3n inhibitoria de 31 de diciembre de 2015\u2026 por fallar un proceso con hechos del mes de octubre del a\u00f1o 2005, a trav\u00e9s de la ley 600 de 2000\u00bb; en consecuencia, se ordene \u00abrehacer la investigaci\u00f3n desde un principio, ajustada a pruebas de campo y estudio de carta catastral\u00bb (folios 1 a 9, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        De lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae que su queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. Mar\u00eda Doralice Rivera de Cruz present\u00f3 denuncia penal por el punible de falsedad material en documento p\u00fablico contra el \u00abInstituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi\u00bb, Jes\u00fas Antonio Parra Barrero, en calidad de jefe de conservaci\u00f3n catastral, y Albeiro Trujillo Castro, en su condici\u00f3n de director IGAC1; cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 a la Fiscal\u00eda Doce Seccional de Ibagu\u00e9, la que el 31 de diciembre de 2015 dict\u00f3 resoluci\u00f3n inhibitoria conforme al art\u00edculo 327 de la Ley 600 de 2000.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Tramitada la alzada interpuesta la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, el 27 de junio de 2016, confirm\u00f3 la resoluci\u00f3n referida a espacio, al considerar que \u00ablos servidores del IGAC no han ejecutado ning\u00fan comportamiento que pueda revestir la categor\u00eda de delito\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Sostuvo el agente oficioso que las autoridades acusadas vulneraron las prerrogativas suplicadas, pues adelantaron la investigaci\u00f3n bajo la ley 600 de 2000 cuando los hechos denunciados ocurrieron en el a\u00f1o 2005; a m\u00e1s, no practicaron pruebas de campo, ni cotejaron en debida forma las documentales aportadas, a fin de tener claridad sobre los hechos denunciados.  <\/span><\/p>\n

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LAS RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. La Fiscal\u00eda Doce Seccional de Ibagu\u00e9 se refiri\u00f3 a los hechos de la acci\u00f3n tuitiva, remiti\u00f3 copia de la actuaci\u00f3n criticada, relat\u00f3 que el art\u00edculo 5\u00ba del acto legislativo No. 3 de 2002 dispuso que la Ley 906 de 2004 se aplicar\u00eda \u00abde acuerdo con la gradualidad que determine la ley y \u00fanicamente a los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia que en ella se establezca\u00bb, por lo que para el caso espec\u00edfico la referida norma en la ciudad de Ibagu\u00e9 comenz\u00f3 a regir el 1\u00ba de enero de 2007; concluy\u00f3 que \u00abla Ley 600 de 2000, rigi\u00f3 y aun rige en materia penal en el Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 para todos aquellos hechos ejecutados con anterioridad al 31 de diciembre de 2006\u00bb.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que estudiadas las diligencias consider\u00f3 que exist\u00eda atipicidad de lo denunciado por lo que dict\u00f3 resoluci\u00f3n inhibitoria (folios 64 a 65, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

1. La Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 remiti\u00f3 copia de la decisi\u00f3n de 27 de junio de 2016 (folio 68, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. El Ministerio p\u00fablico pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del resguardo y se\u00f1al\u00f3 que el tr\u00e1mite impartido por las accionadas se ajust\u00f3 a las normas procesales para el caso concreto (folio 215, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El a quo deneg\u00f3 el resguardo al considerar que la accionante no agot\u00f3 en debida forma los medios de defensa, pues \u00abal sustentar el recurso de apelaci\u00f3n contra la resoluci\u00f3n inhibitoria\u2026 no censur\u00f3 la supuest[a] deficienci[a] [en la] actividad probatoria de la Fiscal\u00eda\u00bb; adem\u00e1s, en las decisiones cuestionadas se indic\u00f3 que \u00abla diferencia entre las mediciones del a\u00f1o 1989 y el a\u00f1o 2005 obedeci\u00f3 a que en la \u00faltima fueron utilizados instrumentos de mayor precisi\u00f3n\u00bb, conclusi\u00f3n que encontr\u00f3 ajustada a los par\u00e1metros legales y constitucionales, sin que configure v\u00eda de hecho (folios 216 a 222, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos tra\u00eddos en la demanda de amparo (folios 229 a 233, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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1. La accionante cuestiona la decisi\u00f3n de 27 de junio de 2016, que confirm\u00f3 la de 31 de diciembre de 2015, mediante las cuales las autoridades judiciales convocadas dictaron resoluci\u00f3n inhibitoria frente a la denuncia interpuesta por la censora por el delito de falsedad en documento p\u00fablico contra el \u00abInstituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi\u00bb, Jes\u00fas Antonio Parras Barrero y Albeiro Trujillo Castro -\u00faltimos en calidad de servidores p\u00fablicos-; critica tales determinaciones al considerar que (i) los querellados si incurrieron en tal punible, pues en la actualizaci\u00f3n catastral realizada en octubre de 2005 disminuyeron las medidas de su predio; y (ii) aquellos prove\u00eddos fueron proferidos bajo la ley 600 de 2000, sin que tal normatividad estuviera vigente para cuando ocurrieron los hechos.    <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Ninguna discusi\u00f3n existe entonces en cuanto a la calidad de los sujetos activos de la conducta investigada porque se trata de funcionarios de un Instituto del orden nacional cuya vinculaci\u00f3n se da mediante nombramiento y posesi\u00f3n en el cargo, por lo que a voces del art\u00edculo 20 del c\u00f3digo penal, son servidores p\u00fablicos.  <\/span><\/p>\n

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Tampoco existe discusi\u00f3n alguna en cuanto a que los actos por ellos expedidos mediante los cuales se hacen las actualizaciones a las fichas o cartas catastrales son documentos p\u00fablicos y en relaci\u00f3n con estos escritos los servidores son depositarios de una verdad cual es la cabida y linderos de los predios urbanos y rurales de nuestro territorio.  <\/span><\/p>\n

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Es as\u00ed que esa autoridad advirti\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026para que se repute t\u00edpica esta conducta, tendr\u00eda que comprobarse que en el levantamiento topogr\u00e1fico de la manzana 462 del sector 4 lote 21 se consign\u00f3 una falsedad o se call\u00f3 total o parcialmente la verdad, as\u00ed como en las constancias y documentos que con posterioridad ha emitido la entidad para aclararle la situaci\u00f3n a la denunciante.  <\/span><\/p>\n

Ahora, frente a los argumentos expuestos, esto es, la medici\u00f3n efectuada en octubre 2005, que en sentir de la quejosa modific\u00f3 el \u00e1rea de su predio y daba lugar a la configuraci\u00f3n de la conducta punible atribuida, explic\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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Nada m\u00e1s alejado de la realidad y carente de todo fundamento el se\u00f1alamiento que se hace en la denuncia, pretender que porque en las escrituras 173 y 2953\u2026, se haga aparecer que el lote 21 de propiedad de RIVERA DE CRUZ, aparezca que el mismo tiene de fondo 20 metros, es lo que hace que los servidores p\u00fablicos que practicaron el levantamiento topogr\u00e1fico, con m\u00e9todos de medici\u00f3n m\u00e1s exactos que el que tal vez se utiliz\u00f3 inicialmente para calcular la medida del predio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y decimos que tal vez, porque en ninguna de las escrituras anteriormente aludidas se precisa si el predio se calcul\u00f3 por extensi\u00f3n o por cabida, y lo que es m\u00e1s discutible, existe claridad que el lote no est\u00e1 delimitado con cercos o con mojones o cualquier otra se\u00f1al en su parte posterior, en la que se evidencia una depresi\u00f3n topogr\u00e1fica o un barranco que no permite calcular hasta donde va un predio y donde comienza el otro. Sin desconocerse adem\u00e1s que en virtud del transcurso del tiempo, de leu fen\u00f3menos clim\u00e1ticos y por acci\u00f3n del hombre, es posible que la erosi\u00f3n haya reducido la extensi\u00f3n del lote 21.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es que frente a la inconsistencia que se presenta entre la extensi\u00f3n del terreno contenida en la escritura 2953 y la real, valga decir, la que resuita luego del levantamiento topogr\u00e1fico que hicieran los funcionarios de Catastro al momento de llevar a cabo la actualizaci\u00f3n, la que prima, la que se debe tener en cuenta como cabida real del lote 21 es la obtenida luego del trabajo oficial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Si el levantamiento topogr\u00e1fico est\u00e1 ce\u00f1ido estrictamente a la realidad, si en la parte posterior del lote 21 no existe cercado o l\u00edmite que determine exactamente hasta donde abarca ese predio y si lo que se evidencia es un barranco, lejos est\u00e1 de haberse incurrido en un error de medici\u00f3n y m\u00e1s imposible a\u00fan, en un atentado contra la fe p\u00fablica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es que para hacer entender a la denunciante, los servidores p\u00fablicos del IGAC, hasta elaboraron planos en los que resalta que de aceptar la tesis de RIVERA DE CRUZ su predio se sobrepondr\u00eda a otros.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es claro que los servidores del IGAC no est\u00e1n facultados para variar los linderos de los predios, ni para resolver litigios relacionados con la propiedad, ni para hacer coincidir las medidas reales de un predio con las que aparecen en una escritura p\u00fablica como lo pretende la denunciante, lejos est\u00e1 pretender que por esa v\u00eda se zanje el asunto, cuando quiera que la extensi\u00f3n del terreno que se da en la escritura 2953 no es la exacta como obstinadamente insiste la titular del derecho de dominio de ese predio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente, luego de analizar las pruebas aportadas a la denuncia interpuesta3, concluy\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026no queda nada m\u00e1s claro que la coincidencia absoluta de esta Delegada con la decisi\u00f3n recurrida, en cuanto que no puede someterse a la administraci\u00f3n de justicia a un desgaste innecesario en el adelantamiento de un proceso cuando resulta evidente que los servidores del IGAC no han ejecutado ning\u00fan comportamiento que pueda revestir la categor\u00eda de delito y que no puede servir de herramienta el derecho penal, a intereses mezquinos como el que se propone la denunciante al entablar una denuncia penal (folios 30 a 45, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bajo esa perspectiva, la Corte considera que las determinaciones cuestionadas fueron el resultado de una hermen\u00e9utica que no es caprichosa de cara al ordenamiento jur\u00eddico vigente y las pruebas aportadas; obs\u00e9rvese que la Fiscal\u00eda Delegada accionada para confirmar la resoluci\u00f3n inhibitoria tuvo en cuenta los requisitos exigidos por el estatuto procesal penal, donde constat\u00f3 que la conducta que se pretendi\u00f3 fuera investigada resultaba at\u00edpica, de conformidad con el art\u00edculo 327 de la Ley 600 de 2000; conclusi\u00f3n que no se muestra arbitraria o antojadiza con independencia de que la Corte la comparta o no.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. En segundo lugar, esto es, en punto al reclamo relacionado con las resoluciones inhibitorias criticadas fueron proferidas con apego en la ley 600 de 2000, sin que la referida normatividad estuviera vigente para cuando ocurrieron los hechos signados como delictuales, el amparo solicitado no resulta procedente porque desconoce el principio de subsidiariedad, evidenci\u00e1ndose que la interposici\u00f3n del amparo supralegal se hizo con la finalidad de superar la incuria de la gestora en el referido proceso.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

N\u00f3tese que la convocante en el presente caso acudi\u00f3 directamente al resguardo constitucional sin haber agotado las herramientas que estaban a su disposici\u00f3n, pues de la alzada interpuesta frente a la decisi\u00f3n de 31 de diciembre de 2015 no refiri\u00f3 dicho reparo a fin de que fuera objeto del pronunciamiento de instancia, sin que ahora el juez constitucional pueda ocuparse de dicho aspecto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb:  <\/span><\/p>\n

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\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (STC, 6 jul 2010, rad. 00241 01; reiterado en STC, 5 abr 2011, rad. 00015 01, STC, 8 mar 2012, rad. 2012-00101-01).  <\/span><\/p>\n

           <\/span><\/p>\n

1. En consecuencia, por las anteriores razones expuestas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia.    <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Al considerar que en la visita efectuada a su predio identificado con c\u00e9dula catastral No. 010404620021000 el 19 de octubre de 2005, los funcionarios del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi efectuaron alteraciones y manipulaciones en la Carta Catastral del mismo, respecto a su \u00e1rea de terreno.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ SP, 20 oct. 2005, rad. 23.573; y CC C-1086\/08.    <\/span><\/p>\n

3 i). Escritura 173 del 3 de febrero de 1.978 de la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Ibagu\u00e9, mediante la cual Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Ospina y Dora Alicia Rivera de Cruz, protocolizan mejoras sobre un predio; ii). Escritura 2953 del 30 de agosto de 1.988 de la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Ibagu\u00e9, mediante la cual RIVERA DE CRUZ adquiere el predio distinguido como lote n\u00famero 6 con una extensi\u00f3n de 9.50 metros de frente por 20 de fondo; iii). Plano de Carta Catastral Urbana fechado 24 de octubre de 2.006; iv). Informe sobre levantamiento de la manzana 462 del sector 04 suscrito por el top\u00f3grafo JORGE ALBERTO GARC\u00cdA POVEDA; y v). Informe t\u00e9cnico que da cuenta que por el costado sur del lote 021 no existe cerramiento ni amojonamiento alguno y que respecto de ese lote con los dem\u00e1s colindantes, o sea los lotes 022, 016, 015, 014, 013 y 012, existe un talud o barranco sin cerco alguno.      <\/span><\/p>\n

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         AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente         Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-01645-02   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99013","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99013","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99013"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99013\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99013"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99013"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99013"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}