{"id":99014,"date":"2026-06-25T17:47:54","date_gmt":"2026-06-25T17:47:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1010-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:47:54","modified_gmt":"2026-06-25T17:47:54","slug":"stc1010-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1010-2017\/","title":{"rendered":"STC1010-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1010-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2016-00717-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 30 de noviembre de 2016 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gloria Alexandra Ospina Guevara contra el Juzgado Veintid\u00f3s de Familia de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La accionante reclama la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso, presuntamente conculcado por la sede judicial acusada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita, se ordene la pr\u00e1ctica de la prueba pedida en la contestaci\u00f3n del libelo inicial, esto es, el interrogatorio de parte al demandante; a m\u00e1s, se declare a \u00e9ste confeso \u00abde los hechos en que se basan las excepciones propuestas, por no haber presentado\u2026 prueba justificante de su inasistencia la audiencia inicial, en aplicaci\u00f3n de los dispuesto por el art\u00edculo 372 numeral 4\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (folios 1 a 10, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        De lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae que su queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Ricardo Jim\u00e9nez Angarita promovi\u00f3 proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio contra Gloria Alexandra Ospina Guevara, correspondi\u00e9ndole el conocimiento del asunto al Juzgado Veintid\u00f3s de Familia de Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Adelantado el tr\u00e1mite del asunto, el Despacho criticado cit\u00f3 a las partes para la audiencia de que trata el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, iniciada el 4 de agosto de 2016, a la que asistieron solamente sus apoderados, abriendo a pruebas el litigio ac\u00e1 cuestionado.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Se\u00f1al\u00f3 la quejosa que en la referida diligencia el estrado encartado neg\u00f3 la pr\u00e1ctica del interrogatorio de parte al demandado, argumentando que al estar Jim\u00e9nez Angarita domiciliado en Dublin \u2013 Irlanda, \u00abno era posible practicarla por cuanto no se hab\u00eda aportado el cuestionario por escrito y que seg\u00fan el C\u00f3digo General del Proceso ya no se pod\u00edan practicar las pruebas por comisionado\u00bb, determinaci\u00f3n que mantuvo al resolver el remedio horizontal propuesto por la quejosa.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Anot\u00f3 que ella justific\u00f3 su inasistencia a la audiencia, situaci\u00f3n que con prove\u00eddo de 29 de agosto de 2016 el fallador dispuso que resolver\u00eda \u00aben la oportunidad procesal correspondiente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5.        Agreg\u00f3 que el 16 de septiembre de 2016 solicit\u00f3 al Juzgado accionado que declarara confeso al demandante respecto a los hechos en los que se fundaban las excepciones propuestas, pues no justific\u00f3 su inasistencia a la audiencia inicial; s\u00faplica respecto a la que el 27 de octubre siguiente el fallador advirti\u00f3 que \u00abse resolver\u00eda en la audiencia de pruebas programada para el d\u00eda 6 de diciembre de 2016\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.6. Relat\u00f3 que con el actuar del accionado se vulner\u00f3 la garant\u00eda invocada, pues no existe \u00abnorma que imponga al solicitante de la prueba, el deber de aportar el cuestionario por escrito como requisito para su decreto por el juez\u00bb; adem\u00e1s, el momento procesal para resolver sobre las consecuencias de la inasistencia era la audiencia inicial y el Juez err\u00f3 al no definir lo referente a su solicitud de tener por confeso a Ricardo Jim\u00e9nez Angarita.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL CONVOCADO  <\/span><\/p>\n

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El Juzgado Veintid\u00f3s de Familia de Bogot\u00e1 limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir en calidad de pr\u00e9stamo el expediente objeto de la queja constitucional (folio 17, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a-quo constitucional deneg\u00f3 la salvaguarda al considerar, en primer lugar, insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, en la medida en que si bien la gestora interpuso recurso de reposici\u00f3n contra la negativa frente al decreto del interrogatorio de parte, lo cierto es que tal decisi\u00f3n era susceptible de apelaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, la que no fue agotada.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3, en relaci\u00f3n con la justificaci\u00f3n de inasistencia de la accionante y la petici\u00f3n de tener por confeso al demandante, que la queja se tornaba presurosa, pues dichas solicitudes no hab\u00edan sido resueltas por la autoridad acusada, quien dispuso que se ocupar\u00eda de ellas en la \u00aboportunidad correspondiente\u00bb (folios 35 a 42, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 la actora reiterando los argumentos tra\u00eddos en la demanda de amparo (folios 44 a 47, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2.        Del examen de la demanda de amparo se establece que a trav\u00e9s de ella se cuestionan (i) la decisi\u00f3n de 4 de agosto de 2016, en la cual el Juzgado accionando deneg\u00f3 la pr\u00e1ctica del interrogatorio de parte del demandante, solicitado por la gestora; y (ii) los prove\u00eddos de 29 de agosto y 27 de octubre, ambos de 2016, mediante los cuales se dispuso que en la \u00aboportunidad correspondiente\u00bb se decidir\u00eda de fondo respecto a las solitudes de justificaci\u00f3n de inasistencia a la audiencia inicial por parte de la accionante y la de tener por confeso al demandante frente a los hechos en los que se fundaban las excepciones propuestas por la gestora.  <\/span><\/p>\n

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3. En primer lugar, frente a la queja planteada contra la decisi\u00f3n de 4 de agosto de 2016, que neg\u00f3 la pr\u00e1ctica del interrogatorio de parte a Ricardo Jim\u00e9nez, surge patente la falta de vocaci\u00f3n de prosperidad del amparo rogado, pues si bien la accionante interpuso recurso de reposici\u00f3n, lo cierto es que tal determinaci\u00f3n era susceptible de alzada de conformidad con el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 3211 del C\u00f3digo General del Proceso, circunstancia que evidencia el descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos.  <\/span><\/p>\n

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Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb:  <\/span><\/p>\n

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\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015 01, STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n alegada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de agotamiento del referido medio ordinario de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la decisi\u00f3n criticada en sede de tutela.  <\/span><\/p>\n

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4. En segundo lugar, respecto a lo relacionado con las solitudes presentadas por la gestora en cuanto a su justificaci\u00f3n de inasistencia a la audiencia inicial y la de tener por confeso al demandante frente a los hechos en que se fundaban las excepciones planteadas por la gestora, la Corte observa que los reparos al respecto se tornan prematuros, comoquiera que el fallador ordinario no ha resuelto de fondo dichas peticiones, pues dispuso que en la audiencia siguiente se ocupar\u00eda de ellas.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, n\u00f3tese que de la inspecci\u00f3n realizada al proceso criticado se tiene que con el prove\u00eddo de 29 de agosto de 20162 (folio 164, cuaderno de excepciones previas), el Juzgado criticado se\u00f1al\u00f3 que \u00abel escrito y anexo aportados por el apoderado de la parte demandada, su valor probatorio se apreciar\u00e1 en la oportunidad procesal correspondiente\u00bb; en el mismo sentido, con auto de 27 de octubre siguiente3 (folio 166, \u00eddem), dispuso que \u00ablas manifestaciones presentadas por el apoderado de la parte demandada ser\u00e1n objeto de pronunciamiento por parte del Despacho en la diligencia\u2026.\u00bb; por lo que las solicitudes ac\u00e1 planteadas resultan presurosas, toda vez que no han sido objeto de pronunciamiento por parte del Juez de conocimiento; destacando que, incluso, de resultar desfavorable las decisiones que aqu\u00e9l adopte frente a dichas peticiones, las mismas puede ser objeto de reparo, mediante los mecanismos ordinarios de defensa que resulten procedentes sin que sea este el escenario para adelantar conclusiones que corresponden a los Jueces naturales.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el ejercicio prematuro de esta acci\u00f3n constitucional, se ha plasmado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (CSJ STC, 31 mar. 2016, rad. 00067-01).  <\/span><\/p>\n

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En ese orden de ideas, esta herramienta extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n del interesado, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este mecanismo, por lo que el amparo no pod\u00eda prosperar.  <\/span><\/p>\n

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5.        Las anteriores consideraciones imponen la confirmaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Apelaci\u00f3n. Procedencia\u2026 Tambi\u00e9n son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia: \u20263. El que niegue el decreto o la pr\u00e1ctica de pruebas. (Subraya y negrilla fuera de texto).    <\/span><\/p>\n

2 Mediante el cual se resolvi\u00f3 la solicitud de justificaci\u00f3n de inasistencia a la audiencia de 4 de agosto de 2016 por parte de Gloria Alexandra Ospina Guevara.    <\/span><\/p>\n

3 Mediante el cual se refiri\u00f3 a la solicitud de dar por confeso al demandante de los hechos en que se basan las excepciones.      <\/span><\/p>\n

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