{"id":99016,"date":"2026-06-25T17:48:03","date_gmt":"2026-06-25T17:48:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1012-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:48:03","modified_gmt":"2026-06-25T17:48:03","slug":"stc1012-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1012-2017\/","title":{"rendered":"STC1012-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1012-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-10-000-2016-00246-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 29 de noviembre de 2016 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Manuel Alfredo Angulo Grueso contra el Juzgado Catorce de Familia de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita se ordene dar tr\u00e1mite \u00abal memorial presentado\u2026 el 27-09-2016 y de esa manera dar por cumplida la obligaci\u00f3n a [su] cargo\u2026; Es decir, que d[\u00e9] por terminado el proceso radicado No. 76001-31-10-005-2003-00851-00 y lo archive de manera definitiva\u00bb, adem\u00e1s, \u00abcancel[ar] de forma definitiva y permanente la orden de embargo\u2026 secuestro y retenci\u00f3n de los dineros\u2026 y se abstenga de continuar ejecutando la medida cautelar ordenada\u00bb (folios 1 a 6, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. De lo que reposa al interior del expediente, se extrae que la queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        \u00c1ngela Omaira L\u00f3pez Loevel en representaci\u00f3n de su hija, promovi\u00f3 proceso ejecutivo de alimentos contra el tutelante, que actualmente conoce el Juzgado Catorce de Familia de Cali.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Se\u00f1al\u00f3 que ese juicio \u00abya no tiene raz\u00f3n de existir\u00bb, toda vez que su primog\u00e9nita \u00absuper\u00f3 la mayor\u00eda de edad y tampoco es hija mayor estudiante\u2026 porque ya super\u00f3 los 25 a\u00f1os de edad[;] adem\u00e1s\u2026 contrajo nupcias y tambi\u00e9n realiz\u00f3 su carrera universitaria\u2026 y trabaja con la rama judicial\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3. El 27 de septiembre de 2016 solicit\u00f3 al despacho accionado la terminaci\u00f3n del proceso con el consecuencial levantamiento de las medidas cautelares, argumentando que ya hab\u00eda cumplido con lo ordenado en el prove\u00eddo de 25 de noviembre de 2015, esto es, la consignaci\u00f3n a \u00f3rdenes del juzgado que hiciera el Hospital San Andr\u00e9s de Tumaco (Nari\u00f1o) por valor de $14.359.586.oo, con ocasi\u00f3n del embargo a su salario para el pago de la obligaci\u00f3n exigida.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Sostuvo el quejoso que con el actuar del estrado judicial encartado, al no resolver sobre su solicitud de terminaci\u00f3n del proceso, se le est\u00e1n causando \u00abda\u00f1os y perjuicios de toda \u00edndole\u00bb, pues contin\u00faan vigentes las medidas cautelares, de forma arbitraria, descont\u00e1ndose las cuotas de alimentos fijadas, sin que haya lugar a ellos \u00abauspici\u00e1ndole un enriquecimiento il[\u00edcito] a la demandante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Catorce de Familia de Cali deprec\u00f3 la denegaci\u00f3n de la salvaguarda porque la mora aducida por el gestor era inexistente, pues la solicitud de 27 de septiembre de 2016 fue resuelta mediante prove\u00eddo de 25 de octubre siguiente, en el cual orden\u00f3, entre otras cosas, \u00abla terminaci\u00f3n del proceso y, el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en el mismo, para lo cual elabor[\u00f3] los respectivos oficios, sin que la parte interesada haya hecho lo propio en relaci\u00f3n con las comunicaciones\u00bb.    <\/span><\/p>\n

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1. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 Regional Valle del Cauca, inform\u00f3 que carece de competencia para intervenir en el presente asunto, toda vez que conforme a lo evidenciado, Sady Alejandra Angulo L\u00f3pez \u2013en nombre de quien se inici\u00f3 el juicio ejecutivo criticado-, adquiri\u00f3 lo mayor\u00eda de edad y de acuerdo a las Leyes 1098 de 2006 y 1306 de 2009, el defensor de familia s\u00f3lo est\u00e1 facultado para intervenir en asuntos que haya lugar a la defensa de los derechos de ni\u00f1os, ni\u00f1as, adolescentes o sujetos con discapacidad mental absoluta de cualquier edad (folio 37, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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1. La Procuradur\u00eda Sesenta y Cinco Judicial II de Familia pidi\u00f3 negar el resguardo al considerar que se configur\u00f3 un hecho superado, pues \u00abestableci\u00f3 que con fecha 25 de octubre del a\u00f1o 2016 se profiri\u00f3 auto decretando la terminaci\u00f3n del proceso y levantamiento de medidas cautelares. Por lo que con anterioridad de 15 d\u00edas a la interposici\u00f3n de esta tutela ya exist\u00eda pronunciamiento de fondo\u00bb (folios 40 a 41, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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1. El Hospital San Andr\u00e9s de Tumaco E.S.E. inform\u00f3 que en cumplimiento al auto de 25 de noviembre de 2015, efectu\u00f3 la consignaci\u00f3n por valor de $14.359.586 a favor del Juzgado acusado (folio 54, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al considerar que era inexistente la vulneraci\u00f3n alegada, dado que, revisado el expediente cuestionado, evidenci\u00f3 que mediante prove\u00eddo de 25 de octubre de 2016, la sede judicial acusada \u00abdecret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por pago total de la obligaci\u00f3n y el levantamiento de las medidas cautelares consistentes en el impedimento para salir del pa\u00eds y el embargo de los inmuebles distinguidos con las matr\u00edculas Nos. 252-0012.491, 252-0010.062 y 252-006.429 de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Tumaco \u2013 Nari\u00f1o, elaborando los correspondientes oficios, los cuales no acusan constancia de env\u00edo ni de haber sido retirados por el interesado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que el descuido del actor de cara al tr\u00e1mite del juicio ejecutivo, redunda en la improcedencia del amparo suplicado, pues \u00abno verific\u00f3 previamente la actuaci\u00f3n surtida en el proceso ejecutivo seguido en su contra y con ello solicitar su adici\u00f3n en el sentido de incluir el desembargo del salario y las prestaciones sociales\u2026 escenario propicio para las discusiones de este tipo\u00bb (folios 42 a 50, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante opugn\u00f3 el fallo de primer grado reiterando los argumentos tra\u00eddos en la demanda de tutela, a los que adicion\u00f3 que si bien era cierto que con auto de 25 de octubre de 2016 se termin\u00f3 el juicio ejecutivo y se orden\u00f3 levantar algunas cautelas, tambi\u00e9n lo era que se omiti\u00f3 disponer la cancelaci\u00f3n del embargo de su salario (folios 67 a 68, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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1. Del examen de la demanda de amparo se establece que a trav\u00e9s de ella se cuestiona la falta de resoluci\u00f3n de la solicitud presentada por el actor el 27 de septiembre de 2016, encaminada a obtener la terminaci\u00f3n del proceso, pues alega que la misma no ha sido atendida por el Juzgado accionado, ocasion\u00e1ndole perjuicios al continuar vigentes las medidas cautelares decretadas.    <\/span><\/p>\n

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1. Analizados de manera conjunta el material probatorio y las decisiones emitidas por el Despacho criticado frente al tema ahora cuestionado, espec\u00edficamente el auto de 25 de octubre de 2016 (folios 4 a 5, cuaderno Corte), la Sala estima que en tal prove\u00eddo fue atendida la petici\u00f3n elevada por el actor el 27 de septiembre de 2016, sin que aqu\u00e9lla resulte arbitraria.    <\/span><\/p>\n

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Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n por cuanto en el prove\u00eddo referido a espacio, el juzgador sostuvo que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 teniendo en cuenta que en el listado de t\u00edtulos emitido por el Banco Agrario se encuentran tres (3) dep\u00f3sitos judiciales los cuales suman el valor de SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($63.775.525.55) y, que dicho valor corresponde al saldo que qued\u00f3 reflejado en la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito modificada por el Juzgado Quinto Hom\u00f3logo contenida en auto No. 850 del 11 de junio de 2014, ello impone: ii.i) la terminaci\u00f3n de proceso por pago total de la obligaci\u00f3n; ii.ii) el levantamiento de las medidas cautelares como son: el impedimento de salida del pa\u00eds; y embargo de los inmuebles identificados con los n\u00fameros de matr\u00edcula inmobiliaria 252-0012.491, 252-0010.062 y 252-006.429 de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Tumaco \u2013 Nari\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

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Luego, tal irregularidad aducida por el promotor del amparo es inexistente, pues tal determinaci\u00f3n se notific\u00f3 por estado desde el 26 de octubre siguiente y, en oportunidad, no fue objeto de ning\u00fan reparo.  <\/span><\/p>\n

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En ese contexto, las reflexiones de la autoridad encausada no se muestran antojadizas, como tampoco se encuentra ninguna vulneraci\u00f3n a los derechos alegados, pues la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso fue resuelta de manera favorable para el actor, al punto que orden\u00f3 el levantamiento de algunas medidas cautelares, como lo eran el impedimento de salida del pa\u00eds y los embargos de los inmuebles de su propiedad.    <\/span><\/p>\n

1. Ahora, respecto al levantamiento del embargo de salarios y prestaciones sociales, advierte la Sala que la s\u00faplica rogada deviene improcedente, en la medida que el actor ten\u00eda como mecanismo ordinario, para obtener definici\u00f3n al respecto por parte del juez natural, la posibilidad de solicitar la adici\u00f3n del prove\u00eddo de 25 de octubre de 2016, medio establecido por el legislador para plantear la irregularidad que ahora alega en sede de tutela, conforme lo establece inciso 3\u00ba del art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso1  <\/span><\/p>\n

2. , del que no hizo uso el quejoso, sin que su incuria tenga justificaci\u00f3n alguna.    <\/span><\/p>\n

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Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb:  <\/span><\/p>\n

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\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015 01, STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01).  <\/span><\/p>\n

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5.        Lo considerado impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Art\u00edculo 287. Adici\u00f3n. \u2026Los autos s\u00f3lo podr\u00e1n adicionarse de oficio dentro del t\u00e9rmino de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo t\u00e9rmino (Subrayas y negrillas fuera de texto).      <\/span><\/p>\n

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         AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente         STC1012-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-10-000-2016-00246-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil diecisiete (2017).         Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99016","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99016","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99016"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99016\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99016"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99016"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99016"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}