{"id":99018,"date":"2026-06-25T17:48:09","date_gmt":"2026-06-25T17:48:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1014-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:48:09","modified_gmt":"2026-06-25T17:48:09","slug":"stc1014-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1014-2017\/","title":{"rendered":"STC1014-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1014-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 88001-22-08-000-2016-00035-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de noviembre de 2016 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Red de Servicios de la Orinoqu\u00eda y el Caribe -Conapuestas S.A.- contra el Juzgado Segundo Civil Circuito de aquella ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La sociedad accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad acusada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicit\u00f3 se declare la nulidad \u00abde los auto[s]\u2026 de 23 de junio\u2026, 29 de julio\u2026, y 16 de agosto de\u2026 2016, proferidos por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Andr\u00e9s, Isla\u00bb (folios 1 a 12, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        De lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae que su queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Mar\u00eda Alicia L\u00f3pez Mart\u00ednez promovi\u00f3 proceso declarativo contra Conapuestas S.A., cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Andr\u00e9s Islas.  <\/span><\/p>\n

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2.2. El 5 de abril de 2016 la sede judicial municipal accedi\u00f3 a las pretensiones, decisi\u00f3n apelada por la accionante concedi\u00e9ndole tal impugnaci\u00f3n en el efecto suspensivo; sostuvo la quejosa que en dicha data alleg\u00f3 factura por valor de $55.000 a fin de pagar las expensas respectivas para tramitar el mencionado recurso de alzada.  <\/span><\/p>\n

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2.3. El 23 de junio siguiente, el Juzgado criticado admiti\u00f3 la censura vertical pero en el efecto devolutivo, que no en el que fue concedido por el a quo; por lo que orden\u00f3 el pago de las expensas a cargo del apelante con el fin de que se cumpliera el fallo dictado y se procediera a tramitar la apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.4. El 29 de julio de 2016, la sede judicial encartada requiri\u00f3 al recurrente para que informara \u00abel establecimiento de comercio ante el cual se cancelaron las expensas para la expedici\u00f3n de copias requeridas, so pena de declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5. El 16 de agosto siguiente, ante el incumplimiento de la referida carga procesal, el Despacho accionado declar\u00f3 desierta la alzada interpuesta y orden\u00f3 devolver el expediente al Juzgado origen.  <\/span><\/p>\n

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2.6. Agreg\u00f3 que, como consecuencia de lo anterior, el 4 de octubre de 2016 se libr\u00f3 mandamiento de pago a favor de Mar\u00eda Alicia L\u00f3pez Mart\u00ednez, momento en el que se enter\u00f3 de la suerte del recurso de apelaci\u00f3n, evidenci\u00e1ndose que con las decisiones antes referidas se le impidi\u00f3 acudir a una doble instancia, vulner\u00e1ndose de esta manera la prerrogativa invocada, destacando que acorde con la sentencia C-838\/13 de la Corte Constitucional, el ad-quem, al variar el efecto en que se concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n, debi\u00f3 comunicarle tal situaci\u00f3n \u00abpor el medio m\u00e1s expedito\u00bb, lo cual omiti\u00f3, vi\u00e9ndose imposibilitado de atender los requerimientos cuyo incumplimiento desencadenaron en la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n; aunado a que, en su sentir, fue errada la decisi\u00f3n de variar el efecto en que se concedi\u00f3 la censura vertical, pues la sentencia era meramente declarativa y, por tanto, lo correcto era tramitarla en el suspensivo que no en el que determin\u00f3 el fallador de segunda instancia.  <\/span><\/p>\n

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LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Andr\u00e9s – Islas se refiri\u00f3 a los hechos que generaron la acci\u00f3n tuitiva, sostuvo que sus decisiones fueron ajustadas a derecho por lo que la salvaguarda deb\u00eda negarse.    <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que el amparo rogado era improcedente en la medida en que la accionante no formul\u00f3 los recursos ordinarios contra las decisiones cuestionadas, sin que pudiera subsanar su desidia a trav\u00e9s de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional (folios 52 a 57, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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1. Mar\u00eda Alicia L\u00f3pez Mart\u00ednez, a trav\u00e9s de apoderado judicial, pidi\u00f3 negar las s\u00faplicas de la salvaguarda, pues \u00abclaramente se observa que la accionante jocosamente pretende se le habiliten t\u00e9rminos y cobije con instancias y tr\u00e1mites para continuar dilatando injustificadamente el proceso ejecutivo, seguido a continuaci\u00f3n del Proceso Verbal y tambi\u00e9n retardando el pago del premio ganado\u00bb (folios 77 a 84, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al considerar que no cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad, pues la accionante \u00abpese haber hecho uso del recurso de apelaci\u00f3n que para el caso era procedente ante dicha decisi\u00f3n judicial, no cumpli\u00f3 con las cargas impuestas\u00bb; adem\u00e1s, respecto de las decisiones cuestionadas, que culminaron con la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n de la alzada, no present\u00f3 reparo alguno (folios 86 a 96, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La sociedad promotora del amparo opugn\u00f3 el fallo de primer grado reiterando los argumentos tra\u00eddos en la demanda de tutela, a los cuales adicion\u00f3 que conforme al inciso 3\u00ba del art\u00edculo 324 del C\u00f3digo General del Proceso, el auto que dispone la expedici\u00f3n de copias no es susceptible de ning\u00fan recurso, por lo que la no formulaci\u00f3n de \u00e9ste resultaba insuficiente para denegar la protecci\u00f3n alegada  (folios 104 a 112, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2.        Del examen de la demanda de amparo se establece que a trav\u00e9s de ella se cuestionan los prove\u00eddos de 23 de junio, 29 de julio y 16 de agosto, todos de 2016, con los cuales la sede judicial acusada, en su orden, (i) vari\u00f3 el efecto en que se concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n frente a la sentencia de primera instancia, admiti\u00e9ndola en el devolutivo que no en el suspensivo, ordenando al apelante sufragar las copias necesarias; (ii) requiri\u00f3 a la recurrente para que acreditara el pago de las referidas expensas; y (iii) declar\u00f3 desierta la alzada ante el silencio a los requerimientos atr\u00e1s referidos.  <\/span><\/p>\n

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3. Luego, surge patente la falta de vocaci\u00f3n de prosperidad del amparo rogado, debido a que la sociedad gestora ten\u00eda a su alcance el recurso de reposici\u00f3n contra los autos que critica, medio ordinario de defensa que era procedente de conformidad con el art\u00edculo 3181  <\/span><\/p>\n

del C\u00f3digo General del Proceso, el cual no agot\u00f3 frente a ninguno de esos prove\u00eddos, renunciando con ello a la posibilidad de que el superior se ocupara de estudiar sus inconformidades respecto a la sentencia de 5 de abril de 2016; circunstancia que evidencia el descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos.  <\/span><\/p>\n

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N\u00f3tese, por dem\u00e1s, que desafortunada resulta la alegaci\u00f3n tra\u00edda en la impugnaci\u00f3n en punto a que acorde con el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 324 ib\u00eddem, el prove\u00eddo que dispuso la expedici\u00f3n de copias no era susceptible de ning\u00fan recurso; pues lo cierto es que el supuesto de que trata ese aparte normativo se refiere a \u00ab[c]uando se trate de apelaci\u00f3n de un auto\u00bb, situaci\u00f3n que no era la que se presentaba en el juicio criticado, pues la determinaci\u00f3n atacada en alzada era una sentencia, siendo aplicable el art\u00edculo 325 \u00eddem que no aqu\u00e9l.  <\/span><\/p>\n

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Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01)  <\/span><\/p>\n

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En cuanto a la eficacia del remedio horizontal, la Sala ha expuesto:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia \u2026 (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 2012-00050-01; reiterada entre otras, STC12585-2016, 7 sep. 2016, rad. 2016-02476-00).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n alegada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de agotamiento del referido medio ordinario de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la decisiones criticadas en sede de tutela.  <\/span><\/p>\n

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4.        En adici\u00f3n, como la accionante reclama que en su caso debi\u00f3 atenderse lo dispuesto en la sentencia C-838\/13 de la Corte Constitucional, a trav\u00e9s de la cual se declar\u00f3 la exequibilidad condicionada del inciso 6\u00ba del art\u00edculo 358 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; precisa la Sala que el tr\u00e1mite ahora sometido al escrutinio judicial se surti\u00f3, no bajo esa norma, sino en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, el que, valga anotar, en su art\u00edculo 325 inciso final2, no reprodujo el aparte normativo a que alude la referida sentencia de constitucionalidad; de donde es claro que frente a tal aspecto tampoco le asiste raz\u00f3n a la censora.  <\/span><\/p>\n

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5. En consecuencia, por las razones expuestas se confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Reposici\u00f3n. \u2026Salvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el Juez…    <\/span><\/p>\n

2 Examen Preliminar \u2026 Cuando la apelaci\u00f3n haya sido concedida en un efecto diferente al que corresponde, el superior har\u00e1 el ajuste respectivo y lo comunicar\u00e1 al juez de primera instancia. Efectuada la correcci\u00f3n, continuar\u00e1 el tr\u00e1mite del recurso.      <\/span><\/p>\n

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