{"id":99023,"date":"2026-06-25T17:48:41","date_gmt":"2026-06-25T17:48:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1020-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:48:41","modified_gmt":"2026-06-25T17:48:41","slug":"stc1020-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1020-2017\/","title":{"rendered":"STC1020-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1020-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2016-00800-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 2 de diciembre de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Orlando, Solange, Em\u00e9rita, Nicol\u00e1s y Ra\u00fal Camargo Amorocho contra el Tribunal de Arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio de esa ciudad, integrado por los \u00e1rbitros Irma Barrera de Giorgi, Alba Mar\u00eda Rueda y Carlos Andr\u00e9s Gonz\u00e1lez Le\u00f3n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja y la sociedad Asfaltamos y C\u00eda. SA.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.        Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, los solicitantes reclaman la salvaguarda de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada, en tanto dispuso escuchar a los demandados en restituci\u00f3n de inmueble sin que previamente hubieran acreditado el pago de las obligaciones a su cargo.  <\/span><\/p>\n

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2.        En s\u00edntesis, se expuso que en atenci\u00f3n a la cl\u00e1usula compromisoria contenida en el \u00abcontrato de arrendamiento de \u00e1rea rural y uso y derecho de tr\u00e1nsito de v\u00eda privada\u00bb, suscrito el 15 de enero de 2011 entre los accionantes como arrendadores y la empresa Asfaltamos y C\u00eda. S.A., como arrendataria, acudieron al tr\u00e1mite arbitral para obtener su terminaci\u00f3n y la restituci\u00f3n de los predios, teniendo como \u00ab\u00fanica causal\u00bb el no pago de los c\u00e1nones contabilizados a partir de un saldo del segundo semestre de 2012.  <\/span><\/p>\n

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Indican que para recaudar los dineros adeudados, impetraron acci\u00f3n ejecutiva que cursa ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja, en la cual la demandada, sin acreditar el pago de la obligaci\u00f3n, \u00abpropuso excepciones dilatorias\u00bb, y actualmente se espera el desarrollo de la audiencia de conciliaci\u00f3n programada para el 2018, debido al \u00abc\u00famulo de trabajo del despacho\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1alaron que dentro del proceso arbitral \u00abrad. 230 de 2016\u00bb, la demandada, sin haber consignado lo adeudado, plante\u00f3 la \u00abinexistencia de contrato de arrendamiento\u00bb aduciendo que lo constituido fue un \u00abacuerdo sobre pago de servidumbre minera\u00bb, aunque seguidamente aceptaron haber realizado un abono que fue reportado ante el Juzgado que sigue la ejecuci\u00f3n, que tambi\u00e9n presentaron como excepci\u00f3n se\u00f1alando que la demandada \u00abhab\u00eda cancelado una suma superior de cien millones de pesos con destino al pago de c\u00e1nones de arrendamiento\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Aseveraron que mediante prove\u00eddo del 6 de octubre de 2016, el Tribunal de Arbitramento, \u00abviolando flagrantemente el numeral 4 del art\u00edculo 384 del C.G. del P.\u00bb, orden\u00f3 \u00abescuchar a la demandada y corri\u00f3 traslado de las excepciones\u00bb, apoy\u00e1ndose en la sentencia T-427 de 2014, decisi\u00f3n que a juicio de los querellantes es \u00abequivocado\u00bb, pues \u00abno hay duda\u00bb de la estructuraci\u00f3n del contrato cuya terminaci\u00f3n se pretende, porque la demandada omiti\u00f3 consignar los arrendamientos en mora, raz\u00f3n por la cual recurrieron la determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Agregaron que el Tribunal en menci\u00f3n resolvi\u00f3 negativamente el recurso, \u00abbajo el argumento que simplemente se pronunciaron sobre los requisitos de la demanda y su contestaci\u00f3n sin realizar un estudio de fondo de la Litis\u00bb, y que en la audiencia de conciliaci\u00f3n se \u00abhar\u00e1 esfuerzos encaminados a encontrar f\u00f3rmulas de arreglo\u00bb, lo que tambi\u00e9n cuestionan los demandantes porque el juzgador \u00abno est\u00e1 facultado para obviar las (sic) tramites (sic) o exigencias previas ordenadas por la misma ley\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Pretenden que por esta v\u00eda se proceda a \u00abrevocar las providencias de fechas octubre 6 de 2016 y 21 de octubre de 2016 proferidas por el Tribunal de Arbitramento\u00bb, para disponer que \u00abNO DEBE ESCUCHARSE la entidad convocada\u00bb (fls. 1 a 8, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LA ACCIONADA  <\/span><\/p>\n

1. Los \u00e1rbitros Irma Barrera de Giorgi, Alba Mar\u00eda Rueda V\u00e1squez y Carlos Andr\u00e9s Gonz\u00e1lez Le\u00f3n, quienes integran el Tribunal de Arbitramento accionado, informaron que los autos censurados  cuentan  con \u00abadecuada motivaci\u00f3n\u00bb pero no constituye decisi\u00f3n de fondo alguna, pues el asunto se encuentra en su etapa inicial y \u00abel criterio del tribunal ha sido permitir la discusi\u00f3n, justamente, en funci\u00f3n de que las partes presenten sus argumentos y ejerzan su derecho de defensa\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Precisando que por la naturaleza declarativa del proceso se requiere una valoraci\u00f3n probatoria con activa participaci\u00f3n de los interesados en t\u00e9rminos de igualdad, reiteran que su actuaci\u00f3n no puede verse como caprichosa, pues inclusive la jurisprudencia constitucional ha inaplicado la norma procesal en cuanto a escuchar a los arrendatarios que no acreditan el pago de la obligaci\u00f3n se\u00f1ala en la demanda, en tanto \u00abla argumentaci\u00f3n de los part\u00edcipes frente a las pruebas presentadas\u2026 s\u00f3lo se decidir\u00e1n en el Laudo arbitral si all\u00ed se llega\u00bb (fls. 71 a 75, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. La empresa Asfaltamos SA., a trav\u00e9s de agente oficioso, dijo que efectivamente el contrato que sirve de base para la restituci\u00f3n pretendida, \u00aberr\u00f3neamente\u00bb fue denominado de arrendamiento, \u00abcuando, en esencia, se trata es de un acuerdo sobre el uso y pago de una servidumbre minera, la cual se regula por las disposiciones de la Ley 685 de 2.001\u00bb, y que la supuesta mora no existe ya que la compa\u00f1\u00eda, \u00aba trav\u00e9s de un socio ha efectuado un pago de ciento diecinueve millones de pesos\u2026\u00bb, y defiende los autos atacados porque \u00abno constituye una decisi\u00f3n de fondo dentro del proceso arbitral\u00bb, y como esa resoluci\u00f3n es la que a\u00fan no se ha tomado, pide se declare la improcedencia la protecci\u00f3n por desatender el principio de subsidiariedad (fls. 81 a 85, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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3. La Juez Primera Civil del Circuito de Barrancabermeja, tras indicar el tr\u00e1mite procesal dado a la ejecuci\u00f3n seguida por los ac\u00e1 accionantes contra Asfaltamos y C\u00eda. SA, cuyo debate probatorio est\u00e1 por iniciar, dijo que est\u00e1 por pronunciarse sobre \u00abun abono que report\u00f3 la parte demandada\u00bb el pasado 25 de noviembre, y solicit\u00f3 se declare que su Despacho \u00abno ha vulnerado derecho alguno a los accionantes\u00bb (fls. 86 y 87, ib.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Tribunal a-quo neg\u00f3 el amparo al observar que si el convocado encontr\u00f3 que \u00abexiste duda en la naturaleza del contrato suscrito entre las partes, toda vez que se encuentran presentes dos figuras jur\u00eddicas como lo son el contrato de arrendamiento y el uso y derecho de tr\u00e1nsito de v\u00eda privada\u00bb, con la decisi\u00f3n cuestionada \u00abno incurri\u00f3 en ninguna v\u00eda de hecho, pues en estos casos seg\u00fan reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional, no es procedente exigir el cumplimiento del pago de la totalidad de c\u00e1nones para ser o\u00eddo en el proceso que se lleva en su contra y es en la oportunidad de estudio de admisibilidad de la contestaci\u00f3n del demandado que el juzgador debe analizar este aspecto, justo como lo hizo el ente accionado\u00bb (fls. 89 a 95, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La impetr\u00f3 el apoderado judicial de los querellantes, reiterando que al permitirle a la demandada ser o\u00edda en el proceso sin haber cumplido la carga de consignar los c\u00e1nones reclamados, viola los derechos al debido proceso y de igualdad procesal, \u00abpor cuanto en ning\u00fan momento existe duda sobre la legitimaci\u00f3n activa y pasiva de las partes contratantes, tampoco del valor del canon pactado\u00bb, y que la empresa citada \u00abnunca neg\u00f3 que efectivamente los convocantes le facilitaron unos predios de su propiedad para su uso y goce a cambio de una suma de dinero\u00bb, y que no puede confundirse dicho contrato con uno de servidumbre ya que \u00e9ste, \u00abpor ser un derecho real, requiere que sea celebrado por escritura p\u00fablica\u00bb (fls. 100 y 101, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera.  <\/span><\/p>\n

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Por regla de excepci\u00f3n a lo expresado se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la concurrencia del juez del resguardo con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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2.  Bajo tales premisas y con vista en la queja objeto de examen, la cual refiere a la supuesta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, en tanto el Tribunal de Arbitramento dispuso o\u00edr en el proceso a la demandada en restituci\u00f3n de inmueble, pese a que no acredit\u00f3 haber consignado los c\u00e1nones que seg\u00fan los demandantes est\u00e1 en mora de pagar, encuentra la Sala que la denegaci\u00f3n del resguardo deber\u00e1 respaldarse, porque no est\u00e1n dadas las condiciones para que el juez constitucional pueda intervenir, en la medida en que no se configura defecto alguno capaz de quebrantar la decisi\u00f3n adoptada.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior en la medida en que dicha determinaci\u00f3n, proferida por el Tribunal de Arbitramento en el marco de un proceso tendiente a declarar la terminaci\u00f3n de un contrato de arrendamiento por incumplimiento de la arrendataria, cuenta con el suficiente y razonable soporte jur\u00eddico, que la mantiene lejos de ser arbitraria y con ello abrir paso al mecanismo excepcional interpuesto.  <\/span><\/p>\n

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Basta advertir para ello que en atenci\u00f3n a la inspecci\u00f3n de las piezas procesales que hacen parte del expediente cuyo radicado es 2016\/230, en particular del prove\u00eddo dictado el 6 de octubre de 2016 (fls. 33 y 34, \u00eddem), ratificado el 21 de octubre de la misma anualidad (39 a 43, id.), la postura del enjuiciado de atender el despliegue de actividad propuesto por la demandada en su contestaci\u00f3n, a\u00fan sin demostrar la consignaci\u00f3n de la sumas de dinero que se le endilga como deuda, surge conducente, conveniente y \u00fatil, en aras a dilucidar la duda que esa autoridad observ\u00f3 acerca de la naturaleza jur\u00eddica del contrato base de la acci\u00f3n incoada (fls. 19 a 23, cit.), y cuyo incumplimiento motivar\u00eda su terminaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. La abundante jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional al resolver acciones de tutela, ha permitido que los juzgadores de instancia, sin apartarse del ordenamiento jur\u00eddico, se abstengan de aplicar de manera autom\u00e1tica y restringida el texto legal que en materia de procesos de restituci\u00f3n de la tenencia, y en trat\u00e1ndose de la causal de mora en el pago de arrendamiento, trata sobre la condici\u00f3n para o\u00edr al arrendatario demandado hasta tanto pague o consigne las sumas que seg\u00fan el libelo adeuda.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, siendo clara y ajustada a la Carta Fundamental la regla a seguir en materia de procesos de restituci\u00f3n de tenencia de inmueble arrendado, en cuanto a las cargas procesales impuestas al demandado para ser o\u00eddo en el juicio cuando la causal invocada es la mora en el pago del canon, las cuales implican la suficiente carga probatoria para que el arrendatario demuestre el cumplimiento de esa obligaci\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado una subregla que exime al demandado de probar el pago de la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica convenida, en los casos en que se avizoran serias dudas sobre la existencia del contrato de arrendamiento.  <\/span><\/p>\n

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Esa posici\u00f3n jurisprudencial se ha decantado a partir de la sentencia T-838\/04, pues bajo el control directo se han protegido derechos fundamentales cuando las circunstancias as\u00ed lo han determinado (sentencias T-162\/05, T-150\/07, T-427\/07, T-808\/09, T-067\/10, T-118\/12 y T-107\/14, entre otras), al se\u00f1alar que la inaplicaci\u00f3n de los numerales 2\u00ba y 3\u00ba del art\u00edculo 424 del par\u00e1grafo 2\u00ba del entonces vigente C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u00abtiene su fuente en los principio de justicia y equidad en atenci\u00f3n a las especificidades de cada caso, con el fin de impedir los posibles excesos que se podr\u00eda derivar de la aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de los preceptos a circunstancias cuya especificidad no fue prevista por el legislador\u00bb (T-150\/07).  <\/span><\/p>\n

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Se ha precisado que: \u00abno puede exig\u00edrsele al demandado, para poder ser o\u00eddo dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, la prueba del pago o la consignaci\u00f3n de los c\u00e1nones supuestamente adeudados. Lo anterior en raz\u00f3n de no existir certeza sobre la concurrencia de uno de los presupuestos f\u00e1cticos de aplicaci\u00f3n de la norma, para el cas  o, el contrato de arrendamiento\u00bb, y que esas serias dudas sobre la existencia del contrato, \u00abdebieron ser alegadas razonablemente por las partes o constatadas por el juez\u00bb, por cuanto \u00e9ste \u00abno puede otorgar autom\u00e1ticamente la consecuencia jur\u00eddica de la norma, sin estudiar los casos concretos en que surja la incertidumbre del negocio jur\u00eddico, toda vez que ello implicar\u00eda una restricci\u00f3n irracional al derecho de defensa del demandado\u00bb (CC T-067\/10 y T-118\/12).  <\/span><\/p>\n

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Sobre este punto en particular de no o\u00edr a los demandados en restituci\u00f3n de inmueble arrendado cuando no desvirt\u00faan la mora endilgada en la demanda o cuando no consignan a la cuenta del juzgado el valor de dichos c\u00e1nones, esta Corte ha dicho que ese presupuesto normativo \u00abreclama la existencia de una relaci\u00f3n contractual, y la manifestaci\u00f3n del demandante respecto de la falta de pago de la renta, por lo que si los requisitos mencionados se verifican en la actuaci\u00f3n de que se trate, resulta imperioso para el demandado acreditar el pago o la consignaci\u00f3n antes referida, toda vez que \u2018la exigencia de pagar los c\u00e1nones o reajustes debidos por el arrendatario para poder ser o\u00eddo en el juicio de restituci\u00f3n de tenencia, es un imperativo que se aviene a los mandatos constitucionales (Sentencia 070 de 1993) e, igualmente, que, precisamente por tal raz\u00f3n, es una carga de la que, en principio, no puede sustraerse antojadizamente aqu\u00e9l\u00bb (CSJ, Sala Civil, sentencia de 5 de marzo de 2008, exp. 2007-00356-01, citada en STC, 23 ene 2012, rad. 00195-01 y STC9655-2015, 24 jul. 2015, rad. 2015-00100-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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No obstante, ha avalado la inaplicaci\u00f3n de dicha carga procesal se\u00f1alando que:  <\/span><\/p>\n

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En este orden de ideas, si el juzgador advierte alguna situaci\u00f3n de hecho que ponga en tela de juicio el fundamento de la restituci\u00f3n no podr\u00e1 exigirle al demandado la carga procesal estudiada, \u2018para evitar que su imposici\u00f3n sea desproporcionada, se quebrante inopinadamente su derecho de defensa y se le impida injustamente el acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u2019 (sentencia del 11 de agosto de 2010, exp. 2010-00252-01). CSJ, sentencia de 14 de junio de 2011, exp. 2011-00096-01)\u00bb (CSJ, Sala Civil, sentencia del 23 de enero de 2013, exp. 2012-02939-00, citada en STC14380-2014, 22 oct. 2014, rad. 00229-00 y en STC4523-2016, 15 abr. 2016, rad. 00126-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

4. En este orden, la postura jurisprudencial sobre la aplicaci\u00f3n de la mencionada restricci\u00f3n, prevista hoy en similares t\u00e9rminos en los incisos 2\u00ba y 3\u00ba del numeral 4\u00ba del art\u00edculo C\u00f3digo General del Proceso, no puede ser irreflexiva de las consecuencias previstas en la norma, sino que debe obedecer a una evaluaci\u00f3n particularizada de cada situaci\u00f3n, es decir, del caso en concreto, para establecer si hay lugar a la imposici\u00f3n de la premisa legal.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, porque esta Sala reitera que la actividad judicial debe estar presidida por la virtud de la prudencia, que exige al juez obrar con cautela, moderaci\u00f3n y sensatez a la hora de aplicar la ley, por cuanto la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de las normas puede conducir a una restricci\u00f3n excesiva del derecho fundamental al debido proceso en cuanto a sus garant\u00edas de defensa y contradicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5. Deviene de lo anterior que si al revisar de manera preliminar el material probatorio, el juez evidencia serias dudas respecto de la existencia del contrato de arrendamiento, las que en esta oportunidad concret\u00f3 en la posible estructuraci\u00f3n de uno con caracter\u00edsticas que pueden diferir del tr\u00e1mite legal para el caso que conoce, como lo ser\u00eda una servidumbre de tr\u00e1nsito y transporte en beneficio del propietario de t\u00edtulo minero, independientemente de que le asista o no fundamento suficiente para ello, tal vacilaci\u00f3n debe quedar esclarecida al definir procesalmente el asunto.  <\/span><\/p>\n

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N\u00f3tese que frente a la situaci\u00f3n esbozada por el impugnante para quebrantar ese supuesto, al se\u00f1alar que una servidumbre \u00abrequiere\u00bb de constituci\u00f3n por escritura p\u00fablica, se acota que ello depende de la modalidad que \u00e9sta pueda tener con vista en lo establecido en el ordenamiento sustancial civil y en lo previsto en el C\u00f3digo de Minas, todo lo cual podr\u00e1 ser materia de discusi\u00f3n al interior del proceso ordinario y no por esta senda excepcional.  <\/span><\/p>\n

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6. As\u00ed las cosas, reitera la Corte que cuando las providencias acusadas por esta v\u00eda conllevan un criterio razonable, no pueden se\u00f1alarse como caprichosas y por ende susceptibles del ataque en sede constitucional, pues la exposici\u00f3n de los motivos decisorios al efecto all\u00ed manifestados se guarecen en aspectos que regulan el preciso tema abordado en el litigio planteado.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto la Sala ha dicho, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, STC4185-2016, 7 abr. 2016, rad. 00696-00, y STC8360-2016, 23 jun. 2016, rad. 01576-00, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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7. Por lo dem\u00e1s, estando en curso el proceso y por ende pendiente la decisi\u00f3n de fondo que pueda llegar a darse, es claro que los accionantes cuentan  con los medios de defensa que ordinariamente contempla la ley, de donde se tiene que esta extraordinaria salvaguarda no puede emplearse como instrumento sustitutivo o paralelo, tampoco se est\u00e1 ante un perjuicio irremediable que amerite la protecci\u00f3n, pues recu\u00e9rdese que aquel se configura cuando el da\u00f1o \u00ab(\u2026) revista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 2011-00194-01, reiterada, entre otras, en STC16703-2016, 17 nov. 2016, rad. 00118-01).  <\/span><\/p>\n

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8. Corolario de lo antes discurrido, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo denegatorio de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado Ponente      STC1020-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2016-00800-01   (Aprobado en sesi\u00f3n del primero de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99023","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99023","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99023"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99023\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99023"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99023"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99023"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}