{"id":99024,"date":"2026-06-25T17:48:47","date_gmt":"2026-06-25T17:48:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1021-2017\/"},"modified":"2026-06-25T17:48:47","modified_gmt":"2026-06-25T17:48:47","slug":"stc1021-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1021-2017\/","title":{"rendered":"STC1021-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01105-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 15 de diciembre de 2016, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la tutela instaurada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga en contra del Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n Delegada para Acciones Populares; tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda y la Alcald\u00eda Municipal de esa capital; con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular iniciada por el aqu\u00ed gestor respecto del Banco de Occidente.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor reclama la protecci\u00f3n de \u201clas garant\u00edas procesales\u201d, presuntamente lesionadas por la autoridad jurisdiccional atacada.  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reparo, expone que en el decurso censurado \u201c(\u2026) nunca se ha[n] aplicado los art\u00edculos 5\u00b0 y 84 de la Ley 472 de 1998 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Agrega que aun cuando \u201c(\u2026) el Despacho tutelado ha decretado desistimiento t\u00e1cito en gran n\u00famero de acciones populares amparado en el C.G.P., [se niega a implementar] el art\u00edculo 121 [de dicho compendio] (\u2026)\u201d (fl. 1, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.        Ruega, en concreto, ordenar (i) se utilicen los preceptos normativos rese\u00f1ados al interior de la tramitaci\u00f3n aqu\u00ed cuestionada; (ii) brindarle informaci\u00f3n completa acerca de las acciones populares terminadas por el juzgado accionado por desistimiento t\u00e1cito; (iii) exhortar a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n Delegada para Acciones Populares, a fin de presentar concepto sobre el cumplimiento de t\u00e9rminos perentorios en virtud de las reglas 5\u00b0 y 84 de la Ley 472 de 1998 y 121 del C.G.P. (fl. 1, \u00eddem); y, iv) requerir a la Corte Constitucional para que defina si es viable declarar la terminaci\u00f3n de acciones populares por desistimiento t\u00e1cito.  <\/span><\/p>\n

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4.        La Sala Civil- Familia del Tribunal de Pereira, en auto de 1\u00ba de diciembre de 2016 decidi\u00f3 avocar el amparo frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad y el agente del Ministerio P\u00fablico, vinculando a la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda, la Alcald\u00eda Municipal de Pereira y al Banco de Occidente S.A.  <\/span><\/p>\n

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En la misma providencia, determin\u00f3 no dar impulso al ruego respecto a la Corte Constitucional \u201c(\u2026) teniendo en cuenta que en el escrito no se evidencia denuncia alguna sobre transgresi\u00f3n de derechos por su parte (\u2026)\u201d (fl. 4).  <\/span><\/p>\n

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1. Respuesta del accionado y vinculados    <\/span><\/p>\n

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a)        El juzgado acusado precis\u00f3 que en el decurso criticado \u201cno se ha decretado desistimiento t\u00e1cito alguno\u201d,  pues ese asunto se encuentra \u201cen per\u00edodo probatorio\u201d (fl. 30).  <\/span><\/p>\n

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b)        La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n Regional Risaralda solicit\u00f3 ser desvinculada del presente tr\u00e1mite por tratarse de una \u201c(\u2026) situaci\u00f3n ajena a [ella] (\u2026)\u201d (fl. 12).  <\/span><\/p>\n

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c) La Alcald\u00eda Municipal de Pereira aleg\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n por pasiva y el principio de la autonom\u00eda judicial, este \u00faltimo, por cuanto el funcionario goza de discrecionalidad para \u201c(\u2026) interpretar y aplicar la ley de acuerdo a los l\u00edmites existentes en [el] ordenamiento jur\u00eddico (\u2026)\u201d; raz\u00f3n por la cual, solicit\u00f3 condenar en costas al actor popular \u201c(\u2026) por su obstinado e inconcebible abuso de los mecanismos constitucionales (\u2026)\u201d (fls. 18 a 27).  <\/span><\/p>\n

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d) La Personer\u00eda de Pereira exhort\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, pues \u201c(\u2026) en ning\u00fan momento vulner\u00f3, ni por acci\u00f3n ni por omisi\u00f3n, derechos al se\u00f1or Javier El\u00edas (\u2026)\u201d (fls. 14 a 17).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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Desestim\u00f3 la protecci\u00f3n rogada por no hallar quebranto de los derechos del petente en el proceso criticado, puesto que \u201c(\u2026) el demandante nada acredit\u00f3 acerca de que hubiese solicitado al despacho judicial accionado lo que ahora quiere que se solucione por la v\u00eda constitucional, esto es, que se d\u00e9 aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026)\u201d (fls. 31 a 33 vuelto).  <\/span><\/p>\n

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1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El quejoso impugn\u00f3 reclamando acoger su amparo (fl. 37).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        El tutelante reprocha en concreto la supuesta falta de aplicaci\u00f3n del canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso1. Ahora bien, de la lectura del aludido precepto, se deduce que la cr\u00edtica va enfilada al presunto incumplimiento del t\u00e9rmino de un a\u00f1o para emitir el fallo en la acci\u00f3n subex\u00e1mine por parte del Juez acusado y a la consecuente declaratoria de p\u00e9rdida de competencia. Actividad que, seg\u00fan el quejoso, debe tenerse como \u201c(\u2026) causal de mala conducta, sancionable con la destituci\u00f3n del cargo (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2. De entrada, se advierte la inviabilidad del amparo deprecado, puesto que su car\u00e1cter eminentemente residual limita su prosperidad s\u00f3lo a aquellos eventos en los cuales se est\u00e9 frente a una irregularidad y el actor no cuente con mecanismos para atacarla, o los existentes no sean eficaces para ello.  <\/span><\/p>\n

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En el asunto censurado, el accionante tiene la posibilidad de cuestionar ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito la superaci\u00f3n del lapso estipulado en el precepto normativo rese\u00f1ado, para que, en caso de presentarse la p\u00e9rdida de competencia dispuesta en dicha norma, la autoridad accionada tome los correctivos pertinentes. Ahora, las decisiones a adoptar ser\u00e1n susceptibles de ser atacadas a trav\u00e9s de los recursos previstos por el legislador para tal efecto.  <\/span><\/p>\n

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La existencia de herramientas judiciales propicias para obtener el resguardo de los derechos fundamentales, est\u00e1 contemplada como causal de improcedencia en el inciso 3\u00ba del precepto 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba de la regla 6\u00aa del Decreto 2591 de 1991.   <\/span><\/p>\n

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En una acci\u00f3n similar esta Sala indic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Desde esa perspectiva, es claro el fracaso de la protecci\u00f3n deprecada por cuanto no fue instituida, como se anticip\u00f3, para sustituir los instrumentos ordinarios consagrados por el legislador en favor de las partes o para adelantarse a las decisiones que le corresponde adoptar al juez del proceso, sino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta agraviada o afectada en una garant\u00eda fundamental, carezca de recursos judiciales para atacarla o aunque contando con ellos no sean id\u00f3neos para el efecto (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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3. Respecto a la solicitud consistente en ordenar al despacho atacado, informar sobre las acciones populares terminadas por desistimiento t\u00e1cito, se le pone de presente a Arias Id\u00e1rraga que tal pretensi\u00f3n desborda los l\u00edmites de este mecanismo extraordinario, el cual est\u00e1 previsto, concretamente, para establecer la vulneraci\u00f3n o amenaza de garant\u00edas fundamentales y adoptar las determinaciones del caso, conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. No obstante, el actor puede efectuar dicho pedimento directamente ante el estrado correspondiente, o en su defecto, consultar tal informaci\u00f3n en el portal web de la Rama Judicial (www.ramajudicial.gov.co), pues como bien se sabe, las demandas que ingresan a los juzgados se encuentran radicadas en el sistema de gesti\u00f3n Siglo XXI.  <\/span><\/p>\n

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4. En lo atinente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n Delegada para Acciones Populares, y el requerimiento para que se pronuncie acerca de la observancia de t\u00e9rminos perentorios en virtud de los art\u00edculos 5\u00b0 y 84 de la Ley 472 de 1998 y del art\u00edculo 121 del C.G.P., se colige la inviabilidad del pedido por cuanto no no est\u00e1 demostrado que el censor hubiese acudido ante esa autoridad directamente a alegar esas cuestiones.  <\/span><\/p>\n

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5.        Nada se dir\u00e1 en relaci\u00f3n con la Corte Constitucional, pues esa entidad fue excluida de esta tramitaci\u00f3n por el Tribunal a quo.  <\/span><\/p>\n

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6. De acuerdo a lo discurrido, se confirmar\u00e1 la providencia examinada.  <\/span><\/p>\n

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3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Comunicar telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.          <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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  LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 121. Salvo interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso por causa legal, no podr\u00e1 transcurrir un lapso superior a un (1) a\u00f1o para dictar sentencia de primera o \u00fanica instancia, contado a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podr\u00e1 ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepci\u00f3n del expediente en la secretar\u00eda del juzgado o tribunal\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201cVencido el respectivo t\u00e9rmino previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perder\u00e1 autom\u00e1ticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al d\u00eda siguiente, deber\u00e1 informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumir\u00e1 competencia y proferir\u00e1 la providencia dentro del t\u00e9rmino m\u00e1ximo de seis (6) meses. La remisi\u00f3n del expediente se har\u00e1 directamente, sin necesidad de reparto ni participaci\u00f3n de las oficinas de apoyo judicial. El juez o magistrado que recibe el proceso deber\u00e1 informar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sobre la recepci\u00f3n del expediente y la emisi\u00f3n de la sentencia (\u2026)\u201d.    <\/span><\/p>\n

2 Sentencia de 20 de marzo de 2012, exp. 2012-00192-01      <\/span><\/p>\n

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